Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
15 de noviembre del 2016 – Alberto Ferrero, representante de Coopesalud, manifestó su total apoyo al proyecto de ley expediente 20064 Reforma del artículo 23 de la Ley 6836 y sus reformas de incentivos a los profesionales en Ciencias Médicas.
La iniciativa establece que equiparar las normas del sector público con las del sector privado, genera un desincentivo para la contratación en el ámbito privado. Esto es difícil cuando se está frente a la creciente tercerización de servicios de salud por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), justamente para ahorrar en costos y mejorar en eficiencia.
Para el caso concreto de la CCSS y su relación con el sector privado el desincentivo también aplica, pues no habría diferencia alguna en lo que debe pagar directamente la CCSS, y las empresas o entidades que quieran brindar servicios de salud. Al final, estas organizaciones privadas que tengan contratos de prestación de servicios con la CCSS cobrarán a esta por el pago de los incentivos salariales contenidos en la Ley N.° 6836, generando un perjuicio económico a la institución.
Ferrero manifestó que como consecuencia inmediata la aplicación de lo de aquí mencionado implicaría un encarecimiento injustificado de los servicios ofrecidos por proveedores externos a la Caja limitando sensiblemente las ventajas de este modelo y poniendo en serios riesgos su subsistencia, al obligar a la misma Caja a asumir dicho incremento y costos al momento de la contratación.
Por otra parte la aplicación del artículo 23 encarecería de manera injustificada los servicios de salud privados y en consecuencia los planes de seguro de gastos médicos, limitando las posibilidades de los ciudadanos de acceder a ellos y generando una mayor presión a los servicios de la caja, los cuales enfrentan serios problemas de oportunidad de su respuesta al mostrar prolongados tiempos de espera.
“La aprobación del proyecto de ley es necesario no solamente para garantizar el futuro de alrededor de 1500 trabajadores que forman parte de las empresas contratadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, para la prestación de servicios en sus áreas de salud, la mayoría de ellas cooperativa de autogestión y de cogestión, sino también para los profesionales y empresarios del sector salud que se desempeñan en el sector privado”, aseguró
Fuente: Asamblea Legislativa.