Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de abril del 2013

Erick Ulate Quesada, Presidente de Consumidores Libres de Costa Rica, manifestó que el impuesto que se pretende crear para financiar el Centro del Cine y el fondo de incentivos, terminará afectando el costo el servicio como la televisión por cable que actualmente cubre el 22% de la población nacional y el precio de las entradas al cine.

Ulate compareció en la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación en conjunto con Juan Ricardo Fernández Ramírez de esta misma asociación, para que externaran su posición con respecto al expediente 18601Fortalecimiento del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que actualmente se discute en este foro legislativo.

“Sobre el financiamiento del Centro de Cine y el fondo de incentivos, al final de cuentas la creación de impuestos que van a terminar afectando el costo de las entradas al cine, la creación de impuestos que van a terminar afectando servicios como la televisión por cable que hoy cubre el 22% de la población nacional según los datos del vice ministerio de telecomunicaciones”, dijo Erick Ulate.

Así mismo añadió que para ellos como organización, este impuesto viene a representar un serio problema, porque al final de cuentas se le está cargando a la gente común el hecho de que tenga que crear, financiar y mantener dicho fondo.

“De una manera en la cual tanto la gente de menos recursos como la de más recursos va a terminar contribuyendo igual, el impuesto va hacer igual en las entradas de cine, en la televisión por cable indistintamente la condición económica de la persona, este tipo de impuestos al final de cuentas viene a perjudicar a la gente de menores ingresos que es la de al final de cuentas respecto de sus recursos económicos es la que termina contribuyendo más a este tipo de imposiciones”, puntualizó Ulate.

Otros de los puntos a los que mostró preocupación es sobre las funciones que se le asignarían al Centro Costarricenses de Producción Cinematográfica, sobre la de realizar una política pública en materia de cine.

“Cuando hablamos de una política pública a nivel general se podría eventualmente interpretar que el Centro de Cine incluso podría elaborar una política que establezca una dirección de qué se produce en Costa Rica y qué no se produce, más allá de funciones propiamente de mecenazgo que es lo que de alguna manera debería el Estado hacer en materia de arte en general, y estamos hablando en cualquier rama de arte”, comentó.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Pública, Prensa y Protocolo
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21 de marzo del 2013

Rodrigo Bolaños, Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), anunció que la economía costarricense creció el año pasado un  cinco por ciento pero, según estimaciones de esta entidad, este año podría crecer un punto menor en comparación del año 2012.

Bolaños compareció esta tarde ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, para dar a conocer el informe anual del BCCR donde contienen las variables económicas del país y las estimaciones que se pondrían en práctica para este año.

“La economía creció bastante bien durante el año 2012 a un 5% que nos parece en el Banco Central es un buen desempeño dado el entorno internacional y el entorno interno en el que se dio ese crecimiento.

Sin embargo es importante destacar, es un crecimiento que se dio concentrado en el primer semestre del año 2012 y se vino desacelerando en el segundo en buena parte explicado por un alto dinamismo que tuvieron una serie de sectores en zonas francas desde el año 2011 e inicios del año 2012”, comentó el Presidente del Banco Central.

El jerarca de esa entidad señaló que ese comportamiento real de la economía ha ayudado a generar un crecimiento en el empleo, con un crecimiento en la participación de la población económicamente activa y una reducción en el desempleo.

“El Instituto Nacional de Estadísticas señaló que en el último trimestre del año pasado, se continúa con esa tendencia al aumento en el empleo y reducción en la tasa del desempleo. Los sectores que crecieron en forma importante, por encima del promedio del 5% fueron manufactura, zonas francas igual que en el de servicios y también el sector construcción que había sido uno de los más golpeados y que se ha venido recuperándose y ya está creciendo en tasas por encima del 5%”, comentó.

Finalmente indicó que en cuanto a la meta de inflación, estuvo por debajo del nivel medio de la meta en el 4.6%,  medida por la tasa interanual a diciembre del índice de precios al consumidor, “ahí tuvimos un proceso continuo desde hace varios años de mejoras en el control de las fuentes de presión de dinero”.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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21 de marzo del 2013

El especialista Álvaro Ramos es del criterio  que las personas deben tener acceso y decidir si quieren defenderse de la delincuencia, pero sostiene que el Estado debe restringir el número de armas que circulen en las calles.

Así lo manifestó ante los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, donde se tramita el expediente 18050 Reforma a la Ley de armas y explosivos, la cual pretende regular la portación y uso  de las mismas

El problema señalo  Ramos es que la cobertura de seguridad apenas alcanza el 21% por parte de todos los cuerpos de seguridad o sea más del 70% del territorio no cuentan con ese servicio.

