Comisiones – Página 118

Francisco Lay: «Banco Central pretende control de superintendencias»

Juan Pablo Estrada Gómez: Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de octubre del 2012

Francisco Lay quien hasta el próximo 15 de octubre ejerce como jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), compareció hoy ante los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos para explicar las razones de su renuncia.

En su explicación, el funcionario señaló que su dimisión se da después de que el Banco Central aprobara una normativa, que a su juicio, afecta el funcionamiento de las superintendencias y a discrepancias que mantenía con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y con la autoridad monetaria.

El Funcionario criticó los cobros excesivos del Banco Central a las Superintendencias, arbitrariedades en la prestación de servicios y atropellos a las facultades del Superintendente.

“El Banco Central aprobó e implementó relaciones dentro de su Código de Gobierno Corporativo que violentan la desconcentración máxima establecida por ley, al pretender convertir al CONASSIF en una extensión de la Junta Directiva del Banco Central”, señaló.

“Por qué el Banco Central quiere el control de las Superintendencias y de dónde provienen las directrices son aspectos que deberán ser investigados”, acotó el jerarca de SUGEF

De acuerdo con Lay, esto es una interpretación “ampliada e ilegal” de las funciones del Consejo para lograr el control de las superintendencias y que estas vean limitada su autonomía.

“La inclusión de un delicado y atentatorio enunciado en el Código de Gobierno Corporativo del Banco Central de Costa Rica ha producido situaciones nocivas para las superintendencias; arbitrariedades en la prestación de servicios por parte del Banco Central, cobros excesivos e injustificados por la prestación de esos servicios, atropellos a las facultades del superintendente como jerarca administrativo de la SUGEF”, agregó.

Lay también acusó al Banco Central de intentos “fallidos de modificaciones reglamentarias unilaterales y abusivas orientadas a atar el accionar de Superintendencia”.

Sostuvo que lleva dos años luchando contra este tipo de injerencia denuncia es por el irrespeto al marco jurídico vigente y el atropello de las funciones del Superintendente que están claramente definidas en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Banco Central.

Por otra parte, Lay dejo claro que nunca renunció al cargo en la SUGEF, sino que optó por apartarse ante incumplimientos del patrono y luego de reunirse con miembros de una comisión de CONASSIF (compuesta por el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, y los directivos Álvaro García y Víctor Garita), que le pidió su renuncia.

Audio Francisco Lay Superintendente General de Entidades Financieras

El diputado socialcristiano José Roberto Rodríguez Quesada planteó la posibilidad de nombrar una comisión investigadora sobre este tema.

Afirman comunicadores: Cambio de verbo mejoraría redacción de ley

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de octubre del 2012

Representantes del Colegio de Periodistas y de los medios de comunicación nacional, solicitaron a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, acoger las modificaciones que han propuesto al expediente 18546 Reforma de los tipos penales establecidos en los artículos 167, 196, 196 BIS, 231, 236 Y 288 del Código Penal, Ley N.º 4573.

Esta modificación que se impulsa es al Código Penal y busca cambiar una serie de artículos relacionados con los tipos penales, para introducir los delitos informáticos, sin embargo los cambios propuestos podrían interferir con las labores de los profesionales en comunicación.

Iary Gómez del Grupo Extra y José Rodolfo Ibarra Presidente del Colegio de Periodistas, indicaron que este proyecto ya pasó por un tamiz muy grande y; dado que se han llevado a cabo una serie de reuniones y sesiones de trabajo con los sectores involucrados en el tema, las propuestas que hacen están consensuadas.

La representante del Grupo Extra aseguró que uno de los cambios que se busca es el del verbo «promover» que se incluye en este expediente, por el de «procurar».

«El verbo promover, es muy amplia la palabra” dijo Gómez, quien especificó que los periódicos deben responder a la Ley de Imprenta y en esta iniciativa se les incluye dentro del segmento de espectáculos públicos por lo que quedarían dependiendo de la interpretación que le quiera dar el juez.

Indicó que hay un párrafo específico que se quiere que se incluya en la iniciativa de ley.

Audio de Iary Gómez del Grupo Extra

La señora Gómez agregó que a cómo están los cambios propuestos en el proyecto de ley tampoco podrían tener acceso a fuentes de información ni a las bases de datos gubernamentales.

