Autor: Editor

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de febrero del 2017 – Los rectores de las universidades públicas rindieron cuentas en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, sobre una investigación que se lleva a cabo acerca de la situación financiera y administrativa de esos centros de enseñanza superior.

Alberto Salom, Rector de la Universidad Nacional, señaló que en promedio los ingresos de la institución, se financian con el 74% de los recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FES) y se cuenta con otras fuentes de financiamiento de educación específica como son leyes, convenios o ventas de servicios, entre otros.

Salom dijo que los egresos institucionales calculados en el año 2014 se distribuyen de la manera siguiente: tema laboral en un 65.97%, en operación un 19.02% y el inversión un 15.02%, lo cual arroja un promedio muy satisfactorio para este tipo de instituciones.

“Entre el 2010 y el 2014, el superávit neto de la institución asciende en promedio al 8.8 % que son ocho mil cuarenta y seis millones de colones, de los ingresos totales”, aseguró Salom.

Por su parte, Henning Jensen, Rector de la Universidad de Costa Rica, comentó que para controlar la situación financiera de la institución se han tomado medidas importantes, como la reducción drástica de los cuartos de tiempo adicional, así como remuneraciones extraordinarias.

“Hemos reducido la dedicación exclusiva, pero al mismo tiempo se vela por la calidad de los salarios de los funcionarios y docentes, recientemente tanto el sindicato como la administración hicimos una denuncia de la convención colectiva porque tenemos que introducir aspectos modernos en la relación contractual”, dijo el Rector de la UCR.

Julio Calvo, Rector del Instituto Tecnológico, señaló algunas preocupaciones como lo es la gran demanda social y no cuentan con recursos para cubrir dicha demanda.

“El tema de mujeres y hombres es una preocupación permanente, nosotros debemos de procurar la inclusión de la mujer en el desarrollo económico y social y las carreras que tiene el Tecnológico tienen ese reto y estamos tratando de aliviarlo”, aseguró Calvo.

Marcelo Prieto de la Universidad Técnica Nacional, expuso que han visto reducido sus presupuestos, y en este sentido dijo que no ha logrado el respaldo necesario para equipararlo con las otras universidades públicas, en algunos logros importantes de apoyos que han recibido del Estado.

“Nosotros no participamos en el convenio de crédito con el Banco Mundial, que les ha permitido a las universidades 50 millones de dólares para cada una para una inversión de crecimiento en infraestructura, yo quiero decir que haciendo un esfuerzo interno, hemos logrado en cinco años hacer una inversión de 40 millones de dólares en infraestructura educativa”, aseguró.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Grettel Umaña, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de febrero del 2017 – Impedir el uso de celulares en los centros penitenciarios y centros penales juveniles del país es el objetivo de un proyecto dictaminado afirmativamente por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de febrero del 2017 – Las empresas que prestan el servicio de telefonía celular serían obligas a bloquear la señal de los teléfonos celulares en cárceles y centros penales juveniles, así lo establece el expediente 19932 que reforma la Ley General de Telecomunicaciones que fue dictaminado positivamente por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

La iniciativa busca combatir el uso de estos dispositivos para cometer delitos desde los centros penales, pues aunque está prohibida la permanencia de celulares dentro de las cárceles, su uso es frecuente para ejecutar acciones delictivas.

Timos para la compra de bienes, estafas, extorsiones, órdenes para ejecutar a miembros de bandas de narcotráfico, forman parte de los delitos que desde los centros penales se han realizado.

El legislador Marco Vinicio Redondo Quirós reconoció que aunque las autoridades penitenciarias hacen esfuerzos para controlar el ingreso y uso de celulares en las cárceles, los privados de libertad se las ingenian para conseguirlos.

El proyecto obliga a las compañías telefónicas a realizar un control tecnológico de la cobertura dentro de los penales para que las señales de los celulares se puedan bloquear.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de febrero del 2017 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales dictaminaron en forma positiva, el expediente 20063 Aprobación del acuerdo entre la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización.

Este Acuerdo, en términos generales, contempla la normativa comprendida en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de febrero de 1946, siendo Costa Rica Parte de esta Convención, la cual ha sido tomada por nuestro país como modelo para otros Convenios sobre esta materia.

El artículo 1 define los términos necesarios para la aplicación del Acuerdo: “archivos de la Organización”; “cargas para fines de seguridad social o pensión”; “expertos”; “Gobierno”; “reunión convocada por la Organización”; “Miembros”; “participantes no- miembros”; “funcionarios”; “Organización”; “locales de la Organización”; “bienes de la Organización”; y “Representantes”.

Además reconoce a la OCDE su personalidad jurídica, que la faculta para celebrar contratos, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y para entablar acciones legales (artículo 2).

Igualmente, se establece que la “Organización gozará de los privilegios, exenciones e inmunidades que establece el presente Acuerdo y cualquier otro privilegio, exención e inmunidad más favorable que el Gobierno hubiera acordado otorgar a alguna otra organización internacional” (artículo 3).

Asimismo, se contempla que la Organización y sus bienes, dondequiera que se encuentren y quienquiera que los posea, gozarán de toda inmunidad de jurisdicción, salvo que en algún caso en particular renuncie expresamente a su inmunidad. No obstante, se entiende que dicha renuncia no será extensible a una medida de ejecución (artículo 4).

Siguiendo con el tema de los bienes de la Organización, cabe resaltar que estos no serán objeto de allanamiento, requisición, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de interferencia, ya sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa (artículo 5).

