Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
3 de noviembre del 2015 – Las personas que padezcan una enfermedad y estén en estado terminal tienen derecho a una muerte digna, este es el principal objetivo del expediente 19440, Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal.
El proyecto establece que tienen derecho a una atención y muerte dignas y sin dolor, las personas con enfermedades en fase terminal, o con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida o con pronóstico de vida menor de seis meses.
Se plantea como obligación del Estado brindar al paciente los cuidados paliativos y la sedación paliativa que pretende garantizar la calidad de vida, tanto de los pacientes que afrontan estas enfermedades, como de sus familiares.
El derecho a un tratamiento integral del dolor y alivio del sufrimiento comprende la atención de los aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales.
De acuerdo con la iniciativa, es derecho de los pacientes, o de sus familiares cercanos en caso de imposibilidad de los primeros, a desistir de manera voluntaria de tratamientos o utilización de máquinas o medios artificiales cuyo objeto sea prolongar la vida innecesariamente, y tengan un impacto negativo grave en la calidad de vida del paciente en estado terminal.
El expediente 19440 modifica los artículos 115 y 116 del Código Penal y establece que: “Será reprimido con prisión de uno a tres años el que, instigare a otro al suicidio o lo ayudare a cometerlo, si el suicidio se consuma. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones graves, la pena será de seis meses a dos años. Si la ayuda es por piedad y proviene de un médico tratante la pena será de dos meses de prisión.
Además, Se impondrá prisión de seis meses a un año al que, movido por un sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable, ante el pedido serio e insistente de este aun cuando medie vínculo de parentesco. Si el acto es por piedad y proviene de un médico tratante la pena será de dos meses de prisión.”
El legislador del Partido Liberación Nacional, Ronny Monge Salas, explicó que la iniciativa requiere una serie de modificaciones, pero que el país está preparado para hacer frente a este tipo de propuestas.
Comentó que se debe clarificar de una mejor manera el tema de la eutanasia pasiva que es lo que se pretende ayudar a la persona a morir dignamente y no la activa que sería cuando al enfermo terminal se le desconecta de los aparatos que lo mantienen con vida.
Por su parte, la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano dijo ante los diputados miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales que al proyecto se le pueden realizar una serie de mejoras en cuanto al tema de las definiciones.
Solano mencionó que no existe para el país una obligación para legislar sobre este tema, pero al aplicar una legislación se debe respetar la autonomía de la voluntad y el no encarnizamiento terapéutico que no contempla el proyecto en discusión, que consiste en el empleo de todos los medios posibles, sean proporcionados o no, para prolongar artificialmente la vida y por tanto retrasar el advenimiento de la muerte en pacientes en el estado final de la vida.
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