Categoría: Comisiones

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

5 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo dictaminó tres proyectos de ley que benefician a varias comunidades del país.

Se trata del expediente 18868 Autorización a la Municipalidad de San Isidro de Heredia para donar un inmueble de su propiedad a la Asociación de Cuidados Paliativos. Dicha organización estará construyendo el edificio que albergará las instalaciones de la Unidad de Cuidados Paliativos de San Isidro, con el fin de buscar un lugar adecuado para el desarrollo de las funciones y servicios que brinda.

También en San Isidro la Asociación de Desarrollo Específica para la Seguridad Comunitaria de San Francisco podrá construir la Delegación Distrital. Esto por cuanto el grupo legislativo dictaminó el proyecto 18869 que permite la desafectación y donación de un terreno del municipio para tales fines.

Otra de las comunidades beneficiadas es Alajuela ya que se tramitó el proyecto 18854 la desafectación del uso público de un terreno de la municipalidad para que lo done a la Asociación Resurgir Alajuela.

La Asociación Resurgir nació en el año 2003 en San José, gracias a la iniciativa de cinco mujeres que sobrevivieron al cáncer.  La pionera fue la Dra. Grace Ruiz, quien dejó como legado a las voluntarias que sirvieran con amor y que brindaran una luz de esperanza al  paciente con cáncer y sus familias.

Ella motivó a las voluntarias a apoyar a estas personas, que viven la dolorosa experiencia al ser diagnosticadas de cáncer, el duro proceso del tratamiento que tienen que pasar y la impotencia que sienten tanto el paciente como sus familiares ante esta enfermedad. La Dra. Grace Ruiz murió de cáncer en el año 2004.

Sin embargo, su iniciativa continúa sostenida por otras personas que se identifican con el dolor de estos pacientes y en el año 2008 se consolida un Hogar de Paso para pacientes de escasos recursos económicos, de zonas alejadas que deben trasladarse a centros médicos como el Hospital México, Hospital San Juan de Dios y Hospital Calderón Guardia, para recibir sus tratamientos de quimioterapia y/o radioterapia.

Las instalaciones del Hogar de Paso, actualmente son alquiladas y cuentan  con una persona responsable de la recepción de pacientes, una cocinera y una miscelánea, once dormitorios equipados con dos camas y un baño privado, comedor, sala de televisión y visitas, sala de sesiones, cocina, zona de pilas para el lavado de ropa.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

5 de noviembre del 2013

Crear el deber del Estado de garantizar en el sistema educativo la modificación de la infraestructura física, estructura organizativa, currículum, proceso de enseñanza y aprendizaje, forma de evaluación y metodología, es lo que se busca un proyecto de ley dictaminado por la Comisión Permanente Especial  de Ciencia, Tecnología y Educación.

La idea esencial de la iniciativa es propugnar para  que los alumnos con discapacidad matriculados en una Institución pública o privada asistan a la misma aula que sus pares, señalo el diputado independiente  y uno de los  proponentes del proyecto, José Joaquín Porras Contreras.

“Lo más importante es que ningún centro educativo podrá negar la matrícula a un estudiante con discapacidad por motivos de falta de cupo ya que los centros educativos estarán obligados a ampliar su matrícula, en los casos que sea necesario, a fin de cumplir la Ley”, acotó Porras Contreras.

Este  proyecto que pasará ahora al Plenario Legislativo  pretende introducir en la ley el derecho a la educación inclusiva, y el correlativo deber del Estado de promocionar y proteger, a través de la reserva de matrícula (5%), la formación docente, y la planificación de acciones que respondan a principios inclusivos, una mayor protección para este segmento poblacional. 

El Ministerio de Educación Pública (MEP),  será el responsable  de las políticas públicas destinadas a la inclusión de personas con  discapacidad.  Además, la propuesta determina la necesidad de difusión de la ley en los centros educativos y un artículo destinado a sanciones para quienes incumplan este derecho.

Este mismo grupo parlamentario también acordó consultar a la Defensoría de los Habitantes, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros, entre otros el proyecto de ley para  la promoción, regulación e implementación del teletrabajo en Costa Rica.

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

4 de noviembre del 2013

Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminaron en forma afirmativa el expediente 18681 Ley para el Abordaje de la Violencia Parental.

