Propiedad Intelectual en Costa Rica
Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
22 de noviembre del 2016 – La vice ministra de Ambiente Irene Cañas dijo a los diputados de la Comisión de Económicos que el proyecto para el control de la venta de gas no es necesario.
Fuente: Asamblea Legislativa.
Irene Rodriguez Mena, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.
22 de noviembre del 2016 – El Ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos, compareció ante la Comisión de Gobierno y Administración, para brindar la postura de dicho Ministerio ante el expediente N°1996 Ley de creación del Tribunal Administrativo de Competencia.
El jerarca manifestó que en todos los ámbitos existe el poder de mercado y que en una economía como la costarricense que es tan pequeña, es necesario reglamentar el ámbito de acción de los competidores, en beneficio de los consumidores, y de una sana competencia; por eso la importancia de aprobar una reforma como la que el proyecto plantea.
Las prácticas monopolísticas, y el condicionamiento de compras, son los primeros puntos a regular, esto porque la Ley como se encuentra actualmente planteada, está muy por debajo de la legislación de otros países donde si se encuentra debidamente regulada la sana competencia.
Se encuentran además deficiencias en temas de estructura y de recursos económicos y humanos, lo que no permite agilidad en los procedimientos y tiempos de resolución, razones por las cuales los procesos prescriben, y con la reforma se subsanarían este tipo de problemas.
El régimen de competencia actual no cubre a todos los sectores, por lo que esta debe ampliarse y que el Tribunal además pueda tener autoridad sobre el sector financiero.
Por otra parte, se incluye de forma innovadora la propuesta de implementación de programas de clemencia para facilitar los procesos, e introducir cambios en los procesos de concentraciones, y utilizar en el sector de comunicaciones el mismo régimen general de competencia.
Finalmente el Ministro manifestó que es necesaria realizar esta reforma y la aprobación del proyecto para generar una sana competencia para el país.
Fuente: Asamblea Legislativa.
Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
17 de noviembre del 2016 – La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios concluyó el trámite de las mociones de fondo presentadas al proyecto 19818, impuesto a las personas jurídicas, rechazando las 59 que se lograron conocer, en el plazo fijado por el trámite especial aprobado para este expediente.
En total se le presentaron al proyecto 228 mociones y según el procedimiento abreviado aprobado para el conocimiento de las mismas, el proponente contaba con cinco minutos para defenderlas.
El plazo establecido para el trámite de las mociones en comisión concluyó hoy jueves por lo que 169 quedaron pendientes y se dan por rechazadas, la mayoría de ellas fueron presentadas por el legislador Otto Guevara Guth.
La legisladora Paulina Ramírez Portuguez recordó que el proyecto ahora pasará al Plenario a partir de la próxima semana, para que se continúe con su trámite con la aplicación del trato especial que le fue aprobado.
El proyecto establece que el 90% de los recursos recaudados serán invertidos en infraestructura física de las delegaciones policiales y en compra y mantenimiento de equipo policial del Ministerio de Seguridad Pública.
El Ministerio de Justicia y Paz recibirá un 5% para el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social y el restante 5% lo recibirá el Organismo de Investigación Judicial.
El jefe de la fracción del Movimiento libertario objeta la aprobación de esta iniciativa al considerar inconveniente que se le cobre un impuesto a las sociedades inactivas, pues sostiene que el 54% están en esa condición.
Además cuestiona que los directores tengan responsabilidad solidaria en las actuaciones de las sociedades, así como el traslado de responsabilidad de los socios cuando se disuelva una de ellas, así como el costo de económico de la disolución.
Fuente: Asamblea Legislativa.
Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
16 de noviembre del 2016 – La Contralora de la República, Marta Acosta Zúñiga analizó el tema del régimen de pensiones del Poder Judicial en la comisión que aborda esta temática.
Fuente: Asamblea Legislativa.
Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
16 de noviembre del 2016 – María Eugenia Villalta, Gerente Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguró que en nuestro país se hace un diagnóstico de cáncer de mama cada ocho horas y ocurren doce muertes por cada cien mil habitantes.
Villalta se presentó ante la Comisión Especial de la Mujer para que se refiera a las estrategias que está haciendo la CCSS para prevenir este mal.
