Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
17 de enero del 2017 – La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, señaló que el proyecto que pretende regular las remuneraciones adicionales al salario base en el sector público, tendrían un efecto limitado en las finanzas estatales, esto debido a que solo significaría un paso en esta dirección.
Acosta Zúñiga compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, para referirse al proyecto expediente 19506 Ley para Regular las remuneraciones adicionales y auxilio de cesantía en el sector público, iniciativa de la diputada Sandra Piszk Feinzilber.
La Contralora General fue clara en señalar que el proyecto es un paso positivo en la dirección de ordenar el tema de las remuneraciones, no así el tema integral del empleo público, ya que el efecto de la iniciativa es modesto o limitado porque abarca solamente seis de los incentivos.
“Este proyecto, desde el punto de vista de las finanzas públicas, el efecto es limitado, no estamos diciendo que hay que incluirlas a todas, eso habría que hacer un estudio distinto, pero efectivamente esto no es suficiente, si se quiere corregir el tema de los incrementos iniciales en el tema de las remuneraciones”, dijo la Contralora.
Así mismo indicó que en cuanto a la posible afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores del sector público, ellos tienen algunas dudas, ya que es necesario clarificar en el proyecto, pues la iniciativa habla en algunas partes que son derechos y en otras que no lo son.
Aclaró que en el plan se encuentra fuera de dicha regulación, los docentes y los cuerpos policiales del país, ya que su objetivo primordial es unificar o uniformar las disposiciones que se aplicarán para la creación o modificación y reconocimiento de las remuneraciones adicionales al salario base otorgadas a los funcionarios permanentes o transitorios del sector público, así como proporcionar la equidad, racionabilidad, eficiencia y la eficacia en la gestión pública.
Finalmente dijo que en el ámbito de la aplicación del proyecto se incorpora el Poder Ejecutivo, Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, los Órganos desconcentrados y auxiliares, así como las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y las corporaciones municipales.
Fuente: Asamblea Legislativa.