Comisiones – Página 101

Banca para el Desarrollo pasa al plenario para discusión final

Luis Pablo Quirós Araya, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

26 de junio del 2013

La Comisión Permanente Especial de Banca para el Desarrollo dictaminó afirmativamente con seis votos a favor y tres en contra el proyecto No. 17502 “Fortalecimiento de Banca para el Desarrollo”, cuyo objeto es fortalecer el patrimonio del fideicomiso con recursos provenientes de Instituto Nacional de Aprendizaje.

Según indicó el diputado Walter Céspedes Salazar la iniciativa pondrá a disposición cerca de $500 millones, para aquellas personas, micro, pequeña o mediana empresa que deseen emprender su propio proyecto.

“Lo que se busca es que aquellas personas que hoy no son sujeto de préstamo en un banco porque no cumplen los requisitos ó porque no tienen acciones para respaldar el crédito puedan recibir el financiamiento para concretar su proyecto.

Por ejemplo: si un estudiante de un colegio vocacional cuando concluye sus estudios quiere comprar un torno para establecer un taller, por medio de Banca para el Desarrollo pueda hacerlo”, comentó el legislador Céspedes Salazar.

En la propuesta se incluyen a todos los sectores productivos y para acceder al financiamiento es necesario establecer la rentabilidad de la propuesta.

Los legisladores libertarios Manuel Hernández Rivera y Patricia Pérez Hegg, además de la liberacionista Alicia Fournier Vargas, mostraron su disconformidad a través del voto negativo.

La diputada Pérez Hegg, presidenta de la comisión, señaló que la iniciativa tal y como fue dictaminada no cumplirá con la expectativa y propósito generado. “En realidad los nudos gordianos no se han resuelto, entre ellos el tema del peaje bancario, los recursos, la supervisión diferencial, los expedientes de crédito, el acceso real y el hacerlo bancable para todos, entre otros aspectos que considero deben modificarse” dijo la libertaria.

El proyecto introduce una reforma al inciso b) del artículo 16 de la Ley No. 8634, Sistema Banca para el Desarrollo, de manera que el Consejo Rector pueda determinar en qué casos los fondos para financiar servicios no financieros y de desarrollo empresarial, puedan tener el carácter de no reembolsables con el propósito de apoyar y garantizar el éxito de los programas, viables y factibles autorizados por el mismo Consejo.

Los bancos públicos podrán canalizar recursos del Fondo de Crédito para el desarrollo por medio de colocaciones a asociaciones, cooperativas, Organizaciones No Gubernamentales u otras entidades formales siempre y cuando cumplan y se adecuen a lo establecido en la ley.

Donarán terreno a Asada de Pérez Zeledón

Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

25 de junio del 2013

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 18582, que autoriza al Estado a donar un terreno a la Asada de San Rafael Norte y La Ese de Pérez Zeledón.

Según explicó la diputada Xinia Espinoza Espinoza, proponente de esta iniciativa, “este proyecto es muy importante porque permite al Estado donar un terreno, de 500 metros cuadrados, necesario para construir los edificios administrativos de la asada, los que son de primera necesidad”.

La Asada de San Rafael Norte y La Ese de Pérez Zeledón fue creada en el mes de mayo de 1996 y actualmente atiende a un total de 450 usuarios (número de previstas activas) y a un total de 1800 personas que pertenecen a las comunidades de La Ese, San Rafael Norte, Matasanos y El Relleno.

Es importante destacar que la actividad que desarrolla la Asada no solamente se circunscribe a la prestación del servicio de agua potable sino que también realiza acciones tendientes a la protección de la naturaleza, especialmente aquellas relacionadas con la protección del bosque y las fuentes de agua.

Es de mucha importancia destacar la estrecha relación que existe entre un buen servicio de agua potable a los ciudadanos y la salud de los mismos. No admite discusión que el acceso al agua potable de calidad es un factor fundamental para tener una población sana. Y una población sana es una población con mucha mayor capacidad de acceder al estudio y de incorporarse exitosamente al mercado de trabajo.

Crean comité nacional de las mujeres cooperativistas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

25 de junio del 2013

Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de la Mujer, dictaminaron en forma positiva el expediente 18199 Democratización de las diferentes instancias de decisión del Movimiento Cooperativo y la Creación del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas (CONAMUJER).

