Autor: Editor

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

31 de marzo del 2014 – La ciudadanía ante el aumento en la sensación de inseguridad ha optado por solicitar más permisos de portación de armas el problema es que muchas veces terminan en manos de los delincuentes.

Es por ello que legisladores de diferentes fracciones sostienen la necesidad de contar con una nueva ley que ponga orden tanto en la adquisición como en la portación de armas.

La reforma a la ley que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico pretende precisamente establecer mayores controles en el manejo de armas y municiones, con lo que busca un cambio significativo en materia de seguridad ciudadana.

Un aspecto ampliamente analizado por los diputados es la falta de regulación en el sujeto, ya que la ley actual tiene como punto central el instrumento (arma), y no su poseedor.

Este vicio se corrige en el texto mediante el incremento de los controles referentes al poseedor, al tomarse en cuenta los antecedentes penales de quien pretende ser propietario de un arma, a lo cual se añade la necesidad de que el legítimo propietario posea conocimientos y destrezas que lo acrediten como un usuario responsable.

A esta medida se agrega la prohibición de portar armas a las personas que se le dicte medidas cautelares por parte de las autoridades judiciales.

El ministro de Seguridad Pública Mario Zamora Cordero quien respalda la reforma, aseguró durante su audiencia a la comisión que la nueva ley contribuirá a disminuir los homicidios en el país, por lo que manifestó la necesidad de aprobarla a la mayor brevedad.

Objeciones

En materia de armas y municiones el proyecto pretende brindar apoyo a las actividades deportivas, estableciendo que los competidores acreditados puedan poseer dos armas por cada categoría deportiva, lo cual les permite ejercer su actividad en forma adecuada y dentro de los parámetros de la ley.

Pero Rodrigo Carvajal Herrera, Presidente de la Asolación de Tiro al Blanco sostuvo durante su audiencia ante el grupo parlamentario que algunas disposiciones de la reforma “afectan seriamente lo que es tiro deportivo en el país, así como otras medidas que en lugar de mejorar la seguridad, más bien estaría fomentando el mercado negro y otro tipo de cosas.

Una de las objeciones que hizo esta asociación a la iniciativa tiene que ver con las limitaciones en la recarga, pues su presidente aseguró que “limitando la recarga no vamos a ganar nada; los delincuentes desgraciadamente no tienen una máquina de recarga en su casa, necesitan permisos, los insumos son sumamente difícil conseguirlos y hay que hacerlo a través de las entidades autorizadas”.

Uno de las nuevas modificaciones a ley vigente es que se incorpora el tema de las armas de colección, debido a los vacíos sobre este tema en la norma vigente, no existen registradas de las mismas, situación que se pretende solucionar permitiendo la existencia de armas coleccionables y creando así una cultura de legítimo poseedor responsable en sus titulares.

En materia de explosivos, se eleva a rango legal la obligatoriedad de una coordinación entre los Ministerios de Salud y Seguridad Pública y se incorporan conceptos avanzados especialmente en los de tipo pirotécnico, para llevar un control más estricto.

Con relación a las armas para defensa personal se instaura un incremento en las exigencias del examen de idoneidad, calificando al usuario por tipo de arma, al tiempo que se deja para la elaboración del reglamento los detalles de este nuevo examen.

Se incluyen también regulaciones en cuanto a las armas propiedad de las empresas de seguridad privada, cuya cantidad estará directamente relacionada con el número de oficiales inscritos ante la Dirección de Servicios de Seguridad Privada.

Dificultades en el trámite

Aunque legisladores de todas las fracciones coinciden en la necesidad de aprobar una nueva ley en esa materia, aseguran que las objeciones que hacen algunas de las partes afectadas dificultan su avance.

El presidente de la comisión Carlos Góngora Fuentes expresó que entre las objeciones que se le han hecho a la iniciativa esta lo que tiene que ver con la recarga de los casquillos, así como el marcaje.

La jefe de fracción de Acción Ciudadana e integrante de la comisión de Seguridad y Narcotráfico Carmen Muñoz Quesada, coincide en que difícilmente el proyecto podrá ser aprobado en comisión antes de finalizar sus labores el 30 de abril.

