Categoría: Comisiones

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

9 de abril del 2013

Aunque no están de acuerdo con la creación de un impuesto para crear un timbre para el mejoramiento de la justicia, de aprobarse solicitaron que  el tributo tenga un destino específico dijo Luis Ortiz Zamora Asesor Legal de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica.

Ortiz Zamora compareció junto con el magistrado Fernando Castillo en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para referirse al expediente 17526 ley de creación del timbre para el mejoramiento de la justicia.

El jurista  apuntó que al sector financiero se le cargan responsabilidades y estas ya suman el 48% y no es posible que se le sumen más tributos.

Para el magistrado Castillo Víquez  el proyecto de ley no resulta contrario a la Constitución Política pues la tarifa propuesta es razonable.

Explicó que el 0.5 % propuesto no es desproporcionada para el Poder Judicial, que al igual que otras entidades estatales, tiene  limitaciones en cuanto a edificaciones y el tributo tiene un destino especifico como es soporte logístico informático de las oficinas jurisdiccionales.

Los recursos del  timbre ayudarán a fortalecer la parte tecnológica, en la era digital, al pasarse del expediente físico al virtual actualmente la Sala Constitucional el  98% de las votaciones son electrónicas.

Solicito  a los diputados que es necesario dejar claro en la ley, quien asume el costo del timbre, porque de no hacerlo, este  se podría cargar a los  demandados en las costas procesales o bien establecer que  este tributo seria  a cargo de los demandantes.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

9 de abril del 2013

Allan Hidalgo Campos, Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), señaló que la figura de concesión, arrendamiento o permiso de uso, daría seguridad jurídica, a los pobladores de Limón, que habitan aéreas de dominio público.

Hidalgo compareció en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, para que se refiriera al expediente 17838 Ley para brindar seguridad jurídica a los poseedores sobre la finca inscrita a nombre de JAPDEVA, de la provincia de Limón.

“El tema de la titulación es un tema ya abordado por la Sala Constitucional y ellos han contestado diciendo que no pueden ser sujetos de titulación, bienes que son de dominio público, hay que buscar una solución y esta es dar como alternativa una figura que podría ser la concesión, el arrendamiento o el permiso de uso”, explicó el compareciente.

En este mismo sentido añadió que es muy fácil resolver el problema a la gente que habita la zona de Tortuguero, Colorado o Barra de Parismina, porque ya viven en esos lugares, sin embargo Hidalgo se preguntó con aquellos poseedores que tienen mega fincas, que desarrollan una actividad económica, incluso personas que cuentan con 200 hectáreas.

“Entonces que limites le vamos a poner, porque el objetivo fundamental que todos buscamos es ponerle limites, ayudar a la gente humilde y sencilla, pero con todas aquellas empresas y personas que desarrollan actividades lucrativas, con bienes que son de dominio público y que tienen grandes extensiones de tierra, cuales son los limites que les vamos a poner, el gran reto se centra ahí”, comentó.

El Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, sostuvo que evidentemente existe un problema social y económico en esas zonas, pero que la titulación de tierras no es la mejor forma, debido a que de las 132 mil hectáreas que hay, según un estudio realizado, al menos 80 mil hectáreas son patrimonio natural del Estado.

“La diferencia es lo que eventualmente podría ser sujeto de algún tipo de figura que podría sentar un nivel de seguridad jurídica, hablamos de concesión, arrendamiento o permiso de uso, por eso hemos pensado que como Gobierno la solución no está en un proyecto de ley exclusivamente para JAPDEVA sino varios proyectos de ley de manera integral, que venga a darle una solución a la problemática en general de este país”, puntualizó Allan Hidalgo.

Finalmente dijo que existe una comisión de alto nivel integrada en Casa Presidencial que está analizando ver la posibilidad de presentar tres proyectos de ley para poder solucionar dicho problema y evitar que haya abusos en esas tierras.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

9 de abril del 2013

El Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pedro Castro Fernández compareció ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para aclarar dudas y defender la concesión de  la ruta San José – San Ramón.

