Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

20 de abril del 2017 – Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, manifestó que las tarifas eléctricas en Costa Rica son las más caras del resto de los países de Centroamérica, pues señaló que en los últimos 10 años ha venido en aumentos constantes, incluso se han duplicado las mismas.

El representante de la Cámara de Industrias compareció junto con Carlos Obregón, Presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Víctor Solís, Gerente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, (CNFL) y Mario Alvarado, Director Ejecutivo de la Asociación de Productores de Energías, ante los diputados que integran la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para que se refirieran al tema de las tarifas eléctricas y proyectos que tiene el ICE.

“La Cámara de Industrias no miente, sino que otras organizaciones tampoco mienten, la información que presentan como la SEPAL y otros, con relación al tema de las tarifas, quiero señalar que en los últimos 10 años se duplicaron las tarifas eléctricas, ante aumentos constantes, por ejemplo en el año 2014 a la fecha estos son los siguientes aumentos ordinarios solicitados por el ICE, en generación sin considerar combustibles”, explicó Egloff.

En este mismo sentido enumeró cuales han sido los aumentos de esas tarifas eléctricas y por ejemplo mencionó que en el año 2014 el aumento ha sido de un 8.6%, en el 2015 un 19.24%, en el 2016 un 12.7%, en el 2017 un 9.75% y para el sistema de distribución en el 2014 5.16%, por ejemplo.

“Si la ARESEP no hubiera intervenido para moderar estos aumentos las tarifas serían un 40% más alto que hoy día son”, aseguró.

También añadió que las leyes rebajan en tarifas del 2014 a la fecha ha obedecido a un mejor comportamiento de las lluvias y a la caída del precio del petróleo y no ha solicitudes de rebajas planteados por el ICE.

Por su parte Carlos Obregón, señaló que los datos de ellos son datos correctos y son datos que se le han presentado también a la ARESEP, pues lamentó por ejemplo que se diga que los costos del embalse del Reventazón, no se conocen, pero la información total del proyecto del Reventazón fue entregada en el pliego tarifario y eso es verificable, según indicó.

“En cuanto al crecimiento continuo de las tarifas eléctricas en los últimos 10 años que en el grafico se ven en los últimos 4 años van en el otro sentido, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por mantener costos y reducir costos que no se habían hecho en el pasado”, puntualizó.

Víctor Solís, Gerente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, dijo que se han hecho muchos esfuerzos, entre ellos, la disminución de la planilla institucional, por medio de movilidades laborales voluntarias.

“Además producto de las acciones operativa que hemos tomado, se ha dado una evolución de ese indicador, desde el punto de vista financiero también en el 2016 estamos satisfechos por tener una utilidad operativa en el orden de más de 20 mil millones de colones lo cual empieza a registrar una recuperación de la condición financiera de la empresa”, aseguró.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

6 de abril del 2017 – El diputado Gerardo Vargas Rojas, manifestó que en el Ministerio de Hacienda no hay orden ni comunicación en el caso de los expedientes que se encuentran en cobro judicial, luego que las autoridades de Hacienda comparecieran ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

“Donde hay orden esta Dios, yo agregaría donde hay orden y comunicación esta Dios, aquí aunque estamos cerca de Semana Santa, no pareciera que Dios está cerca, lo que me dejo claro de la exposición de los señores del Ministerio de Hacienda es que no hay orden ni comunicación”, expresó el diputado.

El diputado Vargas Rojas, señaló que la custodia de expedientes está en manos de una sola persona según se dijo por parte de algunos funcionarios, sin experiencias y sin conocimientos, lo cual preguntó a las autoridades de Hacienda ¿por qué si hay 20 mil expedientes importantes para el Estado costarricense, se tiene esa custodia en manos de un funcionario sin experiencia?

Fernando Rodríguez Garro, Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, señaló que la administración tributaria incluyendo la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Hacienda y la Policía de Control Fiscal, podrá tener aproximadamente unos dos mil funcionarios, así como 25 funcionarios en el Departamento de Cobros.

