Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
17 de junio del 2014 – Datos de la Contraloría General de la República revelan que el 40 por ciento de los municipios del país enfrentan dificultades por los altos índices de morosidad, que sumado al endeudamiento y déficit, frenan la inversión de obras y la ejecución de proyectos.
Ante la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, la Contralora Marta Acosta señaló que uno de los principales problemas que deben enfrentar las municipalidades es el déficit. Durante el 2012, treinta y dos municipios presentaron esta falla en la gestión, mientras que en el 2013 fueron veintidos y diez presentan déficit recurrente.
“Las municipalidades han apelado a financiar su déficit utilizando recursos del superávit específico o recurriendo al financiamiento bancario, por medio de la modalidad de sobre giro en las cuentas corriente”, indicó Acosta.
Acosta apuntó que uno de los disparadores del gasto dentro del régimen municipal es el tema de los salarios.
“Las remuneraciones, específicamente los pluses salariales, probablemente conocen el tema de la estructura salarial de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que era una propuestas, pero muchas la acogieron sin analizar las consecuencias financieras a mediano y largo plazo”, dijo la Contralora.
Acosta comentó que ya en los meses de agosto, setiembre y octubre habían recibido consulta de la preocupación de algunos municipios porque la partida de remuneraciones no les alcanzaba para pagar los aguinaldos debido a los ajustes en la escala salarial.
También señaló debilidades en cuanto a la administración de los acueductos por parte de los gobiernos locales. En la actualidad 28 municipalidades a lo largo del país administran acueductos y abastecen el líquido a 740 mil personas.
La administración de los acueductos generó a los 28 municipios, en el 2012 y el 2013, 25.600 millones de colones.
Para poder explotar las fuentes de agua, las municipalidades deben contar con el visto bueno del Ministerio de Ambiente y Energía, donde se define el caudal máximo que cada concesionario puede explotar.
Según la Contralora, de las 368 fuentes de abastecimiento, hay 255 donde no se mide la cantidad de agua que está siendo extraída, mientras que en las 113 restantes no se realizan mediciones continuas.
El ente contralor le recomienda a los municipios “establecer los mecanismos para medir el agua de manera oportuna” para poder establecer cuánto es el recurso que se está explotando y el que está llegando a los usuarios finales. Además cuantificar la cantidad de líquido que se podría estar perdiendo por fugas.
En cantones como Turrialba, Alvarado y León Cortés la facturación que utilizan es por medio de una tarifa fija lo que impide que se tenga una cuantificación del consumo.
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