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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

30 de octubre del 2015 – Problemas de gestión, improvisación y falta de planificación son los aspectos que señaló la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga para referirse a los atrasos en el proceso de obra pública ejecutados con créditos externos.

La jerarca asistió a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para exponer la preocupación del ente ante el poco o nulo avance en el uso de los recursos aprobados y los altos costos de las unidades ejecutoras.

Acosta Zúñiga reiteró que es necesario que el país cuente con un plan nacional de inversión pública.

Para la funcionaria, a la fecha se tienen 20 créditos aprobados que en promedio duran un poco más de un año en su trámite legislativo y siete meses para incorporar recursos en el Presupuesto Nacional.

Una de las preocupaciones señaladas durante la exposición es que el país ha pagado hasta la fecha $14,2 millones de dólares en comisiones por no ejecutar créditos.

Dentro de los ejemplos del poco avance de las obras indicó que en el programa de infraestructura vial con el BID por $300 millones de dólares presenta un avance del 73% y del crédito por $60 millones de dólares para la red vial cantonal solo se ha ejecutado un 6.6%.

Otros ejemplos son con relación al programa de promoción de la prevención de la violencia y la inclusión social que solo tiene un avance del 10% y del programa de infraestructura del transporte por $450 millones de dólares y que presenta a la fecha un 0% de avance.

El presidente de la comisión Mario Redondo Poveda indicó que estos datos generan gran estupor por las debilidades en el desarrollo de infraestructura pública y las bajas metas impuestas por el gobierno.

El diputado del Frente Amplio Jorge Arguedas Mora señaló que por más que se denuncian problemas siguen las mismas personas al frente de la ejecución de las unidades ejecutoras de las obras.

El jefe de fracción del Movimiento Libertario Otto Guevara Guth mencionó que la contralora lo ha dejado boquiabierto con esta fotografía sobre los problemas que amerita una intervención inmediata.

Por su parte la legisladora de la bancada oficialista, Epsy Campbell Barr sostuvo que es alarmante que los funcionarios no asumen los empréstitos como recursos públicos.

La Comisión aprobó de forma unánime con el voto de los seis diputados presentes llamar en audiencia al Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas para que explique las acciones desarrolladas en favor de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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30 de octubre del 2015 – Fitzgerald Haney, Embajador de los Estados Unidos en Costa Rica, manifestó que la prioridad es el crecimiento económico de nuestro país pues beneficia también a su nación.

El Embajador compareció en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.

Haney se refirió al desarrollo inclusivo y estrechar aún más los lazos de amistad que unen a las dos naciones porque cuentan con una relación muy fuerte basada en valores compartidos, enlazados económicamente, con un intercambio cultural y un entendimiento mutuo.

«La prioridad que tenemos como embajada y como Gobierno, es el desarrollo y el crecimiento económico en Costa Rica, porque obviamente beneficia a los Estados Unidos, también porque hay muchos intereses económicos acá, pero también una nación fuerte económicamente, nos beneficia a ambos”, señaló el Embajador.

Dijo que ese crecimiento económico no solo involucra a los sectores exportadores, sino también, aquellos sectores que ya tienen un vínculo con los Estados Unidos, lo que se convierte en un desarrollo inclusivo.

Otras de las prioridades es el tema de seguridad, catalogándolo como muy importante, ya que sin seguridad no hay desarrollo.

“Si nosotros como países no podemos proveer comunidades seguras, con oportunidades para todos, no vamos a poder tener el futuro que queremos tanto para nosotros como para nuestros hijos en los dos países”, mencionó.

En el tema de seguridad se involucra el narcotráfico y el crimen organizado, y en este sentido hay una responsabilidad mayor.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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30 de octubre del 2015 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, dictaminaron en forma positiva el expediente 19578 Ley para ratificar enmienda iii/a Convenio de Basilea.

El objetivo general de este Convenio es proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos de la generación, el movimiento transfronterizo y el manejo de desechos peligrosos.

El Convenio se apoya en dos pilares fundamentales, como lo son un sistema de control global de los movimientos transfronterizos de desechos y un manejo ambientalmente racional de los desechos.

El Convenio de Basilea regula el movimiento transfronterizo de desechos mediante un sistema de notificación previa de la intención de exportar desechos peligrosos y desechos que requieren una consideración especial, y la obligación de que las partes den su consentimiento por escrito (el denominado “consentimiento previo informado”) antes de que los envíos de esos desechos puedan ser objeto de tránsito o de importación en zonas sujetas a la jurisdicción nacional.

El Convenio de Basilea busca reducir el número de movimientos transfronterizos y la cantidad de desechos al mínimo y asegurar el manejo y la eliminación ambientalmente racional de estos desechos, la cual está definida en el artículo dos, inciso 8) del Convenio que por “manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos”.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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28 de octubre del 2015 – En un 35 por ciento se debería incrementar el salario mínimo de los trabajadores costarricenses para poder tener una mejor calidad de vida, pasando de 230 mil colones mensuales a 313 mil, explicó el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, su posición con respecto al expediente 19312, Ley del salario mínimo vital reforma de los artículos 177 del Código de Trabajo, Ley N.º 2, de 27 de agosto de 1943, del artículo 16 y creación del artículo 16 bis de la ley de salarios mínimos y creación del consejo nacional de salarios, Ley N.º 832, de 4 de noviembre de 1949, que se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

Vargas fue enfático en que esta ha sido una lucha de años del sector sindical y que están de acuerdo con lo establecido en el proyecto de ley, que dice en su primer artículo: “toda persona, que trabaje en forma asalariada, tiene derecho a devengar un salario mínimo vital que le garantice bienestar y una existencia digna, de conformidad con lo ordenado en el artículo 57 de la Constitución Política. Para estos efectos, el salario mínimo vital deberá permitir la satisfacción de las necesidades normales de la persona asalariada y su familia en el orden material, moral y cultural”.

