Autor: Editor

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa Protocolo.
Asamblea Legislativa.

3 de diciembre del 2014 – Welmer Ramos González, Ministro de Economía Industria y Comercio, apoyó establecer una tasa máxima de interés, que se pueda aplicar para todos los créditos, indistintamente de quien lo otorgue y en las condiciones que se den.

El jerarca de esta cartera compareció en la Comisión de Asuntos Hacendarios para referirse al proyecto de ley expediente 18893 Reforma de varios artículos de la Ley de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Ramos señaló que la tasa de usura está definida en la legislación costarricense pero no está concretada cuanto debe ser, es por ello que el mercado financiero costarricense ofrece diversos créditos con tasas muy altas, pero que para los tribunales de justicia no determinan cuál es una tasa alta o baja.

“El proyecto de ley lo que trata de regular primordialmente es una tasa máxima de interés que se pueda aplicar para todos los créditos, indistintamente de quien lo otorgue o en las condiciones que se otorgue. Entonces ahí se está generando un problema social importante, uno es que hay información asimétrica muy sesgada en contra del usuario y por el otro lado es que hay mucha ignorancia financiera dentro de la población”, dijo el Ministro.

Es por ello, dijo, que eso da lugar a que junto con la necesidad que a veces está pasando algunas personas, caigan en créditos a tasas de interés altas, que afectan contra el patrimonio de las personas.

“Por eso es que hemos decidido apoyar este proyecto de ley, porque esto es un problema social que nosotros reconocemos, lo que dice la legislación, por ejemplo, la convención Americana sobre los Derechos Humanos dice en el artículo 21 tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben de ser prohibidas por la ley”, explicó.

Finalmente el jerarca de esa cartera explicó que cuando se va a la realidad, se encuentran por ejemplo que una tasa de interés del 10% mensual no es considerada por los tribunales de justicia, una tasa usura, ya que ninguna puede ser considerada de usura porque no hay un parámetro que lo determine.

La iniciativa de ley establece los criterios para definir el crédito usurario, basado en el excedente sobre un límite objetivo a las tasas de interés efectivas cobradas en cualquier relación de crédito.

En términos generales, la noción de usura está vinculada al cobro de un interés excesivo en un préstamo y a la ganancia desmedida que obtiene el prestamista. Lo fundamental es por lo tanto, determinar objetivamente el nivel específico y concreto que identifica en qué momento un tipo de interés se convierte en excesivo.

Se establece además en la iniciativa que en las operaciones de crédito que otorgue cualquier persona o empresa supervisada o no supervisada, se prohíbe el crédito usurario, entendiéndose como aquel cuya tasa efectiva exceda dos veces el promedio de los últimos tres meses de la tasa de interés activa promedio del Sistema Financiero Nacional, tanto en colones como en dólares.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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3 de diciembre del 2014 – Yoriko Yakusama, Representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los expertas Gilda Pacheco y Norma García de Paredes asistieron a la Comisión de Derechos Humanos para referirse al expediente N.º 19243 que plantea una reforma integral a la Ley General de VIH.

La representante del PNUD señaló que se trabaja en un avance real que permita reducir las nuevas infecciones hasta en un 40% y erradicar la pandemia en el 2030.

Los datos aportados indican que a la fecha 10 mil personas portan la enfermedad en el país, algo que va en aumento con relaciones a otros países por lo que abogó por tomar medidas contundentes en educación y prevención que ayuden a eliminar el estigma y la discriminación de personas con VIH.

Gilda Pacheco, experta y consultora internacional indicó que se trabaja en una estrategia nacional integral que involucra al Poder Ejecutivo, la Defensoría de los Habitantes y la sociedad civil.

Por su parte Norma García de Paredes Terán fue clara al indicar que en la actualidad se señala como delincuentes a las personas que padecen la enfermedad.

García de Paredes Terán mencionó que el país se da cobertura en salud apenas al 60% de las población infectada por lo que se debe trabajar más en el campo ya que con una buena salud y los tratamientos adecuados se puede tener una mejor calidad de vida.

Igualmente la experta indicó a los legisladores que la penalización no rehabilita ni reduce la propagación del VIH y más bien se estigmatiza a las personas

Dentro de las observaciones planteadas se propuso revisar el artículo 21 de la iniciativa de ley que establece el deber de comunicar a sus contactos sexuales que se tiene VIH, así como eliminar del actual Código Penal los artículos 38,42 y 51.

El diputado de Acción Ciudadana, Marvin Atencio Delgado resaltó el trabajo desarrollado en salud pero mostró su preocupación ante la falta de tratamiento en los hospitales regionales.

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