Con respecto de la modificación del artículo 288, Gómez indicó que buscan que se vuelva a determinar que sólo son “secretos de Estado” los que determine el Presidente de la República, ya que de acuerdo a como quedaría la ley, cualquier persona podría declarar que una información es secreta y los medios no podrían publicarla.

En la nueva propuesta se impone una sanción de cuatro a ocho años de cárcel a “quien procure, obtenga indebidamente informaciones secretas”.

Por su parte el Presidente del Colegio de Periodistas José Rodolfo Ibarra, indicó que cuando se conoció de la iniciativa lo primero que se hizo fue conversar con abogados, periodistas y representantes de medios y conformar una comisión de la cual emanó la propuesta de modificaciones que impulsan.

Aseguró que si no se hacen cambios en el texto que se estudia, así como está, «podría ser muy peligroso, no tanto para la prensa, sino para el público en general que tiene el derecho a estar clara y verazmente informado”.

«Lo que se está protegiendo es el interés público, es decir el interés de las personas a estar informadas, eliminando la odiosa frase de “informaciones políticas secretas”, en el entendido de que información política podría albergar cualquier cosa que haga un funcionario público”, especificó el representante de los periodistas.

Los representantes de los medios hicieron una exhortación a los diputados miembros de la comisión a que respeten, en la medida de lo posible, el documento con las modificaciones que han presentado.

Ingresos por impuesto al tabaco fortalecen salud

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de octubre del 2012

Un total de 37 mil 600 millones de colones vendrán a fortalecer el próximo año, el presupuesto del que dispondrá el Ministerio de Salud, para llevar adelante el cumplimiento de su programa de trabajo en el 2013.

Esta alta suma de dinero corresponde a los nuevos impuestos que se recaudarán por la reciente Ley General de Tabaco, que vendrán a beneficiar a una serie de instituciones para que pongan en práctica medidas preventivas contra el consumo de cigarrillos.

La titular de la cartera, Daisy Corrales Díaz, se presentó en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, donde detalló a los congresistas, los diversos programas en los que se invertirán los 226 mil millones de colones, solicitados en el Presupuesto General de la República para el próximo año.

De acuerdo con la Ministra, aunque su presupuesto no incluye ahora las transferencias que se le hacían a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) —estarán a partir del próximo año bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo— esa disminución no se nota debido a que contarán con los ingresos generados por la nueva ley de Tabaco.

Al pormenorizar aspectos del presupuesto solicitado se refirió específicamente a los 400 millones de colones que se van a invertir en disminuir los tiempos de espera de los registros sanitarios de medicamentos.

De acuerdo con la visitante, están conscientes de que el proceso de registro de los nuevos medicamentos, es sumamente lento —dura un promedio de once meses— pero esto se debe a que cuentan con sólo ocho profesionales farmacéuticos haciendo el trabajo, cuando se requieren al menos 22.

Debido a que tienen más de 75 plazas de profesionales congeladas por directrices del Ejecutivo, solicitaron activar al menos 20, para lograr así que en los primeros meses del próximo año, ese tiempo se ubique entre 4 y 6 meses como indican los estándares internacionales.

Corrales se refirió también a la desconcentración del programa CEN CINAI considerado uno de los baluartes que tiene en el país en el campo de la nutrición, el cuido y la educación de los infantes.

Esta desconcentración permitirá fortalecer la toma de decisiones y aumentar la cobertura de beneficiarios en todo el territorio nacional.

Para la titular de la salud, otra de las principales área de trabajo a la que se abocarán, se relaciona con la implementación de la Ley de Residuos Sólidos, a la cual le asignaron una suma importante de dinero para desarrollo, así como capacitación de las municipalidades en el manejo de residuos y rellenos sanitarios.

La ministra Corrales también dio detalles sobre la forma en que se invertirán los recursos provenientes de la nueva Ley General de Tabaco, básicamente en lo que se refiere a promoción y prevención.

Audio Daisy Corrales Díaz Ministra de Salud

El Ministerio de Salud tendrá bajo su responsabilidad la distribución de las partidas provenientes de ese impuesto y que deben ir hacia la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación; el Instituto Nacional del Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el mismo Ministerio de Salud.

