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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de abril del 2014 – Durante su informe de labores en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños Zamora afirmó que el déficit fiscal del país es insostenible.

Aseguró que este ya genera una baja ejecución de obras públicas, lo que causa que el país se quede rezagado en la construcción de caminos, carreteras, puertos y generación eléctrica eficiente.

Bolaños explicó que si el déficit fiscal continúa creciendo se daría un incremento en las tasas de interés de los créditos, que también afectaría al Banco Central provocando un alza en la inflación y una desaceleración de la economía.

A pesar de la preocupación por los niveles elevados de déficit fiscal, Bolaños Zamora resaltó la baja en la inflación en los últimos cinco años y que el país sigue atrayendo flujos de inversión extranjera directa.

“La tasa de inflación promedio ha sido de un 4,9 por ciento anual, el país no había experimentado niveles de inflación sostenida tan baja desde hace más de 40 años”, indicó el presidente del Banco Central.

El legislador de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán discrepó sobre los datos expuestos por el funcionario del Central y aseguró que la sensación de la gente en la calle es que la “la plata no alcanza”.

Por su parte, la diputada de Liberación Nacional, María Ocampo Baltodano resaltó los logros alcanzados por las autoridades del Banco, en cuanto a la baja en la tasa de inflación.

Sobre el incremento en el tipo de cambio del dólar, Bolaños hizo un llamado a la prudencia y recomendó analizar muy bien la adquisición de créditos en esta moneda, debido a que no descartó nuevas variaciones en los montos de la esta divisas.

Desde enero de este año el tipo de cambio presentó una tendencia al alza, el presidente de la entidad bancaria dijo que esto ya había sido advertido por el Banco Central. Las alertas se basaron en los anuncios elaborados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, sobre la reducción de los estímulos monetarios.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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3 de abril del 2014 – Eugenia Arguedas, Representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), manifestó que esta institución, desarrollará un estudio técnico, que permitirá elaborar el Plan General de Manejo y una propuesta de ley de Régimen Especial para la administración institucional conjunta del Refugio Nacional de Vida Silvestre, Corredor Fronterizo Norte.

Arguedas, compareció en una sesión de trabajo, ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Turismo, quien dio su opinión sobre el expediente 18627 Ley Especial para Rescatar los Legítimos Derechos que tienen los Habitantes de Zonas Fronterizas a poseer el título de propiedad sobre sus terrenos, que actualmente se encuentra en discusión en esta instancia legislativa.

“Es importante que ustedes conozcan este proceso, que está desarrollando el SINAC, para la elaboración del Plan General de Manejo y Propuesta de Ley del Régimen Especial para la Administración Institucional Conjunta, del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”, informó.

En este mismo sentido añadió que dicho estudio es una actividad técnica, pero que guarda un gran contexto en lo social, político y en lo institucional, ya que aunque está siendo dirigido por el SINAC, se espera que tenga incidencia sobre esa zona.

Arguedas indicó que el estudio abarcara todo el corredor fronterizo norte, que va desde Guanacaste, Bahía Salinas, hasta Delta Costa Rica. Con una extensión de más de 60 mil hectáreas.

“El objetivo de ese estudio es formular el Plan de Manejo y la característica que tiene esta propuesta es que también queremos hacer una propuesta de Ley de Régimen Especial para la Administración Institucional Conjunta”, dijo la compareciente.

Dentro de los productos que esperan esta un diagnostico general del área silvestre protegida, para elaborar planes de manejo con algunos énfasis como por ejemplo, la evaluación de las políticas y estrategias de conservación institucional, así como las categorías de manejo, entre otras.

“Queremos hacer además un censo poblacional y tenencia de la tierra, por cada parcela, porque nosotros no sabemos cómo está la tenencia de la tierra en esa zona. También tendremos la zonificación del área silvestre protegida y lo que implica eso es qué zona va a hacer de protección absoluta, que zonas de uso restringido, y otra para el uso sostenible de recursos”, finalizo la compareciente.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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2 de abril del 2014 – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos recibió a seis postulantes al cargo de Magistrado (a) de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

El primero en exponer su interés en el cargo fue Ronaldo Hernández Hernández quien señaló que le preocupa el tema de la falta de carrera judicial para fiscales y defensores públicos, así como la mora judicial.

Hernández Hernández planteó la necesidad de modificar la gestión interna y mejorar los controles de seguimiento y rendimiento.

Por su parte la candidata Rocío Rojas Morales experta en Derecho Público señaló que pone sus 26 años de experiencia como carta de presentación.

Para Vilma Sánchez del Castillo la Sala necesita expertos en Derecho Mercantil y Electrónico para poder hacer frente a las nuevas realidades mundiales y a los retos que se avecinan.

