Consumidores plantean dudas sobre cobro de Internet por descarga

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de julio del 2014 – Erick Ulate Quesada, Presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, planteó en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público varias dudas por el proceso del cobro de Internet por descarga que se pretende aplicar a los usuarios de telefonía pos pago.

Ulate compareció en conjunto con Carlos Raúl Gutiérrez, Expresidente Superintendencia de Telecomunicaciones, y Jaime Palermo Quesada, Director de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quienes se refirieron al tema.

El representante de los consumidores señaló que el cobro de Internet por descarga efectivamente se inicia en el año 2012 por medio de un estudio general del mercado sin disgregar entre prepago y pos pago que solamente se aplica al prepago.

“Eso era una situación que nosotros como asociación se lo advertimos a la SUTEL, en el proceso del año 2012 y aún así, a pesar de partir de una falacia, que es utilizar un estudio de todo el mercado, para aplicárselo solo a una parte”, comentó.

Sin embargo Ulate consideró que debe primar la transparencia con los usuarios ya que por eso existen las audiencias públicas en lo que en buena medida debe justificar una medida o la otra. Dejó claro que existen muchas dudas sobre este proceso que no están incluidas en el expediente.

“Se está partiendo de la falacia de toda una parte, es decir se está justificando el cambio de modelo para el pos pago porque un 5% de los usuarios del pos pago utilizan el 45% de la red de manera supuestamente abusiva o intensiva, la pregunta es por qué no hay políticas de segmentación del mercado dirigidas al 5%, y sin embargo se utiliza ese 5% para justificar que al 100% de los usuarios del pos pago se le aplique este tipo de cobro”, cuestionó Ulate.

Por su parte Carlos Raúl Gutiérrez, Expresidente de la Superintendencia de Telecomunicaciones, señaló que en el año 2008 se entró en un régimen de regulación de competencia con la aspiración de salir del régimen de regulación de tarifas lo cual tiene cinco años de estar funcionando.

Así mismo dijo que desde el año 2006 y a solicitud del ICE, la descarga de datos se reguló con base en un precio por velocidad por bit por segundo cuando dicha institución introdujo el sistema 3G al mercado.

“Hay tres puntos y preguntas que son vitales para analizar ese problema, el primero es que si efectivamente hay congestión en las redes móviles y ya se está cuestionando el asunto del espectro. Lo que sucede es que cada día utilizamos más las redes para bajar más y más contenidos, videos, clases, cursos universitarios gratis, y es cierto que el tráfico de datos crece enormemente, se duplica fácilmente cada año”, expresó.

En este mismo sentido puntualizó que para evitar esa congestión lo más fácil es dar más espectro a los operadores ya que “la SUTEL realizó el año pasado un estudio que dijo que cada operador debería tener por lo menos 120 megahercios, hay mucho espectro que no se solicitó ni se usa”.

Finalmente Jaime Palermo Quesada, Director de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), comentó que el tema de la aplicación del modelo de tarifas por descarga de datos por Internet es de larga data, ya que explicó que la Internet es un servicio gratuito, sin embargo lo que no es gratis son los medios que se utilizan para poder llevar este producto a todos los habitantes del país.

“Para poder llevar el servicio de Internet, hay que hacer inversiones importantes en cables submarinos para transporte, tengo que hacer inversiones en las centrales telefónicas, en la instalación de radio base y este es el medio por el cual se lleva el servicio para que la gente pueda hacer descarga de datos de Internet”, señaló.

Finalmente dijo que como empresa hay que hacer el mejor uso de los recursos financieros, y los ingresos del ICE van para abajo, no están creciendo y solo se está recuperando costo de capital.

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Divulgación de negociación afectaría firma de acuerdos comerciales

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de julio del 2014 – Según el Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora Delgado, el que se obligue al Ministerio de Comercio Exterior a informar ampliamente sobre los contenidos específicos de las propuestas de acuerdo presentadas en el marco de las negociaciones de tratados comerciales internacionales, pondría una serie de restricciones que afectarían los procesos de negociación.

El jerarca de COMEX expuso su negativa al expediente 17948, Reforma de la Ley N. º 8056, de 21 de diciembre de 2000, para Garantizar la Transparencia y el Derecho a la Información de la ciudadanía costarricense en las Negociaciones Comerciales Internacionales, ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales.

Según el texto del proyecto de ley, se establece el deber del Gobierno de establecer cuartos de lectura en todas las provincias del país a fin de que los ciudadanos puedan informarse oportunamente, con claridad y transparencia sobre los contenidos de las propuestas que quienes negocian en su nombre han presentado ante las otras partes.

