Autoridades coinciden en disminuir hacinamiento carcelario

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de junio del 2016 – El exceso de población en las cárceles del país hace necesario revisar la legislación vigente que limita la aplicación de normas legales para delitos considerados menores, a esta conclusión llegan las autoridades judiciales y legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Para conocer el criterio sobre el tema y la Reforma al Código Procesal Penal, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibió a José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Chavarría, fiscal general y Alfredo Chirino, decano de la facultad de derecho de la UCR.

Los comparecientes estuvieron de acuerdo con el expediente 19490 Reforma al Código Procesal Penal que precisamente busca que las sanciones para delitos considerados menores sean racionales y proporcionales.

Según coincidieron las autoridades judiciales, cuando se elevaron algunas contravenciones a delitos con pena de cárcel no se especificó la aplicación de algunas de sus normas, por lo que hoy una persona que sustrajo junto a su hija un champú está descontando 10 años de prisión.

El magistrado José Manuel Arroyo dejó clara la necesidad de que la persona que comete un delito debe ser sancionada pero dentro de los parámetros de la racionalidad

Es por ello que el vicepresidente de la Corte considera importante la aprobación del proyecto el cual manifestó aumenta las posibilidades de llegar a acuerdos entre las partes.

Por su parte, Alfredo Chirino sostuvo que cuando se tomó la decisión de sancionar los delitos contra la propiedad considerados menores se abrió un portón de injusticia y desproporcionalidad.

La directora de la defensa pública, Marta Iris Muñoz, expuso a los legisladores varios de los casos donde personas por cometer el robo de artículos como picaritas, atunes o un champú están descontando hasta de 15 años de cárcel.

Ante esta situación solicitó que a la hora de redactar las normas que se aplican al robo agravado se especifique la afectación que tenga el bien sustraído y se haga la diferencia entre personas física y jurídica.

Esto por cuanto en la actualidad la participación de más de una personas en la sustracción de un bien es considerado robo agravado con lo cual aumenta las penas carcelarias.

Jorge Chavarría fiscal general del Ministerio Público, expresó que la reforma es importante porque contiene parámetros de racionalidad en relación a la proporcionalidad de la pena sobre hechos considerados menores.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Dictaminan proyecto que amplía plazo para ciudades litorales

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de junio del 2016 – El proyecto de Ley 19.885 contó con el aval de los diputados de la Comisión de Turismo y con esta decisión se da más tiempo a las instituciones encargadas de regular las construcciones existentes en la franja restringida de la zona marítima terrestre.

Esta nueva ley establece que las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de la zona marítimo terrestre que no cuenten con un plan regulador costero vigente, dispondrán de 4 años, para concretar la aprobación del plan.

Durante dicho plazo, las municipalidades podrán conservar las construcciones existentes, en tanto la autoridad administrativa o judicial competente no acredite la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente.

A partir de la entrada en vigencia del plan regulador costero de la respectiva zona las construcciones que se conserven dentro de la zona restringida de la zona marítima terrestre deberán ajustarse a dicha planificación.

Las municipalidades con jurisdicción en zona marítima terrestre que tengan interés en tramitar una declaratoria de zona urbana litoral, dispondrán de 4 años, para concretar la tramitación de dicha declaratoria, en cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

La legisladora de Liberación Nacional, Karla Prendas Matarrita, celebró el avance del proyecto de ley.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Tarifas médicas privadas traerá aumento en pólizas del INS

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de junio del 2016 – El Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), Elian Villegas Valverde, aseguró que las nuevas tarifas de consultas médicas privadas, anunciadas por el Colegio de Médicos, traerá un impacto en aumento significativo en las pólizas del INS.

Así lo dio a conocer el jerarca de esa institución a los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público, donde fue convocado, junto con María del Rocío Sáenz, Presidente Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que se refirieran a este tema.

Señaló que lo que el INS maneja en gastos médicos, tendría un incremento en esas tarifas al final de un 75 por ciento, y lo que corresponde a los procedimientos de mayor frecuencia se estaría hablando que las tarifas de esas pólizas se incrementarían un 89%.

“Es un tema que desde el punto de vista de los seguros y lo que es el seguro propiamente de gastos médicos, va a tener un impacto grande en las tarifas y al impactar la tarifas, este es un seguro que muy probable, que si subimos mucho el precio va a disminuir la gente que lo tiene y se dará un impacto directo a lo que es la seguridad social y más concretamente a la CCSS”, aseguró el Presidente del INS.

Indicó que en el país existen actualmente un total de 120 mil personas que están cubiertas por seguros privados, y estas personas reciben su asistencia médica por medio de estos seguros, y no asisten directamente a la CCSS, ya que al presentarse un incremento serio en estas tarifas, muy probablemente éstas tendrán que ir a la CCSS.

