Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de abril del 2015 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, dictaminaron positivamente el expediente 19447 Aprobación del Acuerdo de Cooperación entre la República de Costa Rica y la Organización Europea para la investigación nuclear (CERN) sobre la cooperación científica y técnica en física de altas energías.

Costa Rica suscribió el presente Acuerdo, en Ginebra, Suiza, el 12 de febrero de 2014, firmando en representación de nuestro país, el embajador Manuel Bernardo Dengo Benavides, representante permanente de Costa Rica ante la Organización de la Naciones Unidas con sede en Ginebra.

Con este acuerdo, Costa Rica se verá beneficiada en el avance de la investigación en física de partículas y fortalecerá el intercambio científico entre universidades nacionales, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Micit, y La Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, y la comunidad científica global.

La firma del presente instrumento jurídico internacional brindará la posibilidad de llevar a cabo uno de los proyectos innovadores de esta organización, que es incluir en la educación primaria programas de ciencias físicas, así como también brindar capacitación a los profesores.

Asimismo, dentro del marco de este acuerdo, podrán desarrollarse proyectos de investigación científica, no solo en física experimental o teórica, sino también en ingeniería de aceleradores y detectores, y computación. También, se abrirán excelentes oportunidades de estudio, becas, pasantías, cursos y capacitaciones.

El deseo de las partes es crear un marco para asegurar, a largo plazo, oportunidades para que los científicos, ingenieros y técnicos especialistas de Costa Rica participen en los proyectos de investigación del CERN, y para la provisión de cualesquier otra contribución que las partes acuerden.

El diputado Edgardo Araya Sibaja manifestó que Costa Rica hay que soñarla como un país potencia en investigación y desarrollo, en conocimiento y proveedora de ese conocimiento en el mundo.

“Tenemos una inversión social que se dio entre los años 50 y 80 en que nos convertimos y creamos la base para tener esa potencialidad, se nos ha venido cayendo la educación básica y es un reto que tenemos que atacar”, dijo el legislador.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

15 de abril del 2015 – Con el apoyo de 7 de los 8 diputados presentes la Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminó una reforma al artículo 6 de la Ley que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Con esta reforma se faculta a la institución a destinar recursos para la investigación y posterior producción e industrialización de biocombustibles, tecnologías de hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas, no convencionales, renovables y limpias, que le permitan al Estado satisfacer las necesidades energéticas de forma sostenible.

Esta iniciativa se dio tras la ruptura del acuerdo entre dicho ente estatal y la empresa Ad Astra Rocket encabezada por Franklin Chang.

En ningún caso Recope podrá invertir más de un 0,25% de su presupuesto anual en investigaciones de este tipo de energías.

Para el diputado de Liberación Nacional Michael Jake Arce Sancho está iniciativa es de gran importancia para el país.

En contra de la propuesta se encuentra el jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth al señalar una serie de debilidades entre ellas el monto de 5 mil millones anuales que se destinaría para la investigación en energías limpias.

Otra es la falta de claridad sobre las el tipo de las transferencias a las empresas que van a concursar por los recursos ya que no se establece si se van recibir como cambio parte del capital accionario y que obligaciones tiene la contraparte que recibe los fondos.

“Lo que estamos viendo es que estamos autorizando a Recope para que use recursos de los combustibles sin sentido ya que la institución no tiene capacidades para controlar ni fiscalizar”, acotó el diputado libertario.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de abril del 2015 – El segundo presupuesto extraordinario de la República que contempla una rebaja de más de 60 mil millones de colones fue dictaminado positivamente por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

La iniciativa además contempla destinar 40 mil millones de colones para capitalizar el Banco Nacional, lo cual no fue bien recibido por algunos legisladores especialmente de Liberación Nacional.

Para el legislador Marco Vinicio Redondo Quirós del Partido Acción Ciudadana con este proyecto el gobierno cumple el compromiso adquirido en el trámite del presupuesto ordinario del 2015 de ejecutar una rebaja en el gasto de varias instituciones.

