Propiedad Intelectual en Costa Rica
Rosibel Barrantes, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
31 de marzo del 2016 – Diputados de la Comisión de Ambiente calificaron de descoordinación entre el Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica Ambiental, SETENA, por el caso de planta procesadora de pollos ubicada en Grecia.
Al parecer, la planta esta autorizada a destazar 4 mil pollos al día y según una denuncia destaza 20 mil.
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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
31 de marzo del 2016 – Con la finalidad de hacer más competitivo el desarrollo de la zona sur, 40 diputados le dieron el aval en primer debate al proyecto 18985 que busca una reforma a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR).
Dentro de los cambios está la profesionalización de los miembros de la nueva Junta Directa que pasará de 9 a 11 miembros e incorporará una representación agrícola y otra indígena.
Así mismo el Plenario convertido en comisión general aprobó una reforma a varios artículos de la ley y son el párrafo 1 del artículo 8, el inciso ñ) del 16 y el primer párrafo del 45.
El artículo 8 señala que al tercer año de la puesta en marcha del Plan Estratégico Institucional se realizara una valoración de su ejecución, en la misma participan la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva y se toma en cuenta las opiniones emitidas por las municipalidades de Golfito, Corredores, Buenos Aires y Coto Brus.
El artículo 16 se refiere al nombramiento de un Director Ejecutivo por parte de la Junta Directiva y las funciones están determinadas por el reglamento orgánico.
La última reforma introducida señala que en el depósito podrán participar personas físicas y jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas el capital debe estar representado por acciones nominativas.
Además la entidad pasará de ser ejecutora a fiscalizadora, con excepción al caso de los proyectos regionales. La reforma también contempla el fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, al cual se le disminuirán los impuestos, el primer año luego de aprobada la ley bajarán de un 18% a un 14%, el segundo año a un 12% y el tercer año a un 10% y el máximo de compra será de cuatro salarios bases por año.
Otra de las modificaciones es que JUDESUR queda facultada para conceder créditos a proyectos productivos que ayuden al desarrollo económico, social, turístico, cultural de la región sur y financiar actividades para el desarrollo de obras de infraestructura, programas de educación, salud, capacitación técnica o interés social a favor de los grupos más vulnerables de los cantones de la zona sur como Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.
Para todo esto Judesur deberá contar con un Plan Regional de Desarrollo Integral de la Zona Sur (Plansur), el cual fungirá como instrumento de planificación estratégica para la articulación sistémica e integral de los programas, la asignación de recursos, la organización y los mecanismos de verificación y control.
El legislador de Liberación Nacional, Olivier Jiménez Rojas, principal promotor del texto indicó que “la Zona Sur podrá ver grandes beneficios en poco tiempo, y mucha gente que va tener la oportunidad de tener el pan diario. Esta es una alternativa de progreso y avance social”.
Similar es la posición del diputado de la Unidad Socialcristiana, Gerardo Vargas Rojas quien se mostró satisfecho con la aprobación de la reforma.
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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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31 de marzo del 2016 – Trabajar en un crucero o un barco de más 500 toneladas podría ser una realidad para decenas de costarricenses si se aprueba el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar 1978, enmendado, expediente 19529, que se discute en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.
Minor Rodríguez del Instituto Nacional de Aprendizaje explicó que la entidad capacita a muchas personas en temas relacionados con el mar como turismo y pesca.
Señaló que al no estar ratificado el convenio se impide que muchas personas puedan solicitar trabajo en barcos de gran calado a pesar de tener los conocimientos y al no estar certificados, tienen que viajar a Panamá para poder conseguir este documento y poder laborar.
Rodríguez fue claro que los costarricenses sin esta certificación solo pueden trabajar en pequeñas embarcaciones.
Por su parte, Bernal Herrera, de la Universidad de Costa Rica, indicó que este centro de estudios desarrollo una licenciatura en ciencias marinas que abriría las puertas a nuevas fuentes de empleo.
El «Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, Enmendado», surge por el convencimiento, en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI), que una mejora en las normas de formación de las tripulaciones conduciría progresivamente a un acrecentamiento de la seguridad marítima.