“Es un proyecto de ley importante y necesario, pero difícilmente será aprobado en la presente administración Hay grupos que adversan que el Estado tenga la potestad de otorgar los permisos para portar armas pues son del criterio que se puedan adquirir como un producto más en el mercado,” expresó.

Por su parte la congresista de Liberación Nacional Elibeth Venegas Villalobos sostiene también la necesidad de que el país tenga un registro y control de las armas.

Venegas Villalobos resaltó además la importancia de que los menores de edad no puedan asistir a los polígonos, pues no están preparados psicológicamente para ese tipo de actividades.

En caso de que los actuales legisladores no logren la aprobación de esta iniciativa, les quedará la tarea a los próximos congresistas quienes asumen sus funciones a partir del primero de mayo.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

26 de marzo del 2014 – El proyecto de ley presentado a través del mecanismo de iniciativa popular con el respaldo de más de 150 mil firmas se encuentra en análisis de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

La iniciativa busca establecer un nuevo marco legal para la gestión del recurso hídrico del país, que promueva la gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua.

El Presidente de la comisión, Alfonso Pérez Gómez señalo que se busca avanzar en las negociaciones para poder dictaminar un texto mejorado antes del vencimiento del plazo establecido por ley.

Pérez Gómez indicó que la comisión sesionara de forma extraordinaria la noche del jueves y el viernes a partir de las 9:00am con la idea de lograr definir el tema al término de los 200 días establecidos para la discusión del proyecto.

Como parte de ese proceso de negociación se acordó recibir en la sesión de hoy a los representantes de la Alianza Nacional en Defensa del Agua (ANDA) para que explicaran su posición al proyecto.

Roberto Castro Córdoba, en representación de ANDA sostuvo que el país está urgido de esta legislación y apoyaron la presentación por esta vía dado que establece un plazo perentorio para su votación.

Los representantes agregaron que la rectoría del recurso es fundamental pero se opusieron a la idea de que la misma sea compartida entre varios ministerios.

El próximo lunes esta iniciativa deberá entrar en el orden del día del Plenario Legislativo para su discusión y votación final al haberse vencido el plazo estipulado de dos años para su trámite.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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25 de marzo del 2014 – El segundo grupo de ocho candidatos al puesto de Magistrado(a) de la Sala Primera fue recibido por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos para exponer sus planes de llegar a la magistratura por ocho años.

Juan Carlos Solano García el primer candidato en comparecer sostuvo que pone como carta de presentación sus años de trabajo como litigante lo que le permite tener una visión diferente de la sociedad y del país.

“Ofrezco llevar una visión nueva, diferente y renovadora de llegar al puesto”, acotó Solano García.

Por su parte la candidata Deyanira Martínez Bolívar indicó que uno de sus mayores retos es mejorar los tiempos de respuesta para cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida.

Para la actual magistrada suplente de la Sala, Ana Isabel Vargas Vargas su interés en el cargo radica en su experiencia como jueza de carrera.

Otra magistrada suplente en proponer su nombre fue Damaris Vargas Vásquez quien mencionó que busca continuar con el trabajo realizado a lo largo de los diez años que lleva como miembro sustituta de dicha Sala.

La lista de comparecientes incluía a Ana Cristina Víquez Cerdas, Carlos Guillermo Zamora Campos, Alner Palacios García y Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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25 de marzo del 2014 – Juan Carlos Esquivel del Colegio de Abogados de Costa Rica y presidente de la Comisión anti lavado y anticorrupción de la Federación Interamericana de Abogados, aseguró que el proyecto de Extinción de Dominio, que se discute en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, violenta varios artículos de la Constitución Política.

La iniciativa pretende incautar los bienes que las personas no pueden demostrar que fueron adquiridos de manera legal y de esta manera evitar que fondos provenientes del lavado de dinero y la legitimación de capitales ingresen al sistema financiero nacional.

El proyecto de ley plantea que la acción de extinción de dominio será iniciada por la Fiscalía General de la República de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando esta considere que existe la probabilidad de que los bienes fueron adquiridos o trabajan con fondos ilícitos.

Para Esquivel es inaceptable que los ciudadanos sean los encargados de demostrar que los bienes de su propiedad fueron obtenidos de forma lícita. Además, afirma que la iniciativa viola los derechos civiles y constitucionales de la mayoría de los ciudadanos.

