Categoría: Comisiones

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de marzo del 2017 – Un proyecto de ley que se conoce en la Comisión de Jurídicos pretende aumentar el impuesto a las gaseosas y otras bebidas líquidas para destinar los recursos a la compra de medicamentos de alto costo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de marzo del 2017 – Representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, (CCSS), propusieron aumentar el impuesto específico a las bebidas no alcohólicas, para adquirir medicamentos de alto impacto financiero en la institución y así brindar calidad de vida, a las personas que requieren dichos productos.

Juan Luis Bermúdez, Asesor de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y Albín Chaves Director de Farmacoepidemiología, comparecieron en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y referirse al expediente 20144 Ley para la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero de la CCSS.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han recomendado que para garantizar el acceso a medicamentos de alto impacto financiero se deben buscar fuentes alternativas de financiamiento, con el fin de garantizar que la política institucional de medicamentos continúe fortaleciendo el bienestar de la población.

La propuesta aumentaría el tributo a las bebidas no alcohólicas con lo que se espera que este incremento le genere a la CCSS la suma de diez mil millones de colones anuales. Chaves aseguró además que el aumento no incide significativamente en el consumidor, el incremento del precio en promedio sea de un 2%, y no afectaría los niveles de consumo de estas bebidas, ni afecte la producción y por ende las fuentes de trabajo en esta industria.

Al aprobarse el proyecto, dijo, el incremento planteado originalmente para estas bebidas seria de 5.5 colones y para las bebidas liquidas envasadas excepto agua es de 4.1 colones.

Finalmente señaló que es necesario fortalecer a la CCSS para seguir garantizando el acceso a los medicamentos a la población, también brindar el tratamiento a las enfermedades de baja prevalencia que requieren medicamentos de alto impacto financiero y finalmente fortalecer los programas de vacunación que representa la máxima expresión de la universalidad del sistema de salud.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

13 de marzo del 2017 – Los legisladores de la Comisión de Nombramientos recomendaron a Patricia Solano Castro, Gary Amador Badilla y Alex Rodríguez Campos para ocupar el cargo de magistrado en Sala III de la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

13 de marzo del 2017 – Los doctores del Centro Hepático y Cirugía Hepato-Biliar comparecieron ante la comisión que investiga este centro y confirmaron una serie de irregularidades denunciadas por sus pacientes.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Pública, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

13 de marzo del 2017 – “Cierre y desmantelamiento básicamente es lo mismo, porque la propuesta es desarmar toda la estructura de gestión, no son los hospitales los que hacen trasplantes, son los grupos de gente dedicada a un objetivo”, con esta palabras, la doctora Maria Amalia Matamoros, Directora del Centro de trasplantes Hepático y cirugía Hepato-Biliar, se refirió al estado actual de dicho centro.

La doctora Matamoros, compareció junto con los cirujanos Edwar Castro y José Pablo Garbanzo, ante los diputados que integran la Comisión Investigadora del desmantelamiento del Centro de Trasplantes.

Matamoros señaló además parte de este desmantelamiento del centro, es que ellos no pueden llamar al microbiólogo o la farmacia no da respuesta sobre los requerimientos, significa que el trasplante se “cayó”, pues se maneja una estructura plana y ella como directora tiene que pedir permiso a todas las jefaturas del hospital para realizar un trasplante lo que significa una tarea absolutamente imposible.

Aclaró que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que hace es hacer una propuesta muy cara, pagándole a todos y que se hagan las cosas a medias, y eso sale caro, sin que haya un enfoque de beneficios para los pacientes.

Ante una pregunta del diputado William Alvarado, de que si ellos como especialistas están realizando trasplantes en estos momentos, la doctora Matamoros señaló que los trasplantes no se están haciendo y que lo que se está ejecutando son cirugías.

“El encargado de la gestión de donación de órganos y que hayan órganos es el doctor Agüero, después de 4 ó 5 años deberíamos estar en el tope de la donación, porque es un tema de gestión, este no se han realizado trasplantes porque a pesar de que hay una medida cautelar siempre intervino la institución y desmanteló grupos”, señaló la doctora

Por su parte el doctor José Pablo Garbanzo, manifestó que en el mes de noviembre del año 2016 se tomó la decisión por parte de las autoridades de la CCSS de cerrar el centro de trasplante.