Ministro de Planificación: Dinero solicitado es suficiente

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de octubre del 2012

El Ministro de Planificación Nacional (MIDEPLAN) Roberto Gallardo Núñez, se convirtió en el primer funcionario que acude a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios y considera que el dinero del que dispondrá para cumplir sus funciones el próximo año, es suficiente.

Gallardo acudió ante los congresistas para defender la suma de 9100 millones de colones solicitados para trabajar en MIDFEPLAN durante el 2013, contenida en el expediente 18554, que es el Presupuesto General de la República.

De la suma solicitada por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) un total de 5826 millones de colones (64 por ciento) son para el funcionamiento de la institución y 3354 millones (un 36 por ciento) corresponden al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La ventaja del titular de MIDEPLAN al considerarse satisfecho con los dineros solicitados, se debe a que esta es una institución que se dedica a la planificación, al análisis del desarrollo y de la política pública, por lo que sólo requieren personal, aunque este debe ser muy calificado.

Audio Roberto Gallardo Ministro de Planificación Nacional

También debe sumarse al trabajo de MIDEPLAN la responsabilidad en la modernización del Estado —se tiene una serie de programas que van en esa dirección—; la Secretaría Técnica de las contralorías de servicios, el fortalecimiento de los gobiernos locales así como las reestructuraciones en el sector público.

Complementan los grupos de trabajo el Área de Evaluación y Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y por último, la de Cooperación Internacional, pues MIDEPLAN, por ley, es la contraparte técnica de la cooperación internacional en el país.

Texto sustitutivo

Los legisladores procedieron en esta oportunidad a conocer el informe presentado por la subcomisión que estudió este expediente y que generó un nuevo texto sustitutivo.

La comisión tiene tiempo hasta el próximo 20 de octubre, para entregar el dictamen que se enviará al Plenario para su conocimiento y discusión.

Proveeduría de CONAVI no fue tomada en cuenta en construcción de trocha

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de octubre del 2012

Arturo Alvarado Mora, Director del Departamento de Proveeduría del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), manifestó que nunca se tomó en cuenta a la proveeduría de la institución, para construir la trocha fronteriza, a pesar de que cuenta con un registro de proveedores.

Alvarado ahondó aún más en sus declaraciones al señalar que “este asunto de la trocha se manejó detrás, en otras esferas que no fue la Proveeduría”, incluso según dijo se manejó como un “tabú”.

Audio Arturo Alvarado Director Departamento de Proveeduría del Consejo Nacional de Vialidad

El Director de ese Departamento compareció esta mañana, ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, que está investigando las posibles irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza.

Comparecieron también Alicia Padilla, Directora de la Contraloría de Servicio y de Luis Gerardo Leiva, de Contratación Vial, ambos de CONAVI.

“Si hay registro de proveedores, el asunto de la trocha fue que eso se manejó desde una génesis como un tabú, nunca la proveeduría fue tomada en cuenta, aquí se está haciendo una mezcla en lo que es el manual de las imprevisibilidades y otro de las solicitudes de autorización a la contraloría por asuntos de urgencias”, dijo Arturo Alvarado.

En este sentido añadió, que con qué criterio podrían ellos manifestarse ante este asunto que se estaba construyendo en la zona norte, si desconocían por completo la situación, al no tomarlos en cuenta para realizar la obra.

Por su parte Alicia Padilla, Directora de la Contraloría de Servicio, indicó que lo perdido en la trocha, lo pagarán todos los costarricenses, no solo los funcionarios públicos, debido a que no se tramitaron las cosas como se debían.

“Se vulneró todos los puntos de control de la institución, porque como todos saben las instituciones tienen un montón de filtros de control, lamentablemente en el momento en que no se hizo como debió hacerse a los medios que debieron hacerse se vulneraron esos puntos de control precisamente”, dijo la funcionaria.

Finalmente dijo que las contralorías de servicio no realizan investigaciones en sí, lo que hacen es que activan la unidad que tiene la competencia para pronunciarse sobre el asunto.

“La Contraloría de Servicio no se dio cuenta de todo esto hasta que los medios de comunicación lo sacaron, hasta hace muy poco puedo decir incluso que los funcionarios del CONAVI estaban orgullosos de lo que estábamos haciendo en la Trocha, las contralorías de servicio no intervienen en los procesos de contratación”, dijo Padilla.

