Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
28 de julio del 2016 – Para cerrar este periodo de sesiones ordinarias el Plenario Legislativo dio su aval definitivo con 42 votos de 45 presentes a la reforma de los Regímenes Especiales de Pensión con cargo al Presupuesto Nacional para contener el gasto que se tramito bajo el expediente 19661 y que excluye a los pensionados del Magisterio Nacional, IVM y Poder Judicial.
Esta nueva ley aplica para los actuales pensionados y para un estimado de 1700 que se encuentran próximos a recibir este beneficio, el tope inicial para el otorgamiento de la pensión es de 10 salarios base.
Igualmente los congresistas votaron de forma unánime en segundo debate el expediente Nº 19909, que busca cumplir con las obligaciones internacionales a través de la reforma a varios artículos de la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Esta iniciativa establece que al investigarse un delito de legitimación de capitales o de financiamiento al terrorismo, el Ministerio Público solicitará a la autoridad jurisdiccional competente y sin notificación ni audiencias previas, una orden de secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar, encaminada a preservar la disponibilidad de los activos, productos o instrumentos relacionados para el eventual comiso.
El proyecto establece penas de prisión de 5 a 15 años quien, por cualquier medio y de manera directa o indirecta, recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma coopere con la recolección o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o Instrumentos, u otros activos, medios o servicios de cualquier clase, en el país o en el extranjero, con la intención o el conocimiento de que estos se utilicen o destinen, total o parcialmente, al financiamiento de actos terroristas aunque estos no lleguen a ejecutarse. Junto a las organizaciones o individuos declarados como terroristas o que tengan fines terroristas.
Así como cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o, en una situación de conflicto armado, a cualquier persona que no participe directamente en las hostilidades, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, aunque estos no lleguen a ejecutarse.
Los diputados con el apoyo de 36 votos le dieron segundo debate al primer presupuesto extraordinario por un monto de 922 mil millones de colones.
La modificación al presupuesto ordinario contempla traslado de partidas por más de 71 mil millones de colones para infraestructura así como una partida de 1.766 millones al Ministerio de Cultura, para el Parque de Alajuelita.
Además se destinan 700 millones de colones para la Escuela Nacional de Policía, 118 millones de colones en Salud para proyectos de Acueductos y Alcantarillados, 100 millones de colones para Vivienda y 22 millones al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La iniciativa contiene un recorte de cerca de 78 mil millones de colones en gastos corrientes de los cuales unos 72 mil millones se destinan a inversión especialmente en infraestructura educativa y otros 6 mil millones van a reforzar el gasto corriente.
Los diputados además, votaron el Segundo Presupuesto Extraordinario con el apoyo de 35 de 44 legisladores presentes por un monto de 21,850.9 millones de colones que debe destinarse exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario y periódico así como el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal para cumplir así con lo estipulado en la Ley de Transferencia de Competencias a los Gobiernos Locales
La diputada Paulina Ramírez Portuguez, miembro de la Comisión de Hacendarios resaltó la importancia de la aprobación de estos presupuestos extraordinarios.
Y finalmente aprobaron de forma unánime con 45 votos en segundo debate la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores que define que los países tendrán que adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
Fuente: Asamblea Legislativa.