La iniciativa pretende crear el Comité Nacional para la Equidad e Igualdad de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo que tendrá como objetivo promover, impulsar, incidir y fiscalizar la incorporación de perspectiva de género en el movimiento cooperativo para el desarrollo económico, político y social de la mujer cooperativista en igualdad trato y condiciones con los hombres cooperativistas.

Para ello, coordinará esfuerzos con organismos nacionales e internacionales, cooperativos y no cooperativos, gubernamentales y no gubernamentales.

Así mismo dicho comité tendrá dentro de sus funciones formular, diseñar, impulsar y fiscalizar la política para la igualdad y equidad de género del movimiento cooperativo.

Esta política se diseñara tomando en cuenta las brechas e indicadores de género así como la agenda de las mujeres producto del diagnóstico de sobre la condición y posición de las mujeres en el movimiento cooperativo.

También se encargará de resguardar los derechos de las mujeres cooperativistas consagrados tanto en declaraciones, convenciones y tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico costarricense, promoviendo la igualdad entre los géneros y propiciando acciones afirmativas tendientes a mejorar la situación de la mujer.

Propiciará la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad con los hombres.

Otras de las funciones importantes son de coordinar con el Instituto Nacional de las Mujeres actividades y acciones necesarias para la implementación de la Política de Igualdad y Equidad de Género del Movimiento Cooperativo manteniendo los grados de autonomía de cada institución y los principios cooperativos.

Finalmente el comité se financiará con el diez por ciento (10%) del presupuesto general de CONACOOP, calculado al cierre del ejercicio económico anterior.

Nueva ley busca profesionalizar a la policía

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de junio del 2013

Profesionalizar los cuerpos policiales con que cuenta el país es el objetivo primordial del expediente 18751 Ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, al cual el Ministro de Seguridad, Mario Zamora pidió su aprobación ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

En una sesión de trabajo el jerarca manifestó a los legisladores la necesidad de modernizar la estructura policial existente, permitiendo resolver los problemas que aseguró sufre el principal cuerpo policial como es la fuerza pública con más de 14 mil efectivos.

La propuesta plantea varias reformas entre ellas la institucionalización de órganos que operan en la actualidad de hecho como es el Consejo Superior de Oficiales que facilitará la toma de decisiones aseguró Zamora.

El proyecto permite la designación de agregados policiales nombrados por el Consejo Superior de Oficiales que serán funcionarios de alto perfil y amplia experiencia y solvencia moral que representarán al país en naciones como Nicaragua, Panamá, México y Colombia entre otros.

Además crea el Tribunal de Conducta Policial que resolverá los asuntos relacionados con la materia disciplinaria policial y en los casos en que la sanción a imponer sea el despido, elevará las diligencias al Poder Ejecutivo para la emisión del respectivo acuerdo.

El Ministro dijo que esto permitirá una mayor rigurosidad a la hora de supervisar a los oficiales policiales para ser más exigentes en los procesos de indagación.

Una de las novedades de la propuesta es que se propone el cambio de nomenclatura de la Fuerza Pública, pues aseguró el ministro Zamora, el nombre actual refiere a la integración de las fuerzas armadas lo que a nivel internacional da una idea equivocada de lo que tiene el país por lo que se propone el de policía civil.

Otro de los cambios que se introduce explicó Zamora, es la creación de un programa que permite que los recursos sobrantes de cada año se destinen a un fideicomiso operativo a cargo de un banco público para destinarlos a financiar proyectos a largo plazo.

Contraloría advierte por sostenibilidad de deuda pública

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de junio del 2013

Marta Acosta, Contralora General de la República, externó la preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo, ya que sigue presentando un aumento paulatino como resultado del balance fiscal.

La jerarca de esta dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, quien se refirió a la liquidación del Presupuesto del año 2012.

Acosta resaltó que la deuda pública está creciendo un 2% del Producto Interno Bruto, PIB, anualmente, por lo que advirtió que si eso continúa así se alcanzaría en un par de años niveles de un 40%.

En este mismo sentido añadió que producto de ese desbalance fiscal que arrastra el país por muchos años, se siguen financiando gastos corrientes con endeudamiento, con lo cual no se cumple con el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos.

“Este es un tema recurrente la Asamblea Legislativa todos los años aprueba el presupuesto en esas condiciones, lo cierto es que la Contraloría recomienda que se tomen medidas graduales para que se pueda resolver este tema en el mediano y en el largo plazo”, puntualizó.

