Categoría: Comisiones

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

9 de octubre del 2014 – Max Lobo Hernández, Director del Instituto Geográfico Nacional y el Presidente de la Federación de Colegios Profesionales, Marino Ramírez Carranza asistieron a la Comisión Permanente Especial de Ambiente para referirse al expediente 18855 que busca la creación del Colegio de Profesionales en Geografía.

Lobo Hernández resaltó la importancia de los profesionales en el trabajo de ordenamiento territorial y señalo que desde 1976 se han egresado de la Universidad de Costa Rica cerca de 9000 profesionales.

Por su parte Marino Ramírez Carranza señaló que si bien no se oponen a la creación de nuevo colegio, indicó que se debe tener claridad sobre la cantidad de profesionales que se gradúan de esa carrera para ver la conveniencia de tener una nueva institución.

Dentro de las modificaciones planteadas por el Presidente de la Federación de Colegios Profesionales está que la Fiscalía sea un órgano aparte con independencia, que se limiten las funciones y competencias del Tribunal de Ética.

Igualmente que se establezca un plazo para la entrada en vigencia de los reglamentos respectivos y se incluyan transitorios que permitan a los 210 geógrafos que están incorporados al Colegio de Licenciados y Profesores continuar siendo parte de ese gremio.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de octubre del 2014 – Marvin Víquez Brenes, Gerente de la Red Eco turística Nacional, manifestó que es necesario impulsar una nueva ley para fortalecer al turismo rural comunitario, con el propósito de que sea más inclusiva, e incorpore a otros sectores de la economía social del país.

Viquez, compareció en la Comisión Permanente Especial de Turismo, quien se refirió al proyecto de ley expediente 18162 Ley para la Promoción del Turismo Rural.

La ley que se aprobó en el año 2009 establece un esquema del modelo facultativo, que implica darle a las instituciones las condiciones para apoyar al turismo rural comunitario, que en la práctica no los incluye en sus planes.

En este mismo sentido dijo que es necesario trasladar de una facultad a un mandato a las instituciones, ya que si existen instituciones del Estado que cuentan con una red bastante fuerte, hecha para generar desarrollo, para apoyar a las pymes, bases sociales y a todo el sector empresarial.

“El otro elemento fundamental que se valoró, es que esa ley no es inclusiva, la ley se estructuró en el 2009 bajo un modelo de turismo rural comunitario que se basaba en la autogestión del trabajo, había dos tipos de organizaciones autogestionarias que eran las cooperativas de autogestionarias, y solo estas están incluidas en la ley”, comentó.

Finalmente señaló que lo que se busca en una nueva propuesta es que la ley sea inclusiva, lo que implica es que se considere o se incluya a las micros empresas, empresas familiares, asociaciones de desarrollo, cooperativas de producción, entre otras.

“Que es lo que proponemos que se amplié el marco de acción a todo el sector de la economía social y organizaciones de la economía social, sin fines de lucro, Pero también a los micros ya que hay unas que trabajan independientemente y hay micros que trabajan en cámaras”, concluyó el compareciente.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de octubre del 2014 – Francisco Segura, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), manifestó que el proyecto de ley de Reforma total a la Ley Orgánica del OIJ, permitiría que ese cuerpo judicial cuente con una academia de policía, imprescindible para los policías judiciales.

El jerarca de esa dependencia, compareció en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, para que se refiriera a la iniciativa, que actualmente se encuentra en discusión en esta instancia legislativa.

“Es imprescindible para cualquier policía en cualquier lugar del mundo una academia policial. La policía judicial en estos momentos con sus 41 años depende de la escuela judicial, que lo que hace es capacitar jueces, todas las oficinas del Poder Judicial tienen una unidad de capacitación, el Ministerio Publico tienen una unidad de capacitación”, dijo el Director del OIJ.

Segura dijo además que la reforma es muy importante, ya que la ley actual tienen 41 años de existencia y hasta el momento no se le han hecho cambios importantes desde que se inició el proceso para la creación del OIJ hace 43 años.

Así mismos señaló que ese cuerpo policial ha venido creciendo poco a poco, en los años 70 cuando se creó el OIJ eran 40 funcionarios, hoy en día ese cuerpo tiene 3 mil personas.

“La parte de investigación criminal tiene alrededor de 1800 personas y hay que considerar también toda la parte científica, medicina legal y departamento de ciencias forenses, más la parte administrativa. Por ello es importante tomar en consideración el proyecto que nosotros presentamos porque trae reformas a la organización e ideas avanzadas, además en el mismo proyecto trae una parte del financiamiento”, puntualizó.

Finalmente indicó que con el proyecto se pretende crear dos departamentos más, la oficina de planes y operaciones que maneja integralmente todos los equipos especiales de la policía, llámese la Unidad de Vigilancia, las de inteligencia y la unidad de choque, ya que solo en esa oficina albergan alrededor de 300 personas.