Redondo Quiros enfatizó que con la aprobación final de este presupuesto se dará una reducción del difícil fiscal, dando una señal importante a las calificadoras y obtener con ello una buena imagen ante los organismos internacionales.

Rolando Gonzalez Ulloa diputado de Liberación Nacional manifestó su malestar por el trámite que recibió el proyecto en subcomisión pues argumentó que no hubo sesiones formales de esta instancia.

Además el liberacionista criticó la decisión de destinar 40 mil millones de colones para capitalizar el Banco Nacional.

Entre las instituciones a las que se les rebajará el presupuesto del presente año se encuentran los ministerios de Educación, Salud, Justicia así como al Tribunal Supremo de Elecciones y la Corte entre otros.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

13 de abril del 2015 – La Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, María del Rocío Sáenz Madrigal, manifestó que los ¢6238 millones que se rebajan del presupuesto de esa cartera, afectan los programas que tienen que ver con la atención a pacientes con enfermedades que tienen relación con el consumo del tabaco.

La jerarca de esa cartera compareció ante los diputados que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios para que se refiriera a los rebajos que sufriría esta cartera en el segundo presupuesto extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.

El proyecto de segundo Presupuesto Extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo incluye una rebaja a varias instituciones gubernamentales de 61 mil millones de colones que serían utilizados para pago de deudas.

Sáenz Madrigal señaló que lo que más afecta a su cartera con la rebaja de esos recursos son programas que tienen que ver con el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades broncas pulmonares, así mismo los recursos del tabaco se asignan a proyectos que son los estratégicos, como compra de equipos, mimógrafos, radio terapia entre otras.

Por su parte el Viceministro de Trabajo, Alfredo Camacho señaló que lo que afecta a esta cartera son ¢6481 millones de los cuales ¢6338 millones es una transferencia al Patronato Nacional de la Infancia, lo que quiere decir es que para el resto del ministerio considera que no hay una afectación importante en ninguna otra partida.

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Esteban Salom, Pablo Quirós, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de abril del 2015 – La Contralora General de la República, Marta Acosta, alertó a los diputados de la comisión de ingreso y gasto público sobre un informe secreto con respecto a los estados financieros de RACSA.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de abril del 2015 – El Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez Espeleta fue claro al señalar a los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Ambiente que no es competencia del Ministerio las labores de vigilancia sobre el aleteo del tiburón amarillo.

El jerarca asistió en compañía del Director del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, Bernardo Jaén Hernández para explicar a los legisladores que acciones se están llevando acabó para prevenir el aleteo de tiburón en el país.

Gutiérrez Espeleta señaló que esas son labores propias del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA, y ellos están únicamente facultados a labores de conservación.

El jerarca instó a los legisladores a reformar la actual ley de pesca y acuicultura para modificar el capítulo sobre delitos y sanciones para prohibir el aleteo, pero indicó que el país le ha dado la espalda al resto del territorio de mar territorial y zona económica exclusiva.

El Ministro señaló a los diputados que ha logrado el apoyo de Unesco y ayudará para el proceso de ordenamiento del territorio marino y trabajar en priorizar agendas de las diversas instituciones del sector para un efectivo control y vigilancia de la situación y la generación de mecanismos para ordenarlo.

Por su parte el Director de Senasa indicó que no les compete la vigilancia de la pesca ni de las embarcaciones y que su labor es únicamente la de emitir los certificados de exportación luego de la verificación a cargo de INCOPESCA.

Jaén Hernández agregó que trabajan en un decreto ejecutivo entre aduanas, Incopesca y Senasa para clarificar los requerimientos y mejorar la capacidad institucional de respuesta.

“Nosotros acompañamos los esfuerzos productivos en el marco de la protección ambiental”, acotó el Director de Senasa.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

9 de abril del 2015 – Julio Jurado, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Rodrigo Gámez, Presidente del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio Parque), defendieron la compra de los terrenos del INBio parque que hizo la administración, para que sea administrado por el SINAC.