“En incidencia en primer lugar está Montes de Oca, de segundo lugar León Cortes, San José, Tibás, Escazú, Coronado, Belén Goicoechea, San Rafael, y Moravia.
“En mortalidad tenemos primero a León Cortés, Tibás, Escazú, Montes de Oca, Santa Bárbara, Moravia, Golfito entre otras. En el 2009 el cáncer fue declarado de interés institucional”, explicó la Gerente Médica.
Se cuenta con un manual operativo, de la modalidad en la atención de clínicas de mama, la oficialización de la norma para la atención de personas con cáncer, que es del año 2014, y además una propuesta para el abordaje del cáncer de mama en la CCSS, donde existe la creación de la base de datos.
“La meta es que al finalizar el año 2018 se logre 82889 mamografías a las mujeres en el rango de 45 a 69 años de edad, y la periodicidad de medición de indicadores y estamos pidiendo una plataforma para el desarrollo del programa de tamizaje a partir del año 18”, comentó.
Alejandra Mora, Ministra de la Condición de la Mujer, manifestó que trabajan en el Foro Permanente de Cáncer de Mama, además trabajan en un proyecto con la Caja, que es la compra de equipos médicos en mamografías para el Hospital de las Mujeres y equipamiento para el salón Rosa.
“El INAMU no puede hacer compras pero hace convenios y estamos en una alianza estratégica con la Caja, para comprar equipo para el Hospital de las Mujeres”, dijo.
Fuente: Asamblea Legislativa.
Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
16 de noviembre del 2016 – Guillermo Sandí Baltodano, Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, hizo una propuesta para que los Protocolos que utilizan los abogados y notarios, sea administrado por la Dirección Nacional de Notaria y no por el Banco Central de Costa Rica como está hoy en día.
Sandí, compareció en la Comisión de Asuntos Económicos, para que se refiriera al expediente 19437 Reforma del artículo 238 del Código Fiscal para adecuar el tamaño del papel de oficio.
“La Dirección de Notarias es quien debe administrar los medios de seguridad del Código Notarial y desde esta perspectiva se propone una reforma en los artículos que están citados en un documento que les hicieron llegar, para que la administración del tomo de Protocolo quede en manos de la dirección y se deje a una vía reglamentaria en establecer las dimensiones y las medidas de seguridad para ese tipo de papel”, señaló el compareciente.
El Banco Central está totalmente de acuerdo con ello avalando la propuesta que la Dirección Nacional de Notariado administre los protocolos.
“El artículo 238 no tiene interés para efectos del folio de Protocolo porque pasaría a manos de la Dirección Nacional de Notariado en poder administrar y determinar las dimensiones reglamentaria para este tipo de papel”, aseguró.
La iniciativa establece que en el caso que aborda este proyecto de ley, es la necesidad de notarios de ajustar el tamaño de los folios de sus protocolos para poder utilizarlos en las impresoras actuales, ya que el Código Fiscal regula el tamaño del papel oficio y este no es adecuado a las condiciones actuales de las impresoras y por lo tanto, la mayoría de estas, no admiten el grosor original de los mismos.
Fuente: Asamblea Legislativa.
Vera Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.
16 de noviembre del 2016 – El tercer presupuesto extraordinario fue dictaminado negativamente por los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, al empatar las votaciones 4 a 4.
El presupuesto extraordinario contempla una rebaja por 24 mil 500 millones de colones.
Las instituciones que tendrían rebajas son: Contraloría General 300 millones, Defensoría de los Habitantes 72 millones, Presidencia de la República 125 millones, Gobernación 495 millones, Relaciones Internacionales 567 millones.
También Hacienda con 64 millones, MEP con 10 mil millones, Salud 1292 millones, Trabajo 297 millones, Cultura 686 millones, Vivienda 64 millones, Comex 153 millones, Mideplan 118 millones, Micit 291 millones, Pensiones 5000 millones, CSJ 500 millones y TSE 3 964 millones.
Dentro de esta nueva modificación se incluyen los recursos del préstamo con el Banco Mundial por 233 mil 377 millones de colones para el fortalecimiento del seguro universal de la CCSS, así como la transferencia de 2500 millones para el programa de agua para Guanacaste.