“La estructura administrativa no da para tenerlo pero de esa manera estamos trabajando, crear un departamento administrativo propio de la policía y continuar con los departamentos que se tienen, que es ciencias forense, medicina legal».

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de octubre del 2014 – Los legisladores que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales dictaminaron de manera unánime el expediente 18383, aprobación de la adhesión al convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Esta iniciativa pretende a través de cartas rogatorias y por funcionarios diplomáticos o consulares y por comisarios, lograr la obtención de este tipo de documentos.

El proyecto establece que en materia civil o comercial, la autoridad judicial de un Estado Contratante podrá, conforme a las disposiciones de su legislación, solicitar a una autoridad competente de otro Estado Contratante, mediante una Carta Rogatoria, obtener pruebas, así como realizar alguna otra actuación judicial.

Se establece que no deberá usarse una Carta Rogatoria para obtener pruebas que no se vaya a utilizar en un proceso judicial, ya iniciado o futuro.

El presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Guillermo Rivas explicó ante los diputados que el proyecto permite la colaboración directa entre los Poderes Judiciales, “ya obvia el paso por las cancillerías, por el Poder Ejecutivo y establece esta colaboración directamente los Poderes Judiciales”.

El artículo 2 del proyecto señala que “cada Estado Contratante nombrará a una Autoridad Central, que estará encargada de recibir las Cartas Rogatorias expedidas por una autoridad judicial de otro Estado Contratante y de remitirlas a la autoridad competente para su ejecución. La Autoridad Central estará organizada conforme a su propia ley”.

Por su parte, el magistrado Jorge López mostró sus dudas en relación con el artículo 4 de la iniciativa, que plantea que “una Carta Rogatoria debe estar redactada en el idioma de la autoridad requerida o ir acompañada de una traducción a ese idioma.

Sin embargo, cada Estado Contratante deberá aceptar una Carta Rogatoria redactada en inglés o en francés, o que vaya acompañada de una traducción a uno de esos idiomas, a menos que hubiere formulado la reserva autorizada en el Artículo 33”.

López indicó que es conveniente hacer reserva en cuanto al tema del idioma y que ya varios países han planteado esta posibilidad.

El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja consideró que el convenio es necesario, pero señaló su preocupación por el artículo 4. “Nos hubiese gustado que de alguna manera se exigirá o se rectificara esta situación, por un asunto de dignidad nacional, por un asunto de soberanía de respeto a nuestro idioma oficial”.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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8 de octubre del 2014 – La Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez pidió a los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios no recortar el plan de gastos de su cartera para el próximo año.

La jerarca de Justicia fue clara en que el presupuesto 2015 para el ministerio es reducido frente a los grandes retos que deben enfrentar como el 47 por ciento de hacinamiento que presentan los centros penitenciarios del país.

El monto total presupuestado es de ¢119.859.000.000, de los cuales ¢ 3.634.683.000, son para actividad central, ¢902.977.00 para la promoción de la paz y la convivencia ciudadana. Para la Procuraduría General de la República ¢9.366.527.000 y para la administración penitenciaria ¢92.155.774.000, que representa un 76,89%.

Ramírez explicó que cerca del 20 por ciento, de los gastos se va en transferencias, e indico que el presupuesto real con el que cuenta el Ministerio es de ¢95.400 millones y que con este monto se debe afrontar la crisis más grande que ha tenido en la historia de Costa Rica en términos de hacinamiento y de tutela de los derechos de las personas privadas de libertad”.

La Ministra indicó que con un hacinamiento de un 47% el país se está poniendo en riesgo de ser denunciado ante los organismos internacionales y eso generaría que el país sea catalogado como un país que violenta los derechos de un grupo minoritario de la población.

Con los ¢95.400 millones, se debe atender dentro del programa de privados de libertad a 14.018 personas, de esas cerca de 2 mil son indiciados, en el sistema penal juvenil 197 jóvenes, en semi institucional 3.154 personas y en comunidad los que están a punto de cumplir sentencia 15.550.

“En la partida de alimentación nosotros tenemos que utilizar, lo que se proyecto para el año 2015, ¢9.832 millones, que corresponde al 12% del presupuesto”, comento Ramírez.

Además, afirmó que con el mismo presupuesto se debe sostener a los 3.500 oficiales, uno por cada 14 privados de libertad.

Mientras, que el monto destinado al Vice ministerio de Paz asciende a los ¢902 millones.

Por su parte, el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, comentó que el presupuesto para el 2015, llega a los ¢47.888.000.000.

Explicó que la relación entre remuneraciones y gastos operativos es de 20 -80.

