Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
25 de marzo del 2015 – Debilidades importantes en la planificación, recepción y custodia de los bienes e inexistencia de proveedurías o personal encargado idóneo, fueron las conclusiones que emitió la Contralora General de la República, Marta Acosta, en la fiscalización que realizó a las municipalidades, en sus procesos de gestión de compras de bienes.
La jerarca del órgano contralor compareció en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo para que se refiriera al proyecto de ley expediente 19148 Ley Especial de Contratación Administrativa Municipal.
“En toda esta fiscalización posterior que realiza la Contraloría, hay tres grandes temas que hemos encontrado, que tienen debilidades importantes, uno es la planificación, luego la recepción y custodia de los bienes y también debilidades importantes en las proveedurías institucionales”, señaló.
En este sentido dijo que existen 20 municipalidades que no cuentan con un Departamento de Proveeduría, tampoco tienen un encargado que se haga cargo de las compras.
“También a través de esos estudios encontramos que en muchas municipalidades el personal que hay en las proveedurías que hace las compras no es idóneo o que es personal insuficiente, muchas proveedurías no tienen manuales de organización y funciones, no tienen clara su normativa interna y hay indefinición de roles para los funcionarios que forman parte de estas proveedurías”, mencionó.
Añadió que en los últimos cinco años el sector municipal ha realizado un total de 124.554 procedimientos de contratación, de los cuales el 96 por ciento de esos procedimientos son contrataciones directas, es decir no han hecho uso de los procedimientos ordinarios de la Ley de Contratación Administrativa, únicamente se han realizado 224 licitaciones públicas y 4445 licitaciones abreviadas.
Como conclusiones manifestó que lo que se produce con todas estas debilidades es un incumplimiento con la Ley de Contratación e inobservancia en materia de control interno, una gestión menos eficiente, menos efectiva y de esta manera afecta negativamente el bienestar de las comunidades.
Es por ello concluyó que el proyecto de ley intenta regular muchos aspectos que ya están contenidos en la Ley de Contratación Administrativa, por lo que se opuso rotundamente a la iniciativa al considerar que con esta nueva normativa no se resuelve el problema de la mala gestión en los procesos de compras con que cuentan los Gobiernos Locales.
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