Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
31 de julio del 2014 – Como un completo desorden calificó la Contralora General Marta Acosta Zúñiga el manejo de la información y los controles a las empresas de seguridad privada.
La jerarca compareció ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico para exponer sus observaciones sobre el expediente N.° 17939 Reforma integral a la Ley de Servicios de Seguridad Privados.
Acosta Zúñiga señaló que en la investigación realizada se presenta una falta de articulación entre departamentos del mismo Ministerio de Seguridad Pública con el Departamento de Armas y Explosivos lo que dificulta el intercambio de información.
Asimismo indicó que no existe un control sobre el límite de crecimiento de agentes de seguridad privada con relación a la cantidad de efectivos de la Fuerza Pública tal como se establece en la legislación vigente.
Otro de los señalamientos del informe contralor es que no existe una política de archivo y además el registro de las empresas, armas y personal se encuentra desactualizado. Tampoco se da seguimiento a la remisión semestral de información de propietarios o accionistas de las empresas de seguridad privada y no existe un archivo actualizado de los procesos sancionatorios.
La funcionaria mostró ante los congresistas su preocupación por el aumento de servicios privados de seguridad en labores estratégicas como educación, salud, telecomunicaciones, entre otros.
Para la Contralora General es necesario y urgente asignar más recursos a la dirección de empresas de seguridad privada para que puedan desarrollar una mejor labor de control y fiscalización.
Señaló que en la actualidad el Ministerio de Seguridad Pública dedica 3900 colones de cada millón del presupuesto anual para controlar el servicio de seguridad privada.
El diputado del Partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós, señaló su preocupación por la poca fiscalización de las empresas por lo que instó a trabajar por una política integral.
Para el diputado de Liberación Nacional Antonio Álvarez Desanti se debe controlar mejor el trabajo ya que no es posible que se tengan más armas en manos de la seguridad privada que en las de los miembros de la fuerza pública.
El congresista del Movimiento Libertario José Alberto Alfaro Jiménez calificó como un desorden administrativo lo que se presenta en la dirección de empresas de seguridad privada.
Por su parte, Francisco Camacho Leiva presidente de la comisión mencionó que espera que la Contraloría sea rigurosa con las fechas señaladas en sus informes para que el Ministerio de Seguridad cumpla con las recomendaciones dadas.
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