Este tipo de violencia se presenta por parte de uno los progenitores de menores de edad después del divorcio, y aparece  cuando se le limitan los derechos al otro progenitor o existe una manipulación de los menores acerca de la reputación de ese padre.

La diputada Damaris Quintana Porras explica “lo que se pretende es que se respete el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño que establece que todo niño tiene derecho a tener un padre y una madre. Además de que pueda disfrutar su familia extensiva a pesar de un divorcio”.

En algunos casos existe un fenómeno en el cual, posterior al divorcio o la separación de la vida conyugal, los hijos o hijas son incluidos en una dinámica abusiva y malintencionada, que tiene como objetivo que no quieran a determinado padre”, indica.

Mediante este accionar no sólo se afecta al progenitor, sino además a sus hijos que por su condición pueden crecer con una idea deformada de lo que es uno de sus padres.

Identificada la existencia de la violencia parental, el proyecto de ley establece los siguientes procedimientos:

I. Declarar la existencia de violencia parental y advertir al padre o madre, agresor, para que cese dichos comportamientos, nocivos, inmediatamente.

II. Si la violencia no cesa, el juez procederá de manera inmediata conforme a la legislación “vigente”, relacionada con el interés superior de las personas menores de edad, sin perjuicio de las medidas penales, cuando correspondan.

III. A solicitud del progenitor agredido, el juez procederá a dictar el derecho de guarda, crianza y educación; de previo, deberá verificar la conveniencia de mantener o modificar las condiciones actuales, en este rubro, buscando la preservación del interés superior de la persona menor de edad y garantizando que no será expuesta a este tipo de abuso, nuevamente, conforme a la legislación vigente. Para tales efectos, podrá asistirse de los peritos judiciales o de cualquier otra institución, que hayan tenido conocimiento del tema.

IV. Remitir a un mínimo de seis meses intervención psicoterapéutica, al padre o madre, que ejerció la violencia, dentro del marco de atención psicológica a las personas agresoras, comprobándose al menos una sesión semanal, de intervención psicoterapéutica, con un psicólogo especialista en el tema, de la violencia parental, durante los seis meses, posteriores a la identificación del conflicto, intrafamiliar.

El proyecto pasará para su estudio al Plenario Legislativo.

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María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Públicas prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

31 de octubre del 2013

La Comisión Permanente Especial de Ambiente dictamino de forma unánime los  expedientes 17951, el cual establece el aprovechamiento y uso de los recursos marinos que están bajo jurisdicción del Estado costarricense y el 18298, ley de bienestar de los animales.

El expediente 17951, regula los derechos y responsabilidades del Estado en cuanto a exploración y explotación de los recursos marinos vivos o no vivos que existen en los espacios marinos y desarrolla la normativa legal necesaria para la adecuación del ordenamiento jurídico costarricense a la regulación internacional vigente.

Además el expediente 18298, ley de bienestar de los animales, se dirige a la reforma de los artículos 15 y 21 y busca modificar las multas y prohibiciones del Código Penal.

La iniciativa surgió a raíz de la responsabilidad y el deber que deben tener los seres humanos, para proteger los animales y buscar su bienestar.

Por otra parte la Comisión de Ambiente recibió en audiencia a Silvia Rodríguez, representante de la Red de Coordinación  de Biodiversidad, quien emitió un criterio técnico sobre el proyecto Protocolo de Nagoya y resaltó la importancia de consultar a los pueblos indígenas, para saber si están o no de acuerdo con esta iniciativa.

Según Rodríguez “el Protocolo de Nagoya va a generar al país más costos económicos y compromisos”, con el nombramiento de representaciones. Además no permite escribir clausulas interpretativas con el fin de que se acoja el proyecto.

Grace García, miembro de la Comisión Nacional de la Gestión para la Biodiversidad, CONAGEBIO, emitió su opinión declarando que no existe una claridad de los procedimientos  y que no están de acuerdo con el Protocolo de Nagoya.

Esto porque no existe un compromiso ni capacidad del  país, García finalizo con la sugerencia de no solo consultar a los indígenas, sino también consultar, como se va llevar a cabo los procesos que se están generando a nivel nacional.
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Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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31 de octubre del 2013

Representantes de la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, la Corporación Bananera y de la Cámara Nacional de Agricultura manifestaron su aval a la aprobación del expediente 18886 Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los estados AELC y los estados centroamericanos por considerar que es complemento a lo ya aprobado con la Unión Europea.

