Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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21 de octubre del 2014 – Marco Vargas Salas, Jefe de la Unidad de Trauma del Hospital Nacional de Niños, manifestó, que el derecho de los niños y niñas a viajar seguros en los autobuses escolares, es un derecho ineludible, ya que es tan importante como el derecho a la salud y educación y otros derechos que están claramente establecidos.

El doctor compareció en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, quien se refirió al expediente 19158 Reforma del artículo 94 de la Ley de Transito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad vial, que pretende, según dijo el compareciente, eliminar la necesidad de que los autobuses escolares utilicen cinturones de seguridad.

“Como miembro de la unidad y este hospital tenemos que señalar que el derecho de los niños y niñas en viajar seguros, es un derecho ineludible, que es tan importante como el derecho a la salud, como el derecho a la educación y como otros derechos fundamentales que están claramente establecidos” señaló el doctor.

En este mismo sentido añadió que es mucho más seguro que los niños y niñas viajen en autobuses para sus escuelas, que en carros particulares, lo que lo evidencia muchos estudios científicos a nivel internacional que favorecen este tipo de tesis.

Mencionó que según esos estudios, viajar a la escuela en autobús produce solo 1,23 muertes o lesiones graves en niños, por cada millón de millas transitadas a la escuela en autobuses escolares, mientras que en vehículo particular, la tasa de probabilidad de muerte es de 16 a 93 fallecimientos o lesiones graves por cada mil millas.

“La posición del Hospital Nacional de Niños, es que lo primero, que recomendamos el uso de cinturones de tres puntos en autobuses de peso igual o menor a 4536 kilos o lo que es lo mismo 10 mil libras. Recomendamos que la altura del respaldar sea de al menos de 610 milímetros en autobuses de peso igual o menor de 4536 kilos, estas recomendaciones se derivan de varios estudios”, dijo el compareciente.

Finalmente señaló que deben de ser los padres quienes aporten las sillas, igualmente para el transporte de taxis, así mismo la falta de capacidad económica no debe de ser un factor que discrimine la seguridad en el transporte del menor.

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21 de octubre del 2014 – La ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramirez, solicitó a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios que se le aprueben un total de 4022 millones de colones que serán invertidos para construir infraestructura carcelaria.

“Con este presupuesto extraordinario lo que estamos haciendo es precisamente eso invirtiendo en la vida de más de 1350 personas privadas de libertad que durante años han permanecido en riesgo de incendio”, dijo la Ministra.

Finalmente señaló que en el ámbito D del Centro Penitenciario la Reforma fue construido para 400 personas, “estas 1300 personas además de que viven en esa infraestructura deplorable y abandonada, no se le ha dado un adecuado mantenimiento, estas personas están en riesgo de incendio eminente, porque así lo ha dicho Bomberos de Costa Rica, y el Colegio de Ingenieros, y que hay que sacar a esas personas de ahí”, explicó.

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21 de octubre del 2014 – Carlos Monge, Presidente Consejo Nacional de Producción (NCP), solicitó a los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, la aprobación de ¢9568 millones que serán invertidos en una parte para pagar deudas a productores del país.

Monge compareció para referirse al expediente 19360 Modificación a la Ley 9193 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del año 2014.

“En el CNP hemos encontrado una situación financiera especial, con un flujo de fondos insuficientes, un clima organizacional que lo calificamos de desencuentro e incertidumbre en la política pública agropecuaria y una situación programática, que es objeto de un esfuerzo por la actualización programática”, dijo el jerarca.

Señaló que han encontrado en diferentes sectores una gran conciencia para resolver problemas de comercialización de los pequeños y medianos productores, reflejo del nivel de desarrollo de la agricultura, hay iniciativas en las regiones, proyectos de ley que intentan resolver problema de comercialización.

“Hay fuentes de ingresos insuficientes, hemos desatendidos compromisos legales como institución y hemos estado en una gestión a paga incendios, que limita la gestión por resultados. En definitiva tenemos entonces que presentar esta presupuesto extraordinario que es muy significativo para nosotros de 9568 millones de colones”, señaló.

