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Contrato de acceso a Terminal de Contendedores de Moín presenta debilidades

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de marzo del 2017 – La Contralora General de la República, Marta Acota Zúñiga, señaló una serie de debilidades y advertencias sobre la construcción del camino definitivo de acceso a la Terminal de Contendedores de Moín y la ruta Nacional 257.

Acosta Zúñiga compareció junto con el Ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Carlos Villalta Villegas, el Director del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), German Valverde González y Sergio Alfaro Salas, Ministerio de la Presidencia, quienes se refirieron a la investigación sobre la terminal.

Señaló que la Contraloría otorgó autorización al CONAVI para llevar a cabo dos procedimientos de contratación directa concursada para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas, para la ejecución de los estudios previos, diseño y construcción de la Ruta Nacional 257 por un monto de $78.000.000,00.

Añadió que según el cronograma de la contratación preparado por el CONAVI, para lograr los estudios previos, diseño y construcción de la citada ruta, la orden de inicio se debía emitir en el período comprendido entre el 16 y 22 de junio de 2016, sin embargo, ese Consejo se encontraba en el citado período efectuando la evaluación de las ofertas y consecuentemente, no se había emitido el acto de adjudicación de la contratación referida.

En su exposición, la Contralora dijo que desde el año 2012, fue enfática en señalar a la Administración la necesidad de establecer un “plan de abordaje” de manera que se garantizara oportunamente el acceso vial definitivo y con ello, la aplicación de una menor tarifa en beneficio de los usuarios del servicio portuario estipulada en el Contrato de Concesión.

Entre otras advertencias, la Contralora apuntó que la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial de CONAVI había señalado en abril de 2015 que las coordenadas geográficas del acceso provisional construido en el 2014- no coincidían con las coordenadas geográficas del acceso de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y recomendó desde entonces, analizar detenidamente esta situación por considerar que se podían requerir gestiones ante otras instituciones y que la franja de derecho de vía de 60 metros, fue dada con respecto al alineamiento del acceso provisional.

Ante esto, el ministro Carlos Villalta, manifestó la orden de inicio de la obra se dio con dos meses de desfase, pero consideró que con el esfuerzo que están realizando a la fecha, dicho atraso van a poder ser cubiertos o adelantados para poder cumplir con la entrega de las obras en el plazo requerido.

“Reitero que no hay ni error ni pifia, cuando se sacó la licitación a concurso ya sabíamos del ajuste y una gestión para poder asegurarnos para que se diera la conexión entre la ruta definitiva y la Terminal de Contenedores de Moín”, comentó el Ministro.

German Valverde indicó que la obra se compone de una carretera de 2.1 kilometro, con una primera sección a nivel que luego se eleva 6 metros de altura sobre la línea férrea y el Río Moín, para entroncar la Terminal de Contenedores de Moín, el plazo de ejecución es de 20 meses y el monto adjudicado es de 71.85 millones de colones.

Fuente: Asamblea Legislativa.

ICE tendrá recursos para proyecto de energía renovable

Irene Rodriguez Mena, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de marzo del 2017 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales, dictaminó el expediente 19998 Aprobación del Convenio de cooperación para el financiamiento de inversión de CR-X1014 entre la República de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar un programa de energía renovable y distribución de electricidad.

El objetivo del Convenio es establecer un marco de cooperación para contribuir a la mitigación de los impactos del cambio climático, al crecimiento económico sostenible y al fomento de la integración regional mediante el Mercado Eléctrico Regional.

Costa Rica es un país conocido por sus esfuerzos en tener políticas a favor de la protección del medio ambiente en un marco jurídico en beneficio del desarrollo sostenible y la calidad de vida de las personas.

Sustentado bajo esas premias la aprobación de este Convenio tiene como objetivo financiar un proyecto de energía renovable en la que el Instituto Costarricense de Electricidad será el responsable de garantizar la calidad, planificación y operación de dicho proyecto por ser la institución autónoma del Estado responsable del sistema eléctrico nacional. El Banco Interamericano de Desarrollo será el ente financiero encargado de otorgar los recursos mediante préstamo, para la ejecución de dicho proyecto.

Ambas instituciones en el pasado han trabajado bajo esas condiciones para la ejecución de otros proyectos, por lo que lo estipulado en este convenio no es ajeno para ambas, el proyecto principal para el convenio que contiene este proyecto es “programa de energía renovable transmisión, y distribución de electricidad”.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Poderes de la República firman convenio de Estado abierto

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

22 de marzo del 2017 – Los representantes de todos los Poderes de la República suscribieron un Convenio de Estado Abierto para avanzar a nivel país en temas de transparencia y acceso a la información pública, ética en la función pública, participación ciudadana, lucha contra la corrupción y promoción de la innovación utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

El Convenio establece los compromisos generales para construir un Estado Abierto en cada Poder de la República. Los compromisos del Poder Legislativo son:

  1. Promover la co-creación e implementación de una política de Parlamento Abierto en forma ampliamente participativa con diferentes organizaciones de la sociedad civil que considere la participación como un derecho humano fundamental y que por consiguiente debe ser inclusiva para los grupos sociales más vulnerables.
  2. Fortalecer y brindar el respaldo administrativo en los esfuerzos que se han realizado por las diferentes instancias legislativas en materia de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y colaboración con la ciudadanía.
  3. Promover la innovación de instrumentos tecnológicos a partir de la plataforma que brinda el nuevo Portal Legislativo para lograr una mayor interacción entre la ciudadanía y la Asamblea Legislativa, la cual incluya no sólo acceso a la información sino también la participación y colaboración activa en el proceso legislativo.
  4. Promover una cultura institucional y ciudadana de la participación, transparencia y colaboración para lo cual fortalecer los programas de formación e información sobre el quehacer legislativo dirigido a diferentes sectores poblaciones y etarios, con particular énfasis en aquellos dirigidos a empoderar la población y utilizar los mecanismos de incidencia que dispone la ciudadanía en la Asamblea Legislativa.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, diputado José Alberto Alfaro Jiménez, indicó que “una Asamblea Legislativa abierta, implica reconocernos como servidores de los intereses de los habitantes y rendir cuentas de nuestras acciones, así como innovar en las formas de participación y colaboración responsables junto a los ciudadanos y ciudadanas en la búsqueda del bien común”.

El Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, explicó «Desde Gobierno Abierto, Costa Rica le demuestra al mundo que cuando hay voluntad política es posible lograr cambiar la manera en la que el Estado y los ciudadanos colaboran. Hoy avanzamos en esa dirección, que tiene el gran objetivo de mejorar la calidad de vida de todas y todos los costarricenses».

“Este convenio de cooperación reafirma el compromiso de diálogo e información que, desde hace muchos años, el TSE adquirió proactivamente con la ciudadanía, partidos políticos e instituciones”, afirmó Luis Antonio Sobrado González, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.

Finalmente para Zarela Villanueva, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, “la suscripción del convenio beneficiará a toda la población porque fortalece el compromiso que desde el Poder Judicial ya hemos iniciado, de transparentar la gestión institucional, promover una cultura de rendición de cuentas y abrir espacios a la participación ciudadana, en procura de una administración de justicia confiable y efectiva”.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Ley para Fortalecer el Programa de Comedores Escolares

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 19864 Ley para Fortalecer el Programa de Comedores Escolares y nutrición escolar y adolescente.

Esta ley tiene como objeto promover la equidad, inclusión y prevención del ausentismo de los estudiantes en el sistema educativo costarricense, así como el combate a la pobreza a través del fortalecimiento del programa de comedores escolares y del adolescente.

Se declara de interés público la Ley de Fortalecimiento de los Comedores Escolares y del Adolescente como medio de garantizar la adecuada alimentación y nutrición de estudiantes que se encuentren en riesgo de exclusión social, pobreza y pobreza extrema, durante el período lectivo y no lectivo.

El programa de comedores escolares deberá de garantizar a las y los estudiantes, una alimentación complementaria nutritiva que aporte los requerimientos de energía, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (hierro y calcio), en los porcentajes que se definan para cada modalidad. Así mismo deberán garantizar una adecuada nutrición para personas menores de edad con diagnóstico de enfermedad como diabetes, celiaquía, obesidad y cualquier otra condición de salud especial que deba ser atendida. En los centros educativos en que se desarrolla este programa, se deberá promover hábitos alimentarios saludables, hábitos de higiene y comportamientos adecuados en torno a la alimentación diaria.

El Estado deberá de prestar los servicios de alimentación y nutrición en los centros educativos del país, fuera del período del curso lectivo.

Este beneficio se ofrecerá únicamente en aquellos centros educativos públicos ubicados en la zona rural y urbana, en cuyos distritos exista mayor incidencia y concentración de pobreza y pobreza extrema, según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) haya comunicado oficialmente durante el año anterior, según lo regulado por esta ley.

Para fortalecer el programa de comedores escolares y del adolescente en tiempo no lectivo se financiará a través de, los recursos establecidos en el inciso «e» del Artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N.° 5662 del 23 de diciembre de 1974 y sus reformas de otros aportes incluidos en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos donará viviendas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate, el expediente 18969 Autorización a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la donación de viviendas.

La iniciativa establece que para ejecutar el proceso de donación la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias deberá constatar que cada una de las personas a quienes se les otorgue en donación una finca deberá ser a causa de los procesos de reconstrucción atinentes a una emergencia debidamente declarada conforme con la Ley 8488 y según lo establecido en el artículo primero de esta ley.

Así mismo se incluye que en el caso de que el beneficiario haya fallecido o haya ocurrido una ruptura del núcleo familiar, este derecho de donación podrá heredarse o cederse a quien corresponda.

La Comisión, deberá implementar un expediente físico o electrónico donde se documente debidamente la atinencia de la donación.

Se autoriza a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para que ejecute la contratación de notarios externos que formalicen el traspaso de las fincas objeto de la donación autorizada en esta ley.