Inversión en infraestructura garantiza digitalización en escuelas

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de octubre del 2012

La inversión en infraestructura es esencial para garantizar la digitalización en las escuelas públicas, aseguró Carlos Raul Gutiérrez, Presidente de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, en la Comunicación Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación.

Los legisladores de esta comisión solicitaron el criterio de la SUTEL sobre el expediente 17749 Ley de alfabetización digital en escuelas públicas primarias, el cual busca asegurar la alfabetización informática sin distingos de clase social.

Para asegurar este objetivo la iniciativa busca dotar a cada niño en edad escolar de escuelas públicas y a cada maestro un computador portátil, así como capacitar a los estudiantes y sus docentes en el uso del hardware y software que técnicamente se requiera.

El Presidente de la SUTEL sostiene que el programa para que sea efectivo no solo debe entregar una computadora a cada niño sino instalar la infraestructura que garantice el uso adecuado de las mismas pues de lo contrario solo serán máquinas de escribir con un alto costo.

Recalcó que hay muchas comunidades del país donde no se cuenta con la infraestructura adecuada para dar el servicio que se requiere en materia de telecomunicaciones.

Añadió que además las terminales que se entreguen deben contar con todos los servicios que garanticen una utilidad del cien por ciento por parte de los estudiantes, así como el mantenimiento de las computadoras y su reemplazo pues recordó que el mundo tecnológico evoluciona muy rápidamente.

En cuanto a la posibilidad de que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones FONATEL subsidie acceso, servicio y terminales, Gutiérrez expresó que la ley establece la importancia de asegurar los servicios de acceso público.

Destacó que se requieren fondos adicionales para asegurar la sostenibilidad del programa.

Audio Carlos Raul Gutierrez Presidente de la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL

Microbiólogos

La Comisión también recibió en audiencia a Osvaldo Ruiz Presidente del colegio de microbiólogos para explicar el objetivo del expediente 17537 Reforma a la Ley organiza de Colegio de Microbiólogos

Ruiz expresó que la ley orgánica de su colegio requiere ponerse al día con las necesidades actuales y hacer frente a actividades como los bancos de células de cordón, células madre y tejidos, así como los cambios en la biotecnología y biología molecular entre otros.

Magistrado Arroyo: Proyecto de ejecución penal no cumple expectativas

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

27 de setiembre del 2012

El Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se manifestó en contra del proyecto de ley 16789 Ley de Ejecución Penal.

El visitante aseguró —ante los congresistas de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico— que esta propuesta no cumple con las expectativas sobre lo que se tiene que hacer en materia de ejecución penal.

Arroyo Gutiérrez manifestó que el proyecto —que ya tiene más de siete años en la corriente legislativa— se encuentra desactualizado ante los enormes cambios que ha sufrido la sociedad costarricense, en los últimos 20 años, en el tema de la criminalidad.

Con números que realmente ponen a pensar, Arroyo Gutiérrez dijo que la criminalidad del país se triplicó en los últimos 20 años, ya que en 1990 se tenía un promedio de menos de 100 presos por cada 100 mil habitantes, mientras que en la actualidad, ese número subió a 260 y se estima que en pocos años crecerá hasta 320 por cada 100 mil habitantes.

Eso sí, el magistrado visitante dijo que esta es una magnífica oportunidad para cumplir con un requerimiento que se le debe, a todos los costarricenses, desde hace más de 30 años.

Audio Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez Presidente de la Sala Tercera

Agregó que en la actualidad, la sobrepoblación en las cárceles es de un 30 por ciento, a pesar de que según los parámetros internacionales, ese número no debe sobrepasar el 20 por ciento.

“Se estima que para el 2014 la sobrepoblación penitenciaria será de un 60 por ciento, porcentaje que es insostenible para cualquier sistema penitenciario”, afirmó el magistrado visitante.

De acuerdo con Arroyo Gutiérrez “en el ordenamiento judicial, la pena de prisión tiene el propósito de rehabilitación y reinserción social, por lo que la ejecución de la pena debe ser más que la prisión, pero es la que se utiliza por las consecuencias jurídicas y sociales tiene.

