Pastoral Familiar se opone a uniones de hecho para homosexuales

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de octubre del 2013

El presbítero Ronny Solano, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional Pastoral Familiar mostró su oposición al expediente 17884 Ley de regulación de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

Esto lo hizo en una audiencia en la Comisión Permanente Especial  de Derechos Humanos donde se estudia el tema.

La posición de la Pastoral Familiar se basó en la ley natural de la constitución del matrimonio entre un hombre y una mujer y la posibilidad de concebir hijos.

Además, explico Solano que no se puede permitir el quebranto de la Constitución aprobando el matrimonio entre homosexuales, ni tampoco exponer a los menores de edad a que convivan con personas del mismo sexo.

El representante de la Iglesia indico que la familia es un elemento natural de la sociedad que está protegida por el Estado y que el mismo Estado debe preservarla como tal.

En la exposición de motivos de la iniciativa se destaca que “la unión de hecho que este proyecto pretende regular, a diferencia del matrimonio legalmente constituido, únicamente surte los efectos patrimoniales de este último cuando finalice la unión, por cualquier causa, pero ello solo después que hayan transcurrido más de tres años de unión y que el juez la haya reconocido como tal -artículo 242 del Código de Familia-.  Es decir, que la unión de hecho debe reconocerse judicialmente para que surta efectos patrimoniales.  La legitimación activa para esos efectos la tendrá cualesquiera de los convivientes o sus herederos -artículo 243 del Código de Familia-. 

El trámite se seguirá efectuando como un proceso abreviado -artículo 420 Código Procesal Civil-, y deberá realizarse antes que transcurran dos años contados desde la ruptura de la convivencia o de la muerte de cualquiera de los convivientes, so pena de prescripción, tal y como ya está establecido”.

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Instan a diputados a aprobar reformas a ley contra corrupción

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de octubre del 2013

El Viceministro de Gobernación, el Fiscal General Adjunto, la Procuradora y la Contralora General de la República, urgieron a los diputados a aprobar el expediente 18348 Reforma parcial y adición a la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública puesto que mejora herramientas para la prevención y detección de actos de corrupción.

Los funcionarios comparecieron ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos donde estudian el proyecto de ley.

Tras la entrada en vigencia de la ley contra la corrupción hace nueve  años, una comisión interinstitucional conformada por la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, realizó una evaluación de la normativa vigente, y con base en ese insumo, elaboró el actual proyecto de ley.

Concluyeron en la necesidad de adecuar la norma a los compromisos asumidos por el país en instrumentos internacionales, pero además, manifestaron que la experiencia de las diferentes instituciones que intervienen en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, reveló la existencia de ciertas áreas merecedoras de enmienda.

Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República, explicó que los ejes de la reforma son el régimen sancionatorio, la denuncia ciudadana, el derecho a la información pública, las incompatibilidades y el deber de abstención.

Enfatizó la importancia de lo que tiene que ver con la protección del denunciante.

Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, resaltó los cambios propuestos en materia de declaraciones juradas.

El Fiscal General Adjunto, Carlos María Jiménez alabó la relación del delito cometido con la sanción propuesta

El proyecto de reforma parcial a  la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, pretende ayudar a prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”.

Celso Gamboa, Viceministro de Gobernación resaltó la importancia del principio de territorialidad para evitar impunidad porque actualmente los casos de corrupción solo se ven en el Segundo Circuito Judicial y con la reforma se permitiría atender los casos en otras zonas del país.

Las modificaciones propuestas responden al cúmulo de jurisprudencia administrativa y constitucional que se ha generado a lo largo de estos nueve años de vigencia de la ley, aunado a la experiencia de cada una de las instituciones participantes.

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Dictaminan proyecto para promover inversión pública

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Publicas prensa y protocolo
Asamblea Legislativa

1 de octubre del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminó el  proyecto 18014, Ley para la titulación de flujos de caja de obra pública, para disminuir la necesidad de endeudamiento público y promover  la inversión pública.

El proyecto tiene como objetivo permitir al sector público, el ahorro de mercado de valores nacional, por medio de titularización de flujos presentes o futuros así como titularización de activos o derechos de uso.

Esto debido a que la legislación vigente resulto insuficiente, para la aplicación del proceso financiero a la titularización de todo tipo de créditos y flujos presentes o futuros de carácter hipotecario y los derivados de arrendamiento.

La autorización permitirá que el estado destine una menor cantidad de recursos, para solucionar necesidades de infraestructura, que a la vez abre un nuevo espacio de inversión al sector privado, por la creación de mayores instrumentos de inversión , los cuales enfrentan una seria escasez en el mercado de valores.