Los beneficiarios estarán exentos, para este único trámite, del pago de todo impuesto, tasa, timbre o tributo nacionales, excepto las especies fiscales municipales, cuyo pago será asumido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Aprobado impuesto a las personas jurídicas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de segundo debate, el expediente 19818 Impuesto a las Personas Jurídicas, que pretende establecer un impuesto a todas las sociedades mercantiles, así como sobre toda sucursal de una sociedad extranjera.

Se establece que dicha sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

El hecho generador para todas las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional ocurre el 1° de enero de cada año.

También el hecho generador para todas las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se inscriban en un futuro será su presentación al Registro Nacional.

Para efectos de aplicación de esta ley, el período fiscal será de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año.

El impuesto se devengará, para las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas, el primero de enero de cada año y, para las que se constituyan e inscriban en el transcurso del período fiscal, al momento de presentación de la escritura de constitución ante el Registro Nacional.

El proyecto establece anualmente una tarifa que se pagará como se indica:

Las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional no inscritos en el Registro Único Tributario en la Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual.

Las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos menores a ciento veinte salarios base, pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual.

Las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos en el rango entre ciento veinte salarios base y menor a doscientos ochenta salarios base, pagarán un importe equivalente a un treinta por ciento (30%) de un salario base mensual.

Finalmente las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos equivalente a doscientos ochenta salarios base o más, pagarán un importe equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual.

Eso significa que las sociedades inactivas pagarán 63 mil colones, 106 mil colones las sociedades que generen hasta 50 millones de colones, ₡127 mil, las que generen de 51 millones de colones a 118 millones y finalmente ₡212 mil, las que generen ₡118 millones en adelante

En cuanto al destino del proyecto se establece 90% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia.

Un 5% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.

Y finalmente un cinco por ciento 5% de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la atención del crimen organizado.

La diputada Paulina Ramírez Portuguez manifestó que hoy se está recuperando un impuesto que es tan importante para la seguridad nacional y así mismo venir en contra del narcotráfico y todos los flagelos que se ha sufrido en la seguridad.

“La recuperación de este impuesto que tiene un impuesto específico es importante y positivo porque estos recursos van dirigidos en un 90 por ciento a la inversión en seguridad ciudadana para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial y en la atención de programas”, dijo la diputada.

Por su parte el diputado Mario Redondo Poveda señaló que los inicios del año 2017 muestran señales preocupantes en materia de homicidios en el país, ya que el número sigue siendo importante y costando la vida de niños inocentes víctima de una guerra de narcos en el país.

“La aprobación de este proyecto permitirá fortalecer las finanzas del Ministerio de Seguridad en una suma cercana a los 45 mil millones de colones al igual que con la incursión en el presupuesto nacional para el 2017 de 25 mil millones más, lo que nos da la suma de 70 mil millones de colones adicionales al Ministerio de Seguridad, nunca en la historia de este país seguridad publica va a contar con más recursos que en esta ocasión”, dijo el diputado Redondo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Video: Director de la DIS desmiente escuchas, fichaje y desaparición de archivos

Rosibel Barrantes, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

15 de marzo del 2017 – El Director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Mariano Figueres Olsen desmintió ante la Comisión de Derechos Humanos que dicha institución halla desparecido archivos, haga escuchas de comunicaciones y fichaje de ciudadanos.

Fuente: Asamblea Legislativa.

DIS no realiza escuchas telefónicas asegura director

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

15 de marzo del 2017 – Mariano Figueres, Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), aseguró que esta dirección, no realiza escuchas telefónicas y no cuentan con la capacidad tecnológica para dicho proceso, en su comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

En el tema de escuchas telefónicas reiteró que la Dirección de Inteligencia y Seguridad en Costa Rica no realiza escuchas de telecomunicaciones, pero además desde un punto de vista de capacidad tecnológica, no existe hoy, y para ello, manifestó que han invitado a lo largo del proceso de construcción de esta ley, a diputadas y diputados que puedan verificar en las instalaciones, que existen las capacidades tecnológicas, para hacer intervenciones.

“Producto más bien de gestiones realizadas dentro de este Gobierno por esta Dirección de Inteligencia, hoy se puede decir en Costa Rica, que el único lugar donde se realizan escuchas de comunicaciones, es en el Centro de Intervención Judicial del Poder Judicial, que es una dependencia directa de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, aclaró Figueres.

El compareciente dijo que busca un balance entre dos cosas importantes, los derechos humanos y la seguridad del país, pues consideró que ambos temas fortalecen nuestra democracia.

“Si no tenemos un absoluto respeto de los derechos humanos de nuestras prácticas de construcción de inteligencia, esas prácticas son espurias inaceptables en una democracia y al mismo tiempo, sino tenemos un organismo de inteligencia fuerte, podemos correr el riesgo ante las amenazas regionales que enfrentamos hoy, de caer en una situación que podría incluso ser de un estado fallido, como tenemos lamentablemente vecinos cercanos que están en esa condición”, comentó.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Impuesto podría financiar medicamentos de alto costo para pacientes

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de marzo del 2017 – Un proyecto de ley que se conoce en la Comisión de Jurídicos pretende aumentar el impuesto a las gaseosas y otras bebidas líquidas para destinar los recursos a la compra de medicamentos de alto costo.

Fuente: Asamblea Legislativa.