Editor – Página 194

Consejo de Administración: Trocha fronteriza no es un proyecto del CONAVI

Armando Alonso González, Departa maneto de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de noviembre del 2012

Mario Quesada Aguirre, Miembro del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), aseguró que el proyecto de construir una trocha fronteriza en la frontera norte, no es un proyecto del CONAVI, sino que esa institución actuó como colaborador en la obra.

Quesada compareció esta mañana ante los miembros que integran la Comisión de Ingreso y Gasto Público en conjunto con otros miembros del Consejo de Administración, para que se refirieran al proyecto de la trocha fronteriza.

“Hubo una situación de emergencia no de una gestión propia del CONAVI, esto no es un proyecto CONAVI, esto es una obra en la que a raíz de una emergencia y de lo que autoriza la Constitución Política, la Ley de Emergencia y el decreto respectivo, el CONAVI entra a colaborar como está autorizado”, aclaró el compareciente.

En este mismo sentido añadió que el CONAVI en primera instancia participa como colaborador y no fue hasta diciembre del año pasado que se les informó que había sido designado como unidad ejecutora, pero que esta tutelado por un decreto de emergencia por la Constitución Política, real y debidamente decretada.

“Después de eso dejamos claro que nosotros no hemos aceptado ni favorecido ninguna situación de anomalía en esto, nunca hemos tenido y aquí viene una certificación de la secretaria de acatas de nosotros, ninguna denuncia ni de propios ni de extraños de ninguna persona, ni de ninguna organización o entidad sobre la trocha de hecho la denuncia que despertó todo esta situación, ni siquiera fue presentada en el Consejo de Administración del CONAVI”, manifestó.

Otros de los aspectos importantes que mención es que la responsabilidad de fiscalización de este proyecto de la trocha fronteriza no es del Consejo Nacional de Administración del CONAVI, sino más bien es un proyecto de emergencia y como tal de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Emergencia y de acuerdo a la opinión jurídica que dio la Procuraduría, se evidencia que es un proyecto de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

“La fiscalización completa era de ellos no de nosotros, de hecho es imposible para un Consejo de Administración hacer una fiscalización de una obra de esas, CONAVI tiene 120 frentes o más de trabajo abiertos en estos momentos a nivel de todo el país, contratos de conservación de vías, contratos de construcción de puentes, contratos de dragados, entre otros y evidentemente nosotros no podemos estar en todos los lados viendo eso, es imposible humanamente.”, comentó.

PAC también tenía estructura paralela

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de noviembre del 2012

Representantes de diversas fracciones políticas son del criterio que el Partido Acción Ciudadana (PAC) también manejó una estructura paralela en la pasada campaña política.

De este criterio fueron los legisladores Annie Saborío Mora del Partido Liberación Nacional, Walter Céspedes Salazar de la Unidad Social Cristiana y Danilo Cubero Corrales del Movimiento Libertario, todos miembros de la comisión especial que conoce lo actuado por las diversas agrupaciones en la última contienda electoral.

Estas afirmaciones se las hicieron los congresistas a la Secretaria General del PAC Margarita Bolaños Arquín, quien este día compareció ante los congresistas acompañada por el ex diputado de esa agrupación Olivier Pérez.

La Secretaria Bolaños reiteró en varias oportunidades que sólo ella y el Tesorero de la agrupación Minor Sterling estaban autorizados para firmar los contratos millonarios con que se pagó a muchos de los colaboradores así como el servicio de transporte.

Sin embargo, la legisladora liberacionista Saborío Mora, con copia de los documentos en mano, —suministrados por el Tribunal Supremo de Elecciones— dijo que han detectado más de 100 contratos en situaciones irregulares.

“Muchos de ellos no tienen la fecha en que fueron emitidos, no tienen firma o la firma no coincide, o bien la fecha que portan es posterior al día de las elecciones”, sostuvo la congresista verdiblanca.

El socialcristiano Céspedes Salazar también se unió a las afirmaciones hechas por Saborío Mora e insistió en que si al TSE llegaron documentos que deberían estar firmados por Bolaños o Sterling y no es así; entonces quien los imprimió?, quien los firmó? y quien los mandó?

Ante estos cuestionamientos la Secretaria del PAC afirmó desconocer estas irregularidades aduciendo que no cuentan con una copia de los documentos mencionados ya que su partido cometió el error de enviar al TSE todos los originales.