De acuerdo con el especialista, hay dos ejes de mucha importancia que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar un proyecto de este tipo.

Audio Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez Presidente de la Sala Tercera

Puso como ejemplo la cárcel especializada para la reclusión de personas con enfermedades mentales y que delinquen, la cual tiene capacidad para albergar a 50 sentenciados, pero en la actualidad ya la ocupan 80 reclusos.

Dijo que también se requiere una cárcel especializada para los adictos y los narcotraficantes jóvenes que infringen la ley para cubrir con los requerimientos de su adicción.

Otras decisiones

Con relación a este mismo expediente, los diputados aprobaron una moción para convocar en audiencia al doctor Carlos Tiffer, en virtud de su vasta experiencia y trayectoria en el campo de la ejecución penal.

Para el conocimiento del expediente 18230 Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Frente a la Violencia en el Ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Reformas al Código Penal, se aprobó una subcomisión.

El grupo de trabajo está encabezado por el legislador del Movimiento Libertario Danilo Cubero Corrales, además de Annie Saborío Mora de Liberación Nacional y José Joaquín Porras Contreras del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Iniciativa de vida silvestre llega al plenario legislativo

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

27 de setiembre del 2012

Los diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial de Ambiente enviaron al Plenario Legislativo para su discusión en primer debate el proyecto de Ley de Conservación de la Vida Silvestre, primer expediente en presentarse bajo la Ley de Iniciativa Popular.

La Ley de Iniciativa Popular, vigente desde el 2006, señala que un proyecto de ley debe respaldarse por el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; es decir, unas 135.000 firmas, la propuesta planteada por la organización ambientalista Apreflofas, contó con la rúbrica de 177.000 personas.

Dicha ley también señala que los proyectos presentados por ciudadanos tienen un plazo de votación de dos años, por lo que hoy vence el plazo para definir el futuro de la iniciativa. Ahora al llegar al Plenario Legislativo, el proyecto entraría en los primeros lugares de la agenda.

Con esta nueva legislación se establece una multa de hasta ¢1.800.000 para quien cace fauna silvestre o destruya sus nidos, sin autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, además del comiso de las armas a los cazadores.

La propuesta también aplica multas hasta de tres salarios base (¢900.00), a quien se exceda en la cacería de animales, aunque tenga permiso de caza para control de especies y para quien trafique especies animales o plantas.

En el caso de quien tenga en cautiverio o en condiciones de mascota, sin autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, animales silvestres en peligro de extinción o con poblaciones reducidas la multa será de hasta ¢1.200.000.

La ley elimina la caza deportiva en cualquier circunstancia, pero mantiene la caza de control y la de subsistencia. En la de control, se regulan las especies que se conviertan en plagas y pongan en peligro otras especies más pequeñas.

Además se establece una multa de hasta con ¢300.600.00 a quien alimente a animales silvestres en su hábitat natural, atraiga fauna silvestre con fines de atractivo turístico mediante sustancias naturales o artificiales, elementos auditivos o visuales o de cualquier otra índole.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) deberá elaborar un registro con las familias que cumplan las características para llevar a cabo caza por subsistencia.

El diputado Claudio Monge Pereira del Partido Acción Ciudadana, indicó que espera la resolución de la Presidencia de la Asamblea Legislativa para conocer la dinámica del proyecto a partir del lunes.

Audio diputado Claudio Monge Pereira

Para el legislador del Frente Amplio, José Maria Villalta Florez-Estrada la comisión cumplió con su trabajo, se envió a consulta con todos los sectores interesados y se mejoro en mucho el texto presentado inicialmente.

Audio diputado José Maria Villalta Florez-Estrada

Para el presidente de la comisión, Alfonso Pérez Gómez se intento hacer un esfuerzo adicional por dictaminar el proyecto pero ahora tocara discutirlo y analizarlo a partir del lunes en el Plenario Legislativo

Audio diputado Alfonso Pérez Gómez

Aprobado protocolo para garantizar varios derechos

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

27 de setiembre del 2012

La Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior le dio dictamen afirmativo al expediente 18404 que contiene la Aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impulsado por las Naciones Unidas.

Dicho Protocolo tiene como objetivo fundamental hacer operativa la aplicación de la Ley 4229 que está vigente desde diciembre de 1958, en la que se establece un pacto entre los países para que estos respeten los derechos mencionados de todas las personas.

