Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
7 de agosto del 2013
Los costarricenses vinculados al crimen organizado internacional, podrían ser extraditados, es lo que pretende el expediente 18659 reforma al artículo 32 de la Constitución Política y que fue leído en el Plenario esta tarde.
El artículo 32 de la Constitución Política imposibilita la extradición de nacionales, reservando la potestad (poder-deber) para el Estado costarricense, de juzgar a sus nacionales por los delitos cometidos fuera del ámbito soberano nacional.
También se dio la primera lectura del expediente 18660 Reforma al artículo 24 de la Constitución Política.
El proyecto establece que igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción.
Los diputados le dieron primera lectura a estos expedientes, el 19 de agosto se le dará la segunda lectura, posteriormente en la tercera lectura se someten a votación para su admisión.
De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea Legislativa el artículo 184 establece el procedimiento a seguir para las reformas parciales a la Carta Magna
Se establece en el inciso 2) el proyecto será leído por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se admite o no a discusión por lo que se requiere la simple mayoría de los diputados presentes.
Señala el inciso 3) admitido el proyecto este pasará a una comisión nombrada por votación de la mayoría absoluta de la Asamblea, para que dictamine en el término de veinte días hábiles.
Extradición
En la reforma al artículo 32 de la Constitución Política se señala que ante la dinámica de crecimiento de la criminalidad organizada transnacional, muchos países que han sufrido en carne propia las consecuencias de este fenómeno nefasto, han optado por permitir la extradición de nacionales como medida eficaz para no propiciar la impunidad, y coadyuvar en la solución coordinada de un fenómeno delictivo de características innegablemente internacionales. Resulta en una solución de aplicación de justicia que aunque globalizada se encuentra necesariamente arraigada a la soberanía de cada Estado.
Esta reforma representa una respuesta a un fenómeno internacional propio del proceso de globalización internacional, que en este caso avanza hacia la transnacionalización de la aplicación de la justicia, la cual en el caso de la extradición de nacionales vinculados al crimen organizado internacional incluyen a países como México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Colombia, todos los cuales ya han variado sus normativas para permitir esta posibilidad.
Intervención de comunicaciones
El expediente 18660 reforma al artículo 24 de la Constitución Política propone que la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción.
Con la reforma constitucional que plantee este proyecto de ley se pretende que los miembros del Ministerio Público, de la Policía Judicial, sea el Organismo de Investigación Judicial y de la Policía de Control de Drogas, puedan coadyuvar de manera efectiva al juez durante el proceso de una investigación, ajustando esta herramienta de la intervención de las comunicaciones a la realidad delictiva de nuestro país, especialmente con respecto a las investigaciones relativas al narcotráfico y al crimen organizado, de forma tal que no violente los derechos y garantías constitucionales, reconocidos de manera internacional por nuestro país.
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