En este mismo sentido indicó que esos recursos serán invertido para retenciones salariales a trabajadores no trasladadas por ¢320 millones, deuda a proveedores por ¢124 millones, deuda a trabajadores del Fondo de Garantía y Jubilaciones que se ha venido acumulando por ¢1497 millones y deuda especial a productores, pequeños y medianos que son proveedores del mercado institucional a través del programa de Abastecimiento Institucional por 3324 millones.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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16 de octubre del 2014 – Mediante una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, se podría ampliar la integración de los diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público y pasar de siete a nueve miembros, de esta manera todas las bancadas tendría representación en este órgano.

Los diputados de la Comisión Especial que estudia todos los proyectos que tienen que ver con el Reglamento de la Asamblea Legislativa, dictaminaron en forma positiva y por unanimidad el expediente 19127 reforma al artículo 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El diputado Mario Redondo Poveda, miembro de la comisión y proponente de la iniciativa, manifestó que siendo el control político y la fiscalización de la hacienda pública, una materia esencial para el parlamento, consideró necesario que la integración de la comisión que observa estos temas, sea más amplia que la que actualmente existe.

“Esta comisión había sido creada en el contexto del bipartidismo donde no habían tantos partidos en el Congreso, ahora hay más partidos y creemos necesario ampliar la posibilidad de que esos partidos puedan estar representados en este foro legislativo”, dijo el diputado Redondo Poveda.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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16 de octubre del 2014 – Los legisladores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminaron el plan de gastos enviado por el Gobierno con un recorte de 297.749 millones de colones, de los cuales 97 mil millones corresponden a gastos corrientes. La votación quedó con ocho votos a favor y tres en contra.

Los diputados Marco Vinicio Redondo del Partido Acción Ciudadana y Gerardo Vargas Varela y José Ramírez del Frente Amplio, votaron en contra el dictamen afirmativo de mayoría, discutido en la Comisión.

Vargas Varela explicó que votaron en contra del dictamen de mayoría debido a que a su criterio algunos de los recortes podrían afectar una serie de programas sociales del Gobierno.

Dentro de las rebajas al presupuesto del 2015 que ascendía a los 7.9 billones de colones, están cerca de 10 mil millones para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 4 mil millones al Poder Judicial. Además, se votaron reducciones para el Ministerio de Educación Publica y el Ministerio de la Presidencia.

Los legisladores habían reclamado a lo largo de la discusión del presupuesto que existían partidas que presentaban superávit históricos y que en estos rubros se podrían recortar sin afectar el accionar de las instituciones.

La Comisión aprobó una norma presupuestaria que obliga a las instituciones públicas a utilizar sus recursos ociosos para financiar gastos.

El presupuesto pasará al Plenario legislativo para su discusión en el mes de noviembre y el día para su aprobación en primer debate es el 27 de noviembre y el segundo debate será el 29 de noviembre.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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16 de octubre del 2014 – José Manuel Arroyo, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la política criminal o la política de persecución penal del país, es responsabilidad de una serie de instancias que se tienen que poner de acuerdo, no exclusivamente del Organismos de Investigación Judicial (OIJ).

El jerarca de ese poder de la República, compareció en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, para que diera sus puntos de vista con relación al expediente 17256 Reforma Total a la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial.

Fue claro en señalar que la iniciativa le da la posibilidad al OIJ de diseñar la política criminal del país en su artículo 13, sin embargo, lo consideró inaceptable, porque la diseñan los legisladores, dicen qué se permite y que no, y que está prohibido y que está permitido, además entran en juego una gran cantidad de agencias del sistema penal.

“En la Corte hemos tenido muchas discusiones y lo que se ha entendido es que la política criminal, la política de persecución penal en un país, es responsabilidad de una serie de instancias que se tienen que poner de acuerdo para poder diseñar esa política, obviamente el OIJ tendrá la palabra en este tema, no es que la estamos excluyendo, no podemos dar exclusivamente la competencia sobre este tema”, consideró

Otros de los puntos que analizó y por lo que se pronunció en contra de la iniciativa, es el artículo 5,que da la posibilidad de incomunicar a personas, lo cual catalogó como inaceptable, ya que no se le puede dar la posibilidad a la policía judicial sin pedir el permiso judicial respectivo de incomunicar a una persona.

