Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
23 de junio del 2016 – El exceso de población en las cárceles del país hace necesario revisar la legislación vigente que limita la aplicación de normas legales para delitos considerados menores, a esta conclusión llegan las autoridades judiciales y legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Para conocer el criterio sobre el tema y la Reforma al Código Procesal Penal, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibió a José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Chavarría, fiscal general y Alfredo Chirino, decano de la facultad de derecho de la UCR.
Los comparecientes estuvieron de acuerdo con el expediente 19490 Reforma al Código Procesal Penal que precisamente busca que las sanciones para delitos considerados menores sean racionales y proporcionales.
Según coincidieron las autoridades judiciales, cuando se elevaron algunas contravenciones a delitos con pena de cárcel no se especificó la aplicación de algunas de sus normas, por lo que hoy una persona que sustrajo junto a su hija un champú está descontando 10 años de prisión.
El magistrado José Manuel Arroyo dejó clara la necesidad de que la persona que comete un delito debe ser sancionada pero dentro de los parámetros de la racionalidad
Es por ello que el vicepresidente de la Corte considera importante la aprobación del proyecto el cual manifestó aumenta las posibilidades de llegar a acuerdos entre las partes.
Por su parte, Alfredo Chirino sostuvo que cuando se tomó la decisión de sancionar los delitos contra la propiedad considerados menores se abrió un portón de injusticia y desproporcionalidad.
La directora de la defensa pública, Marta Iris Muñoz, expuso a los legisladores varios de los casos donde personas por cometer el robo de artículos como picaritas, atunes o un champú están descontando hasta de 15 años de cárcel.
Ante esta situación solicitó que a la hora de redactar las normas que se aplican al robo agravado se especifique la afectación que tenga el bien sustraído y se haga la diferencia entre personas física y jurídica.
Esto por cuanto en la actualidad la participación de más de una personas en la sustracción de un bien es considerado robo agravado con lo cual aumenta las penas carcelarias.
Jorge Chavarría fiscal general del Ministerio Público, expresó que la reforma es importante porque contiene parámetros de racionalidad en relación a la proporcionalidad de la pena sobre hechos considerados menores.
Fuente: Asamblea Legislativa.