El plan de gastos de Minae se desglosa en actividades centrales ¢36.781.536.596. Tribunal Ambiental Administrativo, ¢855.343.059, Instituto Meteorológico Nacional ¢3.664.005.567, Secretaría Técnica Nacional Ambiental ¢1.794.006.350, Hidrocarburos, Transporte. y Comercialización de combustibles ¢564.120.613. Planificación Energética Nacional ¢130.956.908 y Geología y Minas ¢4.098.030.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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7 de octubre del 2014 – Los diputados que integran la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, rechazaron todos los informes del presupuesto Nacional que presentaron las diferentes bancadas y que fueron elaborados en la subcomisión del Presupuesto Nacional de la República para el año 2015.

Los informes que se rechazaron fueron afirmativos de minoría que presentó el diputado Ottón Solís Fallas y Epsy Campbell, que pretendían rebajar alrededor de 315 mil millones de colones del Presupuesto Nacional, así como los que presentaron los diputados del Frente Amplio, los de la Unidad Social Cristiana y los diputados de la Fracción de Liberación Nacional, así como el del diputado Abelino Esquivel de Renovación Costarricense.

El diputado Ottón Solís Fallas hizo una explicación de su informe y señaló que se incluiría si se aprobara dicho informe, un capítulo de normas que vienen a establecer responsabilidades en ministros y en el Presidente de la República en una serie de gastos que hoy en día nadie es responsable, se castigaría la sub ejecución, así como se exigiría programación física y financiera.

“Además habría un impacto serio en el resto del sector público, por cada colón que se gasta en la ley de presupuesto que discutimos, aquí estamos discutiendo el presupuesto de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, de la Defensoría, de la Contraloría, eso es una tercera parte de lo que es el gasto social del sector público incluyendo a las empresas públicas”, dijo Solís.

Por su parte el diputado José Ramirez Aguilar, explicó en su informe que el problema del déficit fiscal no reside solamente en el monto de egresos presupuestados, sino que el factor más determinantes en el problema del déficit reside en el lado de los ingresos, es decir en la reducida carga tributaria que impide al Estado cumplir con los derechos que se le han otorgado a los costarricenses.

Por su parte, Rolando González Ulloa señaló que la propuesta del diputado Ottón Solís Falla está enmarcada en la voluntad que todos tienen de reducir el monto del presupuesto, sin embargo dijo, contienen algunos rubros que no comparte, entre ellos los 20 mil millones de afectación a la Fondo de la Educación Superior (FES), en que su fracción ya había adquirido un compromiso de mantenerse fuera de ese ejercicio.

Así mismo dijo que al rechazarse todos los informes de minoría, podrían haber condiciones para sacar un dictamen afirmativo de mayoría, y en el peor de los escenarios se podría presentar un informe de minoría con otro de mayoría de diputados, lo que podría convertirse en una base para discutir en el Plenario una propuesta que le rebaje al presupuesto como mínimo 200 mil millones de colones.

Luego de que los diputados votaran negativamente todos los informes, empezaron a discutir un primer bloque de mociones de las cuales dejaron para la próxima sesión una de ellas que pretende rebajar considerablemente el monto del presupuesto.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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7 de octubre del 2014 – El principio de equilibrio se ve violentado en el plan de gastos para el 2015 enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su análisis, a criterio de la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga, dado que propone financiar gasto corriente con deuda.

La Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos establece que para efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital.

“En el presupuesto de la República 2015 se están financiando gastos corrientes con crédito interno en un 26 por ciento”, indicó la Contralora y fue enfática en que muchos de “sus salarios y nuestros salarios probablemente se estarán financiando con deuda el año entrante”.

Para el 2015 el presupuesto asciende a ¢7.9 billones, financiado con ¢4.2 billones de ingresos corrientes y ¢3.7 billones de colocación bruta.

Según Acosta, un déficit financiero de un 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto y una deuda que superaría el 40 por ciento, evidencia un creciente desequilibrio fiscal, “que no es sostenible en el mediano plazo”.

Aseguró que en este plan de gastos continúa el incumplimiento del principio presupuestario del equilibrio.

Además, las remuneraciones siguen creciendo por encima de la inflación, por lo que concluye la Contralora que debe revisarse el régimen de empleo público de manera integral y se requieren medidas para racionalizar el gasto y prevenir contingencias derivadas de los regímenes de pensiones.

La Contralora había propuesto días atrás un recorte cercano a los ¢200 mil millones, que a su juicio no afectaría la prestación de servicios, una reducción de un 2,5 por ciento del plan de gastos proyectado para el próximo año.

Sobre este tema indicó ante los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios que en el país existe un alto índice de sub ejecución en muchas partidas que alcanza un 5 por ciento.

Acosta señaló que al realizar el análisis de estas partidas, las que quedan más sub ejecutadas son las de servicios, materiales y suministros y bienes duraderos.