“Este proyecto en su artículo quinto, incisos i) y j), comete un error, porque habla de darle a la policía, la posibilidad de entrevistar y de interrogar a los detenidos. Esto toca un nervio vital, de lo que es el procedimiento penal democrático, porque contradice las normas que al respecto tiene el Código Procesal Penal en sus artículos 98 y 286, es decir el Código Procesal asegura que desde el momento que una persona es señalada como posible autor de un hecho, tiene derecho a un defensor y tiene derecho a ser entrevistado o interrogado por quien conduce la investigación”, aseguró el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente indicó que este proyecto esta desactualizado seis u ocho años, recomendó a los diputados que si quieren iniciar el proceso de reformar integralmente al OIJ hay que hacer un nuevo proyecto de ley.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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16 de octubre del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales dictaminaron el expediente 18369, Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y Belice.

Este acuerdo busca la promoción de la cooperación técnica, económica tecnológica, científica y cultural entre las Partes, a través de la formulación y ejecución de programas específicos y proyectos en áreas de interés común, en especial, en los sectores de educación, cultura, salud, turismo, agricultura, ambiente, ciencia y tecnología, biblioteca y archivos, deportes y juventud, cooperativas, capacitación profesional, cooperación académica, fortalecimiento institucional del Servicio Exterior y los derechos de los niños .

La presidenta de la comisión, la diputada del Partido Acción Ciudadana, Epsy Campbell Barr indicó que acurdo pretende mejorar la cooperación entre ambas naciones.

Según el proyecto de ley, se contempla que “las Partes prestarán facilidades a entidades del sector público y privado, cuando se requiera, en la ejecución correcta de programas y proyectos de cooperación. Igualmente, ambas Partes otorgan importancia a la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países”.

Además, dictaminaron el expediente 19189, Aprobación del Convenio de Sede entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano.

Esta iniciativa pretende determinar y desarrollar los privilegios, inmunidades y facilidades que otorgará el Gobierno de Costa Rica a este Organismo Regional y a sus funcionarios en el territorio costarricense. Contempla, además, la normativa comprendida en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de febrero de 1946, la cual ha sido tomada como modelo para otros convenios sobre esta materia, siendo Costa Rica parte de esta Convención.

Según el proyecto, “el Consejo Agropecuario Centroamericano se integra con los Ministros de Agricultura o la autoridad competente de los países del Istmo y estará encargado de proponer y ejecutar las acciones necesarias, conducentes a conformar acciones, programas y proyectos regionales en el campo agropecuario, forestal y pesquero, tanto en lo que se refiere a las políticas de sanidad vegetal y animal, como a los aspectos de la investigación científico tecnológica y modernización productiva”.

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15 de octubre del 2014 – Irene Cañas Días, Viceministra de Ambiente y Energía, manifestó que actualmente el Poder Ejecutivo, a través de esta cartera, realiza diferentes mesas de diálogo en todo país, con el propósito de juntar a todos los actores y asi concertar la política energética de nuestro país.

La viceministra, compareció junto con el Ministro de esa cartera, Edgar Gutiérrez, en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, quienes se refirieron al proyecto de ley expediente 18093 Ley de Contingencia Eléctrica.

Cañas señaló que desde el inicio de las Mesas de Diálogo se enfocaron la materia de electricidad en cuatro ejes principales, eficiencia energética, generación distribuida, optimización de la matriz eléctrica y aspectos socio ambiéntales en el desarrollo de proyectos eléctricos.

“Estamos concluyendo la primera fase, consistió en hacer un mapeo de actores y se identificaron alrededor de 60 representados en academias, empresas distribuidoras, Cámara de Industrias, Unión de Cámaras, fracciones legislativas, partidos políticos, es una gama muy amplia de actores”, explicó la Viceministra.

Así mismo indicó que se realizo un foro en la Zona Norte y otro en la Zona Sur, con la participación totalmente abierta y se invitó a todas las organizaciones, Asadas, asociaciones de desarrollo, ONG.

“En el caso de la zona norte tuvimos participación de alrededor de 110 personas. Lo que estamos tratando, es de construir la política energética, el plan de energía, que tiene esos cuatro ejes, y el tema de la generación privada es un sub tema de la optimización de la matriz eléctrica”, sostuvo.

Por su parte Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, manifestó que el tema energético se tiene que resolverlo ya, precisamente el aspecto de electricidad es que se ha considerado y fue una decisión de la administración que se iniciara con una mesa de diálogo.