Igualmente, se establece la inviolabilidad de los locales de la Organización, los que se encontrarán bajo su exclusivo control y autoridad (artículo 6). Además, se prevé que los archivos de la Organización serán inviolables dondequiera que se encuentren (artículo 7).

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

22 de febrero del 2017 – El Alcalde de la Municipalidad de San José, Johny Araya Monge, manifestó que a través de la aprobación del expediente 20037, se pretende impulsar el empleo en la ciudad de San José.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

22 de febrero del 2017 – El Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, expuso varias propuestas para fortalecer al Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Consejo Nacional de la Producción (CNP).

El jerarca compareció ante los diputados que integran la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, para dar a conocer dichas propuestas y que vienen en la línea de las prioridades de la actual administración.

Arauz señaló que los temas son importantes y deben de manejarse mediante proyecto de ley, que van en línea de las prioridades de esta administración, y que serán transcendentales para las administraciones venideras.

“Esta administración entró al Gobierno con tres grandes compromisos, combatir la pobreza y la desigualdad, impulsar el crecimiento económico, más y mejores empleos, luchar contra la corrupción y fortalecer la transparencia y eficiencia del Estado”, dijo el ministro.

Informó que los proyectos que van a ser presentados en sesiones extraordinarias, van en la línea de hacer un Estado más eficiente y el crecimiento económico, como por ejemplo, la modificación de dos entes que están adscritos, al MAG con nivel de desconcentración máxima, pasarlos a desconcentración mínima.

“Qué es lo que se busca, es eliminar las juntas directivas, darles más atribuciones a los directores, y con eso se agiliza la institucionalidad, se coordinaría mejor y se ahorran recursos mejorando su impacto, que es lo que queremos con esos entes”, comentó.

Como primer proyecto mencionó la reforma a la Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA),ya que la Junta Directiva se reúne cada 15 días y según dijo, la idea es eliminar esa Junta Directiva y pasar al INTA en un ente de desconcentración mínima.

En segundo lugar, reiteró que están proponiendo un Consejo Asesor de Innovación y Trasferencia de Tecnología Agropecuaria, una especie de consejo científico, que se reúna dos veces al año para dar lineamientos en materia de investigación agropecuaria.

“Este consejo asesor tendría gente del sector privado y de instituciones públicas, que tengan algún interés en este tema, tendría representantes del sector académico y tendría también el Director Nacional de Extensión Agropecuaria. La idea es hacer más ágil al INTA, eliminar la Junta Directiva, eliminar las dietas correspondientes y hacerlo más ágil, fortalecerlo científicamente mediante este consejo asesor”, expuso.

Finalmente comentó que quieren también fortalecer al Consejo Nacional de Producción, ya que la ley del CNP es muy buena, hay que fortalecer la comercialización de productos agrícolas y otra que es fortalecer la agroindustria.

“En el tema de la comercialización lo que hace el CNP es básicamente el Programa de Abastecimiento Institucional que mueve mucho dinero, como dinamizador de la economía rural, abastecer las instituciones del Estado”, concluyó.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

22 de febrero del 2017 – La Contralora General de la República, Marta Acosta, afirmó que una reforma al texto legal, para permitir a los Concejos Municipales de Distritos un manejo presupuestario separado de las municipalidades, no se ajusta al modelo constitucional, según lo que ha venido afirmando la Sala Constitucional.

La contralora compareció ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Municipalidades, para brindar su criterio sobre el proyecto de Reforma al artículo 10 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, expediente 20154.

Acosta manifestó que en cuanto al texto propuesto de reforma en el proyecto de ley en estudio, conviene indicar que resulta confuso y omiso, porque en la práctica los Concejos Municipales de Distrito para los fines que les compete, actualmente formulan, acuerdan y aprueban a lo interno sus propios presupuestos, el que luego elevan a las municipalidades de las que forman parte para lo que correspondan y además en lo de su competencia lo ejecutan.

“Finalmente se indica una reforma al texto legal para permitir a los Concejos Municipales de Distrito un manejo presupuestario separado de las municipalidades no se ajusta al modelo constitucional según lo que ha venido afirmando nuestra Sala Constitucional”, aseguró la contralora.

Dijo que las justificaciones y el texto de la propuesta, se observa que se genera en primer lugar, un eventual resultado sobre las acciones que en la práctica ya se dan, y que están comprendidas en la versión vigente del artículo primero del artículo 10 que se pretende reformar.

“En segundo lugar no se considera lo relativo al trámite constitucional y que es pertinente en cuanto a la aprobación presupuestaria de los recursos públicos involucrados que se establecen en la Constitución Política y que tiene a cargo el órgano contralor, trámite que es oportuno señalar, que sin la reforma en estudio se cumple cuando se incorpora los recursos de los concejos municipales de distrito, en el presupuesto de la municipalidad correspondiente”, añadió.

La reforma ofrece una solución contraria a la vigente y contempla que los Concejos Municipales de Distrito (CMD) puedan aprobar y ejecutar su propio presupuesto, sin interferencia del gobierno de la municipalidad “madre”.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de febrero del 2017 – Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron en forma afirmativa el expediente 19.751, eliminación en los casos de incapacidad en el Poder Judicial.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

20 de febrero del 2017 – Los legisladores de la Comisión de Asuntos de Nombramientos iniciaron con las audiencias de los 21 aspirantes a ocupar el cargo que dejó José Manuel Arroyo como magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: Asamblea Legislativa.