Así lo hicieron ver hoy ante los diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior que estudia el tema sobre este tratado entre Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y Centroamérica.

El Presidente de la Cámara de Casas Extranjeras (CRECEX), José Manuel Quirce, señaló que este tratado es beneficioso y complementario a lo que el país firmó ya con la Unión Europea.
Dijo que cuando se reducen aranceles es el consumidor final es que se beneficia.

El Gerente General de la Corporación Bananera (CORBANA), Jorge Sauma, explicó que el sector ha venido perdiendo competitividad con la zona europea, pasando de un 41% en el 2007 a un 24% en el 2013, por lo que son necesarios instrumentos como este para aumentar el acceso a actuales y nuevos mercados.

Señaló que el banano sigue siendo el primer rubro de exportación del país, superando los $800 millones anuales.

Por su parte el Vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Agricultura, Renato Alvarado, señaló que ellos acuerpan el Tratado porque se hicieron trabajos para hacer un balance, pero aprovechó para hacer un llamado para que el país haga un esfuerzo en la administración de los tratados para que se enfrente de mejor manera la apertura comercial.

Denunció que la actividad económica agropecuaria mensual ha caído un 7% y del 2010 al 2012 el sector ha perdido 15 mil empleos.

“Junto a estos tratados necesitamos reformas a Banca para el Desarrollo para apoyar a los productores y darles acceso real al crédito al tiempo de hacer un esfuerzo país para alinear todas las instituciones para enfrentar la apertura comercial de manera ordenada, eficiente y eficaz” dijo Alvarado.

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Luis Pablo Quirós Araya, Departamento Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

30 de octubre del 2013

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) mostró su posición en contra de la propuesta del expediente 18080 “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos de crisis”.

La posición la presentó el representante legal, Mauricio Castro, ante los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales donde sentenció que aunque son consientes de la necesidad de la defensa de los empleos, especialmente en recesión económica, el texto en discusión no lo protege.

Cabe destacar que el proyecto define que se entenderá como crisis económica la reducción por tres meses consecutivos del índice mensual de actividad económica, cuyo cálculo compete al Banco Central de Costa Rica.

“Tenemos diferencias de enfoque de algunas regulaciones, ilegalidades e inclusive inconstitucionalidades que encontramos en el proyecto, pero consideramos que generará consecuencias que posiblemente no busca.  Fundamentalmente creemos que las peores consecuencias las tendrían las personas trabajadoras de menores ingresos, las mujeres y jóvenes trabajadores y finalmente consideramos que lejos de contribuir a la dinamización de la economía viene a limitar su desarrollo y la generación de empleos” expresó el abogado de la ANEP.

Castro enumeró ante los diputados las consideraciones que desde la óptica de la ANEP afectaría la conservación del empleo en momentos de crisis económica, como ocurrió en el 2008 y que sirvió como marco referencial para presentar la iniciativa de ley.

En cuanto al tema de las vacaciones, el texto en discusión plantea que el patrono podrá ordenar al trabajador el disfrute de los días de vacaciones pendientes e inclusive adelantar los que correspondan al período de aplicación de la medida.  Sin embargo, Castro planteó que posteriormente obligaría a los trabajadores a laborar por períodos extensos sin el derecho a descansar y recuperar las energías físicas y mentalmente para dar su máximo rendimiento, como lo establece el espíritu del derecho a vacacionar.

Se propone además sustituir y disminuir la jornada de trabajo, pero en la ANEP señalan que jornada y horario son términos distintos, en los cuales el empleador está en la libertad de variar el horario, pero no la jornada, ya que genera dislocaciones personales, familiares, sociales, de horarios, entre otras.

Castro plasmó la preocupación con la idea de disminuir los salarios y beneficios a los trabajadores aduciendo que generará descontrol y afectación en garantías como el aguinaldo y la pensión, pero también las instituciones que vigilan la seguridad social como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) verán afectadas sus finanzas, ya que se reduce automáticamente el aporte que cada empleador realiza.

“Si de repente soy un trabajador que devengué el mínimo minimorúm y me lo reducen en una tercera parte, eso no sólo afecta la vida presente sino también la futura, en términos de cotización a la pensión y generando problemas adicionales para el desfinanciamiento de la CCSS, en momentos donde todos concordamos tenemos que ir en pro de su fortalecimiento” agregó el abogado.