El jerarca indicó que por ley el Consejo Nacional de Vialidad se encuentra imposibilitado para construir una obra de estas dimensiones dado que su prioridad es dar mantenimiento a la red vial nacional y de hacer la construcción se quedaría sin dinero para invertir por cinco años.

El jerarca explicó detalladamente a los diputados los beneficios que traerá la ampliación de esta vía a los usuarios, tanto en ahorro de tiempo como de combustible.

A su vez que defendió que las concesiones son un mecanismo para hacer la obra sin endeudamiento público y sin tener que pagar por impuestos y darle al país una obra de infraestructura que no se hubiera podido hacer de otra manera.

“Uno no podría decir que va a concesionar la ruta Cañas- Liberia por ejemplo pero son vías donde pasa un tránsito de vehículos muy pequeño y no se justificaría jamás darlo a una empresa privada”, mencionó Pedro Castro.

En total la obra contempla la construcción de diez puentes y la ampliación de ocho estructuras más que se amplían, cinco estaciones de peaje, 29 pasos peatonales, 43 bahías de buses, espaldones en la totalidad de la vía para dar seguridad.

El diputado de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán denunció que el contrato de concesión tiene una cláusula donde establece que la empresa podrá no pagar los impuestos municipales en el periodo en que se encuentre en construcción.

“El contrato establece que “la actividad de construcción de obra y explotación del servicio público otorgada en concesión, ejercida por el concesionaria, no se encontrará sujeta al impuesto de patente municipal”, señalo el legislador del PAC.

Señalo que además establece que el concesionario y sus subcontratistas no estarán sujetos al derecho de asistencia y cupón del registro establecido en los artículos 52 y 57 incisos c) de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada le cuestionó la existencia de un informe elaborado por consultores del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) donde se establecía que había la posibilidad de hacer las obras en la ruta con un mínimo aumento de los peajes sin necesidad de concesiones.

A lo que el ministro Castro contesto que no existe ninguna opción, la opción más barata es esa concesión, ya que los peajes del Estado son de mantenimiento y las tarifas no se actualizan desde el 2002.

Para el próximo martes 16 de abril a las 9:00am se espera la comparecencia del  ministro del MOPT,  de los miembros del Consejo Nacional de  Concesiones y de la Contralora General.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de abril del 2013

Rodolfo Madrigal, Vicepresidente de la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (CONCASOL), manifestó que no es posible que el solidarismo con los recursos que maneja producto del aporte de los mismos trabajadores, no pueda realizar una ampliación a su ley, para incorporar a los pensionados y  sigan formando parte de las asociaciones.
Según la ley actual de estas agrupaciones, cuando los trabajadores se pensionan, se les liquidan todos sus ahorros y dejan de formar parte de ellas, quitándoles las posibilidades a estas personas de que puedan disfrutar de una serie de beneficio como clubes, créditos, convenios entre otros.

Madrigal compareció en la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación, en conjunto con David Eduardo Solano, Director General de la Escuela Social Juan XXIII y Enrique Acosta Presidente del Movimiento Solidarista Costarricense, para que dieran su opinión con respecto al proyecto 18669 Reforma del artículo 8 de la Ley de Asociaciones Solidaristas.

“Las asociaciones solidaristas tienen inversiones en activos, y que fueron adquiridos con parte de los excedentes que fueron dejando sus asociados y  resulta que en el momento cuando se pensiones se les dice hasta aquí llegó porque la ley dice eso, entonces los inhibimos de poder disfrutar de clubes, de una serie de beneficios, convenios, universidades para sus hijos o nietos, que ayudan al desarrollo de la sociedad”, comentó Madrigal.

En este mismo sentido añadió que hoy en día uno de los grandes problemas que tiene el país es el cambio de su estructura poblacional, donde los adultos mayores van siendo cada vez más una proporción mayor y que han puesto en amenaza inclusive los sistemas de pensiones.

