Autor: Editor

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

3 de febrero del 2015 – Laura Morales Rivera, Presidenta seccional ANEP-FONABE, solicitó esta tarde a los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos, que haya más participación ciudadana, en la asignación de becas del Fondo Nacional de Becas (FONABE).

Morales compareció esta tarde en ese foro legislativo para referirse al expediente 19244 Reforma a la Ley 7658 Creación del Fondo Nacional de Becas, que actualmente se analiza en esta instancia legislativa.

Mencionó que en cuanto a lo positivo del proyecto y en donde todos los funcionarios de FONABE están de acuerdo, es a que haya una desconcentración mínima de la institución, en el sentido de que el Ministerio de Educación asuma la rectoría que debe de asumir, así como la integración de algunas leyes especiales como lo son las de discapacidad, la de simplificación de trámites, la del Sistema Nacional de Información y del Registro único de beneficiarios.

Señaló además que dentro de las modificaciones que están incorporando al proyecto es en cuanto a las competencias de FONABE en todo el territorio nacional, así como la incorporación de la participación ciudadana, por medio de ley y que sean los representantes de los centros educativos, el patronato escolar, Juntas Administrativas, asociaciones de desarrollo y líderes comunales, los que asignes las becas de la institución.

“En el artículo 4 estaríamos especificando dentro de los fines, los tipos de becas a los que FONABE tiene que dirigirse que es preescolar, primaria, secundaria, universidad priorizando con las poblaciones protegidas por leyes específicas, siempre y cuando reúnan con los requisitos, que tienen que estar en la condición de pobreza extrema”, dijo Morales.

Finalmente indicó que es necesario que haya una mejor atención a los beneficiarios meta, esto por medio de la descentralización de los servicios, a través de las direcciones regionales, ya que FONABE solo tiene una oficina en San José, y muchos beneficiarios tienen que trasladarse desde zonas alejadas para realizar sus trámites.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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3 de febrero del 2015 – La Contralora General de la República, Marta Acosta, emitió un informe de auditoría, donde advierte que los pagos por incentivos a la productividad, en los Bancos de Costa Rica, Nacional y Popular, son excesivos, dada su tendencia creciente a través de los años y que están acentuando diferencias en el modelo de empleo público, en el contexto de una crítica situación fiscal del país.

La jerarca del ente contralor compareció ante los miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para explicar los informes de auditorías emitidas sobre los modelos de evaluación del desempeño y pago de incentivos a productividad en estos bancos públicos.

“Consideramos que este es un informe relevante, dada la magnitud de los pagos por estos incentivos y dada su tendencia creciente a través de los años, el cual nos genera alertas claras de que estos pagos son excesivos, que se están acentuando diferencias en el modelo de empleo público en el contexto de una crítica situación fiscal del país”, dijo la contralora.

En este mismo sentido señaló que el objetivo de las auditorias, fue determinar el efecto sobre los costos operativos de los bancos públicos, en relación con la aplicación de los modelos de evaluación de desempeño asociados al pago de los incentivos, a la productividad, evaluar la razonabilidad de las políticas y demás normativas internas emitidas sobre esta materia y establecer el costo total para los bancos, de mantener estos incentivos y cuanto representa con respecto a sus utilidades.

“A partir de 1997 la directriz presidencial número 25 da un aval a la iniciativa de los bancos públicos comerciales para establecer nuevas políticas salariales para estimular la eficiencia de sus funcionarios y mejorar sus capacidades dentro de un mercado de competencia, también la directriz estableció como requisito para estas nuevas políticas que se requería estudios técnicos dado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad que garantizaran el fiel cumplimiento y objetivos de las instituciones bancarias”, comentó.

En su exposición manifestó que en el Banco de Costa Rica, se determinó que se paga un incentivo a la productividad, sin que exista un modelo de evaluación de desempeño que esté alineado con los objetivos estratégicos del banco.

“Este es un tema recurrente en los otros dos bancos, también en este banco existe un porcentaje definido como tope máximo para el pago del incentivo el cual incluye los costos asociados, las cargas sociales. Ese tope máximo que está establecido en el BCR es un 8% de las utilidades netas, es decir el incentivo a la productividad será un 8% de las utilidades netas y esto es a partir del 2012 anteriormente no existía un tope, el monto pagado en el BCR está sobre estimado porque dentro del monto se está incluyendo las utilidades netas subsidiarias”, puntualizó.

Finalmente indicó que en el Banco Popular no tiene un modelo de evaluación del desempeño asociado o vinculado a los objetivos estratégicos del banco, así mismo que el crecimiento en el costo del incentivo en el Banco Popular no guarda relación con el comportamiento de los resultados del banco, existen además debilidades de control interno y en la calidad de la información vinculada al modelo de evaluación y al incentivo por productividad.

“En el caso del Banco Nacional se pagan diferentes incentivos a la productividad sin tener un modelo de evaluación del desempeño alineado igual a los objetivos estratégicos del banco”, dijo.

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Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de enero del 2015 – La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público inciará una investigación sobre el informe de la Contraloría General de la República con relación al pago de incentivos de productividad realizado a empleados y gerentes en tres bancos nacionales.