El postulante Germán Serrano García dijo que se necesita dar un nuevo aire a la Sala con un integrante que venga desde el ejercicio liberal que conozca la realidad y la lucha diaria por una justicia pronta y cumplida.

Finalmente el grupo legislativo escucho las propuestas y planes de Silvia Consuelo Fernández Brenes y Jorge López González.

Para mañana la comisión espera terminar con este proceso de audiencias para iniciar el trámite de análisis de los postulantes y poder remitir la lista final de recomendados al Plenario para sustituir a la Dra. Anabelle León Feoli en la magistratura.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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2 de abril del 2014 – Las personas afectadas por el Nemagón se presentaron ante los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para exigir una indemnización por los problemas de salud que les causó el pesticida.

Los legisladores analizan el expediente 18802, Reforma de los artículos 1, 2, 10, 11, 14 y 16 y adición de un Capítulo IV a la Ley de determinación de beneficios sociales y económicos para la población afectada por el «DBCP», Ley Nº 8130 y sus reformas.

Salvador Mesén Mesén, representante de los trabajadores bananeros, dijo que saben de antemano que no hay suma que se pueda pagar para solventar los daños causados a su salud por los químicos.

El proyecto señala que: “el Estado indemnizará a quienes comprueben haber sufrido exposición al producto ‘1.2 dibromo, 3 cloropropano’, conocido como DBCP, como consecuencia de haber sido utilizado en el país”.

Mesén afirmó que es muy difícil poder demostrar por medio de exámenes de laboratorio la presencia del químico en el cuerpo.

La diputada del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo, dijo que hubo gente que no pudo probar que estuvieron expuestos a los químicos, y uno de los temas complicados es no saber cuántas personas se vieron afectadas. Pero aseguró que esto no es impedimento para que se le pague a los trabajadores.

La iniciativa expone que el monto a pagar a los afectados será superior a ¢683 mil, determinado “según el estudio actuarial elaborado por el INS, en el que se consideró el salario devengado por los trabajadores bananeros calculado al valor actual. Este monto deberá ser indexado conforme al índice de precios al consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley hasta la fecha en que a cada persona afectada se le haga efectivo el pago de la respectiva indemnización”.

Por su parte la diputada, Gloria Bejarano Almada indicó que hay una deuda económica y otra con el “respeto a la vida” de las personas afectadas.

Entre 1967 y 1979 cientos de trabajadores de plantaciones bananeras se vieron expuestos a la utilización del nematicida tóxico 1.2 dibromo -3-cloropropano, conocido como DBCP por sus siglas o “Nemagón” y “Fumazone” por sus nombres comerciales.

El Nemagón es un pesticida que se aplicó, antes del año 1980, en las bananeras para acabar con la plaga de nemátodos que afectaba al cultivo del banano, del cual se demostró científicamente que este químico causaba efectos degenerativos en el ser humano y enfermedades crónicas.

Las personas afectadas sufrieron daños y problemas serios de salud, tales como: daño degenerativo testicular, disfunción reproductiva, trastornos en el comportamiento sexual, repercusiones psicológicas, sociales y otras patologías. Otros estudios vinculan la exposición a este químico con una mayor incidencia de cáncer.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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1 de abril del 2014 – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos continúo con el periodo de audiencias para el cargo de Magistrado(a) de la Sala Primera en sustitución por jubilación de la Dra. Anabelle León Feoli.

Los comparecientes convocados en esta sesión fueron: Manuel Fernando Jiménez Aguilar, quien abocó por la división de la Sala según las diversas especialidades.

El postulante Mariano Jiménez Zeledón, planteó la necesidad de cambiar la cultura organizacional y equilibrar los intereses entre Estado-ciudadanía.

Julio Jurado Fernández apostaría por llevar su experiencia profesional y académica a la magistratura.

Por su parte Álvaro José Meza Lazarus señalo que se necesita nombrar alguien que venga desde fuera de la Corte que conozca las necesidades del ciudadano para darles una justicia pronta.

La candidata Kryssia Muñoz Jiménez indicó que de llegar al puesto centrará su labor en buscar una mayor capacitación para los jueces para darles una visión integral de la realidad social y jurídica.

Para Mario Muñoz Quesada su principal tarea seria mejorar los tiempos de respuesta y bajar la mora judicial.

Jorge Olaso Álvarez aboca por trabajar desde la Sala Primera en una mayor formación de jueces.

Y finalmente la candidata Guadalupe Ortiz Mora, juez del Tribunal Registral Administrativo señalo como su prioridad la redacción de resoluciones claras y concisas en beneficio del usuario del sistema de justicia.