Además se incorporan 28 mil 600 millones de colones provenientes de las remesas al exterior, así como cinco mil millones de colones producto del pago de impuesto de salida y que son trasladados a las Municipalidades de Guanacaste y Alajuela.
De los ingresos de las remesas al exterior, 14.100 millones de colones se le girarán al programa Banca para el Desarrollo, que por ley le corresponden.
Asimismo se incluyen ¢16.774.861.643,97 por concepto de diferencial cambiario de varios préstamos externos, en razón de que el tipo de cambio del colón con respecto al dólar, ha subido con respecto al tipo de cambio que estaba vigente a la fecha de incorporación de dichos créditos en el Presupuesto Nacional.
La presidenta de la Comisión Rosibel Ramos Madrigal mostró su disconformidad con la rebaja al MOPT por cerca de cuatro mil millones de colones, así como el traslado de recursos a las municipalidades que se realizarán hasta fin de año con lo cual los gobiernos locales cerrarían el año con superávit por un error de Hacienda.
Al malestar de Ramos Madrigal, se unió su compañero de fracción William Alvarado Bogantes quien además cuestionó la rebaja por 10 mil millones de colones al Ministerio de Educación Pública.
El jefe de fracción del Movimiento Libertario Otto Guevara Guth cuestionó la asignación de 2000 millones para un edificio del MOPT y el trabajo desarrollado por la organización UNOPS que está encargada de la contratación de obra pública en el país.
Fuente: Asamblea Legislativa.
Pablo Quirós, Mauricio Rojas. Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
15 de noviembre del 2016 – Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos estudian el proyecto 20025 cuyo propósito es proteger al usuario contra fijaciones arbitrarias de servicios por parte de los Colegios Profesionales.
Fuente: Asamblea Legislativa.
Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
15 de noviembre del 2016 – El Superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos Chaves, explicó ante los diputados de la comisión que estudia el régimen de pensiones del Poder Judicial.
Fuente: Asamblea Legislativa.
Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
15 de noviembre del 2016 – Alberto Ferrero, representante de Coopesalud, manifestó su total apoyo al proyecto de ley expediente 20064 Reforma del artículo 23 de la Ley 6836 y sus reformas de incentivos a los profesionales en Ciencias Médicas.
La iniciativa establece que equiparar las normas del sector público con las del sector privado, genera un desincentivo para la contratación en el ámbito privado. Esto es difícil cuando se está frente a la creciente tercerización de servicios de salud por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), justamente para ahorrar en costos y mejorar en eficiencia.
Para el caso concreto de la CCSS y su relación con el sector privado el desincentivo también aplica, pues no habría diferencia alguna en lo que debe pagar directamente la CCSS, y las empresas o entidades que quieran brindar servicios de salud. Al final, estas organizaciones privadas que tengan contratos de prestación de servicios con la CCSS cobrarán a esta por el pago de los incentivos salariales contenidos en la Ley N.° 6836, generando un perjuicio económico a la institución.
Ferrero manifestó que como consecuencia inmediata la aplicación de lo de aquí mencionado implicaría un encarecimiento injustificado de los servicios ofrecidos por proveedores externos a la Caja limitando sensiblemente las ventajas de este modelo y poniendo en serios riesgos su subsistencia, al obligar a la misma Caja a asumir dicho incremento y costos al momento de la contratación.
Por otra parte la aplicación del artículo 23 encarecería de manera injustificada los servicios de salud privados y en consecuencia los planes de seguro de gastos médicos, limitando las posibilidades de los ciudadanos de acceder a ellos y generando una mayor presión a los servicios de la caja, los cuales enfrentan serios problemas de oportunidad de su respuesta al mostrar prolongados tiempos de espera.
“La aprobación del proyecto de ley es necesario no solamente para garantizar el futuro de alrededor de 1500 trabajadores que forman parte de las empresas contratadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, para la prestación de servicios en sus áreas de salud, la mayoría de ellas cooperativa de autogestión y de cogestión, sino también para los profesionales y empresarios del sector salud que se desempeñan en el sector privado”, aseguró
Fuente: Asamblea Legislativa.