Priscilla Piedra Campos, Directora General, respondió que cuando esa dirección inició ya existían esa cantidad de funcionarios y que debido al problema fiscal es que no se ha podido aumentar la cantidad de funcionarios.

Piedra, ante una consulta del diputado Vargas, sobre el desorden que se ha notado en el tema de expedientes, manifestó que “tengo entendido que el desorden es histórico, la administración incluso, del Departamento de Cobro Judicial, estuvo algunos años en la Administración Tributaria, después se traslada nuevamente a la Dirección General de Hacienda, pero los informes establecen que desde el año 2010, parecieran que existen estos problemas”, dijo Piedra.

Marta Monge Salazar, Jefa del Departamento de Cobro Judicial, desmintió que se haya perdido expedientes, dijo que actualmente se encuentran en una auditoria y que no ha habido desorden sino más bien falta de recursos y personal para la custodia de esos expedientes.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

29 de marzo del 2017 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, dictaminaron en forma positiva, el expediente 20161 Reforma a varios artículos de la Ley 7798 Creación del Consejo Nacional de Vialidad.

La iniciativa pretende incluir los mejoramientos puntuales dentro de las actividades de conservación vial y así habilitar el uso de recursos de destino específico para la ejecución de este tipo de obras menores, limitando a la vez el porcentaje a utilizar con el objetivo de no desvirtuar esta nueva actividad.

El proyecto regula la conservación y construcción de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial nacional. Se denomina conservación vial, conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías y puentes, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario.

Así mismo el concepto de mantenimiento periódico comprende el conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o recapados asfálticos (recurso utilizado en la recuperación de pavimento) evitar el surgimiento de grietas reflectadas o de secciones de concreto, según el caso, sin alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente.

En cuanto a mejoramientos puntuales la iniciativa establece que corresponden a mejoras o modificaciones localizadas del estándar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la seguridad vial.

Así mismo se consideran mejoramientos puntuales la construcción de bahías de autobuses, el mejoramiento de cruces, la ampliación puntual de la calzada para ubicar un carril de giro; así como corregir el alineamiento vertical u horizontal de puntos con incidencia de accidentes de tránsito.”

Para cumplir con la responsabilidad de intervenir la red vial nacional, el Consejo Nacional de Vialidad está obligado a elaborar planes anuales y quinquenales de inversión, los cuales definirán los progresos durante estos períodos.

El monto máximo a invertir para los mejoramientos puntuales considerados parte de la conservación vial se limita hasta el diez por ciento (10%) del monto asignado a los contratos de conservación vial; se excluyen expresamente los mejoramientos que impliquen cambios sustanciales de estándar.”

El diputado Gerardo Vargas Varela manifestó que al aprobar esta reforma a varios artículos de la Ley 7798 viene a dar un aporte importante al tema de carreteras en este país, sin embargo dijo que ojala que cuando el proyecto pase a Plenario Legislativo y sea ley de la República ayude a agilizar uno de los temas que están más entrabados en Costa Rica, que es el tema de infraestructura vial.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

29 de marzo del 2017 – Álvaro Ramos, Superintendente General de Pensiones, presentó una propuesta a la reforma al Régimen de Pensiones del Poder Judicial, con el objetivo principal que dicho fondo se limpie y sanee sus finanzas.

Ramos compareció en la Comisión Especial de estudia el régimen de pensiones del Poder Judicial con el objeto de que expusiera la propuesta con base en un estudio que realizó la Universidad de Costa Rica.

Los diputados acogieron un texto sustitutivo al proyecto de ley de reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial.

Añadió que hay un problema actuarial de gran magnitud, que existe un déficit de 5.3 millones de millones de colones, sin embargo dijo que eso es el escenario base, pues recordó que puede haber un escenario mayor que se puede duplicar.

Ramos expuso el fondo se parte en dos grandes poblaciones, una los pensionados actuales y aquellos servidores activos que están a 18 meses de cumplir los requisitos para obtener su pensión y todos los demás servidores judiciales.

