Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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22 de setiembre del 2015- El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Obregón, se pronunció en contra del expediente 19644 Reforma a la ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus reformas, para bajar el precio de la energía eléctrica.
Obregón quien compareció ante los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos, señaló que el ICE no puede estar de acuerdo a esta modificación, debido a que el objetivo fundamental de la ley, es mantener el equilibrio financiero del prestador del servicio y la Aresep en este caso, es muy cuidadoso respecto a que los costos que se incluyan en las peticiones tarifarias sean los costos que están directamente asociados al servicio.
“Si nosotros perdiéramos lo que es el equilibrio financiero pues entraría en un riesgo muy grande no solo la empresa sino principalmente la prestación del servicio no solo en continuidad sino en la calidad misma del servicio, porque no podríamos garantizar la estabilidad financiera de la institución al poder tener ingresos superiores a los gastos que se generan para la realización del servicio”, dijo Obregón.
En este mismo tema, señaló que el otro punto importante de la reforma está directamente relacionado con un cambio de términos de que deberán a podrán, debido a que está creando una incertidumbre muy grande, en la cual ninguna de las empresas prestadoras de servicio, se atrevería a arriesgarse a la prestación del servicio o hacer los gastos correspondientes.
“Si hablábamos dela parte ambiental la cual hay costos ambientales que están asociados también y que son considerados como parte de la tarifa, hay costos sociales también que están y hay situaciones que tienen que ver directamente con los contratos que se establecieron, los cuales nosotros tenemos que honrar los contratos”, comentó.
Finalmente manifestó que la modificación propuesta atenta contra la prestación del servicio y el aseguramiento de su expansión, además constituye una clara violación al principio de servicio al costo establecida en la misma ley 7593 y forma arbitraria otorga amplia discrecionalidad al regulador al considerar o no costos que son necesarios para la prestación del servicio, lo que provoca además de una falta de seguridad jurídica, un evidente menoscabo a la finanzas de los prestadores, que no solo repercutirá en forma negativa al desarrollo del servicio sino que en la continuidad y la permanencia.
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