El Ministro dijo que el proyecto sería una limitación al momento de negociar los acuerdos comerciales.

La iniciativa establece que “una vez concluido el proceso de negociación y con al menos tres meses de antelación a la firma de un tratado de libre comercio, el Poder Ejecutivo deberá poner en conocimiento de la ciudadanía el texto completo del acuerdo negociado”.

El Ministro destacó que en las discusiones de los acuerdos comerciales cuando se presenta el texto inicial este “típicamente no reflejan lo que finalmente se puede lograr y tampoco reflejan lo que es la verdadera voluntad de las partes”, e indicó que los textos cambian cada vez que hay reuniones y sería muy caro publicarlos cada vez que se modifiquen.

Además, el jerarca de COMEX explicó a los legisladores la importancia que tiene para el Gobierno el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Costa Rica inició el proceso de acercamiento con la OCDE en el año 2010 con la finalidad de poder ser parte del organismo. A partir del 2013, la OCDE emite un acuerdo en el que se plantea iniciar el proceso de preparación para una eventual candidatura del país.

Según Mora, al país le cuesta 2,5 millones de dólares por año las labores para ingresar a la OCDE porque Costa Rica paga por los estudios y por la cantidad de comités en los que participa.

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Fuerza Pública insta a fiscalizar seguridad privada

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de julio del 2014 – El Director General de la Fuerza Pública, Coronel Juan José Andrade, manifestó que es necesario fortalecer y robustecer la Dirección de Servicio de Seguridad Privada del Ministerio, para que ésta pueda cumplir su labor de fiscalizar el servicio de seguridad privada en el país.

Andrade compareció en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico para que externara su posición con respecto al proyecto expediente 17939 Reforma Integral de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, que actualmente se discute en esta instancia legislativa.

“El tema presupuestario es porque ciertamente la dirección hay que ajustarla, robustecerla y fortalecerla, la Dirección de Servicio de Seguridad Privada de un país que maneja 25 mil agentes de seguridad privada, tan pequeño como Costa Rica, que maneja 1500 empresas de seguridad privada, amerita mucho más de 19 plazas administrativas, necesita establecerse a través de una estructura mucho más robusta que permita que la información operativisada de la policía”, dijo el compareciente.

Así mismo señaló que es necesario que las más de 1500 empresas de seguridad privada que existen en el país, asuman los costos, ya que si lucran con la seguridad, entonces que también se hagan cargo de los costos que generan el control de ese servicio que brindan, ya que según Andrade destinan más de 800 millones de colones solo para confeccionar las identificaciones de los agentes privados.

“Yo planteo con mucho respeto en esta comisión mi visión de que para poder fortalecer esa dirección del tamaño que realmente requiere el control que todos necesitamos a nivel país por nuestra propia seguridad me parece que tiene que buscársele de alguna manera, como que el mismo que está lucrando pues se encargue de garantizar ese servicio”, comentó.

El jerarca de esa cartera informó además que según un informe de la Contraloría General de la República, existe deficiencias en los controles donde no se aplica la ley y en ese sentido, el Ministerio de Seguridad se encuentra en la fase de enlistar a las empresas que actualmente existen así como actualizar las bases de datos de los 25 mil agentes de seguridad privada.

“Hay según la Contraloría, carencias de controles que no se aplica la ley, las bases de información estaban totalmente desactualizadas, a partir de ahí se crea lo que se conoce como Control Pass, que es un sistema informático que busca ordenar la casa, generando una primera etapa, que es en lo que estamos y se inició en este año, lo que busca es enlistar y a ordenar las más de 1500 empresas de seguridad que hay y empezar a identificar uno por uno los 25 mil miembros de seguridad privada que hay y que hoy brindan el servicio al país”, puntualizó.

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Comisión inicia trámite para nombramiento de nuevo Defensor

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

9 de julio del 2014 – Los miembros de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos aprobaron la metodología que abre el período para recibir los atestados de las personas que quieran postularse al cargo de Defensor de los Habitantes, luego de la renuncia de Ofelia Taitelbaum quien dejó el puesto ante cuestionamientos por supuesta suplantación de identidad en una serie de sociedades anónimas y el presunto delito de evasión fiscal.

Los interesados deben cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Defensor de los Habitantes de la República que establece que “podrá ser nombrado Defensor de los Habitantes de la República, el costarricense que se encuentre en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que sea mayor de 30 años, con solvencia moral y profesional de prestigio reconocido”.