Explicó que la Administración de dicho fondo pasaría del Consejo Superior del Poder judicial a una junta administradora esencialmente modelada en SUPEN, así mismo se reafirman las atribuciones de la SUPEN y el CONASIF para regular y supervisar dicho fondo sano del Poder.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

28 de marzo del 2017 – Álvaro Camacho, Presidente de Asociación Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), advirtió que dejar sin efecto la exoneración del pago de impuesto por la importación de materia prima para la producción de medicamentos traería efectos negativos en la industria farmacéuticos.

Añadió que además dejar sin efecto las exoneraciones vigentes podría afectar la salud de la población costarricense dejando ver que aumentaría el precio de los medicamentos

Camacho hizo la advertencia por el trámite del expediente 19531 ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino, que se tramita en la Comisión Permanente de Hacendarios.

El proyecto ocupa el primer lugar del orden del día en la comisión y busca ordenar las exoneraciones y establecer sanciones para el incumplimiento de la Ley, así como eliminar algunas de las 260 que se encuentran vigentes.

Camacho sostiene que es necesario mantener el beneficio para la producción de medicamentos pues aseguró que importación de materia prima ha ido en aumento pasando de cinco mil a 15 mil millones de dólares.

Recalcó que la industria farmacéutica genera 1500 empleos directos y más de tres mil indirectos destacando la mano de obra especializada, por lo que una caída en la producción de medicamentos sería otro factor negativo.

Para el representante de las farmacéuticas una medida como la eliminación de la exoneración en la importación de materia prima vendría a complicar aún más la situación para este sector pues desde el 2004 la Caja del Seguro Social disminuyó la compra de productos a los industriales nacionales.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de marzo del 2017 – La Contralora General de la República, Marta Acota Zúñiga, señaló una serie de debilidades y advertencias sobre la construcción del camino definitivo de acceso a la Terminal de Contendedores de Moín y la ruta Nacional 257.

Acosta Zúñiga compareció junto con el Ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Carlos Villalta Villegas, el Director del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), German Valverde González y Sergio Alfaro Salas, Ministerio de la Presidencia, quienes se refirieron a la investigación sobre la terminal.

Señaló que la Contraloría otorgó autorización al CONAVI para llevar a cabo dos procedimientos de contratación directa concursada para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas, para la ejecución de los estudios previos, diseño y construcción de la Ruta Nacional 257 por un monto de $78.000.000,00.

Añadió que según el cronograma de la contratación preparado por el CONAVI, para lograr los estudios previos, diseño y construcción de la citada ruta, la orden de inicio se debía emitir en el período comprendido entre el 16 y 22 de junio de 2016, sin embargo, ese Consejo se encontraba en el citado período efectuando la evaluación de las ofertas y consecuentemente, no se había emitido el acto de adjudicación de la contratación referida.

En su exposición, la Contralora dijo que desde el año 2012, fue enfática en señalar a la Administración la necesidad de establecer un “plan de abordaje” de manera que se garantizara oportunamente el acceso vial definitivo y con ello, la aplicación de una menor tarifa en beneficio de los usuarios del servicio portuario estipulada en el Contrato de Concesión.

Entre otras advertencias, la Contralora apuntó que la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial de CONAVI había señalado en abril de 2015 que las coordenadas geográficas del acceso provisional construido en el 2014- no coincidían con las coordenadas geográficas del acceso de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y recomendó desde entonces, analizar detenidamente esta situación por considerar que se podían requerir gestiones ante otras instituciones y que la franja de derecho de vía de 60 metros, fue dada con respecto al alineamiento del acceso provisional.

Ante esto, el ministro Carlos Villalta, manifestó la orden de inicio de la obra se dio con dos meses de desfase, pero consideró que con el esfuerzo que están realizando a la fecha, dicho atraso van a poder ser cubiertos o adelantados para poder cumplir con la entrega de las obras en el plazo requerido.

