Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
13 de agosto del 2014 – El Presidente de la Asociación de la Industria Gráfica de Costa Rica, William Vindas Parajeles, mostró su oposición por la discusión del expediente 18821, Ley de Fortalecimiento de la Imprenta Nacional, que analizan los diputados de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.
Este proyecto pretende que la Imprenta Nacional se convierta en una institución semiautónoma del Estado, para lo que gozaría de autonomía patrimonial, financiera y presupuestaria e independencia funcional y administrativa. Además plantea que la entidad sea administrada por una Junta Directiva y una Gerencia General.
Actualmente, la Imprenta Nacional es un órgano adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, cuenta con desconcentración máxima y personería jurídica instrumental, donde los bienes y servicios de la misma son administrados por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional.
Vindas Parajeles, afirmó que están en contra del artículo 3 del proyecto de ley que señala que, la Imprenta Nacional, será la encargada de realizar las impresiones del material de mayor confiabilidad requerido por el Estado, como los exámenes de bachillerato, entre otros.
También podrá realizar trabajos a instituciones sin fines de lucro y vender todo tipo de servicios a terceros, siempre que dicha actividad no afecte sus actividades esenciales indicadas en los primeros párrafos de este artículo.
El empresario solicitó a los legisladores archivar el proyecto y explicó que en el país existen 965 empresas dedicadas a la industria gráfica, de estas casi el 95 por ciento son pequeñas y medianas empresas, con cerca de 20 trabajadores, que se verían perjudicadas si la Imprenta Nacional entra a competir con el sector privado.
El proyecto señala que es competencia exclusiva de la Imprenta Nacional la publicación de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, carteles y adjudicaciones de contrataciones públicas, del material electoral requerido por el Tribunal Supremo de Elecciones tanto para procesos de elecciones nacionales, municipales como referéndum, “así como de los demás actos jurídicos que requieran los poderes del Estado”.
Además, la iniciativa plantea que para el sostenimiento y fortalecimiento de la Imprenta Nacional, se establece que al menos el veinticinco por ciento (25%) de los recursos que inviertan en servicios de impresión, durante cada ejercicio económico, el Estado costarricense, las instituciones autónomas y semiautónomas y las empresas públicas, deberán contratarse con la Imprenta Nacional, destaca el proyecto de ley.
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