“Este modelo se está desapareciendo por una decisión de Junta Directiva de la Caja, que reitera una medida de la Dirección del Hospital México, en noviembre del 2016 se definió el cierre del Centro de Trasplante Hepático”, aseguró el doctor Garbanzo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

9 de marzo del 2017 – Acciones como gestos vulgares, “piropos”, silbidos y ser rozadas por otra persona con las partes íntimas, podrían ser castigadas con penas de prisión que van desde los seis meses hasta los diez años, así establece el proyecto Ley Contra el Acoso Sexual Callejero.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Pablo Quiros, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

9 de marzo del 2017 – La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, presentó un informe en el que manifiesta que, según la ley, la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos y la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, no pueden recibir el pago por concepto de prohibición.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

9 de marzo del 2017 – Varios diputados solicitaron la destitución inmediata de la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga Aponte, por el pago que ha recibido del 65 por ciento de prohibición, y en la que los legisladores lo han catalogado como ilegal.

Zúñiga Aponte compareció junto con Ana Cristina Trejos, ex viceministra de Vivienda, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro y la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Los comparecientes se refirieron a la investigación sobre las retribuciones adicionales al salario y en particular a la recepción por parte de ellas de remuneraciones en la que se cuestiona la falta de cumplimiento de requisitos.

La diputada Karla Prendas Matarrita le dijo al ministro de la Presidencia Sergio Alfaro que “ recomiendo haga las destituciones, porque si no esto va a agarrar una connotación no solo desde el ámbito civil y de varios delitos, sino también penales, e incluso verse enredados como lo acaba de mencionar de fraude de ley”.

Por su parte, el diputado Ottón Solís Fallas, señaló que queda atónico de lo que dijo la Viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga, que era víctima de este proceso.

“Es muy difícil que una persona en su cargo sea víctima de algo, es un cargo de sumo poder sobre todo en el Ministerio de la Presidencia, no se puede alegar ignorancia ante la ley, menos en su cargo, nunca puede ser el argumento para una defensa”, dijo el diputado Solís.

En la misma línea, el legislador Gonzalo Ramirez Zamora, solicitó que el caso trasciende de una investigación por parte de una comisión investigadora, pues debe ser enviado al Ministerio Público para lo que corresponda.

El ministro de la Presidencia Sergio Alfaro Salas en su argumentación comentó que ante esta situación, lo que se esta es ante un conflicto de normas y una duda de cómo se aplica las normas de prohibición. Mencionó que existen dos normas que resultan aplicables, los artículos 14 y 15 de la Ley 8422 y el artículo 5 de la Ley 5867 Compensación por pago de prohibición.

“He pedido algunas investigaciones de cómo se ha aplicado esto, a lo largo del tiempo y en el Ministerio de la Presidencia, nos hemos encontrado que tenemos al menos un viceministro y un Ministerio de la Presidencia, que por lo menos aun viceministro y en el archivo no les registran títulos pero si se le pagaba la prohibición en 1998 y al ministro Ricardo Toledo Carranza que aportó un título de bachiller que se le paga el 65% de prohibición” dijo el Ministro.

La viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga Aponte, manifestó que en lo que respecta su caso dejo claro que la asignación que se le hizo de un 65% en el pago de prohibición fue apegado a la legalidad a lo establecido expresamente en el artículo 14 y 15 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, así como también al artículo 5 de la Ley 5867 del pago de Compensación de Prohibición.

 

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

8 de marzo del 2017 – Autoridades del ministerio de Vivienda, BANVHI e INVU, fueron recibidos por la comisión legislativa que aborda la temática de la provincia de Heredia y afirmaron que el gobierno, a febrero de este año, ha invertido más de 13 mil 285 millones en proyectos.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

8 de marzo del 2017 – Alvaro Valverde, Director Ejecutivo de la Asociación de Zonas Francas, y Manuel Escobar Vicepresidente de Junta Directiva, fueron recibidos en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en donde se refirieron al proyecto 19.531, Ley de Regímenes de Exenciones.

Fuente: Asamblea Legislativa.