Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
12 de agosto del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos discuten el expediente 17497, proyecto de ley del sector postal de Costa Rica, que tiene el propósito de organizar un sector de la economía nacional, con reglas claras y asegurando a la sociedad el derecho de comunicación, y en general al país poder cumplir con una obligación internacional.
El país forma parte de la Unión Postal Universal (UPU) representada por Correos de Costa Rica S.A., y según la iniciativa para que el estado pueda cumplir con los cometidos adquiridos a nivel internacional “requiere que se le posibilite su modernización, toda vez que no hacerlo significa no cumplir con un derecho de la sociedad, y no explotar el potencial económico de un sector muy dinámico de la economía y de la sociedad”.
El proyecto establece que todos los servicios postales que operen en el país estarán sujetos a los convenios internacionales postales emitidos por la Unión Postal Universal, ratificados por Costa Rica, las disposiciones de esta Ley, las leyes conexas y los reglamentos que se dicten sobre esta materia.
Y se busca fortalecer el marco normativo para el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal y garantizar la atención de los compromisos internacionales del Estado en materia de servicios postales. Además, se garantizará el derecho de los habitantes a obtener servicios postales.
El representante de Correos de Costa Rica Mauricio Rojas, explicó que se quiere ordenar el sector y que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), sea el órgano encargado de la regulación del mismo.
Por su parte, la presidente de la Sutel, Maryleana Méndez Jiménez comentó que la entidad cuenta con el personal capacitado para realizar regulación.
Rojas dijo que en la actualidad la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es el encargado de esta tarea. Afirmó que en el país se manejan 44 millones de envíos al año.
La iniciativa expone que el regulador postal tendrá la competencia exclusiva para conocer de oficio o por denuncia, así como para corregir y sancionar, cuando proceda, las prácticas monopolísticas cometidas por operadores o proveedores que tengan por objeto o efecto limitar, disminuir o eliminar la competencia en el mercado postal.
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