Editor – Página 147

En juicios de oralidad también deberán dictar sentencia escrita

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos dictaminó de forma positiva el expediente 18365. Se trata de una reforma al artículo 111 del Código Procesal Contencioso-Administrativo que incorpora la obligación y deber del juez que en el momento de dictar la sentencia oral, se entregará a las partes también en forma escrita.

La iniciativa fue presentada por el diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar del Partido Unidad Social Cristiana PUSC, quien explicó que con la modificación garantizará el principio de seguridad y certeza jurídica, así como una mayor publicidad y conocimiento de las líneas de pensamiento de la jurisprudencia en dicha materia.

“Se recoge así también un planteamiento esbozado en la nueva reforma al Código Procesal Civil, en materia de notificación de las sentencias”, agregó el legislador.

Además, al texto fue incorporado por medio de moción, que el juez tendrá 15 días hábiles para cumplir con la entrega a las partes de la sentencia.

“La propuesta de esta norma tan relevante del Código Procesal Contencioso Administrativo se justifica ya que pese a lo novedoso de esta tendencia procesal que incluye aspectos relativos a la oralidad, medidas cautelares, celeridad del proceso, ampliación de la legitimación, entre otros, ha quedado la jurisdicción contencioso-administrativa debiendo en materia de seguridad jurídica, al emitir las sentencias en forma oral y no dar la posibilidad a los usuarios de tener el texto escrito de la misma, causando incertidumbre, duda e inseguridad”.

La iniciativa pasa ahora a conocimiento del Plenario Legislativo para el debate respectivo.

Arranca discusión de elección de magistrados

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

El próximo jueves los diputados arrancan con la discusión para la elección de dos magistrados propietarios de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, luego de que se rechazará una apelación que deja en firme la resolución que dicto el Presidente del Congreso, donde se establece horarios para la discusión y votación de dichas plazas.

Se trata de los puestos que dejaron vacantes, Luis Paulino Mora por su fallecimiento y Ana Virginia Calzada por acogerse a su jubilación.

La Resolución que dicto el Presidente del Directorio Legislativo, Luis Fernando Mendoza Jiménez, establece el inicio de la discusión a partir del 14 de noviembre, dentro del siguiente horario, los días lunes, martes y jueves, a partir de las 3:30 una vez concluido el espacio de control político, los diputados deberán discutir las sustituciones de ambos puestos y dedicar 30 minutos cada uno de ellos.

Así mismo dicha medida establece que si al próximo 2 de diciembre aún no se ha concluido la discusión de esos puestos, se dará por discutido y se pondrá a votación el tema.

Esa resolución fue apelada por varios diputados al considerar, que se reducía la posibilidad de hacer denuncias en el control político, la diputada Carmen Muñoz Quesada, señaló que con la resolución se lesiona el control político, que pretende acallar las voces disidentes y disonantes con el estado de cosas que requieren ser cambiadas.

«Queda establecido Presidente, que este plazo del artículo 163 constitucional es meramente ordenatorio y que respecto del mismo nunca se ha acusado mora en su incumplimiento, así que, no estamos frente a un término infringido en nuestra Constitución Política que pueda ser citado por usted y su resolución, además de carrereada conlleva a graves vicios en contra de las minorías parlamentarias dinámicas y del principio democrático» explicó la diputada Muñoz.

Por su parte el Presidente del Congreso, Luis Fernando Mendoza manifestó, que la mora no es una falacia, sino que es una omisión al deber constitucional que tiene la Asamblea Legislativa de integrar correctamente la Corte Suprema de Justicia, ya que la inactividad del Congreso es un hecho público evidente y notorio que no necesita prueba.

Sin embargo, dijo se puede comprobar, por medio de las simples lecturas de las comunicaciones que el Poder Judicial cruzo a esta asamblea, que propone que la ausencia definitiva de dos magistrados propietarios, en consecuencia es verdadero que el Congreso incurre en mora porque no actúa dentro de un plazo constitucionalmente para ejecutar un nombramiento.

«El artículo 163 de la Constitución Política señala un plazo para acordar el nombramiento, la Constitución no es un Código Procesal, dispone norma general de acción verdaderos mandatos que deben ser cumplidos de buena fe y de acuerdo a principios de buena razón» comento Mendoza.

Arranca discusión de proyecto de investigación biomédica

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

Los diputados iniciaron, la discusión del expediente 17777 Ley Reguladora de Investigación Biomédica, luego de un acuerdo a que llegaron las bancadas del Partido Acción Ciudadana, (PAC), Liberación Nacional, (PLN), Movimiento Libertario (PML) y Unidad Socialcristiana, (PUSC).

