Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
1 de octubre del 2013
El Viceministro de Gobernación, el Fiscal General Adjunto, la Procuradora y la Contralora General de la República, urgieron a los diputados a aprobar el expediente 18348 Reforma parcial y adición a la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública puesto que mejora herramientas para la prevención y detección de actos de corrupción.
Los funcionarios comparecieron ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos donde estudian el proyecto de ley.
Tras la entrada en vigencia de la ley contra la corrupción hace nueve años, una comisión interinstitucional conformada por la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, realizó una evaluación de la normativa vigente, y con base en ese insumo, elaboró el actual proyecto de ley.
Concluyeron en la necesidad de adecuar la norma a los compromisos asumidos por el país en instrumentos internacionales, pero además, manifestaron que la experiencia de las diferentes instituciones que intervienen en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, reveló la existencia de ciertas áreas merecedoras de enmienda.
Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República, explicó que los ejes de la reforma son el régimen sancionatorio, la denuncia ciudadana, el derecho a la información pública, las incompatibilidades y el deber de abstención.
Enfatizó la importancia de lo que tiene que ver con la protección del denunciante.
Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, resaltó los cambios propuestos en materia de declaraciones juradas.
El Fiscal General Adjunto, Carlos María Jiménez alabó la relación del delito cometido con la sanción propuesta
El proyecto de reforma parcial a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, pretende ayudar a prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”.
Celso Gamboa, Viceministro de Gobernación resaltó la importancia del principio de territorialidad para evitar impunidad porque actualmente los casos de corrupción solo se ven en el Segundo Circuito Judicial y con la reforma se permitiría atender los casos en otras zonas del país.
Las modificaciones propuestas responden al cúmulo de jurisprudencia administrativa y constitucional que se ha generado a lo largo de estos nueve años de vigencia de la ley, aunado a la experiencia de cada una de las instituciones participantes.
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