Las emisiones que tengan calificación de riesgo inferior a triple B, no podrán colarse mediante oferta pública abierta ni restringida.

Además permite al estado y las instituciones descentralizadas la utilización de la figura de fideicomiso, fondos de inversión, fondos inmobiliarios, para atraer recursos financieros y de esa forma gestionar la construcción o desarrollo de proyectos para incentivar la regulación del mercado de valores.

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PANI avala adhesión al convenio sobre ciberdelincuencia

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

26 de setiembre del 2013

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) avala que nuestro país se adhiera al Convenio sobre la ciberdelincuencia porque mucha de su normativa ya forma parte del Código Penal que protege al niño y adolescente de delitos informáticos, principalmente en relación con la pornografía.

Así lo afirmó Fernando Chin Chang, Asesor de la Presidencia Ejecutiva del PANI ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior que discute el Convenio bajo el expediente 18484.

El asesor indicó que la única observación que hacen al Convenio es que en uno de sus apartados abre la posibilidad para que los países acepten que un menor de edad pueda ser aquel menor de 16 años lo cual contraviene lo que dispone la legislación costarricense.

El PANI celebra que el Convenio proteja la confidencialidad de la información e imagen de los menores de edad  y que castigue la afectación a su integridad.

Los delitos que se combatirían con el Convenio son los relativos al acceso ilícito, interceptación o interferencia de datos (como el robo de identidad); los delitos informáticos como el fraude; aquellos relativos a su contenido como la pornografía o a los que tienen que ver con propiedad intelectual.

Chin instó además a los diputados a que también se avance en otros proyectos de ley como el 18139 Reforma de los artículos 173, 173 bis y 174 y adición de los artículos 174 bis y 174 ter al Código Penal, Ley Nº 4573, sobre pornografía infantil; el 17164 Ley de protección de la niñez y la adolescencia frente al contenido nocivo de internet y otros medios electrónicos y el 18230 Ley especial para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia frente a la violencia y el delito en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación y Reformas al Código Penal. Indicó que estos fortalecen y armonizan el marco jurídico interno con lo que señala el Convenio sobre Ciberdelincuencia.

Durante la sesión, los diputados de la Comisión también aprobaron de manera unánime los expedientes 14786 Convenio sobre tratado de personas condenadas entre la República de Costa Rica y Perú así como el 18371 Aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y Perú.

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Ministerio de Trabajo e inversión de recursos

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

25 de setiembre del 2013

El Ministro de Trabajo Olman Segura fue recibido por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios para referirse a la forma en que se invertirán los recursos que se le destinan a esa cartera en el presupuesto nacional.

La distribución de la partida se dividió en 14  mil millones para remuneraciones, 2800 millones para servicios, 347 millones para materiales y suministros, 505 millones para bienes duraderos y 325 mil millones para transferencias corrientes. 

El total de presupuesto es de 1052 millones de colones, cubriendo 30 oficinas, cuatro edificios en San José y 650 plazas de cargos fijos.

En la ejecución presupuestaria, Segura aseguro que en los años 2010, 2011 y 2012, las partidas fueron las mismas logrando su ejecución en un 99%, para este año señaló que se ha cubierto un 74%, porcentaje que valido como justo para los tres meses que restan del año.

Por otra parte mencionó que el Ministerio de Trabajo se encuentra en la posición tres entre los que más recursos reciben, sin embargo si se le quitan los regímenes de pensiones, es decir un 67%, pasarían del lugar 3 al lugar 14.

Además anticipo que el aumento de un 6% en el tema de las pensiones, cubriría solo un primer ajuste, para más de 55 mil pensionados en el país.

Resalto que el Ministerio evalúa otras funciones como: salarios  mínimos, migraciones laborales, salud ocupacional, inspección laboral, el programa Empléate, programas para mico, pequeña y mediana empresa, atención a personas con discapacidad, trabajo infantil, recreación laboral y registro de organizaciones sociales.

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País apuesta a mejorar seguridad

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

25 de setiembre del 2013

Pasar de 46 mil millones de colones en el 2004 a 226 mil millones para el próximo año, refleja el interés del país en mejorar la seguridad, afirmó el ministro de ese ramo Mario Zamora a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

El titular de Seguridad fue llamado para referirse a la forma en que se invertirán los recursos asignados a esa cartera en el presupuesto nacional del 2014 y que se tramita en esa comisión.

El incremento sostenido del presupuesto dijo el Ministro es un esfuerzo para fortalecer la policía para que pueda realizar su trabajo, pero reconoció que hay problemas que entorpecen esa buena labor como es la mala asignación de presupuesto salariales a los oficiales.