Finalmente comentó a los diputados que el proyecto plantea una serie de principios cuya violación quiebran el derecho del trabajo. 

“Este proyecto va en la línea de darle más poder al empleador para imponer su decisión al trabajador y que nos les quede más remedio que aceptar y con eso se pierde los principios protectores de renunciabilidad” puntualizó Mauricio Castro.

Al respecto, la diputada del Movimiento Libertario Marielos Alfaro Murillo indicó a Castro estar en contra de la posición de su representada.

“Cuando usted dice que el proyecto le da la potestad al empleador de despedir a los trabajadores, tengo que decirle que en una crisis de tres o seis meses o un año el empleador tiene la potestad de despedir porque es su empresa, y no se puede hablar de que el empleador disfruta el despedir gente porque eso implica bajar su producción y reducir sus ganancias” señaló Alfaro Murillo.

Por último la legisladora libertaria instó a la ANEP a presentar una propuesta propositiva que garantice y proteja el empleo en tiempos de recesión económica.

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Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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30 de octubre del 2013

La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos está a punto de lograr un consenso en el tema de la Salud Sexual y Reproductiva.

Este miércoles discutieron ampliamente sobre el proyecto N. º 16887 que adiciona un nuevo capítulo para ampliar los derechos en salud sexual y reproductiva en el país.

Los legisladores analizaron dos textos sustitutivos de los cuales el primero ya fue rechazado y este día no dio tiempo de conocer el segundo.

Sin embargo, surgió la idea de redactar un tercero, el cual ya sería de acuerdo entre todas las fracciones y que eliminaría los artículos polémicos. Estos serían los referentes a la posible autorización del aborto.

La diputada Rita Chaves Casanova no está de acuerdo con el texto original precisamente por eso porque en su criterio se podría autorizar el aborto con la píldora del día después. 

La diputada Carmen Muñoz Quesada aclaró que las pretensiones con el texto presentado es permitir el aborto terapéutico únicamente, pero indicó que está de acuerdo en sacrificar el tema, con el fin de que el proyecto se dictamine en comisión.

La iniciativa propone que para poder tomar y ejercer las decisiones sobre salud sexual y reproductiva, en el contexto del respeto y protección de los derechos humanos, las personas deben contar con información, educación y orientación, así como con servicios de atención integral y con los medios o métodos adecuados para ello.

Particularmente, se reconoce que todas las personas tienen derecho a ser informadas y asesoradas con el fin de lograr la vivencia de su salud sexual, libre de riesgos, especialmente de infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no deseados.

Se presta especial atención al derecho de las mujeres con discapacidad y a las adultas mayores, tomando en consideración los convenios internacionales al respecto.

Y particularmente, en cuanto a los hombres, se reconoce su derecho a los servicios de salud sexual y salud reproductiva y especialmente a la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer de próstata.

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

29 de octubre del 2013

Personeros de la Asociación de la Industria Gráfica Nacional se presentaron en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración para dar a conocer su oposición total al trámite del expediente 18710 que comprende una reforma a la Ley de la Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional.

El proyecto de ley pretende, entre otras cosas, “crear un mercado cautivo por medio de la fijación de un porcentaje obligatorio a todas las instituciones del Estado, destinado al rubro de las artes gráficas, conforme a la especialidad de la institución (folletos, libros, formularios y otros)…”, según se manifiesta en su exposición de motivos.

Uno de los representantes de la asociación, Manrique Jenkins Corona expresó que “esta medida pondría fin a muchas de las pymes que se destinan a la producción de las artes gráficas en el país, pues no podrían competir con la imprenta ya que esa dependencia no paga impuestos sobre la renta ni cargas sociales”.

Jenkins Corona dejo  claro que “la imprenta tenía dos funciones: imprimir La Gaceta e imprimir las papeletas de votación.

Ahora resulta que ya no se imprime La Gaceta y no fueron ni siquiera capaces de ganar la licitación para imprimir las papeletas. De forma que somos el país que tiene una refinadora que no refina y ahora una imprenta que no imprime”, advirtió.