“Entonces no es posible que el solidarismo con los recursos que maneja producto de los mismos trabajadores, cuando ellos están de acuerdo no puedan girar una ampliación a su ley para dar la mano a esta gente que una vez que se retira no tienen posibilidades de muchas cosas, ni de créditos, ni de beneficio, ni de acceso a clubes, ni cosas que ellos mismos ayudaron a  construir”, señaló.

Por su parte David Eduardo Solano, Director General de la Escuela Social Juan XXIII, mostró una preocupación en cuanto al texto del proyecto donde se pretende reformar el artículo 8 de la ley de asociaciones, pretendiendo admitir a trabajadores pensionados, es decir que ya no tienen un vínculo con el patrono desvirtuando ese principio.

Enrique Acosta Presidente del Movimiento Solidarista Costarricense, sostuvo que abrir esa posibilidad de incorporar a los pensionados, prácticamente dijo se estaría desvirtuando ese principio que es la base fundamental sobre la cual se construyó la columna vertebral del solidarismo.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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4 de abril del 2013

Representantes de las asociaciones de Empresas de Seguridad y de los Reservistas coincidieron en que la reforma a la ley de armas explosivos puede generar la aparición de un mercado negro y aumentar la delincuencia.

Así lo manifestaron Allan Guillén Miranda, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad y Ramón Lamboglia Castillo, presidente de la Asociación de Reservistas al referirse al expediente 18050 Reforma general a la Ley de armas y explosivos que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

Ramón Lamboglia Castillo es del criterio  que la aprobación de la reforma dificultará la adquisición de un permiso para portar armas lo que propiciará la existencia de un mercado negro.

Aseguró que en el país existe un gran número de lugares   donde se puede adquirir armas y la nueva ley que se tramita incentivará ese negocio paralelo.

Por su parte  Allan García vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad destacó la labor que desempeñan en la custodia de empresas y entidades del Estado.

Aseguró que están de acuerdo en que el país cuente con una ley moderna pero cuestionó algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto en trámite por considerar que restringe el acceso al número de armas  que pueden obtener, lo que aseguró servirá para la creación de un mercado negro.

Aseguró que las armas son una herramienta para la labor que realizan “mientras los delincuentes anden armas, la seguridad privada requiere portar armas”. 

Pero enfatizó en la necesidad de contar con una ley moderna que contribuya a dar mayor seguridad a los ciudadanos y las empresas ante el aumento de delitos.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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4 de abril del 2013

Jorge Fernández Chacón, Director General de Aviación Civil, resaltó en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, los logros que se han obtenido con el Acuerdo de Gestión de servicio entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Gobierno de Costa Rica a través del Consejo Técnico de Aviación Civil.

Fernandez explicó que OACI entre sus objetivos está regular la aviación en el mundo, promover el desarrollo de la industria aeronáutica y ayudar a sus 191 países miembros a cumplir con las normas y métodos recomendados.

Entre sus logros con dicha organización, mencionó que se han realizado entre el año 2007 y 2011 el sistema de luces de aproximación, barredora de rampa,  cuatro puentes de abordaje, del aeropuerto de Liberia, adquisición de siete vehículos especializados de extinción de incendios, entre otros.

Así mismo se adquirieron equipos de rayos X y altos detectores para el Aeropuerto de Liberia, equipo de comunicación para las torres de control para el Tobías Bolaños, Juan Santamaría y Daniel Oduber.

“El sistema de luces de aproximación para el Juan Santamaría, lo cual es importantísimo ha permitido aumentar la seguridad operacional en este lugar y reducir hasta en un 30% la cantidad de aeronaves que anteriormente se iban a los destinos alternos porque no podían aterrizar en el Santamaría,” explicó Fernández.

 “Otros de los proyectos que se refrendó fue el del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur, el desarrollo del estudio de impacto ambiental que ya está prácticamente listo para ser presentado a Secretaria Técnica Nacional, SETENA, para su estudio y eventual aprobación”, dijo el Director de Aviación Civil.