En el tema de remuneraciones, la Contralora General de la República, manifestó que creció el año pasado en términos reales en un 5%, lo cual aunque si se ha mostrado una disminución en el ritmo de crecimiento de la partida de remuneraciones evidencia la necesidad de ajustes en materia de empleo público.

“Son muchos los informes y las acciones que ha tomado la contraloría con el propósito de ir ordenando el tema de empleo público, pero igualmente la administración y la Asamblea Legislativa también deberían de tomar algunas decisiones en esta materia”, comentó.

Finalmente mencionó que en al año 2012 se cumplió con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, sobre el porcentaje de gasto destinado a la educación, “aquí lo que queda es una discusión de fondo, recordemos que el bono demográfico de nuestra población se está revirtiendo, hay que cuestionarnos cuál es la calidad de la educación que le estamos dando a nuestros niños y jóvenes”.

Experto apoya aprobación de convenio sobre la ciberdelincuencia

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de junio del 2013

“Si nos adherimos al Convenio sobre la Ciberdelincuencia estaríamos entrando a las grandes ligas del combate a este flagelo. Hay mucho que hacer a nivel interno pero Costa Rica tiene el liderazgo en capacidad tecnológica para asumir este reto” dijo el abogado experto en derecho informático, Cristian Hess Araya ante la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior que estudia el expediente 18.444 relativo a la aprobación de dicho Convenio.

Hess Araya explicó que retrasar la firma de este acuerdo sería dar una mala señal al mundo en el sentido que nuestro país no tiene ni seriedad ni preparación para combatir este tipo de delitos.

El Convenio busca integrar esfuerzos a nivel internacional para disminuir la vulnerabilidad de los ataques a los sistemas informáticos y combatir la práctica del delito informático. “Es el primer instrumento multinacional diseñado para combatir el problema”, dijo Hess.

El especialista mencionó a los congresistas de la Comisión que los delitos que se combatirían son los relativos al acceso ilícito, interceptación o interferencia de datos (como el robo de identidad); a los delitos informáticos como el fraude; a aquellos relativos a su contenido como la pornografía; o a los que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual.

El experto explicó a los diputados que el convenio establece una guía para que los países promulguen leyes específicas, lo cual es una tarea que en el caso de Costa Rica, hay que hacer.

El compareciente puntualizó a los legisladores que los sistemas informáticos atraen cada vez más la atención de los delincuentes por el valor que significa la información que contienen esos sistemas.

Añadió que hay factores que dificultan su combate como la velocidad con la que actúan, la facilidad de encubrimiento, la indiferencia de la opinión pública, el temor de denunciar los delitos y el perfil no tradicional del delincuente.

En el caso de nuestro país, Hess Araya añadió un factor más que denominó como “ensalada normativa” al referirse a que en Costa Rica hay normas dispersas e inconsistentes, vacíos legales y errores legislativos en otras lo que genera incertidumbre jurídica sobre lo que está vigente en la materia.

Ante consulta de las legisladoras del PAC, Jeannette Ruiz Delgado y María Eugenia Venegas Renauld, Hess Araya explicó a los diputados que el Convenio contempla la posibilidad de hacer reservas sobre ciertos puntos como podría ser los plazos de implementación.

Asimismo sugirió la integración de una comisión de alto nivel por parte del Poder Ejecutivo para que expertos en la materia diseñen un plan de cumplimiento de los compromisos que se incluyen en el Convenio.

Los diputados integrantes de la Comisión aprobaron convocar en audiencia al Ministro de Justicia para que se refiera al tema.

Modifican prioridades en objetivos del Banco Central

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de junio del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente un proyecto que pretende que el Banco Central de Costa Rica (BCCR), al tenor de su potestad de emisión monetaria e influencia en la definición de tasas de interés y tipo de cambio, coloque el factor de empleo en el mismo nivel de importancia que la meta inflacionaria.

El proyecto aprobado bajo el expediente 18.056 Modificación al artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558 de 25 de noviembre de 1995, busca que el Banco genere políticas para que no solo se controle la tasa de inflación sino que se posibilite el crecimiento de la economía y de la fuerza laboral.