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Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de enero del 2015 – El Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, compareció ante los diputados de la comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde fue citado para hablar de la resolución del caso de Jairo Mora y el estado de la administración de la justicia.

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29 de enero del 2015 – El informe afirmativo de mayoría aprobado en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y presentado por los diputados del Partido Liberación Nacional y Acción Ciudadana, apoyan las actuaciones de la Procuradora General de la República Ana Lorena Brenes Esquivel y recomiendan no nombrar al ex Viceministro de la Presidencia Daniel Soley en cargos públicos por un periodo de tres años.

Los diputados de esta comisión dieron a conocer cuatro informes de los cuales el aprobado fue suscrito por los diputados Otón Solís Fallas, Epsy Campbell Bar, Antonio Álvarez Desanti y Mareen Clake Clake.

El resto de los informes de minoría fueron rechazados por la comisión: un informe por el diputado Gerardo Vargas Varela, uno por el diputado Johny Leiva Badilla y otro por el diputado Otto Guevara Guth.

El diputado de Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti manifestó que el informe de mayoría apoya las actuaciones de la Procuradora General de la República, al creer su versión y legitima lo dicho ante esta comisión legislativa.

“Además defendemos el principio de independencia y autonomía de la Procuraduría General de la Republica, y a la vez la respaldamos en el proceso de nombramiento del Procurador de la Ética, sabiendo que este fue uno de los temas que motivo este intento por removerla de su cargo, creemos que el mandato de esta comisión debe de ser claro y categórico en el sentido de que la procuradora debe de proceder al nombramiento por la vía de ascenso”, sostuvo el legislador.

En este mismo sentido destacó que el señor Presidente de la República y así lo dice el informe, no le dijo la verdad al país, cuando el 13 de enero dijo que no estaba informado de los hechos que habían ocurrido, cuando ya el día 12 la señora Procuradora General de la República, le había informado detalladamente de lo que había sido la reunión de ella con el ex viceministro de la Presidencia.

Por su parte el legislador de Acción Ciudadana Ottón Solís Fallas, mencionó que dentro de las recomendaciones de dicho informe se destaca valorar positivamente la forma diligente con la que actuó la Procuradora, al informar al Presidente de la República sobre la reunión con el Viceministro de la Presidencia y sus interpretaciones de lo ahí acaecido. También se recomienda incentivar a otros jerarcas a actuar de manera similar denunciando los actos de sus subalternos y sus superiores que riñen con la ética y la independencia de poderes.

El informe así mismo solicita a la Procuradora General de la República continuar con el proceso de nombramiento de ascenso del nuevo procurador o procuradora de la ética, así como hacer un contundente llamado de atención al Ministro de la Presidencia para que fungiendo con las funciones a las que le obliga la ley establezca términos claros de referencia para el comportamiento de sus subalternos, en el sentido de que asuma obligaciones investigativas cuando estos incurran en posibles errores.

Finalmente recomienda a las autoridades de los distintos partidos políticos que por un periodo de al menos 3 años contados a partir de que se aprueba el informe por el Plenario de la Asamblea Legislativa no se nombre en cargos públicos al señor Daniel Soley.

El resto de los informes de minoría rechazados recomiendan en términos generales, enviar las actas de la comisión al Ministerio Públicos para que ellos investiguen lo acaecido en esa reunión de la Procuradora con Soley, así como destituir al Ministro de la Presidencia Melvin Jiménez y abrir una investigación en la Procuraduría de la Ética.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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27 de enero del 2015 – Los diputados que integran la Comisión de Ambiente, aprobaron una moción para que comparezca el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, para que explique las actuaciones del Ministerio Público relacionadas con el juicio llevado a cabo por el asesinato del ambientalista Jairo Mora.

Chavarría asistiría a la comisión porque los legisladores de esa instancia legislativa tienen diferentes dudas que surgieron por el caso de Jairo Mora. Además existe un expediente abierto en la comisión sobre el mismo tema.

El diputado Edgardo Araya, Presidente de la Comisión explicó que precisamente la moción fue aprobada en el marco del expediente que está abierto en la comisión.

“Hay una investigación abierta en esta comisión, coordinada por la compañera Marcela Guerrero, que es para que esta comisión investigue sobre las responsabilidades del Estado en el caso del asesinato del ambientalistas Jairo Mora y otros casos de agresiones contra el movimiento ecologista”, dijo el legislador.

En este mismo sentido explicó que este tema no lo pueden tocar en la comisión porque el mismo está en un proceso.

“A mí me parece que el señor fiscal sabrá hasta donde contestar y hasta donde no, cuando tenga que referirse a un caso concreto del expediente que está en estos momentos en discusión y que está en apelación, eso lo reconocemos todos y estoy seguro que las preguntas que se van hacer aquí no tienen la intención de perjudicar el proceso”, comentó.

Finalmente los diputados aprobaron otra moción para que comparezca el Director del Organismo de Investigación Judicial, Francisco Segura, para que se refiera al mismo tema.

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