“Lamentablemente cuando hicimos la liquidación no había un cinco en caja; eran 150 mil fotocopias; no habían los recursos y era muchísimo dinero, me habría tocado que pagarlas a mí”, afirmó.

De acuerdo con la visitante, en cinco oportunidades han hecho forman solicitud al TSE para que les brinde una copia de los documentos mencionados pero no han obtenido una respuesta positiva a pesar de que el Partido Liberación Nacional tiene en su poder ocho “ampos” completos con documentos fotocopiados, que les fueron suministrados por el ente rector electoral.

Rechazan reeleccion de magistrado Fernando Cruz

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

15 de octubre del 2012

Con 38 votos el Plenario Legislativo se pronunció en contra de la reelección del magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castro quien había manifestado su interés en mantenerse un periodo más en el puesto.

De esta manera Cruz Castro se convierte en el primer magistrado propietario en no lograr reelegirse, pues solo contó con el apoyo de 12 legisladores para mantenerse en el cargo.

Mientras los diputados a favor de la reelección consideraron el acto como un golpe a la democracia, quienes votaron en contra sostienen que era necesario un reacomodo de las fuerzas entre los poderes de la República.

El jefe de fracción de la Unidad Socialcristiana Luis Fishman Zonzinski lamentó que un funcionario con 40 años de servicio y sin ningún cuestionamiento se le haya rechazado la reelección.

Fishman afirmó que la Sala Cuarta se ha sobrepasado y ha ido más allá en muchas ocasiones pero sostiene que si la intención es realizar un cambio de línea en esa instancia, no debió ser con Fernando Cruz.

Por su parte el legislador de Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza García aseguró que “hoy es un día que se le ha dado un duro golpe a la democracia costarricense y al sano balance que tiene que existir a lo interno de cada uno de los poderes de la República”

Una posición similar manifestó el legislador del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada quien expresó que es un precedente nefasto para el país porque no se reeligió a un magistrado del cual no se tiene cuestionamientos del trabajo realizado.

El jefe de Liberación Nacional, Fabio Molina Rojas justificó el rechazo a la reelección del magistrado, asegurando que todos los jefes de fracción han manifestado el interés en que se den cambios en la jurisdicción constitucional.

“Hemos dicho que debemos eliminarle competencias a la Sala porque se ha excedido y esta decisión va en esa macrovisión” aseguró el congresista verdiblanco.

Afirmó que a la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados se les ha ido la mano y se han excedido en sus competencias frente a la Asamblea Legislativa.

“Todos los jefes de fracción dijimos el primero de mayo que se debía modificar la Ley de Jurisdicción Constitucional para reconstruir un equilibrio de poderes porque la Corte estaba teniendo excesivo protagonismo” recalcó.

Después de la votación el jefe de fracción de la Unidad Luis Fishman Zonzinski manifestó que el rechazo a la reelección se produjo a destiempo pues ya había vencido el plazo para que el Plenario se pronunciara por lo que el magistrado automáticamente había quedado reelecto.

El socialcristiano es de la tesis de que el plazo para pronunciarse venció el 14 de noviembre, por lo que anunció la presentación de un recurso ante la Sala Constitucional.

En la segunda parte de la sesión los legisladores continuaron con el trámite en primer debate del Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el próximo año.

Juntas educativas ni Estado saldan carencias en infraestructura

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

15 de octubre del 2012

Helio Fallas, Consultor del Proyecto Estado de la Nación manifestó que ni el Estado costarricenses ni con ayuda de las juntas de educación, se ha podido saldar una vieja deuda que se tiene con la infraestructura educativa.

Fallas compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para dar a conocer un estudio que realizó sobre la situación actual y principales desafíos de las juntas de educación y administración en el sistema educativo costarricense.

“Carencias importantes en el sistema educativo, la infraestructura, equipo, mobiliario material didáctico, no obstante esta vieja deuda con la educación no ha podido ser saldada, o sea ni con las juntas, ni con el Estado se está solventando”, señaló Fallas.

Así mismo mencionó que en el estudio realizado se determinó que no existe un sistema de información que facilite los trámites administrativos y financieros del sistema educativo.