Por otro lado, dijo que en el caso de seguros del trabajo, si se considera la parte privada de ese seguro, tendría un incremento de 9.914 millones de colones con relación al año 2015, eso se traduce en tarifas.

Por su parte la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, señaló que las tarifas no regulan los precios en la CCSS, y dicha institución tiene su propio análisis de costos, pues las tarifas son reguladas para el mercado privado.

“El principal impacto que tendría, es que de alguna manera seria, esa posible migración tanto de personas del sector privado al sector público y hay que esperar un poco a ver como esto se consolida, y el otro tema es la potencial migración que ahí si vemos un alto riesgo de recursos humanos de la institución del sector público al sector privado, al tener unas tarifas, que son evidentemente superiores que tenemos a lo interior de la institución”, explicó Sáenz

Fuente: Asamblea Legislativa.

Video: Sugieren reemplazar texto a iniciativa que regula el comercio electrónico

Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

22 de junio del 2016 – Representantes de la Cámara de Comercio sugirieron a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos reemplazar el texto del expediente 18185 que regula el comercio electrónico.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Expendedores de combustible tributarán por ingresos reales

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

22 de junio del 2016 – Los expendedores de combustible deberán llevar a partir de ahora cuentas separadas para diferenciar los ingresos y costos de los servicios públicos que prestan de los rubros que no son propios del servicio público para estimar y establecer el margen de utilidad luego de los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera dieron su aval en primer debate a la reforma del artículo 20 de la Ley de Aresep.

Los miembros de la subcomisión que analizó esta iniciativa consideraron que la remuneración correspondiente al expendedor del combustible está conformada por el margen de utilidad por comercialización, fijado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

No obstante, el costo fijado al consumidor final tiene incorporado todos los componentes que corresponde pagar, dígase impuestos, costo del producto en plantel, costo de distribución, margen de comercialización de estaciones de servicio, entre otros.

Consecuentemente, el expendedor del combustible al cobrar este precio al consumidor final, en realidad no lo hace por cuenta propia, sino por cuenta de Recope, quedando en su haber como único ingreso el margen de utilidad por comercialización, previamente autorizado por el ente regulador.

El presidente de este Miniplenario Gonzalo Ramírez Zamora señaló la importancia de la reforma al generar un dato real de las utilidades.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Condonan multas para habitantes de San Ramón

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

22 de junio del 2016 – Los habitantes del cantón de San Ramón que tengan deudas de intereses y multas sobre impuestos y tasas municipales al 30 de junio del 2014 quedarán exonerados del pago luego de que los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo dieron su apoyo a un proyecto en ese sentido.

Esta exoneración se aplicará cuando cancelen la totalidad del principal adeudado y regirá por un período de dos meses contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Video: Ministro de Vivienda desaprueba proyecto para vivienda de clase media

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de junio del 2016 – El Ministro de Vivienda Rosendo Pugol dijo a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos que no esta de acuerdo con el proyecto 19717 una reforma al Sistema Financiero para la Vivienda que pretende financiar viviendas para familias de clase media.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Expertos recominedan uso de cannabis y tratar enfermedades

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de junio del 2016 – Un teólogo y Presbítero así como un teniente detective vieron con buenos ojos el expediente Nº 19256 ley para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial.

Dicha iniciativa se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, recibieron a Jack Cole, teniente detective de la policía estatal Nueva Jersey, y al Reverendo Martin Ignacio Díaz Velásquez, Teólogo y Presbítero especializado en Pastoral de Derechos Humanos y Políticas de Drogas.

Cole trabajó 24 años como agente en cubierto en la sección narcotráfico, señaló que no está a favor del uso personal de cannabis pero si del uso medicinal ya que por catorce años ha conocido familias con personas enfermas con el uso del cáñamo medicinal mejoraron su condición de salud.

Solicitó a los legisladores no se prohíba ya que ese camino lleva a destrucción y desesperación de familia que ven esto como una alternativa.

Por su parte el reverendo Díaz, Presidente de la Junta Directiva de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador, señaló que trabaja con jóvenes y políticas de drogas en América Latina.

Justicia social y amor al prójimo y ser conscientes que alguno podemos ocupar en un futuro este medicamento, pidieron Cole y Díaz en la comisión.

«Costa Rica puede hacer historia en la región y dar oportunidad de acceso a medicamentos seguros a bajo costo», acotó el reverendo

“No puedo estar en contra del uso de la planta que ayuda a las personas a tener una mejor calidad de vida y que sufren con los dolores fuertes de su enfermedad”, señaló el reverendo Díaz.