Esta situación dijo ha provocado que el Estado  permita que la seguridad ciudadana pase a manos de empresas privadas, lo que aumenta el número de armas en manos de particulares.

Ramos sostiene que  el Estado debe tener el control de las armas que se encuentran en manos  tanto de personas particulares como de empresas que brindan servicios de seguridad.

“Hay que  poner énfasis en la portación de armas para que el mínimo de ellas  que ande en la calle sean portadas por personas calificadas” expresó  a los legisladores.

El especialista respalda la medida contenida en la iniciativa que prohíbe la portación de armas por parte de menores de edad así como de   personas que presenten algún tipo de desequilibrio.

Así mismo se pronunció a favor de prohibir la portación de armas a quienes cuenten con antecedentes policiales y que se apliquen duras  penas a quienes incumplan la disposición.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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21 de marzo del 2013

Germán Rojas, Asesor Jurídico de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, manifestó que el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, establece parámetros normativos en relación con  temas de delitos informáticos.

Rojas compareció en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior junto con Otto Rivera, Director Ejecutivo de esa entidad, quienes se refirieron al expediente 18484 Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia.

“El convenio marco lo que busca es establecer parámetros para el establecimiento de normativa interna a nivel de cada país con relación a temas de delitos informáticos.

Con la aprobación de este convenio se establece la obligación para Costa Rica de tipificar o de establecer dentro de su normativa jurídico penal ciertos parámetros que se encuentran preestablecidos en este convenio”, explicó Germán Rojas.

En este mismo sentido dijo que lo que se considera es que Costa Rica ha logrado de previo a la eventual suscripción a este convenio o no, avanzar bastante en delitos informáticos ya que con la nueva ley de este tema se considera una herramienta jurídica que ha venido a tipificar la gran mayoría de las normas que ya se encuentran establecida en este proyecto.

Por su parte Otto Rivera, señaló que es necesaria la adopción y aprovechar la oportunidad que representa el convenio, en la adopción de medidas para proteger los temas de propiedad intelectual y los delitos contra la propiedad intelectual, la tipificación que ha estado eliminado dentro del país.

“En cuanto a la responsabilidad penal no puede ser sobre personas jurídicas por cuanto en internet existen intermediarios tecnológicos donde es muy difícil tener muchos operadores, esto es algo muy importante para el país”, comentó Rivera.

Es necesario que el convenio de ciberdelincuencia este acompañado de lineamientos que justifiquen una adecuada opción de políticas futuras y que además sea la base para la generación de una normativa adecuada mencionó Otto Rivera.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de marzo del 2013

Rafael Barboza Topping, Director del Área Ambiental de Acueductos y Alcantarillados (AyA), manifestó que con el proyecto de Aprobación de Contrato de Garantía entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para financiar el programa de agua potable, mejorará los servicios públicos esenciales como de alcantarillado sanitario y acueductos en varias zonas del país.

Barboza compareció en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración en compañía de la Presidenta Ejecutiva de esa entidad, Yesenia Calderón Solano y representantes del BID, quienes se refirieron al contrato.

“Este programa consiste  en buscar y guardar el acceso a servicios públicos esenciales, en este caso de alcantarillado sanitario y de acueductos, pretendemos hacerlo por medio de este programa a través de tres componentes, lo que es el mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José, que ya es un proyecto que está en ejecución, el componente dos, que es agua potable y saneamiento para zonas rurales prioritarias y el componente tres que consiste en agua potable para zonas urbanas”, mencionó Barboza.

Para estos programas se contaría con 93 millones de dólares de los cuáles 20 millones son proporcionados por la cooperación española y 73 millones se  financiarían con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Así mismo un 2% se va a destinar para diseños finales y planos y el 98% para lo que son obras de acueductos y alcantarillados dijo Barboza.

“Con este programa queremos solventar los problemas como contaminación ambiental, una baja cobertura en el servicio de alcantarillados sanitario, además de descargas de aguas residuales a ríos y quebradas del área metropolitana y el desabastecimiento de agua potables en comunidades periurbanas como rurales”, explicó.

Por su parte Yesenia Calderón Solano, Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), señaló que este es uno de los financiamientos más importantes que viene a darle forma y a cerrar todo lo que es la totalidad de los fondos que requiere el proyecto de mejoramiento ambiental de San José.

“Además este viene a ajustar en su totalidad y a cerrar toda esa forma y fuente de casi 300 millones de dólares que requiere el proyecto para su ejecución completa”, puntualizó la Presidenta Ejecutiva.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de marzo del 2013

La Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público recibió en su última audiencia sobre la investigación de la trocha fronteriza “Ruta 1856” al Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pedro Castro Fernández y al Director de CONAVI, José Luis Salas Quesada.