“Esto es uno de los temas centrales, con la tecnología que hay, perfectamente podría estar en internet, una página, a la cual la escuela puede entrar y deja de una vez los datos de la matricula y de esta manera el Ministerio de Educación sabe exactamente cuántos son los alumnos que tiene”, comentó el Consultor.

Otros de los puntos que mencionó Helio Fallas en el estudio es el poco apoyo del Ministerio de Educación a las juntas de educación en cuanto a capacitación de los miembros, especialmente en materia de gestión administrativa y financiera.

“Realizar auditorías externas, yo pregunté en todas y ninguna me dijo que habían hecho auditorias. Existen juntas de educación donde sus miembros tienen niveles bajos de escolaridad, se explica por la selección que se hizo con los centros educativos en familias con bajos ingresos”, explicó.

Aprueban Expediente Digital único en Salud

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

14 de noviembre del 2012

Los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda, aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 17214 Ley Expediente Digital único en Salud, que pretende crear este sistema que permitirá el registro, el procesamiento y almacenamiento de la información de todas las acciones de salud que realizan los pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según la iniciativa para lograr este objetivo se pretende utilizar de manera eficiente las tecnologías de información y comunicación (TIC), de modo que esta información esté disponible en línea, centralizada, segura y accesible a los funcionarios de la institución.

Con la aplicación de esta tecnología en la CCSS se pretende reducir las lista de espera en los servicios de atención médica, mejorar la calidad de la atención y eliminar la duplicidad de trámites en relación con los datos de los asegurados, que son incluidos sin orden y coordinación en vario sitios informáticos a la vez.

En este mismo sentido la iniciativa establece que con esta dispersión de los datos, se resolvería mediante una estandarización e integración de la información, producto de la unificación de los lenguajes de programación, las plataformas tecnológicas y los costos de operación de un sistema integrado.

Ley de Tamizaje

Los diputados también aprobaron en primer debate, el expediente 17175 Ley de Tamizaje Auditivo Neonatal, que garantizaría que todo niño recién nacido tenga derecho a que se le valore su capacidad auditiva.

Así mismo el plan establece garantizar que todos los menores con deficiencia auditiva se les brinde el diagnostico y tratamiento oportuno.

Promueva además la atención integral e institucional de los niños con deficiencia auditiva.

Guardias médicas no forman parte del pago de carrera hospitalaria

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

14 de noviembre del 2012

Gilbert Alfaro Director Jurídico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), manifestó que las guardias y disponibilidades médicas, no deben de ser considerado como un plus salarial, para calcular nuevamente el pago de la carrera hospitalaria de los médicos del país.

El jerarca de esa institución compareció ante los diputados que integran la Comisión Especial que investiga las irregularidades de la CCSS, para referirse al expediente 18533 Interpretación Autentica de los artículos 5 y 13 de la Ley 6836 de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas.

“La posición institucional es que ciertamente en materia salarial de los médicos hay una especificidad que es el artículo 5 y esto tiene efectos prácticos” apuntó que la Procuraduría lo analizo en su oportunidad y apuntó que no puede considerarse como parte del salario ordinario médico.

“El salario total, las guardias medicas son una forma de tiempo extraordinario que existe en la institución, estos son rubros, que como son variables son eventuales, no forma parte de ese salario, que es lo que está sucediendo en la práctica”, dijo Alfaro.

Añadió que existe cerca de dos mil juicios que han presentado este año los médicos contra la institución, donde pretenden que esa carrera hospitalaria, que está contemplada en el artículo 5 del proyecto como parte del salario base de ellos, se les pague, pero una vez que se le haya inyectado los rubros que hayan generado por tiempo extraordinario como las guardias o las disponibilidades medicas.

Esto según dijo, podría generar un total de 18 mil millones de colones anuales para la institución y por la situación que está enfrentando la CCSS no estaría en condiciones de pagarlos.

“Por eso es que se les pide respetuosamente a la Asamblea Legislativa, previo al análisis del caso que interprete entonces que es lo que finalmente compone el salario de estos médicos”, explicó el Director Jurídico de la CCSS.

Penalista: «No es una ley mordaza sino una guillotina»

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

14 de noviembre del 2012

El abogado penalista, Juan Diego Castro Fernández compareció ante los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos para referirse al expediente N. º 18546 que busca la reforma de los tipos penales establecidos en los artículos 167, 196, 196 bis, 231, 236 y 288 del Código Penal.