Con el uso del cannnabis se protege a las personas del crimen organizado y que venden sustancias adulteradas, apuntaron los comparecientes.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Dan luz verde a educación dual

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de junio del 2016 – La Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación dio su aval al expediente 19019 ley para la regulación de la educación o formación profesional-técnica en la modalidad dual por medio de una alianza estratégica entre la persona estudiante, la empresa y la institución educativa.

Esta ley aplica tanto para instituciones públicas, privadas y empresas que deseen implementar esta modalidad en forma voluntaria y deberán cumplir con el siguiente proceso:

1. La institución educativa verificara la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas interesadas en desarrollar la formación profesional técnica en la modalidad dual.
2. La institución educativa que diseño el plan de estudio capacitará a las personas mentoras en su función como facilitadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje práctico de las personas estudiantes en la empresa formadora. La persona mentora tendrá a su cargo un máximo de cinco personas estudiantes. La certificación de la persona mentora estará a cargo de un nuevo ente llamado CONEDUAL y su costo lo asumirá la empresa formadora de acuerdo con el convenio que para tal efecto se realice.
3. La institución educativa en conjunto con la empresa formadora realizarán el proceso de selección de las personas interesadas de acuerdo con el programa o plan de estudios.
4. Analizar y organizar los contenidos educativos; determinar objetivos de cada programa; establecer y secuenciar actividades que hagan posible el logro de los objetivos establecidos; coordinar dichas actividades en el tiempo y el espacio; es decir, establecer un plan de acción completo para cada carrera y tener claros los fundamentos educativos que orientarán todo el proceso.
5. Certificación de los conocimientos adquiridos por la persona estudiante, esta es la etapa final del proceso mediante la cual la institución educativa en conjunto empresa formadora certifican los conocimientos adquiridos por el estudiante.

Para ser estudiante de un plan o programa de educación y formación profesional técnica bajo la modalidad dual se requiere que la persona estudiante tenga una edad mínima de quince años excepto para aquellos casos en que sea necesario que la persona sea mayor de edad por la profesión en la que se va a formar y como mínimo el estudiante debe tener aprobado el sexto grado de la educación general básica.

Esta nueva ley establece una serie de responsabilidades para cada una de las partes involucradas, en lo referente a la institución educativa esta deberá acompañar pedagógicamente a las personas estudiantes y a las personas monitoras durante el tiempo de ejecución del plan de educación y formación profesional técnica , suministrar a la persona estudiante los medios didácticos y demás recursos formativos disponibles para su proceso de educación, y certificar a las personas estudiantes que logran finalizar el plan de estudios y el proceso de formación profesional técnica bajo la modalidad dual.

Por su parte las empresas formadoras deberán entre otras asignar una persona mentora por cada cinco estudiantes para que facilite el proceso de seguimiento, durante el tiempo establecido en el convenio de educación y en la modalidad dual, asumir el costo de la capacitación que brindará la Institución Educativa a la persona mentora , permitir al personal de la institución educativa visitar las instalaciones de la empresa formadora y desarrollar actividades de acompañamiento pedagógico tanto al estudiante como a la persona mentora de la empresa durante los horarios normales de formación y reportar a la institución educativa aquellas situaciones o faltas en las que incurra la persona estudiante durante su periodo de formación, para tomar en conjunto las medidas correctivas o decisiones del caso de conformidad con lo pactado en el Convenio de Educación y Formación Profesional Técnica en la modalidad dual.

La empresa formadora, podrá otorgar una beca al estudiante el sobre el tiempo efectivo que el mismo permanezca en la empresa, el cual no podrá ser mayor a dos tercios del total de la educación y formación profesional técnica bajo la modalidad dual.

La beca consistirá en un 30% de salario para el primer año equivalente al puesto en el que se está capacitando, un 40% para el segundo año, y en caso de que la formación se extendiere por un tercer o más, la beca será de un 50%.

Finalmente los estudiantes tendrán la responsabilidad de desempeñar con el debido interés las tareas asignadas por la persona mentora y la persona docente facilitadora de la institución educativa, asistir con puntualidad a la empresa y a la institución educativa de acuerdo con las condiciones suscritas en el convenio de educación y formación en la modalidad dual, someterse a las evaluaciones establecidas en el programa de formación y mantener durante todo el proceso formativo una actitud respetuosa y de confiabilidad en la empresa y en el centro educativo.

El diputado de Liberación Nacional, Ronny Monge Salas se mostró satisfecho del avance del proyecto.

Similar es la posición del Presidente de la Comisión, Mario Redondo Poveda quien dejó abierta la posibilidad a mayores negociaciones y correcciones al proyecto.

El diputado de la bancada oficialista Javier Cambronero Arguedas dio su voto negativo en comisión al señalar que apoya las dudas planteadas por la jerarca del Ministerio de Educación Pública.

Fuente: Asamblea Legislativa.