A la lista aseguró Zamora se suma el mal estado de las  680 delegaciones que hay en el país, así como los problemas de comunicaciones que enfrentan por ser abiertas pues no hay restricciones para adquirir instrumentos por parte de particulares para escuchar las transmisiones.

Reconociendo que el incremento en la asignación de recursos a la policía implica la disminución en otros sectores, dijo que se hacen esfuerzos por maximizar el uso de esos dineros,

El presupuesto del próximo año del Ministerio de Seguridad crece en más de 26 mil millones de colones con respecto al asignado este año lo que equivale a un 12.99%.

Zamora explicó que 71.8% de los recursos del 2014 se destinarán al pago de remuneraciones lo que significa 162 mil millones de colones, lo que añadió deja tan solo 28.2% para inversión.

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Dictaminan Ley contra el Acoso Laboral

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

24 de setiembre del 2013

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos dictaminó de forma positiva el proyecto 18140 Ley contra el Acoso Laboral.

La iniciativa pretende no solo sancionar el acoso laboral sino también prevenir su efecto negativo en los centros de trabajo. El proyecto se presentó a raíz de un supuesto vacío legal existente.

Se trata de evitar el mobbing concepto introducido por el psicólogo Heinz Leymann a la psicología laboral en 1990, en el Congreso sobre Higiene y Seguridad en el trabajo de Hamburgo.  El concepto agrupa una diversidad de comportamientos que tienen una finalidad común: la modalidad agresiva y vejatoria con o sin intención de eliminar a un trabajador de la empresa.

Se trata de una propuesta que dota al juez de rigurosos controles, con un ámbito de acción de los sectores de empleo público y privado, de un fuero de protección laboral para la víctima y de un esquema sancionatorio reparador total del daño ocasionado y demostrado.

Entre las sanciones por acoso laboral están: amonestación por escrito con copia al expediente; la suspensión hasta por un mes y el despido sin responsabilidad patronal.

Lo anterior, sin perjuicio de que la persona acosada pueda acudir a la vía penal,  cuando la persona acosadora incurra en las conductas tipificadas como amenazas, la coacción, así como las injurias, calumnias o difamación.

Las sanciones para las personas electas popularmente serán: a los diputados y las diputadas: Cuando así lo acordare el Plenario Legislativo de conformidad con el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, se demuestre que el hecho fue cometido por un diputado o una diputada, la sanción será la de una amonestación ética pública. A los alcaldes (esas), intendentes y suplentes: cuando, a partir de la investigación que realice la Comisión investigadora, se demuestre que el hecho fue cometido por un alcalde o una alcaldesa, intendentes y suplentes, la sanción será la amonestación escrita, la suspensión o la pérdida de la credencial de conformidad con el inciso e) del artículo 18 del Código municipal, una vez instruido el procedimiento administrativo ordenado por el concejo municipal. A las regidoras, (es) y suplentes cuando a partir de la investigación que realice la Comisión investigadora,  se demuestre que el hecho fue cometido por un regidor o una regidora, la sanción será la amonestación escrita, la suspensión o la pérdida de la credencial, de conformidad con el inciso e) del artículo 24 del Código municipal, una vez instruido el procedimiento administrativo ordenado por el concejo municipal. A las síndicas (os), municipales, suplentes y a la demás personas elegidas popularmente en el nivel de gobierno local, cuando, a partir de la investigación que realice la Comisión investigadora, se demuestre que el hecho fue cometido por un síndico o una síndica, u otra sanción será la amonestación escrita, la suspensión o la pérdida de la credencial, de conformidad con lo establecido en el Código municipal, una vez instruido el procedimiento administrativo ordenado por el concejo municipal. 

La Comisión también dictaminó pero de forma negativa dos expedientes el 16909 Reforma del artículo 129 del Código Penal y el 16913 Abrogación del inciso c) del artículo 30 de la Ley N.º 7594, de 10 de abril de 1996. Estas iniciativas fueron enviadas al archivo.

El primero de ellos exponía que en el caso de lesiones consentidas no son punibles las lesiones que se produzcan, al lesionado con su consentimiento, cuando la acción tiene por fin beneficiar la salud de otros y en los casos de esterilizaciones voluntarias cuando el paciente haya sido debidamente informado de las consecuencias de la eliminación de su capacidad de engendrar.

Y el segundo estimaba que la norma que debía abrogarse está provocando un estado de indefensión a los ciudadanos, en virtud de que no encuentran reparación a las injurias y otras ofensas infringidas en casos judiciales.

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Pretenden construir un aeropuerto en la Zona Norte

Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

24 de setiembre del 2013

La Presidenta del Consejo Técnico de Aviación, Ana Cristina Jenkins Moreno, fue recibida en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración para referirse al expediente 17937 que pretende construir un aeropuerto en la Zona Norte.

