Autor: Editor

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de mayo del 2017 – Los diputados podrán perder su credencial por violación al principio de probidad al dictaminarse positivamente el expediente 19117 pérdida de credencial del diputado por violación al principio de probidad, mediante reforma del artículo 112 de la Constitución Política.

Esta reforma a la Carta Magna quedaría de la manera siguiente:

Artículo 112.- La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular. Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que impliquen privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos.

La violación de cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la credencial del diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un ministerio de Gobierno, el diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones.

El presidente de la comisión, Ottón Solís Fallas, se sintió satisfecho por la decisión unánime que tomaron los diputados en aprobar el informe, espera que el proceso termine con éxito, pues al tratarse de una reforma constitucional, sigue un trámite especial.

“Lo que hace es nivelar la cancha, hoy día los diputados tienen un régimen privilegiado pues no se aplica el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y esto viene a crear la posibilidad de sanciones incluyendo la perdida de credencial ante fallas y faltas a ese artículo”, comentó el diputado Solís.

Por su parte el legislador Gerardo Vargas Varela, señalo que dicha comisión ya dictaminó el texto que se va a presentar, pues se le está dando un gran aporte a la democracia costarricense con aceptar que cuando un diputado viola el principio de probidad va a perder sus credenciales.

“Creo que en una sociedad en la cual están cuestionados la representación política, esta modificación a la constitución viene a dar un aporte importante para que cuando una persona que llegue a ser diputado y no está cumpliendo con las funciones que se les asignen se le pueda quietar la credencial de diputado y venga otra persona a representarlo”, explicó Vargas.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de mayo del 2017 – Los diputados aprobaron por unanimidad, en trámite de segundo debate, el expediente 20012 Aprobación del Contrato de Préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración de Fronteriza de Costa Rica.

Según la iniciativa el contrato de préstamo es hasta por el monto de cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000.000,00) para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (en adelante denominado “el Programa”).

El “Programa”, que consiste en proveer financiamiento para fortalecer la competitividad del comercio exterior mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos.

Así mismo el objeto de este Contrato es acordar los términos y condiciones en que el Banco otorga un préstamo al Prestatario para contribuir a la financiación y ejecución del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, cuyos aspectos principales se acuerdan en el Anexo Único.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de mayo del 2017 – Los diputados aprobaron en segundo debate y de forma unánime, el expediente 20120 Aprobación del Canje de Notas entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Constitutivo para la adhesión a la Convención para combatir el cohecho en servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

Según el convenio, el cohecho es un fenómeno ampliamente generalizado en transacciones comerciales internacionales, incluyendo comercio e inversiones, lo cual plantea serios problemas morales y políticos, minimiza la buena gobernanza y el desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales;

Se considera que todos los países comparten la responsabilidad de combatir el cohecho en transacciones comerciales internacionales; es por ello que cada una de las partes tomará aquellas medidas que se requiera para tipificar que, de conformidad con sus leyes, es un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa u otorgue alguna ventaja pecuniaria o cualquier otra ventaja indebida, a un servidor público extranjero.

Ya sea de forma directa o por medio de intermediarios, para beneficio de ese funcionario o para un tercero, con el objeto de que ese servidor actúe o se abstenga de actuar en relación con el cumplimiento de sus deberes oficiales, a fin de obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida en la conducción de negocios internacionales.

El proyecto establece además que cada una de las partes adoptará las medidas necesarias para establecer que la complicidad, incluyendo incitación, ayuda e instigación o autorización de un acto de cohecho de un servidor público extranjero será considerados delitos penales.

La tentativa y conspiración para sobornar a un servidor público extranjero constituirán delitos penales en la misma medida que lo son la tentativa y la conspiración para sobornar a un servidor público de esa Parte.

Para efectos de la convención se considera «servidor público extranjero» a toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o electo; toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluyendo para una entidad pública o para una empresa pública; y todo funcionario o representante de un organismo público internacional.

El plan establece que el cohecho de un servidor público extranjero deberá ser castigable con sanciones penales efectivas, proporcionales y disuasivas. El rango de sanciones será comparable al aplicable al cohecho de servidores públicos propios de la parte y en el caso de personas físicas, deberá incluir privación de libertad suficiente para permitir asistencia jurídica recíproca y extradición.

En caso de que, bajo el sistema legal de una de las Partes, la responsabilidad penal no sea aplicable a las personas jurídicas, dicha Parte deberá garantizar que las personas jurídicas estarán sujetas a sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas no penales, incluyendo sanciones monetarias, por cohecho de servidores públicos extranjeros.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de mayo del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de segundo debate el expediente 19951 con el voto favorable de 42 legisladores y 2 en contra.

La iniciativa reforma los artículos 15,15 bis, 16, 81 y adicción del artículo 16 bis de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas drogas de uso no autorizado, actividades conexas legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

El diputado Otto Guevara Guth votó en contra el proyecto pues en su criterio se va más allá de lo que el grupo de Acción Financiera solicitó al Ministerio de la Presidencia y es información sobre lo hecho en otros países para pasar la calificación del grupo financiero.

“A mí se me hace muy difícil entender que quieran meter a Costa Rica en una lista gris con Siria, Corea del Norte y otros dos países de la misma calaña, o sea no veo sinceramente que esta situación se vaya a dar y siento que se está aprovechando esta coyuntura para que nosotros le demos más poder al CONASIF y SUGEF sobre una gran cantidad de actividades como la de los abogados y notarios”, aseguró el diputado.

Según la iniciativa para efectos de combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, estarán sometidos a esta ley, quienes desempeñen las siguientes actividades:

a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares.
b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales.
c) Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.
d) Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, que no sean intermediarios financieros.
e) Remesas de dinero de un país a otro.
f) Los emisores de tarjetas de crédito, así como los operadores de tarjetas de crédito, cuando realicen estas actividades bajo los parámetros y definiciones que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ante propuesta de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Así mismo se crea la Unidad Especializada en Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Dirección Nacional de Notariado, como la instancia encargada de la prevención, capacitación, supervisión, control y sanción sobre esta materia, cuyas funciones serán establecidas vía reglamentaria por parte del Poder Ejecutivo.

Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales o financiar actividades u organizaciones terroristas, las instituciones sometidas a lo regulado en este capítulo deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:

Registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, la fuente u origen de los recursos que justifican las transacciones a realizarse; así como otros datos de su identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales.

Esta información debe constar en un formulario, el cual debe estar firmado por el cliente. No será necesaria la firma del formulario cuando se establezcan mediante reglamento a esta ley o normativa prudencial emitida por CONASSIF o la Dirección Nacional de Notariado, los mecanismos sustitutivos en aras de propiciar productos de bajo riesgo destinados a fomentar la inclusión financiera o simplificar trámites, según corresponda.

También se crea en la Superintendencia General de Entidades Financieras la base datos con información de la política conozca a su cliente de los sujetos obligados de acuerdo con las reglas que se establecen en los incisos siguientes:

a) Los sujetos obligados establecidos en los artículos 14 de la presente ley deberán suministrar la información que defina la Superintendencia General de Entidades Financieras.
b) La Superintendencia General de Entidades Financieras podrá informar a las entidades fiscalizadas por cualquiera de las superintendencias, sobre la documentación de los clientes de las entidades en materia de Política conozca a su cliente.

Fuente: Asamblea Legislativa.