La diputada libertaria Patricia Pérez Hegg, quien suscribió el informe afirmativo de subcomisión sobre este proyecto, alabó la iniciativa porque es importante que el Banco Central cuando fije la meta de inflación no solo cuide los precios sino el nivel de empleo. “No estamos agregando nuevos objetivos al Banco, lo que estamos es dándole la misma prioridad al tema del empleo respecto a la inflación”.

Pérez Hegg explicó que una política monetaria y cambiara supeditada exclusivamente al control de la tasa de inflación también genera costos sociales tan elevados como los de una tasa de inflación elevada. “El costo social visible de tal política se manifiesta en la tasa de desempleo formal y en la cantidad de fuerza laboral de carácter informal. Eso es lo que queremos evitar con este proyecto”.

El Banco Central, ante una consulta del diputado del PUSC, José Roberto Rodríguez, reiteró su posición respecto a la inconveniencia de aprobar el proyecto tal y como está, pues ellos consideran que lo que se debe hacer es una reforma integral. “Es importante que se realice una amplia discusión y análisis de qué otros cambios se requeriría hacer a la Ley Orgánica del BCCR para cumplir con la jerarquía de objetivos que se le asigne” dice la misiva enviada al diputado.

Recursos para Guías y Scouts

La Comisión también dictaminó afirmativamente el proyecto 18.677 Reforma al inciso n) del artículo 9 de la ley nº 7088, de 30 de noviembre de 1987 y sus reformas.

El proyecto señala que en adición al impuesto a la propiedad de vehículos se establece un aporte anual por vehículo de mil setecientos colones (hoy de mil colones) que será distribuido entre diversas organizaciones sociales.

A la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica le corresponderá un 56%; al Centro Diurno de Atención al Ciudadano en la Tercera Edad (ASCATE) un 10%; a la Asociación Hogar Ancianos de Pérez Zeledón un 4%; al Patronato Nacional de Rehabilitación un 15% y el restante 15% a la Asociación Pueblito de Costa Rica.

Para el caso de los Scouts, el proyecto dictaminado también obliga a que esa Asociación distribuya un 25% de lo que se le otorga a los grupos activos que estén debidamente inscritos.

La Comisión también rechazó dos expedientes, el 18021 Reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, nº 7558 y sus reformas, para incentivar el ahorro nacional y la inversión a través de la reducción del encaje legal, y el 18616 Reforma del artículo 20 y adición de un nuevo artículo 20 bis a la ley nº 7789 del 30 de abril de 1998, transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.

Pesca de arrastre es una pésima práctica no amigable con ambiente

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de junio del 2013

Helena Molina Ureña, Representante de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó que la pesca de arrastre de fondo que se realiza en Costa Rica, es una pésima práctica que va en contra del bienestar del ecosistema.

Ureña compareció ante los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, junto con Ingo Wehrtmann para que se refirieran al expediente 18543 Reforma al artículo 2, numeral 27 en su inciso d), el artículo 43 en su inciso d) y deróguese los incisos A y B del artículo 47 de la Ley 8436 Ley de Pesca y Acuicultura.

“El arrastre de fondo es una pésima práctica, que va en contra del bienestar y del ecosistema, busca una manera fácil y corta de hacer las cosas pero destruyendo su propio sistema, las fotos son muy claras de lo que sale en aguas profundas”, externó Ureña.

En este mismo sentido añadió que desde ese punto de vista, su opinión técnica personal es que ese tipo de pesca de arrastre tal y como se está realizando en nuestro país no es nada amigable con el ambiente, porque rompe con las principales condiciones del código de conducta de pesca responsable.

Explicó que la idea es ir poco a poco variando todas las malas prácticas que se están aplicando ya sea en el ambiente terrestre con agricultura o en el ambiente acuático con las pesquerías, e ir buscando alternativas más amigables con el ambiente.

“El desarrollo tecnológico y educativo que tiene Costa Rica en particular la pone en una situación muy especial para llevar la batuta en modificaciones significativas en la forma en que nosotros tratamos los recursos naturales y eso me refiero en manera global”, comentó.

Finalmente mencionó que a nivel mundial la crisis ya se está dando, por lo que es importante buscar de qué manera se puede ir recuperando algunos de las poblaciones y recuperando algunos de los habitad.

“Ese tipo de cosas no se deberían estar haciendo porque no solo afectan a muchas especies que no tienen que ver directamente con el interés comercial sino que también destruye habitad, para las mismas especies comerciales, entonces desde varios puntos de vista es nocivo”, señaló Helena Umaña.