Este acuerdo permitió posponer los asuntos que se encontraban antes del proyecto en la agenda legislativa e iniciar con el análisis de varias mociones que se le presentaron al texto.

La diputada Carmen Muñoz Quesada explicó que dicho acuerdo consistió en que la diputada del PAC, María Eugenia Venegas Renauld y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, retiraran varias mociones que se le habían presentado.

La iniciativa de ley busca dotar al país de la normativa que permita el impulso de la investigación Biomédica, dentro de los más altos parámetros éticos y científicos, asegurando el respeto a la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los seres humanos y, a la vez, promover el desarrollo científico nacional de la más alta calidad.

Así mismo el plan pretende regular la investigación de manera que se ajusten al principio de inviolabilidad de la vida humana, a los derechos de la salud, la intimidad y la dignidad humana, establecidos en la Constitución Política y en la legislación nacional e internacional que regula la materia.

El proyecto dedica especial atención a la regulación específica y detallada del consentimiento informado, dentro de esta regulación se especifica la participación de una persona en una investigación científica se requerirá el consentimiento expreso, específico, escrito y firmado, se regula además el contenido mínimo del consentimiento.

Se establece también que para personas con discapacidad la información para otorgar el consentimiento se presentará en condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades.

La diputada María Eugenia Venegas en su explicación de por qué retiraba varias mociones manifestó que este proyecto fue dictaminado en forma unánime y afirmativa en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, con un texto sustitutivo que fue publicado y recibió observaciones.

Así mismo dijo que fueron esas observaciones las que se tradujeron en mociones que presento y las que no fueron aprobadas son las que están para retirar en el Plenario Legislativo y retiradas por ella.

«Cuál ha sido la intención de reiterar las mociones vía articulo 137 y artículo 138 por mi parte, pues muy simple, que este plenario conociera las argumentaciones que he elaborado para demostrar que ni siquiera esas mociones lograban arreglar el texto en sus aspiraciones que se deben concretar de acuerdo con el voto de la Sala Constitucional mediante el cual se prohibió la realización de ensayos clínicos» argumentó la diputada.

Piden aprobación de crédito para la ruta Limón

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió al vice Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOPT, José Chacón Laurito y al vice Ministro de Hacienda Jordi Prat Cordero, quienes se refirieron al expediente 18945, aprobación del financiamiento de la ruta nacional 32 sección ruta 4-Limón.

El desarrollo del la propuesta estuvo a cargo de Marco Rojas ingeniero del MOPT, experto en presupuestos y costos de obras viales, el cual indicó que la ampliación de la ruta 32 en puerto Limón, se encuentra en el corredor del Atlántico, entre Río Frío y Limón centro.

Además señaló que algunos de los beneficios que se obtendrán con el proyecto son: aumentar seguridad vial y desarrollo de la población, añadiendo que el proyecto abarca 107 kilómetros.

También puntualizó que se realizarán varios cambios, por ejemplo en los 36 puentes y la creación de pasos a desnivel, construcción de 11 retornos, puentes peatonales, ciclo vías y drenajes, estableciendo 7 secciones en la carretera.

De acuerdo con José Chacón la contratación consiste en la búsqueda de empresas que tengan experiencias y puedan fijar la magnitud de la obra y con el mejor financiamiento.

Por otra parte Jordi Prat, presentó varios presupuestos, en forma independiente mencionando al Ministerio de obras Públicas y transporte y al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Además explicó el desarrollo el costo que ofrece EXIMBANK, banco de la Republica popular de China, el cual financiará mediante yuanes, recalcando que el costo de esa moneda se está fortaleciendo alcanzando un 6 en su valor.

Pratt finalizó declarando que la obra será financiada en un 15% por el gobierno, mientras que el 85% restante se costeara con el préstamo del banco.

Municipalidades publicarían gratuitamente en La Gaceta

Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

En la Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Administración se discute el expediente 18506 que pretende hacer una reforma al artículo 11 de la Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional para que a las publicaciones hechas por las municipalidades sean exoneradas de su pago.

Es importante señalar que por mandato constitucional, todo documento que afecte a terceros y toda ley de la República, para entrar en vigencia, deben ser publicados, por lo que las municipalidades deben mandar a publicar gran cantidad de reglamentos al año para que entren en rigor.

Como parte de las consultas que se realizan para discutir este proyecto, se recibió en audiencia a Leonardo Campos, Director Ejecutivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a Jonathan Espinoza Segura, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes. Ambos invitados coincidieron en la aprobación del proyecto.

Campos indicó, “se ha insinuado que hacer esta exención desfinanciaría a la imprenta Nacional, pero según hemos analizado el impacto en su presupuesto sería de un 2,7% nada más”.