La diputada Yolanda Acuña Castro apoyó a la asociación al decir que “yo aspiro a una imprenta que sea accesible a las municipalidades, por ejemplo, que ayude en la impresión de sus planes reguladores y reglamentos. Pero imagínense ustedes que hay municipalidades que aprueban reglamentos y no los pueden poner en práctica porque no hay acceso a la Imprenta Nacional.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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28 de octubre del 2013

Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, recibieron a cinco candidatos que aspiran a ocupar un cargo como magistrado suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El primero que externo sus aspiraciones fue Manuel Amador Hernández, quien manifestó que fue Presidente del Colegio de Abogados en los años 2002-2003 y en ese entonces impulsó diversos foros de reforma al Poder Judicial. También propuso un Congreso Judicial de la Constitución Política del siglo XXI ya que a su criterio la Carta Magna hay que retocarla muy sustancialmente.

«Ese interés que he tenido en estos temas, me justifica para estar aspirando a este puesto» mencionó el candidato.

Por su parte Jorge Araya señaló que es abogado con una especialidad en Derecho Constitucional y a nivel académico tiene 28 años de impartir clases de esta materia, desde hace 8 años es magistrado suplente de la Sala. Araya dijo que es preocupante la invasión que puede tener la justicia constitucional al campo legislativo, por lo que señaló que es urgente que se de esa delimitación  Finalmente añadió que es necesario mejorar la capacidad de repuesta de parte de la Sala en materia de recursos de amparo, actualmente se tarda dos meses.

El candidato Marvin Carvajal manifestó que dentro de sus atestados está que fundó la maestría de Derecho Constitucional por lo que ha estado vinculado a ese tema y al Derecho Público en la cual es la fuerza vinculante de la Constitución para proteger los derechos de las personas.

“La Sala desde su creación marcó un antes y un después, ya que la justicia constitucional es un arma esencial de la democracia”, comentó Carvajal.

Otras de las aspirantes a ocupar un puesto fue Marcela Castro Loría, quien señaló que es la primera vez que aspira a un cargo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente es Asesora Legal de la Asociación Nacional de Educadores, permitiéndole estar cerca de los pobladores que tienen luchas sociales y laborales, lo que le da un conocimiento, según dijo, de cuál es la expectativa que tiene los ciudadanos de la justicia constitucional.

El último candidato en ser recibido por la comisión fue Carlos Manuel Estrada, quien manifestó que debe  existir un filtro más estricto de antecedentes que se han dado en cuanto a los asuntos que resuelve la Sala Constitucional ya que al año se fallan cerca de 22 mil asuntos.

La Presidenta de la comisión, Carolina Delgado Ramírez, manifestó que al día de hoy no se han recibido candidatos para ocupar el puesto de Defensor o Defensora de los Habitante de la República y el plazo de recepción es hasta el próximo 8 de noviembre al medio día.

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

24 de octubre del 2013
 
La Comisión Permanente de Control del Ingreso y Gasto Público recibió a Claudio Madrigal, Jefe de área de la Auditoría Interna y Doris Chen, Auditora Interna de la Junta de Protección Social.

En su exposición hablaron de la organización de la lotería electrónica que recae en la compañía Gtech y la solicitud que le hicieron a la directiva de la JPS para que se realice un control cruzado   entre los servidores de la empresa y la junta, con el fin de determinar los ganadores.

Madrigal dijo “se ha detectado que varias personas han apostado entre 28 y 560 millones de colones, entre el 2008 y el 2013, lo cual alertó sobre un posible lavado de dinero, sin embargo para el departamento auditor ahora es imposible determinar quién y cuánto monto se apuesta, ya que  no hay conexión directa ni control cruzado entre los servidores de la JPS y GTech, pues la totalidad del control de escrutinio de apuestas y premios recae sobre esa empresa”.

Sobre este particular el diputado socialcristiano Walter Céspedes Salazar manifestó “ya  la Contraloría General de la República  le había indicado a la junta que los boletos de lotería electrónica no podían hacerse a nombre del portador, que debían llevar el nombre y la cédula del comprador.

Ahora resulta que se ha detectado gente que ha apostado grandes sumas de dinero, lo que da indicios de un posible lavado de dinero. Es por eso que esta información se está pasando al Ministerio Público y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional”, advirtió.

Los invitados además dieron a conocer la caída en las ventas de lotería, la desidia de muchos vendedores de continuar con su labor y el aumento en publicidad que ha tenido la junta, con el fin de promover mayores colocaciones.

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