El presidente del foro legislativo, el congresista Ottón Solís Fallas del Partido Acción Ciudadana, explicó que se aplicará una metodología rigurosa.

La metodología señala que dentro de los diez días hábiles posteriores a la segunda publicación realizada por la Asamblea Legislativa en un periódico de circulación nacional, los postulantes deberán entregar en la Secretaría de la Comisión, original impreso y en digital, una serie de documentos como el currículum vitae, una exposición escrita relacionada con los objetivos que pretende alcanzar si resultada electo como Defensor de los Habitantes y su concepción sobre cuál es la función que debería ejercer la Defensoría de los Habitantes.

Entre otros documentos está una certificación de la Contraloría General de la República sobre si existe o no alguna sanción o procedimiento administrativo en contra del interesado, certificación del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), y de la Caja Costarricense de Seguro Social en la que se indique que se encuentra al día en el pago de sus impuestos y cargas sociales.

Los postulantes también deberán presentar una hoja de delincuencia.

Según el trámite aprobado, finalizado el plazo para entrega de documentos se consolidará la lista de postulantes previa revisión de la documentación solicitada la cual será publicada en la página de la Asamblea Legislativa y en dos diarios de circulación nacional. Se establece que dentro de los cinco siguientes a la última publicación se remitirán a la Comisión “quejas, observaciones, denuncias o comentarios sobre los postulantes, lo cual podrán hacer por cualquier medio”.

Los postulantes luego serán recibidos en audiencia oral.

Después de realizadas las audiencias, la Comisión Permanente Especial de Nombramientos emitirá un informe al Plenario.

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Costa Rica contará con más recursos para infraestructura

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

9 de julio del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminaron el expediente 19075, Aprobación de los Contratos de Préstamo N° 3071/OC-CR Y N° 3072/CH-CR, Suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT).

La iniciativa pretende mejorar la infraestructura vial y portuaria de país.

Según el proyecto, el costo del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) es de 450 millones de dólares y de estos, 400 millones serán financiados por el capital del Banco Interamericano de Desarrollo y 50 millones con recursos del Fondo de Co–financiamiento Chino (FCC) para América Latina y el Caribe, administrado por el BID.

Dentro de los proyectos a financiar con el Programa de Infraestructura de Transporte están la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la ruta nacional N° 1 Interamericana Norte, la sección Barranca–Limonal, la adecuación y rehabilitación del tramo Palmar Norte-Paso Canoas.

Además del mejoramiento de la sección: Birmania-Santa Cecilia y la construcción y rehabilitación de los puentes de la sección: La Cruz-Santa Cecilia, los estudios, diseño y construcción de los intercambios viales en la Lima y Taras de Cartago y el mejoramiento del tramo Playa Paquera–Playa Naranjo, sobre la ruta nacional N° 160 en el golfo de Nicoya.

La iniciativa también brinda recursos para el mejoramiento de las terminales de transbordadores del golfo de Nicoya: barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo, la rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de Puerto Caldera y el plan maestro de Puerto Caldera.

El plazo de ejecución de los contratos del préstamo es de seis años y la ejecución del programa se estima en 55 meses bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que será el encargado de las decisiones relacionadas con las contrataciones, la ejecución y supervisión del programa.

El legislador del Frente Amplio, José Ramírez Aguilar, señaló una serie de dudas sobre la iniciativa y señaló que presentará dictamen negativo de minoría.

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SUTEL: «Propuesta no está en discusión en este momento»

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de julio del 2014 – La presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), Maryleana Méndez, aseguró antes los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público que la propuesta de cobro por descarga del Internet móvil no se está discutiendo debido a que la audiencia pública prevista para días atrás fue frenada por la Sala Constitucional.

Con este modelo de cobro, el servicio sería tasado de acuerdo con la cantidad de datos que se descarguen y no de acuerco con la velocidad de Internet. La tarifa planteada es de 0,0075 colones por kilobyte.

Esta forma de cobro ya se aplica para los clientes prepago.

Méndez explicó a los legisladores que tanto la forma actual de cobro de la tarifa celular y la propuesta de cobro por descarga podrían subsistir juntas. “Esto es una propuesta de adicionar una modalidad tributaria a la modalidad tarifaria existente”, recalcó.

La presidenta del Consejo argumentó que de ser aprobada la propuesta de cobro de Internet móvil por descarga se deberán implementar campañas de educación para los usuarios del servicio.