Sociedades de Convivencia a subcomisión

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de junio del 2013

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos decidió enviar a subcomisión el proyecto de Sociedades de Convivencia.

La medida la tomaron en vista de que a la iniciativa le fueron presentadas 500 mociones y la intención es analizarlas a profundidad.

“Unas incluso de estas mociones son inconexas así que trabajaremos fuertemente en esa subcomisión para en el plazo requerido rendir un informe que pueda ser conocido por la comisión en pleno”, dijo la diputada Carmen Muñoz Quesada.

Los diputados que tendrán a cargo la labor de revisión de las mociones y de proponer alguna posición a Jurídicos son: Fabio Molina Rojas del Partido Libración Nacional, José María Villalta Florez-Estada del Frente Amplio y la proponente del proyecto Carmen Muñoz Quesada, quien la coordinara.

La subcomisión que analizara el proyecto de Sociedades de Convivencia tendrá dos meses para rendir el informe. La iniciativa pretende crear y regular una nueva figura llamada “sociedad de convivencia” con el fin de proteger derechos personales y patrimoniales de las parejas constituidas por personas del mismo sexo.

Con este objetivo, se propone crear un marco legal básico e introducir reformas al Código Civil (artículos 543 y 572), Código Notarial (artículo 7), Ley General de Migración y Extranjería (artículos 73, 78 y 79), Código Procesal Civil (artículo 420), Código de Trabajo (artículo 85) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, los artículos 43 y 63.

Los derechos personales y patrimoniales que se pretenden reconocer a quienes formen una Sociedad de Convivencia son los siguientes: régimen patrimonial; beneficios del sistema de seguridad social, del sistema financiero nacional para la vivienda y el resto de prestaciones estatales; herencia legal; permiso laboral por fallecimiento de conviviente; consentimiento informado sobre decisiones en temas de salud del conviviente cuando este no pueda darlo por sí mismo; ser beneficiarios de seguro y mutualidades; visita especial en caso de hospitalización o privación de libertad del conviviente; financiamientos comunes; ejercicio de la curatela del conviviente; ser titular del arrendamiento de la casa; residencia; régimen de protección de la vivienda y; alimentos mutuos.

Banco Central pide una mayor modificación de la Ley Orgánica

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de junio del 2013

Esta tarde se recibió en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos en audiencia a Rodrigo Bolaños, Presidente del Banco Central de Costa Rica y a Guillermo Zúñiga, Ex ministro de Hacienda y Ex diputado, para referirse al expediente 18056, modificación del artículo 2 de la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica.

En el proyecto propone, pasar los objetivos subsidiarios, que se refieren al uso de las reservas monetarias internacionales, a la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y a promover un sistema de intermediación financiera, a objetivos Principales según se propone en el artículo 2.

Rodrigo Bolaños se refirió al tema aclarando que “no es que el Banco Central, no quiera que se modifique los objetivos si no podría decirse que le hace falta mucho más”.

Explicó que el proyecto está incompleto y que si se quiere cambiar y asignar más responsabilidades también hay partes importantes del resto de la Ley Orgánica del Banco Central que se necesitan modificar.

Antes de hacer cambios se debe preguntar si el banco tiene los suficientes instrumentos y condiciones para cumplir con esa nueva jerarquía.

Bolaños añadió, que no se tiene suficiente poder, ni instrumentos para que la entidad bancaria pueda cumplir, porque tiene una situación financiera deficitaria, tiene más gastos por interés que lo que recibe de ingresos, y también hace uso máximo de los encajes no remunerados y eso limita la efectividad de los instrumentos monetarios.

El Presidente del Banco Central finalizó comentando que “Al modificar y subir el nivel y pasarlo a uno de los objetivos principales, se debe hacer la pregunta de cosas adicionales se requieren para que el banco pueda cumplir con ese cambio que se propone”.

El exdiputado Guillermo Zúñiga y firmante del proyecto, aclaró que en la Ley Orgánica del Banco Central, los objetivos subsidiarios de promover el ordenado desarrollo de la economía para lograr la ocupación plena, procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionarias que surjan.

Según Zúñiga el objetivo fue que pasaran a primer objetivo y ese cambio no instruye materia novedosa si no, un cambio en la categorización de los objetivos, de esa forma el Banco Central debe conjugar con mayor rigor los objetivos primarios que se le imponen.