Ambos comparecieron en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para que se refirieran al tema, ante las consultas que tienen algunos legisladores sobre la compra de terrenos de una asociación privada.

Rodrigo Gámez señaló que era muchísimo más negocio vender los terrenos a un privado, como se tuvo la propuesta de hacer un inmobiliario, pero la decisión de la asociación, era que si el Gobierno está interesado, asegurarse que efectivamente fuera hecho con la mayor transparencia.

“Entonces tenía que estar muy bien fundamentado y eso fue lo que nosotros nos preocupó, que tuviera todos los controles necesarios y que pasara por todos los tamices, pero el argumento principal nuestro no era para pagar deudas, sino prevaleció el interés de que continuara la labor de carácter educativo y en eso el Estado estaba anuente”, dijo Gámez.

Por su parte Julio Jurado señaló que se adquirieron alrededor de 70 hectáreas, de los cuales había unos 3249 metros cuadrados de edificaciones, 50 mil metros cuadrados de área boscosa y que el monto a pagar fue de 4981 mil millones de colones en un plazo de 6 años y 10 meses.

“La justificación básica según el oficio de la Contraloría General de la Republica que aprueba la adquisición del inmueble, es para el traslado de la Dirección Ejecutiva, de las oficinas de la Secretaria Ejecutiva del SINAC del Área de Conservación, Cordillera Volcánica Central y de las Oficinas del Área de Conservación y Monte Submarino de la Isla del Coco”, dijo.

Dijo además que el INBio Parque cumple una función de educación ambiental, que está muy posicionado en la cultura costarricense, por lo que gran cantidad de estudiantes, de primaria y secundaria que visitan el parque.

“Nosotros valoramos todo esos aspectos, eso no fue una decisión del SINAC como órgano es una decisión del Consejo Nacional Ambiental, esos fueron los motivos que llevaron al Consejo de tomar la decisión de no cerrar el INBio Parque, sino de que el Estado lo asumiera en su administración”, señaló.

Edgar Ayales, ex ministro de Hacienda, señaló que todo se inicia cuando surge un informe sobre la situación financiera del INBio a mediados del 2013, que tuvo como resultado una carta del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Hacienda en agosto del 2013, solicitando que se haga una modificación presupuestaria del MINAE para incluir recursos para la compra de INBio.

Finalmente el ex ministro de Ambiente René Castro, manifestó que se hizo una compra transparente, estuvo aprobado hasta en el presupuesto extraordinario de la Republica, del año 2014.

“Se hizo una conferencia del Gobierno anterior anunciando la intención de trasladar parte del SINAC y de mantener el INBio Parque para educación de los costarricenses”, concluyó.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de abril del 2015 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior dictaminaron en forma positiva dos convenios, uno es el expediente 19452 Aprobación del Acuerdo marco de cooperación entre la República de Costa Rica y la República del Paraguay y el expediente 19453 Aprobación del Memorándum de entendimiento en cooperación en ecoturismo entre la República de Costa Rica y el Gobierno de la Mancomunada de Dominica.

Además, los diputados recibieron al señor Embajador de la República de El Salvador, Sebastián Vaquerano López, para conversar y revisar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

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Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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8 de abril del 2015 – Representantes del Movimiento Agropecuario Nacional, MANA están de acuerdo con el proyecto de ley que condona deudas a varios agricultores por pérdidas de cosechas y que se encuentra en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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8 de abril del 2015 – La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió a Guillermo Carazo, presidente de la Cámara de la Construcción quien se refirió a las repercusiones que tendrá el incremento al impuesto a ese sector de un 5 a un 12 % y que se contempla en el expediente 18946 para eliminar los privilegios en los fondos de inversión.

Carazo indicó que el cambio en el esquema como lo plantea el proyecto implica una reducción directa en la rentabilidad de los ahorrantes por lo que podría generar una salida masiva de los mismos del sistema.

Para el representante del sector de construcción el aumento no debería pasar los tres puntos porcentuales pues la medida implica un aumento de un 60% de los ingresos y mantiene atractiva la figura para los ahorrantes.

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