Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

20 de junio del 2016 – Guillermo Araya Camacho, Director General del Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD), manifestó que desde el año 2012 nuestro país y específicamente el ICD, luego de un diagnostico nacional de riesgo, que se realizó, generó insumos para construir una estrategia Nacional de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, para subsanar debilidades que tiene que ver con las sociedades jurídicas.

Araya, compareció, junto con Román Chavarría Campos, Jefe de la Unidad Inteligencia Financiera, ante los diputados que integran la Comisión Especial que investiga todo lo relacionado a las publicaciones del bufete panameño Mosacck Fonseca.

“Desde el año 2012, Costa Rica y específicamente el ICD ha estado trabajando en identificar cuáles son los riesgos relacionados con la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, a través de un diagnostico nacional de riesgo, este diagnóstico se empezó desde el año 2012, se llevó el año 2013, y en el año 2014”, explicó.

El Director del ICD, señaló que dicho diagnóstico fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y generó un insumo para poder construir una estrategia nacional contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que fue firmada y por decreto en julio del año anterior, en donde se priorizan en este caso, una serie de proyectos que vienen a fortalecer y subsanar algunas debilidades presentadas por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica”, dijo el Director del ICD.

En este sentido, explicó que Costa Rica desde el año 2015 se sometió a una evaluación por parte del grupo de acción financiera para Latinoamérica (GAFILAT), que es la filial del grupo de acción financiera internacional (GAFI), en el cual el que lidera es el grupo G-20 de países más poderosos del planeta, y lo que evalúan la aplicación del cumplimiento de las 40 recomendaciones que ellos emiten con lo que tienen que ver en la parte de existencia de normativa, controles gubernamentales, coordinaciones y sistemas de información.

“Dentro de esta metodología en la cual nosotros fuimos evaluados se aplicó como un nuevo método y evalúan el cumplimiento de norma y la efectividad”, señaló.

Así mismo aseguró que dentro del tema de las sociedades, el grupo financiero, hacen observaciones específicas sobre la transparencia y el beneficiario final sobre las personas jurídicas, en este tema en específico, en donde la recomendación que los avoca, es el hecho de que debería de existir en Costa Rica un registro de beneficiarios final, en donde se sepa en las personas jurídicas, cuál es su integración de personas físicas.

Por su parte Román Chavarría Campos, Jefe de la Unidad Inteligencia Financiera, indicó que es importante que el país tome conciencia sobre la necesidad de regular y controlar y transparentar la información adecuadamente sobre lo que tiene que ver con sociedades.

“Esta es una responsabilidad compartida, no es una tarea de una institución, o en donde median otras instituciones, como Registro Nacional, la Dirección Nacional de Notariado, que llevan parte en establecer el modelo o norma de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en estas personas jurídicas”, concluyó Chavarría.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Pablo Quirós, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de junio del 2016 – En una sesión secreta amparada en la normativa de la Ley de Telecomunicaciones, los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público enfrentaron a la Contralora, Marta Acosta y al Presidente Ejecutivo del ICE, Carlos Obregón.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de junio del 2016 – El representante de la Asociación de Transportistas de Turismo (Asotranstur), Juan Carlos Salazar, pidió a los diputados de la Comisión de Turismo ayuda para derogar el decreto que baja de 20 a 10 años la antigüedad de las unidades de turismo.

Para el representante no existe un criterio técnico que sustente la medida y así se lo han hecho saber a las autoridades de gobierno.

Por su parte Hugo Arias representante de la Cámara Nacional de Transportistas de Turismo indicó que con esta disposición se verían afectados entre 150 a 200 empresarios pymes que forman parte de dicho grupo.

“Con esta medida, el ICT nos viene a afectar a nosotros, a los más pequeños. Es fácil hacer un decreto sin tener un estudio básico”, acotó.

Para el Presidente de la Comisión, Luis Vásquez Castro «es un deber escuchar la situación por la atraviesan los pequeños empresarios del sector con este que decreto”.

Para la diputada de Liberación Nacional, Karla Prendas Matarrita este tema ha causado un impacto negativo en los transportistas de Puntarenas y afecta a todo el sector.

«El decreto tiene cosas positivas, pero el problema se da en la antigüedad de vehículos, esperamos que el Ministro de Turismo dé marcha atrás con el artículo 4», acotó la diputada Prendas.

Prendas Matarrita indicó que el reto del país es mejorar en reducción de antigüedad de vehículos pero que esto debe hacerse apegado a la realidad.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de junio del 2016 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales, dictaminaron en forma positiva, el expediente 19711 Aprobación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

Dicho Acuerdo contiene un cuerpo de disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, establece además, medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades de los países miembros en cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos de exportación, importación y tránsito de mercancías.

Así mismo el acuerdo también procura asegurar que las autoridades que intervienen en frontera y en especial en las fronteras con otros países, cooperen entre sí y coordinen sus actividades, con el fin de garantizar un mejor servicio a los flujos comerciales y de personas.