Mientras que Espinoza aseveró “hay una serie de reglamentos de contratación, de planes reguladores, y demás, que se deben mandar a imprimir por mandamiento constitucional. Muchas municipalidades no tienen ningún tipo de problema, pero las más pequeñas sí”.

La legisladora Yolanda Acuña Castro, cofirmante del proyecto dijo que en el año 2011 el excedente de la imprenta Nacional fue de más de 5000 millones de colones, por lo que no se afectaría su funcionamiento e instó a dictaminarlo.

El proyecto es presentado también por el diputado Luis Alberto Rojas Valerio.

Dictaminan expedientes 18599 y 18918

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo dictamino los expedientes 18599 una reforma a la Ley de Impuestos Municipales del cantón de Atenas y el 18918 una Autorización a la municipalidad de Belén para que segregue un lote y cambie su uso, con el fin de construir un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, (CECUDI).

En cuanto al primer expediente con la actualización de las tarifas, la Municipalidad de Atenas podría tener mayores recursos para atender las necesidades del cantón.

Ya que luego de analizar los diferentes establecimientos o actividades que pagan patente se determinó la necesidad de modernizar el tributo.

Y el segundo persigue habilitar un centro de atención de menores para que las madres solas o de escasos recursos puedan estudiar o trabajar mientras sus hijos son cuidados en un CECUDI.

Esto por cuanto según un estudio existe un gran número de mujeres desocupadas o con trabajos poco remunerados debido a la escasa corresponsabilidad en el cuido de los hijos y familiares.

Federaciones Municipales serían exoneradas

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

Las Ligas, Confederaciones y Federaciones Municipales serian exoneradas de todos los impuestos vigentes en nuestro país, gracias a un proyecto de ley dictaminado en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

Este tipo de organizaciones facilitan el desarrollo de obras regionales que benefician a la colectividad y al estar exentas del pago de tributos, tendrían mayores recursos para invertir en obras consecuentes a sus fines.

La diputada Yolanda Acuña Castro dijo que apoyó el texto debido a que le parece justo que estas agrupaciones puedan tener más recursos económicos en sus arcas para realizar mayores obras.

El proyecto fue iniciativa del señor diputado Gilberto Jerez Rojas en el período 2006-2010.

La diputada Siany Villalobos Argüello se mostró contenta con el trámite de este expediente y dijo que todo lo que se haga en beneficio de los ayuntamientos repercute a favor de las comunidades.

Propuesta que otorga rango de ministerio al INAMU recibe aval

Luis Pablo Quirós Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

Con el propósito de fortalecer el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) las legisladoras de la Comisión Permanente Especial de la Mujer dictaminaron afirmativamente la iniciativa que propone la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad de Género contenida en el expediente 18399.

La libertaria Mireya Zamora Alvarado proponente de la ley explicó que no se pretende eliminar el INAMU, y que el nuevo ministerio funcionará con los mismos recursos y personal de la entidad.

Lo que se pretende es que el ente rector de las políticas femeninas tenga mayor espacio en el Consejo de Gobierno indicó la legisladora.

“No va a desaparecer el INAMU, simplemente la ministra va a tener en el Consejo de Gobierno mayor participación, va a fiscalizar todas las políticas de equidad e igualdad de género. Tendrá los mismos recursos, lo que si se logrará es darle mayor fuerza e imagen a la entidad” comentó la diputada libertaria.

Zamora Alvarado agregó que la iniciativa surge tras la recomendación al país de otorgar rango de Ministra a la Presidenta Ejecutiva del INAMU realizada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.

En las recomendaciones emitidas se indica que “el Comité lamenta que el Estado costarricense no confiera el rango de ministra a la representante del INAMU, se considera esa decisión como una falta de compromiso político para asegurar que el mecanismo nacional en materia de género cuente con plena autoridad y capacidad para promover la igualdad de la mujer”.

La presidenta del foro legislativo, Pilar Porras Zúñiga destacó la participación que tendrá el o la jerarca del ramo en el Consejo de Gobierno con el propósito de coordinar en conjunto con las demás instituciones del Estado las políticas las políticas en materia de igualdad y equidad de género.

“Pongo un ejemplo, funcionará como sucede con el IMAS, ellos tienen la parte técnica y financiera, igual que el INAMU, sin embargo el Ministro de Bienestar Social y Familia que se encarga de la parte de rectoría, igual esta el INVU que es supervisado por el Ministerio de Vivienda” explicó la liberacionista.

Costa Rica logró por mandato de ley aprobar en el 2007 la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género, cuyo instrumento establece el fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la igualdad y la equidad de género, mismo que establece como metas contar al 2017 con un conjunto de mecanismos político, técnicos y financieros, que le permitan desarrollar una clara incidencia en la vida nacional.

