Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
29 de agosto del 2013
Los diputados aprobaron por unanimidad el expediente 18832 la investigación relacionada con la contratación de una consultoría informática y de rediseño de procesos por $ 1,8 millones con la firma INDRA Sistemas S.A. que hiciera el Poder Judicial.
La entidad contrató con la firma española cuya dirección local está a cargo del esposo de Ana Virginia Calzada Miranda, ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata del abogado Jorge Obando Sancho, a quien la empresa Indra ofreció como director del proyecto para mejorar la labor del Ministerio Público y la Defensa Pública, pagándole en total $149.000, según consta en el expediente del contrato.
Entre las conclusiones se encuentran: “que la empresa ha incumplido con los plazos de entrega y que sus productos presentan una serie de debilidades en su calidad, situación que ha motivado su rechazo…”.
“En cuanto a la situación de Jorge Obando Sancho, resulta inaceptable para los Diputados firmantes, por no decir poco creíble, que la Magistrada Calzada no conociera de la participación de su marido con la empresa de marras. Tampoco es de recibo que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia no conociera del asunto y mucho menos que no conozca al señor Obando, al cual la empresa ofreció la dirección de la consultoría, siendo el cónyuge de quien ha sido compañera de trabajo por muchos años”.
“Para los Diputados de esta Comisión hay una lesión al deber de probidad establecido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, toda vez que el manejo del contrato no es transparente, por cuanto si bien la Magistrada no tomó decisiones directamente relacionadas con Indra, existen suficientes elementos para pensar que, de manera indirecta, hubo favorecimiento y trato especial por tratarse del cónyuge de una alta autoridad pública, situación que, por supuesto, ningún subalterno habría de denunciar por temor a represalias en su contra”.
La Comisión también recomienda: “Exigir al Departamento de Fiscalización y Evaluación Operativa que examine con mayor rigurosidad sus disposiciones, a la luz de lo que las propias investigaciones arrojan, toda vez que no existe concordancia entre conclusiones y mandatos, por resultar categóricos los primeros y laxos y condescendientes los segundos”.
“Fiscalizar e informar semestralmente a esta Comisión acerca de todo el proceso de ejecución del contrato entre el Poder Judicial y la empresa Indra Sistemas S.A., detallando el avance del proyecto, sus productos y el aporte de estos al cumplimiento de los objetivos del contrato”. “Verificar el cumplimiento y satisfacción de las disposiciones de su informe, en particular, el establecimiento de normas internas que garantice la verificación del régimen de prohibiciones e incompatibilidades que evitarán conflicto de interés”.
Al Poder Judicial le solicitan “remitir a esta Comisión un informe semestral sobre la ejecución del contrato suscrito con la empresa Indra Sistemas S.A., detallando el avance del proyecto, sus productos y el aporte de estos al cumplimiento de los objetivos del contrato”. “Activar el régimen disciplinario contra los funcionarios encargados de fiscalizar el proyecto y los responsables de autorizar las prórrogas y modificaciones en el cronograma de trabajo, así como quienes recibieron los productos y se dieron por satisfechos”.
A la Asamblea Legislativa “aprobar el expediente Nº 18.791 “Interpretación Auténtica de los incisos h) e i) del artículo 22 bis de la Ley Nº 7494, Ley de Contratación Administrativa” para evitar que situaciones como la denunciada en este informe se repitan al amparo de una interpretación errada de la norma.
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