Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
28 de julio del 2014 – 53 diputados presentes votaron a favor de revocar el nombramiento del magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Óscar González, acusado de acoso sexual.
Se tenía previsto que el magistrado se presentara antes los diputados para plantear sus argumentos de defensa pero envió una nota a la Asamblea Legislativa donde señala que está internado el Hospital Nacional Psiquiátrico desde el pasado viernes.
Los legisladores no pudieron votar la revocatoria de González la semana anterior como estaba previsto debido a que el funcionario judicial presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que fue rechazado, al igual que una acción de inconstitucionalidad en contra del proceso que se le abrió en la Asamblea Legislativa.
Una Comisión Especial conformada por tres legisladores recomendó al Plenario Legislativo revocar el nombramiento de González.
El diputado de Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti fue claro en que “solo podemos decir si revocamos su nombramiento o si debe seguir fungiendo como magistrado”.
Álvarez Desanti señaló que al magistrado se le dio el debido proceso y tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.
El dictamen afirmativo unánime emitido por la Comisión expone que el magistrado ha faltado a la probidad y decoro que se requiere para ejercer el cargo, además “él debe ser ejemplo por su posición al ocupar el más alto cargo para el ejercicio de la administración de justicia que existe en el país, lo cual significa también que su comportamiento debe ser medido con una mayor severidad”.
Según el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer a un magistrado es la revocatoria de su nombramiento, pero para que pueda ser efectiva se necesita que se al menos 15 magistrados acuerden esa sanción y la remitan a la Asamblea y que esta por mayoría calificada así lo decida.
Antes de enviar el expediente al Congreso, los magistrados habían acogido el informe de un órgano instructor designado por la Corte Plena, donde dan por probado el acoso, con una votación de 21 a favor y uno en contra. También declararon que la conducta del magistrado constituye una falta gravísima, con una votación de 18 a favor y cuatro que calificaron la falta como grave.
El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, indicó que las pruebas y la investigación realizada por la Corte demostró los hechos. Según el congresista, tanto la siquiatra, como la psicóloga y la ofendida concuerdan y “las tres declaraciones nos llevan a la convicción de que los hechos que se acusan realmente existieron”.
Carmen Quesada Santamaría, diputada del Movimiento Libertario pidió la revocatoria del magistrado. Quesada Santamaría calificó como una historia de terror lo sufrido por la ofendida en el caso del magistrado González.
El diputado Óscar López expresó su preocupación por la posibilidad de hacer la votación de manera pública. Para el legislador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión si el magistrado fue electo de manera secreta su destitución o no debería ser votada de la misma manera.
Por su parte, la diputada Maureen Clarke Clarke de Liberación Nacional explicó que el caso ha sufrido muchos retrasos. “Han transcurrido prácticamente dos años desde que los hechos fueron denunciados y la victima no ha gozado de su garantía constitucional de justicia pronta y cumplida”, argumentó.
Clarke Clarke indicó que el expediente correspondiente a la denuncia penal ingresó a la Secretaría de la Corte el 11 de noviembre del 2013 para conocer la solicitud del Ministerio Público del levantamiento de la inmunidad del magistrado.
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