Dentro de lo que establece el convenio está contar con un marco regulatorio básico en aspectos atinentes a los requisitos mínimos que debe contemplar la formación de las tripulaciones en los buques, la forma en que se acredita ante las autoridades de cada país dicha formación (titulación) y la forma en que se debe realizar la guardia (inspección y control) de los buques y sus tripulaciones en esos aspectos.
Además, de la creación de un «Registro de la Gente de Mar» que permitirá al país contar con las inscripciones de todos los títulos y refrendos para capitanes y ofíciales, también para marineros y demás tripulación, según proceda, que se hayan expedido, caducado, revalidado, suspendido, cancelado o bien se hayan declarado perdidos o destruidos. Facilitar información sobre el carácter de dichos títulos, refrendos y dispensas a otras partes o compañías que soliciten la verificación de la autenticidad y validez de los títulos presentados por la gente de mar, ya sea para el reconocimiento de tales títulos o bien para la contratación de sus servicios a bordo.
La adhesión al convenio contribuye a la apertura de oportunidades laborales, en los mercados nacionales e internacionales, de todas aquellas personas que se titulen académicamente por centros de formación nacionales e internacionales, obtengan el título profesional de parte de la autoridad marítima.
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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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31 de marzo del 2016 – Acciones jurídicas y políticas han retrasado durante catorce años la orden de desalojo de la finca Chánguina ubicada en la zona sur del país, explicó Alejandro Chan, jefe de desalojos del Ministerio de Seguridad Pública, a los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
El funcionario fue llamado por los legisladores para que brindara explicaciones del proceso que se siguen para desalojar a campesinos que se encuentran ubicados en esa finca bananera.
Chan recordó que el desalojo de la finca se dictó en vía administrativa desde hace catorce años, pero las acciones interpuestas impidieron la ejecución de la orden por parte del Ministerio de Seguridad Pública.
Manifestó que el año pasado la parte actora interpuso un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo el cual ordenó finalmente al Ministerio de Seguridad ejecutar el desalojo de los campesinos.
Añadió que fue ante dicha orden que se procedió a finales del año pasado a desalojar los terrenos, pero posteriormente los campesinos volvieron a ocupar las tierras, por lo que de nuevo el Tribunal volvió a emitir la orden de desalojo.
El compareciente indicó que hasta ahora no se puede proceder a obedecer la orden dictada por el Tribunal porque de nuevo se han presentado recursos legales los cuales están pendientes de resolverse.
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Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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30 de marzo del 2016 – Un proyecto de ley que pretende regular el porcentaje anual en el incremento de las pensiones de los diputados, establecerles un tope y normar su herencia, fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales.
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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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30 de marzo del 2016 – Juan Rafael Lizano, Presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, manifestó que desde enero del año 2013 a enero del año 2016, la producción nacional bajó producto de la falta de políticas macroeconómicas.
Lizano compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para referirse al tema de la agricultura y la producción nacional, en la que señaló que el país se encuentra -1.43% en la caída de la producción.
“La producción nacional, en la variación de enero del año 2013 a enero del 2016, en el imagro (índice mensual de crecimiento de la agricultura), desde mayo del 2014 se cayó la producción, hasta ahora en enero, más o menos en noviembre empezó a subir un poco, pero estamos en menos punto 43, que significa desocupación en el área rural, sean grandes o pequeños”, aseguró Lizano.
En este mismo sentido añadió que el índice en las exportaciones disminuyó por falta de políticas macroeconómicas, afectando la producción y que ha provocado desconfianza sumado a esto el fenómeno del niño afectando varias regiones del país.
“El imagro de pecuarios, es la parte de producción animal, ha repuntado un poco, pero en exportaciones cayó. En granos básicos desde el 2014 hasta ahora se tiene un menos 14.5%. En arroz, importábamos el 40% y producíamos el 60% este año vamos a importar 60 y a producir el 40, ahí tiene que ver políticas agrícolas, crédito agropecuarios, competencia internacional”, aseguró el compareciente.
Finalmente señaló que la pobreza rural, en julio del 2014, alcanzó el 27.9%, lo que significa que hay más de 387 mil familias pobres, ubicadas en las zonas rurales y muchas vienen a las ciudades a formar anillos de pobreza.
