Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
12 de noviembre del 2015 – Con el dictamen afirmativo del expediente N.º 19626, aprobación del protocolo relativo al convenio sobre trabajo forzoso, en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior el país contará con mayores herramientas para luchar contra este tipo de explotación.
El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja señaló que las personas que están sometidas a trabajos forzosos no reciben un salario digno y “se obliga a la persona a trabajar por mucho menos de lo que ganaría, por lo que corresponde a un salario mínimo es trabajo forzado”.
Datos expuestos por el diputado revelan que el 55 por ciento de las víctimas de este tipo de explotación son mujeres y un 26 por ciento son menores, mientras que los beneficios económicos y las ganancias ilícitas que genera este tipo de trabajos llegan a los 150 mil millones de dólares.
En términos generales, el cometido del protocolo en cuestión es revisar parcialmente y complementar el Convenio número 29 a fin de adaptar sus disposiciones a la evolución de las circunstancias actuales del trabajo forzoso y mejorar su pertinencia, eficacia y eficiencia.
La OIT señala que del total de personas en trabajo forzoso en el mundo, 20.9 millones de personas, el 90 por ciento son explotados por particulares o empresas privadas. Mientras tanto, el 10 por ciento restantes son víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado o por grupos militares rebeldes. Entre los explotados por particulares o empresas privadas, 4,5 millones son víctimas de explotación sexual forzada y 14,2 millones de explotación laboral forzada.
El convenio establece “dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.
Todo Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados”.
Además, se fortalecen los servicios de inspección del trabajo y otros servicios responsables de la aplicación de esta legislación.
2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.