La ley indicada establece el derecho que tiene toda persona a poder gozar de condiciones de trabajo equitativas y seguras. “Es la ONU (Organización de las Naciones Unidas) impulsando el derecho de los trabajadores a sindicalizarse”, explicó la legisladora del Partido Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo.

Explicando los alcances de la iniciativa, agregó que otro de los derechos que se establece como obligatorio para todos sin ningún distingo, es a la salud, a través de la seguridad social.

La legisladora libertaria manifestó algunas preocupaciones por los alcances que tiene este protocolo, ya que establece muchos derechos para todas las personas, pero no indica la forma en que impacta a los países que, como el nuestro, acogen una gran cantidad de migrantes, con enorme peso dentro del sistema social solidario.

“Costa Rica ha vivido el mejor ejemplo del impacto económico y social que han tenido las migraciones”, sostuvo la libertaria, quien agregó que “conozco muchos nicaragüenses que emigraron y que no están en condiciones de legalidad, trabajando en las fincas de la zona norte y sin embargo, a la hora de requerir servicios médicos, son atendidos en los respectivos centros sin costo alguno”.

“Toda esta inmigración tiene impacto económico y social sobre la prestación de servicios, educación y salud…pero en ningún momento se indica cómo los países que no están en condiciones económicas tan boyantes, enfrentan una realidad muchísimo más difícil de cumplir”, sostuvo Alfaro Murillo.

Audio legisladora Marielos Alfaro Murillo

Uno de los aspectos que menos le gusta a la legisladora libertaria es que el Protocolo permite la posibilidad de que se denuncie a las naciones que no cumplen con las responsabilidades.

Indicó que dadas las diferencias socioeconómicas de cada uno de los países firmantes, a quienes les corresponda valorar el cumplimiento de esos compromisos deberán hacerlo teniendo muy claro que muchos de ellos puede que no hayan cumplido.

Ministra de Economía: Números no reflejan trabajo y responsabilidad

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

26 de setiembre del 2012

La Ministra de Economía Industria y Comercio Mayi Antillón Guerrero, dijo que el pequeño presupuesto con el que funcionan anualmente, no refleja el trabajo y la responsabilidad que tienen de buscar un balance entre los diferentes actores que participan en la economía nacional.

Antillón Guerrero compareció ante los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, donde explicó la forma en que piensan invertir los 6500 millones de colones, que están solicitando para cumplir con sus labores en el 2013.

Detalló que de ese monto de dinero solicitado, el 95 por ciento ya se encuentra comprometido en aspectos tales como transferencias, remuneraciones, pago de servicios públicos y alquileres.

Se paga membrecías a diversos organismos internacionales a los que pertenece el país como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Dirección de Políticas PYME Centroamericanas (CEMPROMIPE).

Este presupuesto incluye transferencias para el Laboratorio Costarricense de Metrología, así como las contrapartidas para los préstamos internacionales Proyecto Pro Calidad y Limón Ciudad Puerto.

Les corresponde presidir el Sistema Nacional de la Calidad para monitorear los estándares de calidad de los bienes y servicios que ingresan al país, sobre todo en estos momentos de apertura comercial.

A esto se suma la defensa comercial de los agentes económicos que puedan ver desbalanceados o amenazados sus derechos o posibilidades reales de ingresar en el mercado.

De acuerdo con la Ministra Antillón ya tienen identificadas a las instituciones que involucran una mayor cantidad de trámites en los procesos productivos y con las cuales están trabajando para lograr una mayor simplificación.

Audio Ministra de Economía, Industria y Comercio Mayi Antillón.

Indicó que por obligación de la Ley 8262 tienen bajo su responsabilidad el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y lograr la mayor formalización posible de este sector productivo.

En este punto, la visitante aclaró que de acuerdo con el Registro Integrado de PYMES este año se pasó de tener documentadas a sólo 800 empresas a contar con más de 10 mil inscritas.

Para la titular del comercio nacional esto se debe básicamente a la aprobación en la Asamblea Legislativa del incentivo que libera a las PYMES del pago del impuesto de sociedades anónimas, por su tamaño, si estaban inscritas en este registro.