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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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30 de marzo del 2016 – Roberto Jiménez Gómez, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para el cargo de Regulador General de los Servicios Públicos (ARESEP), asistió a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos a exponer sus planes de llegar a la institución durante los próximos seis años.
Jiménez Gómez llegaría a sustituir a Dennis Meléndez Howell, a quien se le vence el nombramiento el próximo 8 de mayo.
Según indicó el candidato, su interés en el puesto está respaldado por su formación académica y experiencia profesional por más de 20 años que le permiten la posibilidad de analizar y estudiar el ciclo de vida de los servicios eléctricos, telefónicos y del recurso hibrido que es vital a futuro para los costarricenses.
Jiménez Gómez agregó que cuenta con el carácter, liderazgo y sensibilidad para llevar a cabo las acciones que la institución demanda entre las que se destacan promover la transparencia en los modelos para salvaguardar el interés general, reglas claras para los ajustes tarifarios, mejorar servicios públicos con mayor calidad, implementar el sistema de pagos del transporte público, asignación gradual de costos de inversión a las tarifas manteniendo una equidad intergeneracional, entre otras.
“Aspiro a tener metodologías pertinentes, justas y aplicadas de forma oportuna con reglas claras y resoluciones agiles de asuntos ya que más que tarifas estamos asignando recursos y dando opciones de bienestar y calidad de vida a la población y mayor competitividad al país”, acotó el candidato.
Jiménez Gómez señaló que cumple con los requisitos de la Ley al estar ligado o conocer de temas de regulación con cinco años de experiencia y aspira que todas las decisiones que se tomen vayan razonadas con criterios bien fundamentados.
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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de marzo del 2016 – Los diputados aprobaron un proyecto en segundo debate que pone tope a los aumentos anuales en los alquileres, de manera que no superen la inflación que se calcula con el índice de precios al consumidor (IPC), del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
En caso de que ese indicador en algún momento sea mayor al 10%, el Ministerio de Vivienda deberá acordar el porcentaje de aumento, que en ningún caso podrá superar la inflación, según lo apunta la nueva Ley.
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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de marzo del 2016 – Los legisladores acordaron aumentar de 200 a 500 colones el timbre que tendrán que aplicar los médicos o funcionarios encargados de la sanidad aérea, marítima o terrestre, y se recargarán en el pasaporte de cada persona que salga del país. También será aplicado en los dictámenes o informes médicos.
Además, habilita el cobro del uno por ciento sobre la factura de telefonía de cualquier modalidad.
Los congresistas resaltaron que con esta modificación se vendrá a ayudar a los 31 comités locales de la benemérita institución que han presentado déficit en sus finanzas y ello amenazaba el funcionamiento en sus respectivos cantones.
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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de marzo del 2016 – Con el apoyo de 45 diputados, el Plenario Legislativo dio su aval en segundo debate al proyecto de ley que busca otorgar un subsidio a los padres o encargados de niños en fase terminal.
La nueva ley considera en fase terminal a los pacientes que presenten una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, que implique la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico y que su expectativa de vida sea menor o igual a seis meses, sin perjuicio de que el paciente reaccione positivamente al tratamiento y se extienda el plazo de vida.
El procedimiento para otorgar la licencia será el siguiente: a solicitud del enfermo o la persona encargada, en el caso de la persona menor de edad, el médico tratante extenderá un dictamen en el cual se determine la fase terminal o la enfermedad grave.
Con base en ese dictamen, el trabajador interesado solicitará por escrito el otorgamiento de la licencia ante la Dirección del Centro Médico de adscripción del paciente enfermo, para su respectiva autorización, la cual estará a cargo de la Comisión Local Evaluadora de Incapacidades y la Dirección Médica correspondiente ordenará la emisión de la constancia de licencia.
Según el artículo 5 de la Ley 7756, el beneficio se calculará con base a los salarios consignados en las planillas de la CCSS, durante los tres meses anteriores a la licencia.
El monto del subsidio será hasta dos salarios base percibirá el 100% del ingreso, hasta el monto de tres salarios base percibirá el 80% del ingreso y sobre el exceso de tres salarios base percibirá el 60% de los ingresos.
Para el diputado Presidente de la Comisión dictaminadora, Fabricio Alvarado Muñoz. con esta nueva ley se da un gran paso en defensa de la niñez.
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