Dentro de los datos presentados por los funcionarios de SUTEL antes los legisladores de la Comisión resalta que el seis por ciento de los clientes pospago del Instituto Costarricense de Electricidad consumen más de 6 gigas, en el caso de Movistar estos representan un 11 % y un 3,4 % de la empresa Claro.

Mendez dijo que el usuario debería ser conciente del consumo que realiza porque “aún cuando existan paquetes ajustados a su consumo que le permita mantener su pago”, si no sabe cuánto gasta, esto podría hacerle incurrir en gastos adicionales.

Por su parte, Manuel Emilio Ruiz de la SUTEL explicó que de ser aprobada la tarifa cada uno de los operadores estaría diseñando sus propios paquetes para los usuarios.

Los diputados esperan recibir en audiencia al Director de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense, Jaime Palermo y a los representantes de Consumidores de Costa Rica para que den su criterio sobre la propuesta de cobro por descarga.

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Asociación de empresas de seguridad privada pide cambios

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de julio del 2014 – Allan Guillén Miranda, Vicepresidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES) pidió a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico cambios al proyecto de reforma integral a la Ley de Servicios de Seguridad Privados.

Guillén Miranda mencionó que se han dado muchos problemas en el proceso de tramitación del nuevo sistema informático que se utiliza en el Ministerio de Seguridad Pública.

Dentro de los que señalo la pérdida de datos, distorsión en la fecha de emisión de los carné, inestabilidad permanente en el sitio web, emisión de un solo carné en lugar de los dos requeridos para operar y cambios en los requisitos y en la forma de presentarlos.

Indicó que han insistido desde hace muchos años en tener una relación más fluida y cercana con las autoridades de Seguridad Pública pero hasta la fecha esto no ha sido posible.

Dentro de las observaciones al proyecto de ley puntualizó que en el artículo 1 y en los inciso a), b), c) y d) del artículo 2 se señalan aspectos que van en contra de la legislación ya que no puede regular empresas que no cumplen con las directrices al no estar inscritas legalmente.

Adicionalmente indicó que en el artículo 17 incisos i) y k) se indica que se debe respetar las normas del Código de Trabajo, Dirección de Armamento entre otras y esto parece correcto puesto que es claro que todos deben cumplir con la legislación vigente en el país.

El compareciente aclaró que les surge la preocupación dada la complejidad en el último año para hacer trámites de renovación de permisos ya que se ha dado la pérdida de información de la base de datos.

Agregó que durante los últimos ocho meses del nuevo sistema todavía se tiene que realizar muchos trámites en forma física ya que la nueva plataforma tiene módulos que no funcionan totalmente.

El Vicepresidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad indicó para finalizar que según datos de la misma dependencia de Seguridad Pública en la actualidad solo el 4.88% de todos los empleados de seguridad privada son extranjeros y de estos el 3.7% son nicaragüenses.

2014 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Viajar de ida y regreso a San Ramón costaría tres mil colones

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de julio del 2014 – Si usted realiza viajes de ida y regreso a San Ramón, deberá considerar que si se aprueba un texto sustitutivo al expediente 18887 Ley de desarrollo de obra pública corredor vial San José-San Ramón mediante fideicomiso, pagará tres mil colones cuando esté construida la nueva carretera que la cual contará con tres peajes. Según expertos, el monto tendería a bajar a lo largo del tiempo por el incremento de la cantidad de usuarios que transiten por la vía.

Paul Brenes, miembro del movimiento ciudadano proponente del expediente 18887, junto con funcionarios del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), la Unión Nacional de Cámaras y Asociaciones de Empresas Privadas (UCCAEP) y del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, solicitaron la aprobación del nuevo texto ante los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

La carretera se ampliaría del cruce de la Nissan en San José, a La Uruca, a tres carriles por sentido, mientras que de La Uruca al aeropuerto Juan Santamaría serían cuatro carriles por sentido. Del aeropuerto al puente del Coyol en Alajuela, la carretera contará con dos carriles de ida y dos de regreso. Por último del puente del Coyol a San Ramón se construirían cuatro carriles, dos de ida y dos de regreso.

El proyecto de la nueva carretera San José-San Ramón sería financiado por medio de un fideicomiso con un costo de 473 millones de dólares aportados por los bancos estatales.

Cristian Campos, representante de la UCCAEP en el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), explicó que la iniciativa cuenta con todos los estudios técnico-financieros para su ejecución.