El jerarca del MOPT sostuvo que es una prioridad y asunto de necesidad nacional concretar los trabajos en la trocha fronteriza para llevar desarrollo a la zona norte del país.

Agregó el titular de Obras Públicas que en noviembre se inició con una contratación para los trabajos de mitigación que comenzaron en enero por un monto 660 millones de colones que han permitido recuperar la parte ambiental y preservar las obras en puntos sensibles.

Paralelamente se ha iniciado la contratación de los diseños que tenga todos los estándares como muros de retención, evacuación del agua de lluvia y se incluyan los puentes.

“Aparte de la mitigación consideramos  la necesidad inmediata del diseño y para eso ya hemos adjudicado una primera etapa”, señaló Castro Fernández.
El Ministro fue claro en indicar que la obra quedará en lastre y con las mejores condiciones para tener una vía que se pueda llegar a concretar más adelante.

Castro Fernández mencionó que se trabaja en buscar para la supervisión y control de las obras la participación de un organismo de las Naciones Unidas experto en ejecución de proyectos para que sea quien asuma  la unidad ejecutora.

Agregó que el proyecto se ha dividido en cinco secciones comenzando en Los Chiles con un tramo de 37 kilómetros y paralelamente ir trabajando en el diseño y adjudicación de las otras partes.

Sobre la adjudicación de la empresa CACISA (Compañía de Asesoría de Construcción e Ingeniería) para supervisar las obras en esta primera etapa de la trocha, Pedro Castro, aseguró que están conscientes de que no es lo más conveniente pero fue la mejor calificada.

El diputado de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán señaló su disgusto ante la adjudicación de la empresa CACISA ya que ellos presentaron un informe de la ejecución de gastos con información deficiente para hacerle un favor al gobierno.

Similar fue el reclamó del diputado socialcristiano, Walter Céspedes Salazar, quien indicó que: “CACISA no debe ser adjudicada, esta empresa huele mal, no queremos más errores”.

“Nuestra prioridad es hacer una obra bajos los cánones de la responsabilidad y la transparencia de forma ordenada y con la mayor participación”, acotó el Director de CONAVI, José Luis Salas Quesada.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de marzo del 2013

Luis Naguil, Director de la nueva Escuela de Cine de la Universidad Veritas, manifestó que el audiovisual es considerado una de las industrias de mayor movilidad, estimulando el desarrollo tanto social, cultural y económico de una sociedad.

Naguil compareció esta mañana ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación, en compañía de Laura Molina Directora del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica y  Gustavo Madrigal, representante del  Estudio Flex, para que se refirieran al expediente 18601 Fortalecimiento del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

“Creemos que hay una oportunidad y una deuda histórica que se pueden resolver muy positivamente en este momento, la oportunidad es ponernos al día con el proceso del audiovisual, el audiovisual como tal tiene en el siglo XXI, más acceso que nunca a la cantidad enorme de pantallas que hay y con las que convivimos el día a día”, dijo Luis Naguil.

En este mismo sentido añadió que los jóvenes necesitan que se genere un respaldo y la posibilidad de que haya una herramienta que permita que esta actividad sea dignificada en términos de poder tener un lugar en el mundo de lo que es el desarrollo de la cultura y de los negocios.

“Si nosotros contamos con un respaldo que permita generar estímulos Costa Rica podrá dar una transformación muy rápido y ponerse al día con esta deuda histórica de la producción audiovisual”, puntualizó.

Por su parte Laura Molina, señaló que es importante darle al costarricense la posibilidad de ver las imágenes en movimiento, que reflejen como sociedad y que se puedan construir valores e identidad que tanto hace falta al país.

“Esto es un proyecto que va a movilizar y dinamizar la economía de nuestro país, porque se va a ir desarrollando como una industria y que en ese sentido los que ahora piensan que se ven perjudicados se van a beneficiar también con este proyecto”, mencionó Molina.

Finalmente Gustavo Madrigal, representante de  Estudio Flex, manifestó que generar un fondo como el que se está proponiendo en el proyecto de ley sería un incentivo enorme para la industria de la animación y en general para la industria audiovisual.

“Me ha tocado viajar a diferentes países, ver diferentes realidades, ver como sus gobiernos han establecido fondos para el estimulo de esta actividad en particular y veo el efecto que esto tiene a la hora de hacer negocio, en la reuniones que tenemos el peso que tiene poder sacar a relucir la oportunidad de utilizar un fondo como el que se está proponiendo en esta ley en materia de negocio, en materias de producciones”, dijo Gustavo Madrigal.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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18 de marzo del 2013

Los siete integrantes de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos dieron su apoyo unánime a la reelección de la Magistrada de la Sala Tercera, Magda Pereira Villalobos.

