Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
5 de marzo del 2014
La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos dictaminó en forma afirmativa el expediente 18650 Modificación al artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, que establece la inscripción de condenadas para las personas que cometen delitos.
En estos momentos el artículo 11 establece que el delito cometido por una persona será inscrito en el Registro Judicial por espacio de 10 años una vez que se cumpla la condena respectiva.
La nueva normativa eliminará esta obligación, de modo que una persona que ya haya cumplido su condena no quedará manchada más que para efectos judiciales, no así públicos.
De esta manera, las condenas cumplidas no aparecerán en las hojas de delincuencia que se requieren a la hora de solicitar préstamos, trabajo, o tratar de acceder a una beca educativa, por ejemplo.
El legislador José Roberto Rodríguez Quesada sostuvo que esta medida es retrógrada y corresponde a la forma de pensar de una sociedad costarricense que ya ha madurado.
Rodríguez dijo “es un despropósito que tengamos aún leyes como éstas que generan exclusión de las personas que una vez fueran privadas de libertad. Yo propondría que este artículo 11 se elimine del todo”.
En la sesión de hoy se recibió hoy a Marta Iris Muñoz, Directora de la Defensa Pública quien explicó que su posición que esta medida genera exclusión social y una estigmatización de las personas que han sido condenadas.
“Nosotros creemos inconveniente que la condena de una persona esté inscrita para fines públicos. Es decir, no podemos reinsertar a una persona en la sociedad si en todos los trabajos lo primero que piden es la hoja de delincuencia. Lo que estamos generando con esta medida es una exclusión social y una estigmatización”, indicó.
La propuesta que hizo la Defensa Pública fue que a una persona condenada por menos de cinco años, se le inscriba la misma por tres años y a una persona condenada por más de ese lapso, le sea inscrita hasta por cinco años.
“Esa es nuestra propuesta de reforma, pero queremos ser claros en que preferimos la eliminación total de la inscripción de la condena para motivos públicos, sólo nos parece su uso en temas judiciales”, agregó.
De esta forma el expediente pasará para su estudio al Plenario Legislativo.
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