En su intervención el jurista dejo claro que con la actual Ley de Delitos Informáticos no solo se afecta a los periodistas sino también a los ciudadanos y señalo su preocupación por la peligrosa judicialización de la política.

Según indicó Castro Fernández este es uno de los mamarrachos jurídicos más grandes que ha visto en los 30 años del ejercicio de la profesional, que calificó de “enorme sapo antidemocrático” que viene a violar derechos humanos fundamentales como la expresión, libre acceso a la información, y el principio de transparencia.

El expositor indicó que la Ley es muy draconiana y exagerada al imponer penas muy altas que en algunos casos sobrepasan en años cárcel a delitos mucho más graves, con lo cual no se puede imponer el beneficio condicional de la pena.

“Con esta ley no pretenden cerrarnos la boca, sino cortarnos la cabeza para que no pensemos”, sentenció el abogado penalista.

Asimismo instó a los legisladores a investigar quién redacto esta norma que viene a crear una “cortina de hierro” para la política nacional.

Para Castro Fernández en Costa Rica no existe concepto de carácter normativo que defina lo referente a secretos políticos y lo único que existe en la Constitución Política es lo referido a secreto de Estado que está restringido a asuntos de verdadera seguridad nacional.

Para finalizar Castro Fernández abogó por sacar del ordenamiento jurídico lo que calificó de “monstruo” de la democracia costarricense.

Por su parte el diputado Juan Carlos Mendoza García anunció que la fracción de Acción Ciudadana presentó un texto sustitutivo a este proyecto de ley y que trabajan en la redacción de un proyecto para la transparencia y acceso a la información pública.

Mendoza García mostró su preocupación y rechazo al artículo 196 bis de la actual Ley de Delitos Informáticos ya que contiene conceptos propios de una dictadura.

Regularán barras de equipos de fútbol

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2012

Los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminaron afirmativamente el proyecto que busca sancionar la violencia en espectáculos deportivos.

Esta ley será aplicable a personas mayores de edad, dos horas antes, durante y dos horas después de un evento deportivo oficial y de competición y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el que se efectúe.

Esta nueva ley establece que se contará con un sistema de información integrado que llevará registro de la información sistematizada en relación con los hechos de violencia derivados de los eventos deportivos oficiales y de competición que quedará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.

Se denominará Sistema de Información para la Seguridad en Eventos Deportivos (SISED) y su objetivo será recabar, coordinar y respaldar la labor de prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos.

La nueva normativa sanciona con la prohibición de asistir a actos deportivos por seis meses a quien impida o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes dos horas antes, durante y dos horas después de un evento deportivo.

Se le impedirá el ingreso al recinto deportivo y será sancionado con la prohibición de concurrir a eventos deportivos hasta por un año a quien efectúe actos de violencia contra un medio de transporte u ocasionare daños en vías o lugares públicos.

Quien ingrese armas será expulsado del recinto deportivo y además será sancionado con la prohibición de concurrir a eventos públicos hasta por un año.

Para quien impida, temporal o definitivamente la realización de un evento deportivo la sanción será la prohibición de asistir a actos deportivos hasta por un año. Esta sanción se agravará a un año y medio cuando la conducta sea realizada por dos o más personas.

Será expulsado del recinto deportivo y no podrá volver a entrar hasta por seis meses, quien sin estar autorizado, ingresare al campo de juego, vestuarios, baños o camerinos de los equipos, u otros lugares restringidos.

La sanción será de un año a quien arroje al área de juego, objetos contundentes, envases con líquido o vacíos, papeles encendidos, antorchas, objetos o sustancias que pudieren causar daños o molestias a los jugadores, a los jueces de campo o a terceros.

Quien dos horas antes, durante y dos horas después de un evento deportivo y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el que se efectúe, participe en una riña, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiera acarrear, no podrá concurrir a recintos deportivos por tres años.

Finalmente quien sea sorprendido en posesión, consumiendo o tratando de ingresar al recinto deportivo bebidas alcohólicas o drogas ilícitas, será expulsado del recinto deportivo y no podrá volver a ingresar hasta por un año.

La proponente de la iniciativa, Damaris Quintana Porras del Movimiento Libertario se mostró a favor del avance de la iniciativa dada la importancia ante los hechos de los últimos meses.