Finalmente añadió que es importante sustituir el Aeropuerto Juan Santamaría, mediante un proyecto que se denominará 2025, esto debido a que es cuando concluye el contrato de gestión interesada del actual aeropuerto.

“Para esa fecha deberíamos tener un nuevo aeropuerto que sustituye el Juan Santamaría el cual para el 2025 se espera que mueva alrededor de siete millones de pasajeros y con las condiciones de limitación de pista que tiene y el área aeronáutica va hacer casi imposible, por eso necesitamos construir otro aeropuerto que tenga al menos dos pistas que pueda sobrellevar ese volumen de pasajeros.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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4 de abril del 2013

Erick Lewis Hernández, Jefe de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), manifestó que la Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, es una herramienta para poder tener cooperación Internacional en la lucha contra los delitos informáticos.

Lewis compareció en  la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior para que diera su opinión sobre dicho convenio que actualmente se encuentra en discusión en esta instancia legislativa.

 “La tecnología ahora abarca muchas acciones delictivas, en la sección no solo vemos delitos informáticos sino vemos cualquier delito donde algún medio tecnológico está de por medio, la gama ha aumentado por ejemplo en la aprobación de la reciente Ley sobre Delitos Informáticos nos ha afectado mucho por ejemplo lo que es suplantación de identidad que desgraciadamente ha habido un aumento relativamente significativo en nuevos delitos”, explicó el compareciente.

En este mismo sentido añadió que dicho convenio mejora algunas tipificaciones por ejemplo lo que es el fraude informático, que desde el año 2006 hasta la fecha se ha incrementado y deja más claro la acción como tal, que el tipo penal anterior.

Por otro lado sostuvo que se tiene problemas a nivel internacional, por ejemplo han realizado algunas operaciones con el tema de pornografía con menores de edad, sin embargo cuando el caso nace en Costas Rica y se necesita cooperación internacional de otros policías se vuelve difícil ya que el brazo de la ley llega hasta la frontera, por lo que consideró que es importante la aprobación del convenio.

“Con el convenio se ganan dos cosas, fortalecer la legislación, y nos colaborarían bastante en nuestras investigaciones. el convenio como tal y la cooperación internacional, para mí se deberían de ganar desde el punto de vista de legislación, , el país debe de tener una ley acorde a lo que en Europa solicitan y aprobar este proyecto sería lo lógico”, puntualizó.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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3 de abril del 2013

Representantes de la Asociación de Guías y Scout rindieron cuentas a los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de los recursos que reciben por concepto del  impuesto al ruedo.

Los dirigentes del movimiento expusieron la forma en que utilizan los recursos ante la solicitud de algunos legisladores de conocer el destino que le dan a los dineros provenientes de ese impuesto.

Carlos Jiménez Sandi explicó que en el 2012 se le había presupuestado 1078 millones de colones de los cuales se ejecutaron 895 millones y un 58.47% se destinó a la capacitación y educación  de sus agremiados.

Según enfatizó más del 50% de los integrantes del movimiento provienen de clase media baja ubicados dentro del Gran Área Metropolitana y se destacó la intención de establecer grupos en los cantones que aun no tienen presencia en zonas rurales.

Además dijo que cumplen con el requisito de presentar cada año el informe correspondiente a la Contraloría General de la República, además de contratar dos auditorías externas cada año.

Las inquietudes surgen ante el trámite que realiza la comisión del expediente18677 Reforma a la Ley sobre reajuste tributario reformado en la Ley de Tránsito.

En la última reforma aprobada a la ley de Transito se reduce el porcentaje del impuesto que se destina a este movimiento pasando de 1700 a  1000 colones, por lo que la iniciativa presentada por la diputada del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, PASE, Rita Chaves Casanova pretende devolverles el porcentaje inicial.