El texto plantea que la vía sea financiada mediante fideicomiso y no como estaba estipulado en el texto original que indica que el financiamiento vendrá del Instituto Nacional de Seguros.

Campos señaló que el nuevo texto plantea una reforma para que pueda darse inversión de bancos y fondos de pensiones y “para ello se requiere de una reforma muy concreta de la Ley Orgánica del Banco Central”.

Por su parte, Paul Brenes, Miembro del movimiento ciudadano proponente del expediente 18887”, explicó que en el mes de febrero fueron convocados a una reunión en Casa Presidencial para analizar de manera conjunta la propuesta y desde esa fecha se concretaron una serie de reuniones con entidades incluidas el LANAMME, la UCCAEP, entre otras.

Los proponentes de la reforma aseguran que es la primera vez que el país aplicaría un fideicomiso de obra pública que permitiría una mayor inversión en este tipo de proyectos y se planea como una alianza público privada.

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País está en deuda con el ordenamiento territorial

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de julio del 2014 – Como una vergüenza nacional calificó el Ministro de Vivienda Rosendo Pujol Mesalles el tema de planificación territorial. El jerarca hizo la afirmación ante los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales.

Para Pujol, resolver los problemas que plantea la planificación territorial, “no es una batalla sencilla, para mí esto es una vergüenza nacional, es un fracaso institucional que no se le puede atribuir a ninguna institución en particular”.

El Ministro señaló que el país está totalmente paralizado debido a que 40 municipalidades tienen sus planes reguladores sumidos en un limbo institucional y con problemas de gestión.

Pujol le explicó a los legisladores que se consideró de manera errónea que un buen plan regulador no tenía la variable ambiental y es cuando se crean los índices de fragilidad ambiental, para obligar de esta manera al ordenamiento territorial a tomar en cuenta este tema.

El jerarca de Vivienda fue enfático en que la falta de planes reguladores en los gobiernos locales afecta la planificación así como la construcción de nuevos complejos habitacionales y como resultado se desarrollan zonas que no son aptas para este tipo de edificaciones.

Los diputados miembros de la Comisión concordaron con el Ministro en los problemas de planificación que enfrenta el país.

El legislador del Liberación Nacional, Juan Marín Quirós, dijo que es muy difícil tratar de hacer planificación debido a las dificultades que conlleva para los gobiernos locales poder contratar y poner en práctica un plan regulador. Afecta además la falta de articulación entre las diferentes instituciones del Estado vinculadas con los trámites para la puesta en ejecución de los mismos.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Francisco Camacho Leiva mostro su preocupación por la situación en la que se encuentra el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el traslado de sus responsabilidades a las municipalidades.

Pujol afirmó que el INVU tiene serios problemas, “tienen muchas personas que son muy poco efectivas, en el trabajo que tienen que hacer” y les recomendó a los legisladores prudencia ante cualquier gestión que esté destinada a fortalecer a esta institución.

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Diputados no podrán ser electos como Defensor de los Habitantes

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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1 de julio del 2014 – Ningún diputado en funciones podrá ser electo como Defensor de los Habitantes de prosperar una iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría de los Habitantes.

La propuesta presentada por el ex diputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez- Estrada fue dictaminada de forma unánime por los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

El diputado del Partido Frente Amplio Edgardo Araya Sibaja se mostró a favor del avance de esta prohibición.

Por su parte el legislador de Liberación Nacional, Carlos Arguedas Ramírez indicó que esta medida es necesaria y adecuada para buscar la imparcialidad en la elección del defensor del pueblo.

Para Arguedas Ramírez esta posibilidad de participar en elección es una ventaja competitiva que genera desigualdad ya que los congresistas pueden votar por ellos mismos sin ningún problema.

Marvin Atencio Delgado representante de Acción Ciudadana en la comisión está de acuerdo ya que se puede dar un conflicto de interés y se puede ver como acto antiético, inmoral e insto a los diputados para que el futuro un perfil idoneidad de cómo se debe elegir el defensor de los habitantes.

Jose Alberto Alfaro Jiménez diputado del Movimiento libertario señaló que apoya la reforma ya que el defensor debe tener independencia e idoneidad.

Por su parte el presidente de la comisión y jefe de fracción de la Unidad Socialcristiana, Rafael Ortiz Fábrega sostuvo que apoyo el proyecto ya que cree que no es sano para buena imagen del primer poder aprovecharse del cargo para acceder a otro puesto.

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