La fijación de este salario mínimo se hará periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola.

El sindicalista explicó que en la actualidad el Ministerio de Trabajo cuenta con mecanismos insuficientes para velar por el cumplimiento del salario mínimo en el país y afirmó que a uno de cada tres trabajadores del sector privado no se le respeta esta remuneración.

Vargas aclaró que el incremento no sería automático apenas se apruebe la Ley sino que sería gradual.

La iniciativa establece además, que toda fijación de salarios mínimos se hará por un período de un año, salvo el caso de revisión que regirá por el tiempo que falte.

A más tardar, el primero de noviembre de cada año el Consejo de Salarios hará la determinación de salarios mínimos para todo el país, mediante resolución motivada en relación con el cumplimiento de los parámetros establecidos en este artículo para garantizar bienestar y existencia digna de las personas asalariadas.

El salario mínimo vital se calculará como la división del Ingreso Mínimo Vital entre la media de ocupados por hogar calculada por el INEC con base en la última Encuesta Nacional de Hogares disponible.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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27 de octubre del 2015 – Tanto el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Justicia y Paz y la organización Enfoque a la Familia coinciden en que los juguetes bélicos y los video-juegos violentos son un riesgo para los menores de edad.

La Comisión Permanente de Asuntos Económicos, que analiza el expediente N° 19613 Ley que regula la comercialización de los juguetes bélicos, video-juegos con contenido bélico, militar o de violencia, el empleo de lenguaje militar, rangos, distintivos, nomenclaturas y símbolos militares, venta y comercialización de ropa o indumentaria milita, recibió en audiencia a Fainier Lizano, Directora de la Dirección de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, Ministerio de Justicia y Paz, Alicia Vargas Porras, Ministerio de Educación Pública y a Sixto Porras de Enfoque a la Familia.

La iniciativa establece que los videojuegos con contenido bélico, militar o de violencia que vendan y comercialicen las personas físicas o jurídicas, que inciten a la violencia, tendrán obligatoriamente una advertencia para el consumidor de un 75 por ciento del tamaño del producto y se basará en información veraz y legible; esta deberá indicar los efectos dañinos en la salud mental y las implicaciones sicológicas por su empleo en las personas menores de edad.

Según la iniciativa dichos productos “generan en la ciudadanía empoderamientos negativos, instaurando conductas de agresividad y de poder, creando un ambiente tenso en espacios sociales, que contrasta con las buenas costumbres, los principios y valores que rigen la vida de la sociedad costarricense”.

Porras afirmó que el proyecto es congruente con la educación de paz del país y que “Costa Rica se ha caracterizado por construir un país amante de la paz”.

Por su parte, tanto las funcionarias del Ministerio de Educación como la de Justica y Paz también expresaron su visto bueno a la iniciativa.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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27 de octubre del 2015 – Como un impacto en la fuga de cerebros calificó el representante de la Asociación Nacional de profesionales en Enfermería, Rodrigo López el proyecto de ley para frenar los aumentos a los profesionales en ciencias médicas que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales bajo el expediente 19168.

El representante señaló a los legisladores que el nombre del proyecto de ley agrede y descalifica profesionalmente a todo el gremio de la salud al presentarlos ante la sociedad como si fueran unos “sinvergüenzas” que vienen a lucrar del sistema al ganar mucho por hacer muy poco.

“Esta iniciativa hace mofa de la capacidad técnica y profesional que tienen nuestros enfermeros y que somos responsables sociales, civiles y penales para cumplir con el cuidado de la salud humana”, acotó López.

Esta iniciativa fue presentada por el diputado Mario Redondo Poveda y consta de dos artículos uno de los cuales reforma el artículo 15: “Las instituciones públicas contratantes de profesionales en ciencias médicas quedan autorizadas por esta ley, a establecer los ajustes y mecanismos, y a destinar las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los incrementos e incentivos que por esta ley se establecen.”

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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27 de octubre del 2015 – María Amalia Matamoros, Directora de Trasplantes y Cirugías Hepatobiliar de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) afirmó que ha habido negligencia administrativa de parte del Hospital Nacional de Niños, en el tema de trasplante hepático pediátrico.

La doctora compareció junto con la Directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas y la Gerente Medica de la CCSS María Eugenia Villalta quienes se refirieron al tema de trasplante de hígado y reactivar su capacidad de operación.

Matamoros señaló que comunicó a la Dirección del Hospital de Niños, cuales son los requisitos de seguridad para hacer trasplantes y ofrecerles a los pacientes una opción de vida.

“Durante todo este tiempo nos hemos reunido reiteradamente, primero con el doctor Hernández, ahora con la doctora Arguedas quien tiene nueve meses en la dirección del Hospital de Niños. Podemos decir que hay negligencia administrativa del Hospital Nacional de Niños, las necesidades del programa de trasplantes hepático pediátrico se comunicaron con antelación, incluso antes de suspender las cirugías por razones de seguridad”, explicó la doctora Matamoros.

Por su parte la Directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, indicó que esperan activar el Programa de Trasplante, hay una respuesta positiva en una serie de rubros, como por ejemplo las nueve plazas de enfermería, con contenido presupuestario y la disponibilidad en gastroenterología.

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