Durante su exposición Pereira Villalobos resaltó el trabajo desarrollado en estos años y su aporte en las diversas comisiones en las trabaja entre las que señaló la comisión de personal, la de Salud Ocupacional y la de enlace Corte-OIJ.

Sostuvo que siendo coherente entre lo que se dice y se hace se ha dedicado exclusivamente a la labor encomendada como Magistrada.
Para la Magistrada algo importante es que se ha logrado acortar el tiempo de resolución  al 2012 y la meta del 2013 es que no se dure más de seis meses.

El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Carlos Góngora Fuentes reconoció el trabajo y el buen juicio de la Magistrada Pereira.

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14 de marzo del 2013

Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, dictaminaron esta mañana en forma positiva el expediente 18522 Aprobación del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II, suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y Autorización a Capitalizar Organismos Multilaterales.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) se estableció en 1992 como un mecanismo especial del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover el crecimiento económico participativo en América Latina y el Caribe y reformar los regímenes para incentivar la inversión nacional extranjera.

El FOMIN tiene como finalidad mejorar los sistemas de capacitación y normas de competencias para los trabajadores, ampliar la participación económica de la pequeña empresa y fortalecer el clima para hacer negocios.

Según la iniciativa a enero de 2011, el total de aprobaciones de Cooperaciones Técnicas de FOMIN supervisadas desde Costa Rica es de 50 proyectos con un monto de US$ 52.3 millones.  De esta cartera, 35 proyectos ($41.2 millones) han terminado sus actividades, y 3 (US$727 miles) fueron totalmente cancelados, de manera que cuenta con una cartera en ejecución de 12 proyectos por un monto de US$10.3 millones, con un saldo de US$4.8 millones por desembolsar.

Por otra parte, el FOMIN busca alternativas de financiamiento para MiPyMEs y trata de estimular el mercado financiero con ejemplos exitosos.  Más recientemente se ha apoyado una iniciativa de responsabilidad social empresarial, con el objetivo de vincular las cadenas de valor de empresas grandes con MiPyMEs como parte de un esfuerzo regional; además de un programa de desarrollo económico local para fomentar el desarrollo territorial y empresarial en la Región Huetar Norte, fortaleciendo la estrategia de la Zona Económica Especial de la Zona Norte.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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14 de marzo del 2013

Con el apoyo unánime de los ocho  diputados presentes la Comisión Permanente Especial de Ambiente acogió un nuevo texto al proyecto de Territorios Costeros Comunitarios, mejor conocido como “TECOCOS”, con ello se busca garantizar la seguridad jurídica de los pobladores de  territorios y comprende los ciento cincuenta metros contiguos a la zona marítimo terrestre.

Esta ley tiene por objetivo crear los territorios y regular el uso y aprovechamiento de los recursos comprendidos en ellos, dedicados a la actividad agraria de pequeña escala, pesca artesanal, turismo local, pequeñas empresas familiares.

El ente encargado  de la declaratoria serán las municipalidades de dichos zonas ya sea de oficio o a solicitud del 10% de los vecinos del distrito al que pertenece la comunidad que se pretende declarar territorio costero comunitario.

Las comunidades que podrán optar por la declaratoria son: puerto Soley, Cuajiniquil, Brasilito, Colorado, San Juanillo, Lagarto, Matapalo de Playa Sámara, Puerto Jesús, Puerto Humo, Puerto Moreno, San Pablo, Puerto Thiel, Ostional, Playa Pelada, Playa Guiones,  Playa Pochote, Islita, Lepanto, Playa Blanca, entre otros.

Se declara territorios costeros comunitarios insulares a la Isla Venado, Isla Cedros, Isla Chira e Isla Caballo y se declara al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional como territorio costero comunitario.

En la nueva legislación también se autoriza  al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) para que otorgue bonos de vivienda a los concesionarios para uso habitacional en dichos territorios y se autoriza al Estado, las municipalidades, instituciones autónomas y semiautónomas a invertir con el propósito de favorecer la calidad de vida de los habitantes.

Los diputados aprobaron consultar este nuevo texto a las municipalidades litorales, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Turismo, Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Planificación Nacional, Contraloría General, Procuraduría General y Defensoría de los Habitantes.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada mostró la satisfacción por el avance de este proyecto después del consenso obtenido con las autoridades y las comunidades

La diputada de Liberación Nacional, Carolina Delgado Ramírez, tamb.én mostro su complacencia al dar una solución verdadera y definitiva a los pobladores de dichas zonas.

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