Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
5 de noviembre del 2013
Crear el deber del Estado de garantizar en el sistema educativo la modificación de la infraestructura física, estructura organizativa, currículum, proceso de enseñanza y aprendizaje, forma de evaluación y metodología, es lo que se busca un proyecto de ley dictaminado por la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.
La idea esencial de la iniciativa es propugnar para que los alumnos con discapacidad matriculados en una Institución pública o privada asistan a la misma aula que sus pares, señalo el diputado independiente y uno de los proponentes del proyecto, José Joaquín Porras Contreras.
“Lo más importante es que ningún centro educativo podrá negar la matrícula a un estudiante con discapacidad por motivos de falta de cupo ya que los centros educativos estarán obligados a ampliar su matrícula, en los casos que sea necesario, a fin de cumplir la Ley”, acotó Porras Contreras.
Este proyecto que pasará ahora al Plenario Legislativo pretende introducir en la ley el derecho a la educación inclusiva, y el correlativo deber del Estado de promocionar y proteger, a través de la reserva de matrícula (5%), la formación docente, y la planificación de acciones que respondan a principios inclusivos, una mayor protección para este segmento poblacional.
El Ministerio de Educación Pública (MEP), será el responsable de las políticas públicas destinadas a la inclusión de personas con discapacidad. Además, la propuesta determina la necesidad de difusión de la ley en los centros educativos y un artículo destinado a sanciones para quienes incumplan este derecho.
Este mismo grupo parlamentario también acordó consultar a la Defensoría de los Habitantes, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros, entre otros el proyecto de ley para la promoción, regulación e implementación del teletrabajo en Costa Rica.
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