Jenkins indicó que en estos momentos Aviación Civil cuenta con los ingresos que generan las rentas provenientes de los aeropuertos Juan Santamaría y el Daniel Oduber, por lo que sus recursos son limitados.

Sin embargo este proyecto de ley permite contar con los recursos necesarios para comprar servicios como estudios de impacto ambiental, estudios de viento y expropiaciones, por ejemplo, para construir este aeropuerto.

“Este aeropuerto no es el único que se necesita construir en el país, pero en el proyecto se establece el financiamiento para iniciarlo. No sería tan grande como el Aeropuerto Santamaría o el Daniel Oduber, pero sí se hace necesario para beneficiar zonas como San Carlos, Los Chiles, o Guatuso, por ejemplo”, indicó la invitada.

Este proyecto fue presentado por la diputada Mireya Zamora Alvarado y establece el plazo de la eventual construcción de este aeropuerto en diez años, luego de aprobado esta iniciativa.

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Choferes piden ser dueños de placas de taxi

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

24 de setiembre del 2013

La necesidad que les brinden la oportunidad de trabajar ofreciendo un servicio de taxi es lo que piden los miembros de la Central Toritos de Costa Rica que acudieron a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos para referirse al expediente 18722 Adición del inciso e) del transitorio II de la Ley 8955 del 16 de junio de 2011.

José Guillermo Martínez Berrocal, Presidente de Toritos explicó que están a favor del proyecto porque implica una distribución más democrática de las placas de taxi puesto que serían dadas a personas físicas, con lo cual se beneficia a una mayor cantidad de personas.

Esto se lograría agregando el inciso e) Se autoriza al Consejo de Transporte Público para que autorice cinco mil permisos regulares estables de taxi a las personas físicas que por años fueron agentes de las empresas de porteo y en la actualidad continúan en ellas.”

“Estamos a favor de este proyecto porque es justo que las cinco mil placas que se dieron para el porteo se conviertan en taxis normales (técnicamente llamados servicio especial estable de taxi)” dijo Martínez al explicar que actualmente el Consejo de Transporte Público (CTP) le ha dado 600 placas a una sola sociedad anónima que lo que hace es subcontratar choferes pero estos al final son empleados y no dueños de esas placas.

Denunció que incluso a algunos de esos choferes ni siquiera les pagan su salario lo cual viola las garantías sociales y los derechos humanos.

Ese proyecto fue presentado por el legislador socialcristiano, José Roberto Rodríguez Quesada, quien manifestó que pretende garantizar el principio de democratización en  el otorgamiento de permisos y concesiones de taxi, evitando así la centralización de los permisos y las concesiones de taxis en pocas manos.

El diputado del PAC, Juan Carlos Mendoza García, señaló que este proyecto podría ser el inicio de la reforma de fondo que se ocupa en este tema que  desde su óptica va más allá de un asunto de permisos.

Similar opinión expresó su compañero de bancada, Víctor Hernández Cerdas quien dijo que el proyecto no es respuesta a toda la problemática que rodea el tema pero se manifestó a favor de buscar una solución definitiva.

La Comisión aprobó llamar a comparecer sobre este mismo tema a miembros del Consejo de Transporte Público así como a Yuribeth Méndez, José Alberto Alfaro y Germán  Lobo, quienes lideraron la anterior reforma a la Ley 8955 que dio los permisos a los porteadores.

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Ministerio de Economía y presupuesto para el 2014

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

24 de setiembre del 2013

La Comisión de Asuntos Hacendarios recibió a  Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Economía quien compartió con los diputados el desarrollo del presupuesto para el 2014.

Antillón Guerrero indicó que espera mejorar áreas como la micro, pequeña y mediana empresa, la formación de empresarios, la promoción de la competencia y defensa activa del consumidor, la rectoría del sistema nacional de la calidad y la responsabilidad de trabajo en defensa comercial. 

El presupuesto que presentó aumentó en relación con el año pasado en un 15% y puntualiza que serán necesarios 7561 millones de colones para darle sostenibilidad al ministerio.

También menciono algunos programas presupuestarios que son significativos como: la administración central, el mejoramiento regulatorio, la dirección general para pequeña y mediana empresa, el apoyo al consumidor y la  promoción a la competencia.

Por otra parte destacó que en evaluaciones que realiza el Banco Mundial, el Ministerio logro un mejor puesto pasando del lugar 122 al 110, aumentando de esa manera la credibilidad internacional.

Finalizó señalando la simplificación de los tramites y estrategias de mejora regulatoria, logrando participar con plataformas tecnológicas y de  trámites de construcción en el mejoramiento del ministerio.

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