La comisión ya recibió a más de la mitad de los 37 candidatos a dicho cargo y se continuará con este trámite para poder remitir al Plenario Legislativo la lista con la recomendación de 5 hombres y 5 mujeres.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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1 de abril del 2014 – Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez recibió el aval de los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos para ocupar el cargo de miembro propietario por 5 años de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

De aprobarse este nombramiento Ruiz Gutiérrez llegaría en sustitución de Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez a quien se le venció su cargo a inicios de este año.

El candidato propuesto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARSESEP) señaló durante su comparecencia cuáles serán sus prioridades de llegar al cargo entre los que indicó trabajar poner la tecnología al servicio de la ciudadanía.

«Mi propuesta es buscar que los regulados den mejores servicios a precios accesibles y buscar un impulso estratégico ya que la SUTEL tiene mucho que aportarle al país,» dijo Ruiz Gutiérrez.

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María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
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1 de abril del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios dictaminaron positivamente el proyecto 18936, Ley general de los programas estatales de alimentación y nutrición de la niñez y adolescencia.

El proyecto tiene por objeto establecer un marco jurídico de referencia, permitiéndole al estado implementar políticas, planes, programas y estrategias para garantizar de manera permanente el derecho a la alimentación complementaria, seguridad alimentaria y nutrición de la niñez y adolescencia, que contribuya al disfrute de una vida saludable.

Los beneficiarios serán la niñez y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia atendidas por los Centros de Educación y Nutrición (CEN), Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI) y el Programa de Alimentación y Nutrición del Niño Escolar y el Adolescente (PANEA) del Ministerio de Educación Pública.

El Ministerio de Salud establecerá las medidas regulatorias garantizando el acceso oportuno a la cantidad y calidad de alimento complementario que se requiera para el desarrollo saludable de la población en condiciones socioeconómicas desfavorables.

Además se realizará un sistema de vigilancia alimentaria, creando para estos efectos el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN), que tendrá como objetivos poner a disposición la información estadística que apoye los procesos de formulación, facilitar el diseño y establecimiento de programas y proyectos, brindando informes de alerta para la atención de eventuales situaciones.

También las instituciones del sector agropecuario implementaran servicios de innovación y trasferencia de tecnología, dando importancia a la implementación de buenas prácticas agrícolas, de manufactura y de reproducción de recursos, para proveer alimentos de calidad, de bajo costo, en cantidad suficiente y en la periodicidad que los comedores estudiantiles y CEN-CINAI requieren.

La diputada de Liberación Nacional Annie Saborío Mora y presidenta de la comisión se refirió al proyecto argumentando que se formuló con la participación de varias instituciones y expresó que mantiene las expectativas sobre su avance, el cual espera se logre cumplir.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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1 de abril del 2014 – Daniel Rojas Pochet, Especialista en Expropiaciones, recomendó a los diputados que integran la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, archivar el expediente 18880 Reforma de la Ley de Expropiaciones 7495, reformada mediante Ley 7757.

El especialista compareció para que diera su opinión sobre dicho plan, en compañía de Hubert Fernández Argüello, Juez del Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo.

Rojas Pochet manifestó que la expropiación no solo es para el derecho de vía, sino más bien para cualquier derecho patrimonial o interés legítimo económico, es decir se puede expropiar terrenos, vehículos, muebles, barcos, propiedad intelectual, confecciones religiosas.

“Desde la exposición de motivos el proyecto falla, porque está dejando por fuera todos esos mecanismos y también deja por fuera esos derechos que están regulados en otras legislaciones, la Ley de Zona Marítimo Terrestre, la Ley de Informaciones Posesorias, la Ley de Propiedad Intelectual, el proyecto solo considera que se expropia para hacer carreteras lo cual no es correcto, porque se puede expropiar para hacer hospitales, ebais, infinidades de cosas”, explicó el especialista.

Otros de los puntos que mencionó Rojas, es que la iniciativa pretende derogar el artículo 18, y ese artículo habla de la declaratoria de interés público, es decir, no puede haber una expropiación sin esa declaratoria.

Por su parte Hubert Fernández, sostuvo que el proyecto tiene problemas desde la misma concepción con que se formula en el párrafo primero, porque la expropiación no puede verse nunca desde un punto de vista como un obstáculo para el desarrollo nacional, ya que es todo lo contrario.

“La expropiación debe de ser vista, como una parte esencial del desarrollo de las obras públicas y además para el cumplimiento no solo para las obras, sino también, de todos los fines que tiene que cumplir el Estado”, explicó el juez.

Finalmente señaló que el proyecto contiene artículos que son innecesarios y que más bien vienen a complicar las situaciones de la regulación, por ejemplo se pretende sustituir el artículo 2 y se elimina los procedimientos de contratación administrativa.

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