“No existe en Costa Rica un plazo definido para la conservación de comprobantes de la adquisición legal de bienes muebles o inmuebles”, explicó el abogado.

Según el proyecto de ley, la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio, será el órgano encargado de la valoración de los casos bajo su conocimiento, de bienes que pudieran llegar a considerarse ilícitos.

La Fiscalía desarrollará la investigación que corresponda y, de observar mérito en sus resultados, formulará la pretensión de extinción de dominio.

Esquivel señalo que este proyecto no es necesario debido a que en el país ya hay otras leyes que regulan el tema de lavado de dinero y legitimación de capitales.

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán discrepó con el miembro del Colegio de Abogados e insistió en que la Zona Norte del país se está viendo fuertemente afectada por el tema de lavado y fue enfático que se necesitan mayores herramientas para atacarlo.

Por su parte la legisladora de Liberación Nacional, Xinia Espinoza Espinoza dijo que todavía existen muchas dudas en cuanto a la viabilidad del proyecto.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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24 de marzo del 2014

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos recibió al primer grupo de 12 postulantes al cargo de Magistrado (a) de la Sala Primera de la Corte Suprema en sustitución por jubilación de la Dra. Anabelle León Feoli.

La candidata Alexandra Alvarado Paniagua, Presidenta del Tribunal Agrario Nacional, fue la primera en exponer ante el panel legislativo sus intereses de llegar a la magistratura para aportar hacia el cambio y la modernización que se requiere ante la nueva realidad nacional.

Por su parte el juez de lo Contencioso Administrativo, Rodrigo Alberto Campos Hidalgo indicó que se debe abrir el Poder Judicial más al pueblo y abogó por un mayor control interno del gasto.

Para la candidata Lupita Chaves Cervantes se requiere dar una visión integral e implementar procesos flexibles y más accesibles.

“La Sala Primera maneja temas de gran importancia para el país y por eso requiere de una persona con gran visión jurídica de alcance para fortalecer el Estado de derecho”, acotó Chaves Cervantes.

Dentro de lo expuesto ante los diputados por Juan Manuel Chaves Villalobos esta Sala necesita mayor especialización y una reestructuración.

Para el Dr. Jorge Córdoba Ortega se debería trabajar por nombrar un Magistrado externo al Poder Judicial para que puedan aportar nuevos criterios y experiencias.

Otros de los candidatos en ser recibidos en la sesión de hoy fueron Antonio Darcia Carranza, David Alberto Fallas Redondo, Laura María León Orozco, Luis Fernando Fernández Hidalgo, Gustavo Fernández Paoli, Vanessa Fisher González y Alvaro Hernández Aguilar

La Comisión de Nombramientos dispuso sesionar de forma extraordinaria mañana martes y el miércoles con el fin de avanzar con el trámite de este expediente y poder recibir en audiencia a los 37 postulantes al cargo.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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24 de marzo del 2014 – En Costa Rica, la construcción o ampliación de una carretera o la edificación de un nuevo edificio gubernamental se convierten en toda una tortura para la administración pública debido a lo lento de los procesos de expropiación.

Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en nuestro país este trámite puede llegar a tardar varios meses.

Para el Estado, apropiarse de un terreno se convirtió en una tarea lenta por las múltiples discusiones para acordar un precio que beneficie a la partes y por la gran cantidad de actores que participan en el proceso.

Actualmente el Estado no puede entrar en posesión del bien o bienes expropiados sino hasta que se deposite el monto del avalúo administrativo en una sede jurisdiccional lo que genera atrasos en las obras.

Por estas razones, los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos analizan el expediente 18753, Reforma integral de la Ley de Expropiaciones, que pretende que se puedan iniciar los trabajos en la zona expropiada a pesar de los reclamos que se puedan presentar con respecto al precio fijado.

Datos del MOPT revelan que a la fecha se encuentran abiertos poco más de 100 procesos de expropiación a lo largo de todo el país y algunos llevan años en trámite.

El jefe del Departamento de Expropiaciones del Ministerio, Alex Ureña, explicó que uno de los trámites que está atrasando las obras en el proyecto Chilamate-Vuelta de Kooper ubicado en la Zona Norte, es la expropiación de un terreno propiedad del banco alemán Bayerische Hypotheken Und Wechsel Bank Aktiengesellschaft la cual tiene más de tres años de estar en discusión.