“La convocatoria de mesa de diálogo es un espacio que abrimos para que los actores hagan sus propuestas sobre lo que ellos consideran que debe ser el desarrollo eléctrico del país, vamos a poner las cartas sobre la mesa, por ejemplo geotermia, parques nacionales, o geotermia en todo el país, vamos a discutir y ahí se van a generar algunas posiciones, esa información va hacer un insumo nuestro, para hacer la propuesta en febrero de lo que es la política nacional” dijo el ministro.

Finalmente recomendó a los diputados no discutir ni dictaminar aun la iniciativa de contingencia eléctrica, hasta tanto no concluya las mesas de diálogos propuestas por el Ejecutivo.

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15 de octubre del 2014 – Jeannette Solano García, Sub contadora Nacional del Ministerio de Hacienda, manifestó que uno de los objetivos primordiales de la implementación de las normas de contabilidad internacional, es contar con un marco normativo contable, robusto, bajo los estándares que generen información financiera para todo el sector público.

La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Municipalidades y Desarrollo Local Participativo, quien se refirió al proyecto de implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, con aplicación para el sector municipal.

Mencionó que uno de los elementos fundamentales, es que esa información, sea confiable, comparable y oportuna, que también ayude en la toma de decisiones de todos los niveles y lograr la transparencia en la gestión de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas.

“Dentro de los factores que determinaron la adopción de la implementación de las normas internacionales a nivel nacional, es que se contaba con una debilidad, porque el marco contable eran débil e insuficiente y muchos grupos del sector en realidad están realizando contabilidad presupuestada”, dijo.

También señaló que no existía una estandarización de los planes de cuentas y la obligación de generar estados financieros consolidaos, que es uno de los factores más importantes que se requiere para dar toda la información del sector público.

“Cuáles han sido los beneficios o lo que se espera de este importante proyecto? que la información financiera sea de alta calidad, bajo estándares internacionales, contribución a la integración del sistema de administración financiera, la contribución a la toma de decisiones y una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y por ende la rendición de cuentas”, indicó.

Finalmente sostuvo que otros de los beneficios han sido además, la contribución a la fiscalización de los recursos públicos, al fortalecimiento de las estadísticas de finanzas públicas, al diseño de políticas públicas y a su seguimiento y evaluación, y una mayor confianza a los ciudadanos de la gestión de los recursos públicos.

“Es importante detallar que este proyecto se inició aproximadamente en el año 2008 se empezaron a dar sus primeros pasos incluso a través del decreto se establecía la meta de que todos teníamos que llegar al 2012, no obstante una vez que se empieza el proceso, y se da cuenta que en realidad muchas instituciones les faltaba información y también la madurez del proyecto, por tal razón se extendió el plazo y todos tenemos que llegar al 2016”, finalizó.

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9 de octubre del 2014 – Consultas sobre cómo se manejan los fideicomisos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quiénes conforman las unidades ejecutoras y quiénes son los responsables de los proyectos, fueron la tónica en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Los diputados cuestionaron que una empresa conformada por ex funcionarios de la institución fueran contratados para supervisar proyectos hidroeléctricos cuando ya habían participado en el diseño de las obras.

La congresista del Partido Acción Ciudadana, Epsy Campbell Barr criticó de manera vehemente que los ex funcionarios del ICE, “pasan de lo público a lo privado y los contrata, ellos aprueban la modalidad del fideicomiso, definen los términos y luego son oferentes y son contratados”.

El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón explicó que el personal que salió del Instituto, “salió a trabajar con el Banco Nacional para desarrollar el proyecto de fideicomiso, no veo ningún conflicto de intereses, nunca hemos visto conflicto de intereses, el que ese grupo tomase la decisión de conformar una empresa después de renunciar al ICE, ya no es competencia del ICE”.

Obregón fue claro en que los procesos de fideicomiso se iniciaron en 1994, como una forma de financiar obras de gran envergadura dentro del Instituto.

Los diputados cuestionaron la conformación de la unidad ejecutora en los proyectos como Peñas Blancas y Garabito.

El diputado de Frente Amplio, Jorge Arguedas Mora señaló que existen informes de inconsistencias en los procesos de contratación de la unidad ejecutora. Datos de la auditoria presentados por Arguedas revelan que “esta auditoría no tiene evidencia de que se realizara un procedimiento de contratación mediante concurso para que más empresas participaran ofreciendo sus servicios como unidad ejecutora del fideicomiso”.

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