Candidatos a magistrados suplentes externan ideas para ocupar cargo

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de noviembre del 2013

Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Nombramientos recibieron a cinco candidatos que aspiran a ocupar un puesto como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia.

El primero candidata fue Aracelly Pacheco Salazar, quien manifestó que en el año de 1998 la nombraron miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARESEP, luego fue nombrada como Reguladora General de esa institución, experiencia que catálogo como interesante.

En ese mismo sentido añadió que luego de esa experiencia en la ARESEP se dedicó un tiempo a la familia, y fue en ese entonces que la invitaron a ocupar un cargo como magistrada suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que aspira seguir en ese cargo porque la Sala defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Posteriormente Ronald Salazar Murillo, señaló que la designación de un magistrado en la Sala Constitucional sea suplente o titular es un nombramiento que es muy honorable para cualquier persona, pero además que comprende una responsabilidad enorme porque implica la toma de decisiones que afectan desde el ciudadano más sencillo y más humilde de la República hasta los supremos poderes del Estado.

“Todos los que aspiramos a un cargo como este ya sea titular o suplente creemos poder contribuir a construir equilibrios sobre todo en la actividad de la jurisdicción constitucional que es lo que creo hoy día mas se discute”, puntualizo Salazar.

Por su parte Luis Fernando Salazar Alvarado comentó que aspira a ocupar este puesto porque tiene una trayectoria en el Poder Judicial de 24 años siempre trabajando en la materia laboral.

“Una de mis prioridades de llegar a la magistratura suplente en la Sala Constitucional es resguardar y fortalecer desde la óptica constitucional esos derechos laborales consagrados desde la reforma introducida en la Constitución Política en 1943 y la creación del Código de Trabajo que también es del 15 de setiembre de ese mismo año”, destacó.

Ana María Picado Brenes, fue otra de las aspirantes quien señaló que tiene 27 años de ser Jueza de Familia, actualmente es Presidenta del Tribunal de Familia, lo que le ha permitido trabajar con los sectores vulnerables más desprotegidos de este país.

“El adulto mayor, la persona con discapacidad, la mujer cabeza de hogar, la violencia domestica, los sectores más vulnerables y esa vivencia, me permite conocer la realidad del país”, dijo Picado.

Finalmente José Joaquín Villalobos Soto, sostuvo que fue juez durante 30 años, y recientemente se jubiló, sin embargo pudo culminar su carrera como juzgador hasta la última parte.

“Creo que treinta años de experiencia de los cuales más de la mitad fueron como Juez de lo Contencioso Administrativo me califican para el puesto, creo que tengo la experiencia y la preparación académica adecuadas para desarrollar el puesto”, manifestó Villalobos.

Rechazaron moción para discutir el presupuesto del 2014

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de noviembre del 2013

Los diputados rechazaron una moción que pretendía abrir el Plenario en comisión general para conocer varias mociones de reiteración del expediente 18899 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2014.

La moción fue presentada por el legislador Luis Fishman Zonzinski que pretendía convencer a los parlamentarios para que este órgano legislativo conociera varias enmiendas del presupuesto que no fueron aprobadas en la comisión que estudió dicho plan.

El diputado Fishman señaló que es importante discutir y analizar profundamente el presupuesto y si es del caso, hacer las mejoras o correcciones necesarias.

Agregó que ha reiterado todas sus mociones y ninguna tiene que ver con el tema de quitar partidas o incluirlas, sino simplemente sobre el control del gasto.

«El jueves pasado seguí con mucha atención la participación de la doctora María Eugenia Venegas, y realmente con la propiedad que la caracteriza, hizo un análisis del presupuesto desde la perspectiva de la educación y parte del problema que tenemos con los presupuestos públicos es que hay un mandato constitucional del 8 por ciento del PIB, y lo mínimo que podemos tener es una información de cómo se están utilizando los recursos » dijo el diputado.

Por su parte la diputada Sianny Villalobos Argüello señaló que votó de forma negativa la moción ya que en un año electoral prevalece mucho el apasionamiento político e indiscutiblemente cuando se defiende dicha moción no se refiere a ningún momento al presupuesto que se está revisando.

«Cuando hablamos de presupuestos municipales engañaríamos a la ciudadanía costarricense pensando que aquí en este Plenario Legislativo estamos viendo presupuestos municipales, el artículo 170 de la Constitución Política establece la autonomía de los Gobiernos locales, en el seno de cada uno de ellos, se definen los presupuestos y van a la Contraloría General de la República, por lo que no tienen razón de ser aprobar una moción cuando hablamos de temas municipales» explicó la legisladora.

El proyecto del Presupuesto Nacional es discutido en el Plenario Legislativo durante el mes de noviembre.