Además, en la zona de Sarapiquí existe otro terreno donde no han podido iniciar las obras por diferencias en la fijación del precio.

El legislador de Liberación Nacional y presidente del foro legislativo en el cual se discute el proyecto de ley, Luis Gerardo Villanueva Monge, explicó que una vez depositado el dinero, la administración puede tomar posesión aun cuando no exista acuerdo en el precio y el asunto se traslade a sede jurisdiccional.

Villanueva Monge afirmó que con la iniciativa se acortan los plazos para los peritajes casi a la mitad del tiempo que se utiliza actualmente.

El proyecto plantea que, si transcurridos dos meses después de que se dictó el decreto de expropiación, el inmueble no ha sido desocupado, la Administración solicitará al Juez Civil de Hacienda que proceda a ordenar el desalojo. Para ello se auxiliará con la Fuerza Pública y pondrá a la Administración en posesión del bien.

La iniciativa señala que ningún propietario o poseedor podrá oponerse a que se practiquen sobre sus bienes inmuebles los estudios necesarios para construir, conservar o mejorar una obra pública. El bien expropiado se adquirirá libre de exacciones y gravámenes hipotecarios.

El proyecto de ley indica que “para la adquisición o expropiación de un bien inmueble, será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare de interés público”.

El diputado independiente, Luis Fishman Zonzinski explicó que la propuesta busca agilizar el trámite administrativo con la finalidad de reducir en años la duración de los trámites. El legislador aseguró que en caso que se diera un reclamo por el precio aún así la maquinaria podrá empezar a trabajar en la construcción de la obra y “ganamos años en el desarrollo del país”.

En la actualidad si se presenta un reclamo no se pueden iniciar los trabajos para los cuales se adquirió el terreno.

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Sotomayor Aguilar, dijo que el proyecto le da mayor agilidad y simplifica los trámites a diferencia de los procesos actuales que “son lentos y el expropiado puede entrabarlos”.

La encargada de asuntos jurídicos del MOPT, Rocío Trejos, aseguró que el proyecto “tiene buenas intenciones” pero para agilizar aún más los trámites se requieren todavía mayores cambios en la legislación.

¿Cómo se fija el precio?

El proyecto indica que para fijar el valor del bien en zonas rurales el precio se dará por hectárea. Mientras que en las zonas urbanas el precio podrá fijarse por metro cuadrado.

En el caso de los bienes muebles, estos se valorarán separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración.

Con la finalidad de fijar los montos se deberá efectuar un avalúo administrativo que indicará todos los datos necesarios para valorar el bien que se expropia. Además se describirá en forma amplia y detallada el método empleado.

Fishman Zonzinski aseguró que el precio se fijará con el valor que esté registrado en Tributación Directa o en la municipalidad correspondiente. En caso de que el propietario no acepte el valor asignado, éste podrá acudir a las instancias judiciales para realizar el reclamo respectivo.

Según el proyecto de ley, transcurridos diez años después de la expropiación, el expropiador devolverá a los dueños originales o a los causahabientes que así lo soliciten por escrito, las propiedades o las partes sobrantes que no se hayan utilizado totalmente.

En cuanto a este punto, la jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Carmen Muñoz Quesada, afirmó que será modificado. “Esto nos parece inaceptable porque podría quedar algún terreno en un limbo legal”.

Por su parte, Fishman Zonzinski explicó que se realizará la modificación al proyecto para que si después de diez años el terreno no fuese utilizado, el mismo quedará como patrimonio del Estado.

¿Quiénes participan en el proceso de expropiación?

Para que el Estado pueda expropiar un terreno donde esté involucrado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, intervienen en el trámite el Departamento de adquisición de bienes inmuebles, la Dirección Jurídica, el departamento de Leyes y Decretos y la Imprenta Nacional. Además, del Consejo Nacional de Vialidad, la Procuraduría General de la República y el Juzgado.

La encargada de asuntos jurídicos del MOPT señaló que al estar tantos órganos involucrados en el proceso de expropiación, será necesaria una excelente coordinación para evitar que un atraso en alguna de las instituciones afecte todo el proyecto.

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