Además, contiene disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidades para los países que así lo requieran; promueve, además, el fortalecimiento de mecanismos de comunicación y consulta regulares entre las entidades públicas y el sector privado, orientados a procesos de mejora continua en esta área.

Se indica que la aprobación de este protocolo, constituiría una señal adicional del compromiso de Costa Rica, no solo con el “Acuerdo sobre Facilitación del Comercio” -que el país promovió activamente en el seno de la OMC- sino con las iniciativas de apoyo al sector productivo y la competitividad que se han asumido en la región, al amparo de los mandatos de los Jefes de Estado del Sistema de la Integración Centroamericana, de junio de 2014.

El Protocolo también crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (el cual se abreviará como CONAFAC), como un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior.

El Consejo será el órgano de decisión y coordinación interinstitucional permanente entre las instancias gubernamentales que tienen competencias relacionadas con los procedimientos de comercio exterior; incluidos los relativos a exportación, importación y tránsito de mercancías, así como los proyectos de mejora de procesos e infraestructura, tanto física como tecnológica, para la facilitación del comercio.

Los criterios que emita el Consejo en aplicación de las normas y principios del “Acuerdo sobre Facilitación del Comercio”, tendrán carácter vinculante para la Administración Pública Central. Estos criterios deben circunscribirse a los alcances del Acuerdo antes citado y no podrán interferir o modificar las competencias de otros órganos de la Administración Pública.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de junio del 2016 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminaron el presupuesto extraordinario, que plantea un recorte del gasto que asciende a los 25 mil millones de colones.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de junio del 2016 – El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Pablo Heriberto Abarca, y el presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, Gustavo Araya, señalaron a los diputados de la Comisión de Turismo su disconformidad con el decreto que aumenta en dos dólares los impuestos de salida

Ambos presidentes mencionaron que se evidencia una descoordinación en el gobierno ya que el jerarca de turismo no tenía conocimiento de este aumento.

«Nunca fuimos consultados, ni comunicado por parte del gobierno de que iban a implementar esta medida», acotó el presidente de CANATUR.

Por su parte Gustavo Araya mencionó que con este decreto se daña la competitividad del país al ser uno de los destinos más caros y dejó abierta la posibilidad de accionar ante la Sala IV por este cobro.

El Presidente de la Comisión Luis Vásquez Castro se mostró esperanzado en que las autoridades del gobierno revisen esta decisión en los próximos días

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada GómezDepartamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

14 de junio del 2016 – Iván Brenes, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), asistió a la Comisión de Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración para externar su criterio negativo al proyecto 19308 que busca una modificación del artículo 15 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Para el jerarca con esta iniciativa se podría generar falsas necesidades de usar fondos de emergencias, ya en la actualidad se cuenta con legislación que permite dar una respuesta rápida ante cualquier evento.

“No consideramos necesario destinar más horas maquinarias en obras de rehabilitación y así nos lo ha señalado la Asesoría Legal”, acotó el Presidente de la CNE.

Según el jerarca, el texto presenta inconsistencia de fondo ya que no es viable aumentar el número de horas ya que esto podría generar un efecto negativo en la disponibilidad de recursos del fondo de emergencias que es muy restringido para cumplir con obras de rehabilitación y atender nuevas emergencias, el resto de recursos es para prevención.

Para el proponente de la iniciativa el diputado socialcristiano Jorge Rodríguez Araya es necesario primero contar con el decreto de emergencia para poder aplicar la declaratoria de emergencia, por lo que es necesario dar herramientas ágiles para atender los daños y restablecer los servicios en el menor tiempo posible.

El legislador cuestionó que se puedan dar falsas necesidades en una emergencia y ya que los alcaldes conocen de primera mano las necesidades y urgencias de sus comunidades.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de junio del 2016 – Néstor Baltodano Vargas, Presidente de la Cámara Costarricense Forestal, (CCF) así como su Director Ejecutivo, Antonio Flores, solicitaron proceder al archivo del expediente 19730 Ley para evitar conflictos de interés en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y en la Oficina Nacional Forestal, ONF, al no existir conflictos de interés alguno.

Antonio Flores, Director Ejecutivo de CCF, aseguró que el articulado resulta desconectado de la exposición de motivos y genera cambios significativos en la composición de la Junta Directiva de la ONF y FONAFIFO sin que medie ganancia alguna para el sector forestal.

Baltodano y Flores vertieron sus criterios en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y rechazaron cualquier intensión por vincular a empresarios del sector forestal y asociados a la cámara con supuestos conflictos de intereses, por su participación a derechos en las juntas directivas de la Oficina Nacional Forestal (ONF) o de Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

Baltodano señaló que para el sector empresarial es vital mantener una institucionalidad que cumpla con funciones ligadas al fomento, financiamiento y promoción de la producción y consumo de madera y servicios ambientales tal y como lo han realizado FONAFIFO y la ONF.

