Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
24 de marzo del 2014 – En Costa Rica, la construcción o ampliación de una carretera o la edificación de un nuevo edificio gubernamental se convierten en toda una tortura para la administración pública debido a lo lento de los procesos de expropiación.
Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en nuestro país este trámite puede llegar a tardar varios meses.
Para el Estado, apropiarse de un terreno se convirtió en una tarea lenta por las múltiples discusiones para acordar un precio que beneficie a la partes y por la gran cantidad de actores que participan en el proceso.
Actualmente el Estado no puede entrar en posesión del bien o bienes expropiados sino hasta que se deposite el monto del avalúo administrativo en una sede jurisdiccional lo que genera atrasos en las obras.
Por estas razones, los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos analizan el expediente 18753, Reforma integral de la Ley de Expropiaciones, que pretende que se puedan iniciar los trabajos en la zona expropiada a pesar de los reclamos que se puedan presentar con respecto al precio fijado.
Datos del MOPT revelan que a la fecha se encuentran abiertos poco más de 100 procesos de expropiación a lo largo de todo el país y algunos llevan años en trámite.
El jefe del Departamento de Expropiaciones del Ministerio, Alex Ureña, explicó que uno de los trámites que está atrasando las obras en el proyecto Chilamate-Vuelta de Kooper ubicado en la Zona Norte, es la expropiación de un terreno propiedad del banco alemán Bayerische Hypotheken Und Wechsel Bank Aktiengesellschaft la cual tiene más de tres años de estar en discusión.
Además, en la zona de Sarapiquí existe otro terreno donde no han podido iniciar las obras por diferencias en la fijación del precio.
El legislador de Liberación Nacional y presidente del foro legislativo en el cual se discute el proyecto de ley, Luis Gerardo Villanueva Monge, explicó que una vez depositado el dinero, la administración puede tomar posesión aun cuando no exista acuerdo en el precio y el asunto se traslade a sede jurisdiccional.
Villanueva Monge afirmó que con la iniciativa se acortan los plazos para los peritajes casi a la mitad del tiempo que se utiliza actualmente.
El proyecto plantea que, si transcurridos dos meses después de que se dictó el decreto de expropiación, el inmueble no ha sido desocupado, la Administración solicitará al Juez Civil de Hacienda que proceda a ordenar el desalojo. Para ello se auxiliará con la Fuerza Pública y pondrá a la Administración en posesión del bien.
La iniciativa señala que ningún propietario o poseedor podrá oponerse a que se practiquen sobre sus bienes inmuebles los estudios necesarios para construir, conservar o mejorar una obra pública. El bien expropiado se adquirirá libre de exacciones y gravámenes hipotecarios.
El proyecto de ley indica que “para la adquisición o expropiación de un bien inmueble, será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare de interés público”.
El diputado independiente, Luis Fishman Zonzinski explicó que la propuesta busca agilizar el trámite administrativo con la finalidad de reducir en años la duración de los trámites. El legislador aseguró que en caso que se diera un reclamo por el precio aún así la maquinaria podrá empezar a trabajar en la construcción de la obra y “ganamos años en el desarrollo del país”.
En la actualidad si se presenta un reclamo no se pueden iniciar los trabajos para los cuales se adquirió el terreno.
El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Sotomayor Aguilar, dijo que el proyecto le da mayor agilidad y simplifica los trámites a diferencia de los procesos actuales que “son lentos y el expropiado puede entrabarlos”.
La encargada de asuntos jurídicos del MOPT, Rocío Trejos, aseguró que el proyecto “tiene buenas intenciones” pero para agilizar aún más los trámites se requieren todavía mayores cambios en la legislación.
¿Cómo se fija el precio?
El proyecto indica que para fijar el valor del bien en zonas rurales el precio se dará por hectárea. Mientras que en las zonas urbanas el precio podrá fijarse por metro cuadrado.
En el caso de los bienes muebles, estos se valorarán separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración.
Con la finalidad de fijar los montos se deberá efectuar un avalúo administrativo que indicará todos los datos necesarios para valorar el bien que se expropia. Además se describirá en forma amplia y detallada el método empleado.
Fishman Zonzinski aseguró que el precio se fijará con el valor que esté registrado en Tributación Directa o en la municipalidad correspondiente. En caso de que el propietario no acepte el valor asignado, éste podrá acudir a las instancias judiciales para realizar el reclamo respectivo.
Según el proyecto de ley, transcurridos diez años después de la expropiación, el expropiador devolverá a los dueños originales o a los causahabientes que así lo soliciten por escrito, las propiedades o las partes sobrantes que no se hayan utilizado totalmente.
En cuanto a este punto, la jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Carmen Muñoz Quesada, afirmó que será modificado. “Esto nos parece inaceptable porque podría quedar algún terreno en un limbo legal”.
Por su parte, Fishman Zonzinski explicó que se realizará la modificación al proyecto para que si después de diez años el terreno no fuese utilizado, el mismo quedará como patrimonio del Estado.
¿Quiénes participan en el proceso de expropiación?
Para que el Estado pueda expropiar un terreno donde esté involucrado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, intervienen en el trámite el Departamento de adquisición de bienes inmuebles, la Dirección Jurídica, el departamento de Leyes y Decretos y la Imprenta Nacional. Además, del Consejo Nacional de Vialidad, la Procuraduría General de la República y el Juzgado.
La encargada de asuntos jurídicos del MOPT señaló que al estar tantos órganos involucrados en el proceso de expropiación, será necesaria una excelente coordinación para evitar que un atraso en alguna de las instituciones afecte todo el proyecto.
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