La Contralora resaltó el incremento en el presupuesto relacionado a gasto social que llega al 12.6 por ciento del Producto Interno Bruto superando lo establecido para el 2014. “Existe una tendencia creciente en la asignación de gasto social, lo cual es una muy buena noticia”.

El monto presupuestado por la Contraloría para el 2015 es ¢21.168.000.000, de los cuales, ¢14.521.125.500, son para fiscalización superior de la hacienda pública y ¢6.646.874.500 para la dirección estratégica y de apoyo.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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7 de octubre del 2014 – Miguel Castro Blanco, Secretario Ejecutivo del Movimiento de Agricultura Orgánica, manifestó en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, que apoyan el expediente 18941 Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos Modificados.

El compareciente indicó que este movimiento representa a productores en el ámbito nacional, con más de diez años de existir, lo que significa que la producción orgánica de exportación significa un poco más del 2% del área total sembrada y certificada en nuestro país, o sea unas 8 mil hectáreas.

El giro comercial está cercano a los 20 millones de dólares de exportación por año, y que existen alrededor de 3 mil productores, lo que se calcula que el comercio local anda en unos 2 millones de dólares anuales.

“Nuestro movimiento además de compartir todos los criterios científicos y socioeconómicos expuestos en este proyecto, que identifica muy bien nuestro alcance negativo de la amenaza de la potencial diseminación de organismos vivos modificados artificialmente en nuestro medio agropecuario, deseamos enfatizar sobre los peligros eminentes que competen a la producción orgánica así como la convencional, porque es conveniente que tengamos muy claro que no estamos hablando solo de proteger la agricultura orgánica, sino que estamos tratando de proteger la producción en general, sea orgánica, agroecológica que están viéndose amenazadas”, puntualizó Castro Blanco.

Finalmente señaló que además de los peligros antes mencionados, se refirió a la total prohibición del uso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura orgánica como según dijo, lo estipula la normativa internacional.

“El Ministerio de Agricultura, la Dirección Fitosanitaria del Estado debe de tomar las previsiones del caso para que la producción orgánica ya establecida tenga la seguridad de que no va hacer contaminada eventualmente si hubiera producciones comerciales en el país a futuro que esperamos que no se den”, concluyó.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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7 de octubre del 2014 – Con una serie de modificaciones al expediente 19112 sobre ley de gobierno y tecnologías digitales, Marcelo Jenkins, Director, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento, de la Universidad de Costa Rica se presentó en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.

El Director de Prosic planteó modificar al artículo 8 del proyecto de ley ya que se establece la creación de la Agencia Nacional de Tecnologías Digitales lo cual podría generar un cuello de botella ya que todas las compras públicas de equipos y licencias deben ser aprobadas y tramitadas por este nuevo ente.

Sobre la redacción del artículo 14 el jerarca indicó preocupación ya que se podría poner en peligro la seguridad nacional al establecer que el código fuente que implementa la arquitectura de las tecnologías digitales del Estado es un bien público, de acceso abierto.

Igualmente planteó a los legisladores dudas con la redacción de los artículos 18 y 19 ya que no se establece cómo se va a implementar y cobrar por la asesoría, traslado, implementación, administración, gestión de tecnologías digitales o cualquier otro servicio que preste la Agencia a otras instituciones públicas o a los ciudadanos.

Con relación al artículo 21 indicó se podría estar generando una extraña posición jerárquica al crear la Dirección Nacional de Tecnologías Digitales con rango de Viceministro, igual mencionó dudas con el papel no vinculante del nuevo Consejo Nacional de Tecnologías Digitales.

Finalmente Marcelo Jenkins dejó claro que si bien se necesita una ley que regule y dé personería funcional a la Secretaria Técnica del Gobierno Digital se debe tener mucho cuidado en trasladar todos los proyectos y sistemas que se usan para no perder el trabajo desarrollado, así como estudiar los casos de Chile y Colombia que pueden servir de experiencia para implementar un mejor proyecto.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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2 de octubre del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, recibieron a Carlos Manuel Obregón, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Olga Calderón, Gerente de Recursos Humanos, y Juan de la Cruz Brenes, Jefe de la División, Protección y Seguridad de esa institución, para que se refirieran a las denuncias presentadas por Jorge Arguedas, sobre supuestos espionajes e intervención de comunicaciones en su contra.

Juan de la Cruz, manifestó que su exposición se basó ante el llamado de los señores diputados por aclarar diferentes alcances del funcionamiento que tiene la Dirección de Protección y Seguridad del ICE, que tiene según dijo, dentro de sus responsabilidades, la protección de los activos institucionales, de información y también sus activos físicos.

Por su parte el diputado Jorge Arguedas señaló que queda claro que según el voto de la Sala Constitucional sobre la persecución política en su contra, que el ICE está actuando en forma ilegal.

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