Pero algunos diputados como Marielos Alfaro Murillo del Movimiento Libertario cuestionan el mantener impuestos con destinos específicos sin establecerles plazo como es el caso del gravamen que reciben los scout desde hace  40 años.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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2 de abril del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminó el proyecto de ley que busca fortalecer al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), asegurándole que los recursos que reciben sean presupuestados como propios para que sean utilizados en la atención de la población adulta mayor del país.

La iniciativa pretende modificar el artículo 33 de esta manera el Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental con el objetivo de que tenga plena libertad para presupuestar, como propios, los recursos que reciba de cualquier institución o fondo estatal, con la debida aprobación de la Contraloría General de la República, y asignarlos a las partidas cuando lo estime oportuno.

La iniciativa establece que “junto al creciente número de personas adultas mayores, surgen mayores y nuevas demandas de servicios, por lo que el país enfrenta la exigencia de definir políticas y acciones que permitan construir las condiciones para prevenir la aparición o aumento de problemas asociados a las distintas necesidades de este sector de la población, entre ellas, la de los servicios sociales y particularmente las necesidades de acompañamiento directo, transitorio o permanente, que suministre los cuidados acordes a las características de cada persona.”

La presidenta de la comisión, Elibeth Venegas Villalobos resaltó la importancia de ayudar a esta institución por  la gran labor que realiza dada su vulnerabilidad.

La Primera Secretaria del Directorio y diputada de Accesibilidad Sin Exclusión, Rita Chaves Casanova se mostró a favor al darle mayor libertad presupuestaria a la institución para poder cumplir con sus fines.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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2 de abril del 2013

Ulises Blanco, Representante de la Comisión Representativa  de los Pueblos del Caribe Norte, manifestó que el proyecto de ley expediente 17838 Ley para brindar seguridad jurídica a los poseedores sobre la finca inscrita a nombre de Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), es muy importante porque da seguridad jurídica tanto a comunidades asentadas en esas tierras, como a diversas instituciones que se encuentran  en el lugar.

Blanco compareció en la Comisión  Permanente de Gobierno y Administración, junto con Hilda Zamora Arias, Presidenta de dicha comisión quienes  se refirieron al proyecto de ley.

“El problema de la seguridad jurídica y de la tenencia y el uso del suelo en Costa Rica es muy serio, no solamente el sector del Atlántico es afectado sino que otras partes del territorio nacional, pero lo concreto de lo que dispone el proyecto de ley 17838 queremos decir que es  inconcebible que en un país de derecho el Estado sea el que incumpla las leyes”, mencionó Ulises Blanco.

El compareciente comentó que la misma ley de JAPDEVA del año 1993, establece realizar un censo  o bien  determinara la problemática de tenencia de suelos, lo que se deja ver que desde esa época  ya había ocupantes en ese territorio.

Sin embargo no se realizó y cuando se creó el Parque Nacional Tortuguero, también en esa misma ley se ordena la titulación de los terrenos que están en propiedad de terceros.

“Cuando se hace la extensión del Parque Tortuguero, a través de la Fundación Neotrópica, ésta le compró a los finqueros, su territorio y se lo dio al Parque, entonces quiere decir que todos esos territorios han estado ocupado, y que cuando se creó el Parque, la misma ley decía que el Estado a través de JAPDEVA, debía de titular las posesiones en propiedad privada”, explicó.

“Lo que queremos decir es que la historia nos dice claramente que cuando el legislador de aquel entonces hizo la Ley de JAPDEVA no era para que ellos se dejaran el territorio ni era para hacer un área de conservación, era para acelerar un desarrollo agropecuario porque esa era la tendencia de aquel entonces”, puntualizó.

Por su parte Ana Lorena Guevara, Viceministra de Ambiente y Energía, manifestó que reconoce la situación de los ocupantes de esos territorios, sin embargo dijo que han venido trabajando fuertemente en proyectos de ley para solucionar su situación.

“Consideramos que no necesariamente todo el patrimonio natural, tiene que estar bajo la administración directa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que mucho de este patrimonio natural del Estado podría quedarse en manos de las entidades que lo poseen por ejemplo en este caso JAPDEVA”, mencionó la Viceministra.

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