Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
25 de octubre del 2016 – Un total de 46 diputados votaron en segundo debate, el expediente Nº 19559, límite del gasto estatal en las campañas políticas del 2018 (proceso electoral Nacional) y del 2020 (proceso municipal), por medio de una modificación al Código Electoral, Ley N° 8765.
Con esta nueva disposición se baja el aporte del 0.19 al 0.11% del producto interno bruto para hacer frente a dichos procesos electorales, se disminuyen ¢25.000 millones de la deuda política.
El proponente de la iniciativa, Ottón Solís Fallas, del Partido Acción Ciudadana señaló que “se da una reducción importante en momentos en donde se está hablando del tema de nuevos ingresos”.
El legislador Mario Redondo Poveda señaló la importancia que tiene la aprobación de este proyecto de ley, aportando grandes beneficios al país a rebajar un monto elevado de las campañas políticas.
Añadió que en la Comisión de Reforma del Estado se habla de garantizar campañas de calidad y que estas se enfoquen en responderle al elector la posibilidad de tener un conocimiento cada vez mayor sobre la calidad de pensamiento, ideas, propuestas y la trayectoria de vida de los que se postulan a un cargo de elección.
“Las elecciones en este país se guían por pasiones y por asuntos de espectáculo”, señaló Redondo Poveda.
Hay que evolucionar como democracia a procesos electorales de mayor calidad, garantizándole a los costarricenses que los recursos que aporta el Estado son invertidos en educación, formación, transparencia, cuales son las destrezas de los candidatos, los planes del gobierno son divulgados y temas esenciales son abordados con claridad, manifestó el diputado Redondo Poveda.
El diputado Edgardo Araya Quesada ha sido claro en señalar que esta iniciativa de ley es un transitorio del Código Electoral, para bajar del cero punto diecinueve por ciento del PIB al cero punto once por ciento del PIB, no debe confundirse este proyecto con el texto de reforma constitucional presentado recientemente y es la forma en que podrán usar los partidos políticos sus fondos.
Fuente: Asamblea Legislativa.