Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
4 de noviembre del 2015 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos buscan mediante la discusión del expediente N.º 18922 reforma de los artículos 33 inciso 3), 35, 72, 89, 96, 125, 177, 252, 253, 254 y 255 y adición de los artículos 33 bis, 33 ter, 94 bis, 94 ter, 99 bis y 99 ter y de un transitorio a la Ley de migración y extranjería, N.º 8764, de 19 de agosto de 2009 que el país cuente con mayor regulación para las personas migrantes y que se les resten sus derechos en el territorio nacional.
Para el año 2010, la población extranjera representaba un ocho punto dos por ciento (8.2%) de la población nacional, equivalente a un aproximado de trescientas setenta y cuatro mil personas extranjeras presentes en Costa Rica (374 000). Para el año 2012 se presenta un crecimiento de punto dos por ciento (0,2%) para un total aproximado de trescientos ochenta y tres mil (383 000) personas extranjeras en el país. Esto implicaría, en buena teoría, que debería existir una cifra similar de procesos de regularización migratoria ante la Autoridad Migratoria.
Con el proyecto se propone la modificación y adición de varios artículos, por ejemplo el 33, con la finalidad de escalonar la sanción administrativa por la estancia irregular en el país, no es comparable la situación de una persona que acaba de iniciar su estancia irregular a otra que lleva años en el país, motivación suficiente para crear una sanción proporcional a la conducta.
La adición de un artículo 33 bis y 99 ter buscan organizar el régimen de exenciones contemplado en la ley, que actualmente se encuentra disperso y es contradictorio.
La reforma al artículo 35 y la adición de un artículo 99 ter pretenden generar una mayor transparencia en el actuar de las autoridades migratorias, para eliminar las conductas arbitrarias y fomentar el cumplimiento práctico de las políticas públicas migratorias.
Además, de las reformas al artículo 72 constituye una herramienta para toda la Administración Pública, para que en el ámbito de su competencia, puedan tutelar intereses públicos y garantías constitucionales de las y los habitantes, independientemente de su estatus migratorio. Y al inciso 2 del artículo 78 y al inciso 1 del artículo 79 buscan incorporar de manera ordinaria lo que fue aplicado por medio de los transitorios reglamentarios en relación con la residencia condicionada por vínculo con persona regular que existía en normativa anterior. Con ello se busca resolver la distinción odiosa generada entre costarricenses y extranjeros, así como darle aplicación al 73 bis de la ley al introducir la unión de hecho.
Roeland De Wilde, Representante de Organización Internacional de los Migrantes explicó que están de acuerdo con la iniciativa, pero que en el país se debe dar una mayor coordinación para reducir los riesgos para los migrantes.
2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.