Autor: Editor

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

27 de febrero del 2014

Rodrigo Carvajal Presidente de la Asociación de Tiro Práctico, manifestó que el proyecto 18050 Reforma a la Ley de Armas y Explosivos, tendría un impacto serio y afectaría a las personas que se dedican al deporte de tiro al blanco en el país.

Carvajal compareció en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quien se refirió al proyecto de ley que actualmente se encuentra en discusión en esta instancia legislativa.

El compareciente señaló que el proyecto, a diferencia de lo que se quiere, que es mejorar la seguridad del país, más bien estaría fomentando el mercado negro y otro tipo de aspectos que tienen que ver con la seguridad.

En este mismo sentido añadió que existen otros deportes que tienen que ver con el tiro, u otras disciplinas, que se practican, que como están incluidos en el proyecto de ley no queda claro si se van a poder practicar o no, lo que afectaría seriamente a los tiradores deportivos.

De los puntos que más les afectan, según dijo el compareciente, es el artículo 40 que tiene que ver con la fabricación o recarga de municiones, ya que los tiradores deportivos disparan una cantidad increíble de munición, que inclusive la gran mayoría no son tiros de fábrica o munición nueva sino que disparan munición recargada.

“Cuando les digo que tendría un efecto grave es disparando con munición recargada, la munición cuesta la mitad de lo que cuesta nueva y un tirador deportivo dispara entre 15 mil y 60 mil tiros al años, la caja de 50 tiros de munición nueva cuesta entre 20 y 30 dólares, estamos hablando de mucho dinero y de muchos tiros, entendemos el proyecto pero limitando la recarga no vamos a ganar nada”, sostuvo.

Otras de las observaciones que realizó el compareciente, es en cuanto al artículo 28 inciso 6), que habla de marcaje de municiones, ya que el marcaje que se pide en el proyecto de ley es algo que las fábricas no hacen.

“El proyecto de ley habla de que se grave en el casquillo el número de lote, estamos hablando que es algo imposible, las fabricas no lo hacen y que además no va a generar ningún beneficio, porque el costo va a dispararse por las nubes y eso afectaría a nuestros cuerpos policiales”, concluyó Carvajal.         

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

27 de febrero del 2014

La Ministra de Agricultura y Ganadería Gloria Abraham y la Directora del Servicio Fitosanitario nacional Magda González comparecieron en la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público para referirse a las obras emprendidas para defender el banano.

La fruta es amenazada por dos enfermedades llamadas escama y cochinilla que de no ser atendidas ponía en riesgo la producción nacional.

Abraham explicó “quiero ser muy enfática en que desde que se nos comunica la existencia de niveles mayores a los normales de estas enfermedades tomamos todas las mediadas necesarias para que no afectaran la producción del banano”, advirtió.

Mientras que Magda González expuso algunas de las medidas tomadas para evitar esa enfermedades no se convirtieran en plagas y pasaron desde una primera reunión con la comisión Técnica para la Prevención y Combate de las Plagas y las Enfermedades Musáceas, hasta la importación de fundas extruidas con bifentrina y buprofezina.

Para la diputada Marielos Alfaro Murillo el MAG se tardó seis meses en que se decretara el estado de emergencia ante estas enfermedades pero su principal crítica es hacia CORBANA.

“La importación de las mangas para el banano se dio en un 98% de los casos solo a una empresa, pero eso se lo tenemos que preguntar a CORBANA en su comparecencia durante la próxima semana porque es nuestro principal cuestionamiento”, indicó.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

26 de febrero del 2014

Los diputados de la Comisión  Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos dictaminaron el expediente 18881, reforma del artículo 39 del Código de Minería N.º 6797 para ampliar su alcance Institucional al Consejo Nacional De Vialidad (CONAVI) para facultar la extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público.

La iniciativa plantea que el Estado, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía le  otorgará permisos y concesiones temporales a los ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y las municipalidades para extraer materiales de los cauces de dominio público o las canteras.  Estas concesiones se extenderán por un plazo máximo de 120 días.

En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI, a partir de sus competencias en materia de infraestructura vial, el plazo del permiso o concesión será otorgado hasta por 730 días. 

La red vial  cantonal, a cargo de las municipalidades, cuenta con aproximadamente 27.000 kilómetros son de lastre.

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Víctor Hernández Cerdas dijo que muchas empresas privadas extraen materias, beneficiando solo a ellos y no a las  municipalidades.

Por su parte, el legislador de Liberación Nacional, Jorge Angulo Mora indicó que hay empresas que extraen mucho material y no dan aportes a los gobiernos locales.

Todo daño ambiental que se produzca durante la extracción de los materiales será  responsabilidad de la institución concesionaria o, en su caso, del contratista o el subcontratista encargado de ejecutar la obra. 

El proyecto prohíbe comercializar los materiales extraídos, y señala que violación a esta disposición ocasionará la cancelación inmediata de la autorización y la aplicación de las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables y, en su caso, al contratista o subcontratista encargado de ejecutar la obra.

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Luis Pablo Quirós Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

25 de febrero del 2014

Contar con el título de propiedad de su vivienda y desentenderse de las deudas, después de 20 años, será una realidad para 75 familias del Proyecto Habitacional La Capri de San Miguel de Desamparados.

Los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminaron de manera unánime afirmativa el expediente 18838, cuyo objetivo es condonar las deudas y garantizar el traspaso a titulo gratuitito las viviendas a los beneficiarios, ya que tras el cierre de varias instituciones públicas esos créditos llegaron a al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, convirtiéndose en un asunto incobrable para la entidad e impagable para los propietarios.

Gloria Bejarano Almada, legisladora socialcristiana destacó la importancia de la propuesta dictaminada “eran proyectos de bono gratuito, que en su momento eran accesibles, pero que al pasar al INVU todas las condiciones cambian y realmente para esta entidad cobrar todas esas cuotas atrasadas se vuelve en un tema imposible”, expresó.

Para adquirir derecho a escritura pública los beneficiarios deberán cancelar los gastos correspondientes a trámites notariales.  La operación de condonación incluye además los intereses acumulados sobre la deuda original.

“Estas familias recibirán por fin luego de 20 años el título de propiedad, lo cual les da una seguridad jurídica, les da la posibilidad de heredar la propiedad a sus hijos y realizar todos los sueños que han tenido alrededor de una vivienda propia” añadió la diputada Bejarano.

La presidenta del foro legislativo, Elibeth Venegas Villalobos, agregó que consideran conveniente que el texto diga condonación ya que estos ciudadanos debían unas pocas cuotas, y por el descontrol nunca se les pudo cobrar, ahora sería injusto cobrarle interés o imponerles un precio actualizado si en realidad nunca hubo claridad sobre el tema.

El crédito otorgado, hace más de 20 años, consistía en un subsidio adicional del bono familiar de vivienda con el fin de que las familias beneficiadas de muy pocos recursos no se endeudaran más allá de sus posibilidades económicas, sin embargo, tras no darse el cobro, la acumulación de deuda base más la suma de interés se ha vuelto imposible de pagar.

En el 2008 se dio un decreto de ley que condonaba de las deudas a personas de otras comunidades que fueron beneficiadas con el programa, sin embargo, La Capri de San Miguel de Desamparados quedó excluida.

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