Asimismo de forma unánime los diputados aprobaron un texto sustitutivo al proyecto de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, que fue enviado a consulta a instituciones públicas del sector.

La diputada de Accesibilidad Sin Exclusión, Rita Chaves Casanova abogó por que el Poder Ejecutivo convoque este proyecto en el periodo de sesiones extraordinarias para poder avanzar en la discusión.

Por su parte la congresista del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo sostuvo que contar con el apoyo de expertos de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud es muy importante para blindar el proyecto.

Similar es la posición de la diputada socialcristiana, Gloria Bejarano Almada quien agradeció el acompañamiento de diversos profesionales.

“Esperamos que este proyecto sea pronto Ley de la República para poder sancionar y prevenir el tráfico de órganos y que a la vez seamos ejemplo en Centroamérica”, acotó la diputada Bejarano Almada.

Eliminar costos administrativos mejora precios de combustible

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2012

El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Luis Dobles Ramírez solicitó eliminar algunos costos administrativos en los combustibles, con el propósito de que los pescadores de nuestro país obtengan un precio más competitivo en la gasolina.

El jerarca compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para que se refiera al proyecto expediente 17103 Interpretación Autentica del artículo 45 de la Ley de creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.

“Son costos que deberían de exonerarse al sector pesqueros, de alguna manera lo que siempre quiso establecer el legislador costarricense en la mención del artículo 45 era buscar ese precio competitivo para el sector”, dijo Dobles.

En este mismo sentido añadió que se han vendido haciendo cambios y ajustes en la aplicación de la fórmula que lo que se hace es incorporar nuevos costos adicionales en los combustibles, que se ven en los costos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

“Entonces hay aspectos que en forma respetuosa se inventan o hacen para que el costo de alguna manera y los porcentajes empiecen a subir y eventualmente cada vez que incorporamos elementos nuevos de esa naturaleza evidentemente el precio del combustible se aleja más cada vez del espíritu del legislador, al hablar de que debe de tratar de buscar un precio competitivo para el sector”, dijo el Presidente Ejecutivo.

Finalmente mencionó que algunos costos administrativos en el precio de los combustibles que deben de eliminarse como son los costos de depreciación, o los costos portuarios, lo que hacen es encarecer el precio en los combustibles para los pescadores de nuestro país.

Caso Trocha Fronteriza: Contraloría presentó denuncias ante Ministerio Público

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2012

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, manifestó que durante el proceso de la investigación que realizaron el caso de la Ruta 1856 conocida como la Trocha Fronteriza, detectaron hechos que eventualmente podrían acarrear responsabilidades de tipo penal.

La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, donde se refirió al tema de la investigación de la Ruta 1856.

“En cuanto a la investigación lo que puedo comentarles, también decirles que la Contraloría General, durante el proceso de su investigación detectó hechos que eventualmente podrían acarrear responsabilidades de tipo penal, por lo tanto inmediatamente procedimos a elaborar la correspondiente denuncia penal que hoy día se encuentra en el Ministerio Público.

También en este sentido hay rigurosas reglas que no me permiten dar los detalles como lo es el artículo 295 del Código Procesal Penal, pero quiero que sepan que eso es una gestión que se encuentra hoy día en el Ministerio Público”, comentó la Contralora.

Acosta mencionó además que la investigación se enfocó en funcionarios que tuvieron participación directa con estas situaciones, a quienes eventualmente se les podría atribuir además responsabilidad disciplinaria, pues en la investigación se determinaron, en principio, hechos que pudieron haber infringido la Ley General de Control Interno.

“Esta investigación que elaboró y finalizó la División de Fiscalización de la Contraloría General, pasó inmediatamente la División Jurídica de la entidad, en donde se está valorando la apertura de procedimientos administrativos. Quiero ser muy enfática de que en el caso que la División Jurídica encuentre merito, este procedimiento se va a abrir, ese trámite se va a llevar adelante con todo el cuidado, con toda la diligencia y la rigurosidad que este caso amerita”, expresó.

En este mismo sentido añadió que la División Jurídica es quien va a tramitar y quien emitiría eventualmente una decisión final, que podría acarrear para las personas involucradas sanciones de tipo disciplinario, pero también la prohibición de ingresos y reingresos a la hacienda pública para funcionarios y ex funcionarios que tuvieron relación directa o participación directa con estos hechos.