Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
19 de junio del 2014 – Elbert González Ramírez, Director de la Dirección de Servicios de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública pidió a los diputados de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico aprobar el expediente N.° 17939 que busca mejorar la regulación de las 1229 empresas del sector.
Señaló que desde el 2004 se dio un incremento en el permiso de portación de armas para las empresas privadas y que cerca del 70% son administradas por ex policías.
González Ramírez señalo que muchos casos los agentes de seguridad privada no están autorizados para la portación de armas de fuego y algunos cuentan con antecedentes judiciales lo que pone en riesgo a la población.
Indicó que algunas empresas deben más de mil 200 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social y no se puede sancionar a dichas empresas por falta de claridad en la Ley.
“Algunas empresas de seguridad privada en algunos casos son la caja chica de los delincuentes para comprar armas”, acotó el Director de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada.
Igualmente pidió a los legisladores apoyar que se realice un control cruzado con la Dirección de Adunas para conocer quiénes y de dónde se importan las armas que ingresan al país.
También pidió escuchar el criterio de las autoridades de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público.
Mencionó el director con preocupación que en la ley actual no se permite el decomiso de las armas a las empresas que han perdido su licencia de funcionamiento.
Otra de las preocupaciones expuestas radica en que existen 27 empresas que tienen laborando a menos de 50 empleados y tienen registradas más de 800 armas.
El diputado de Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti sostuvo que la legislación actual ya faculta realizar muchas acciones y que lo que falta es mayor voluntad para hacerla cumplir eficientemente.
Por su parte el diputado del Partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós cuestionó amparado en un informe de la Contraloría General el mal funcionamiento de la dirección.
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