“Reitero que no hay ni error ni pifia, cuando se sacó la licitación a concurso ya sabíamos del ajuste y una gestión para poder asegurarnos para que se diera la conexión entre la ruta definitiva y la Terminal de Contenedores de Moín”, comentó el Ministro.

German Valverde indicó que la obra se compone de una carretera de 2.1 kilometro, con una primera sección a nivel que luego se eleva 6 metros de altura sobre la línea férrea y el Río Moín, para entroncar la Terminal de Contenedores de Moín, el plazo de ejecución es de 20 meses y el monto adjudicado es de 71.85 millones de colones.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Irene Rodriguez Mena, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de marzo del 2017 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales, dictaminó el expediente 19998 Aprobación del Convenio de cooperación para el financiamiento de inversión de CR-X1014 entre la República de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar un programa de energía renovable y distribución de electricidad.

El objetivo del Convenio es establecer un marco de cooperación para contribuir a la mitigación de los impactos del cambio climático, al crecimiento económico sostenible y al fomento de la integración regional mediante el Mercado Eléctrico Regional.

Costa Rica es un país conocido por sus esfuerzos en tener políticas a favor de la protección del medio ambiente en un marco jurídico en beneficio del desarrollo sostenible y la calidad de vida de las personas.

Sustentado bajo esas premias la aprobación de este Convenio tiene como objetivo financiar un proyecto de energía renovable en la que el Instituto Costarricense de Electricidad será el responsable de garantizar la calidad, planificación y operación de dicho proyecto por ser la institución autónoma del Estado responsable del sistema eléctrico nacional. El Banco Interamericano de Desarrollo será el ente financiero encargado de otorgar los recursos mediante préstamo, para la ejecución de dicho proyecto.

Ambas instituciones en el pasado han trabajado bajo esas condiciones para la ejecución de otros proyectos, por lo que lo estipulado en este convenio no es ajeno para ambas, el proyecto principal para el convenio que contiene este proyecto es “programa de energía renovable transmisión, y distribución de electricidad”.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Pablo Quirós, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de marzo del 2017 – Personeros de la Dirección Nacional de Aduanas confirmaron una evasión fiscal, por parte de 335 empresas importadoras, que asciende a a los 53 mil millones de colones.

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Rosibel Barrantes, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

15 de marzo del 2017 – El Director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Mariano Figueres Olsen desmintió ante la Comisión de Derechos Humanos que dicha institución halla desparecido archivos, haga escuchas de comunicaciones y fichaje de ciudadanos.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

15 de marzo del 2017 – Mariano Figueres, Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), aseguró que esta dirección, no realiza escuchas telefónicas y no cuentan con la capacidad tecnológica para dicho proceso, en su comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

En el tema de escuchas telefónicas reiteró que la Dirección de Inteligencia y Seguridad en Costa Rica no realiza escuchas de telecomunicaciones, pero además desde un punto de vista de capacidad tecnológica, no existe hoy, y para ello, manifestó que han invitado a lo largo del proceso de construcción de esta ley, a diputadas y diputados que puedan verificar en las instalaciones, que existen las capacidades tecnológicas, para hacer intervenciones.

“Producto más bien de gestiones realizadas dentro de este Gobierno por esta Dirección de Inteligencia, hoy se puede decir en Costa Rica, que el único lugar donde se realizan escuchas de comunicaciones, es en el Centro de Intervención Judicial del Poder Judicial, que es una dependencia directa de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, aclaró Figueres.

El compareciente dijo que busca un balance entre dos cosas importantes, los derechos humanos y la seguridad del país, pues consideró que ambos temas fortalecen nuestra democracia.

“Si no tenemos un absoluto respeto de los derechos humanos de nuestras prácticas de construcción de inteligencia, esas prácticas son espurias inaceptables en una democracia y al mismo tiempo, sino tenemos un organismo de inteligencia fuerte, podemos correr el riesgo ante las amenazas regionales que enfrentamos hoy, de caer en una situación que podría incluso ser de un estado fallido, como tenemos lamentablemente vecinos cercanos que están en esa condición”, comentó.

Fuente: Asamblea Legislativa.