“Para el caso de la Junta Directiva de FONAFIFO, es necesario una representación equilibrada entre pequeños productores e industriales propietarios de ecosistemas forestales, ya que son la razón de ser del programa de pago de servicios ambientales, sumado a los representantes de los ministerios de mayor vinculación al tema como Ambiente y Agricultura, por último un representante de la banca nacional por la naturaleza del FONAFIFO”, dijo el Presidente de la CCF.

Señaló que en el caso de la junta directiva de la ONF yace en el espíritu de la Ley Forestal 7575 que todos los actores de la cadena productiva forestal, desde los pequeños productores, hasta los comercializadores e incluso, según dijo, los grupos ecologistas, estuvieran representados en la ONF, de manera que se establecieran los balances adecuados para proponer al MINAE las políticas y estrategias para el desarrollo de las actividades forestales y la representación en el FONAFIFO.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

13 de junio del 2016 – Fernando Rodríguez Garro, Viceministro del Área de Ingresos del Ministerio de Hacienda, advirtió en la Comisión Especial Investigadora que analiza la información relacionada con el bufete panameño Mossack Fonseca, sobre el uso de sociedades anónimas que son utilizadas para evadir impuestos.

El Viceministro fue acompañado de Carlos Vargas Durán, Director de Tributación Directa, Priscila Piedra Campos Directora General de Hacienda y Susy Calvo Solís, Directora de Fraude Complejo.

Rodríguez aseguró que lo han advertido muchas veces, la línea que separa la evasión de la ilusión es muy tenue, pues la gente puede alegar que está recurriendo a argumentos legales, cuando en realidad es muy fácil pasarse a un lado y terminar evadiendo, es un problema que origina la legislación.

“Evidentemente hay huecos en la legislación de renta que están provocando estos problemas, pero además hay otra cosa que no es propiamente legislación tributaria. Sería importante que la Asamblea Legislativa revise la legislación del Código de Comercio, pues facilita la creación de sociedades y permite que muchas terminen siendo sociedades meramente de papel”, sostuvo el viceministro de Hacienda.

Añadió que dichas figuras, pervierten la figura de la sociedad anónima como tal y no necesariamente facilita la creación de empresas, porque según dijo, no se crean empresas con esas sociedades, sino simplemente mecanismos para evadir impuestos.

Explicó Rodríguez que se está valorando crear una figura especial de sociedades de tenencias, pero sin actividades comerciales, la gente quiere separar su patrimonio, como por ejemplo, registrar vehículos legales o bienes, únicamente con ese fin y no ahora que la sociedades sea para una cosa o para otra y terminan creando un vacío muy complicado de manejar.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

9 de junio del 2016 – El Ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, advirtió una vez más a los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, sobre la necesidad de resolver la situación fiscal del país, al referirse a la liquidación del presupuesto del año 2015.

Además compareció la Ministra de Planificación, Olga Marta Mora, quien comparte los mismos criterios de la Contraloría General de la República y de organismos internacionales financieros sobre la situación fiscal del país.

“Hace un año reiteramos ante la comisión, la urgencia de dar solución al problema fiscal, básicamente habían dos elementos, el déficit por causas estructurales y siete años con déficit primario, se hace la referencia de la relación entre el déficit primario y el tema de la deuda del Gobierno Central”, explicó el jerarca de Hacienda.

Dijo que su cartera ha presentado nueve proyectos de ley para fortalecer la hacienda pública y el país sigue a la espera de soluciones, de una señal aun cuando se está en una situación de emergencia fiscal.

“Quiero destacar que veo con optimismo la posibilidad real de un acuerdo que está en esos procesos y que además está muy adelantado, eso sería una señal clave, a nivel nacional e internacional”, comentó.

En relación con la situación fiscal, el Ministro reiteró el punto de crecimiento de la deuda que pasó en el 2008 del 28% al 43%, lo que significa 15 puntos del Producto Interno Bruto, ya que en menos de una década, la deuda aumentó 15 puntos del PIB.

“Este es un tema que a veces no se le pone toda la importancia del caso, cada vez que aumenta la deuda hay déficit primario, parte de ese endeudamiento es para pagar la misma deuda, se nos convierte en una bola que se hace más grande”, explicó.

En relación con los intereses, el año pasado ascendieron a 800 mil millones en el 2015, equivalente a los presupuestos de quince ministerios, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

“Vean la relación tan grande entre el crecimiento de deuda y el tema de los intereses y además hubo una valoración de riesgo de las calificadoras. Esto hace que cada año se vuelve más difícil financiar el déficit”, indicó.

Por su parte la Ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, señaló que en las observaciones hechas en la memoria de la Contraloría, aparece un recordatorio con una serie de recomendaciones que surgió de la Asamblea Legislativa, a raíz de la liquidación del año 2014.

“Ahí se nos pedía varias cosas, como modificar los esquemas compensatorios de remuneraciones a los trabajadores del gobierno central. El Ejecutivo presentó en noviembre del año 2015 un proyecto de ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión pública de calidad”, explicó la Ministra.

Fuente: Asamblea Legislativa.