Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
14 de agosto del 2014 – Alicia Avendaño Rivera, Directora de la Secretaria Técnica de Gobierno Digital y Fabián Quirós Álvarez, Director de la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, defendieron los dos sistemas de compra pública que existen en el país, sin que haya coincidencia entre ambos sobre dichas plataformas.
Ellos fueron citados a comparecer en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, para que ambos explicaran los pormenores de los dos sistemas que existen en el país sobre el modelo de compra pública que tiene el Estado costarricense.
La primera que hizo uso de la palabra y que defiende el sistema denominado Mer-Link, Avendaño Rivera, dijo que la compra pública es el contrato que suscribe el Estado para la adquisición de bienes y servicios, ya que todos los años Costa Rica invierte entre tres y cinco mil millones de dólares anuales.
De ese monto, el 41% de la compra la ejecuta el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Avendaño Rivera indicó que el elemento fundamental de este tema es transcendental en cómo se está ejecutando la compra y como podría hacerse en mejor forma, eficiente y transparente.
“La compra pública está distribuida precisamente en esta forma, 273 instituciones las que ejecutan la compra, más 4400 Juntas de Educación, y su conformación es la participación de la compra es la siguiente, todo esto documentado con el sistema de administración financiera de la Contraloría General de la República”, señaló.
En este mismo sentido dijo que lo que está en juego en la compra pública, es la confianza, y es un elemento fundamental, la confianza que tienen los ciudadanos, hacia la ejecución de los recursos públicos del Estado, lo que significa también la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
“Un sistema de compra publica única, podría tener un impacto de ahorro, en la ejecución del gasto de 739 millones de dólares, es un 2% del Producto Interno Bruto, anuales, eso está fundamentado en varios estudios a nivel internacional, Costa Rica no es el primero que está en esta ejecución. El Ministerio de Hacienda no ha sido exitoso ni siquiera implementando en el Gobierno central una plataforma, tenemos al COSEVI, y Juntas de Educación comprando en papel”, puntualizó.
Por su parte Fabián Quirós Álvarez, manifestó que desde el Ministerio de Hacienda están de acuerdo absolutamente en que es imperativo procurar una mayor transparencia, una política pública, mucho más integrada y unificada en el proceso de la compra pública.
“Probablemente este país tiene en estos momentos unos 22 o 23 sistemas informatizados de apoyo al proceso de compras públicas, tenemos más de ocho regímenes legales que regulan el juego de la compra pública, no tenemos una única ley de contratación administrativa”, dijo.
En este mismo sentido añadió que hay que entender que la multiplicidad de sistemas, es una consecuencia y no una causa de un problema mayor, el cual es esa cantidad de regulaciones legales que existen.
“En nuestro criterio el tema que hay que resolver en primera instancia y en un orden lógico, sugiere revisar cual es la normativa y como un esfuerzo país mucho más serio apostarle a que la integración de una política de compra publica, del Estado como un todo parte de la comprensión de los posible de un solo cuerpo legal”, comentó.
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